Dejar de pagar las facturas del okupa: «Llevo ya 800 euros de agua»

Hace cuatro años, María (nombre ficticio) alquiló el que fuera el piso de sus padres a una pareja con dos hijas pequeñas. La firma del contrato transcurrió con normalidad: ellos presentaron las nóminas y el resto del papeleo en orden. Durante dos años, los inquilinos pagaron sus facturas. «Todo era normal hasta que ella me llamó y me dijo que cambiara el contrato solo a su nombre; después me dijo que iba a dejar de pagar», recuerda esta mujer de 60 años, que prefiere guardar el anonimato. En abril de 2020, en pleno confinamiento pandémico, empezó el agujero: «Me deben unos 20.000 euros en alquiler más gastos». Más allá de la renta que ha dejado de cobrar, María afronta una larga lista de gastos mensuales: facturas de la luz de hasta 120 euros, 190 euros de comunidad, que funciona con calefacción central, otros 50 euros de agua... En total, unos 250 euros por los suministros que utilizan los 'inquiokupas' , el término que emplea la Plataforma de Afectados por la Ocupación para describir a los inquilinos que incumplen el contrato y se atrincheran en sus casas. «Me quitan mi casa y encima tengo que controlar mis gastos...», lamenta María. Su voz se quiebra al otro lado del teléfono: «Estoy asfixiada, y enferma, en tratamiento psicológico y psiquiátrico por esto». La semana pasada, Isabel Díaz Ayuso anunció que eximiría del pago del agua a los propietarios de las viviendas okupadas, según sus estimaciones, unas 4.300 en la Comunidad de Madrid. «Lo llevamos solicitando desde que nos constituimos como plataforma, en mayo de 2021», asevera el portavoz de la asociación de afectados, Ricardo Bravo. Incluso promovieron una campaña entre las empresas distribuidoras para que dejasen de cobrarles las facturas de los okupas. A principios de este mes, Bravo se reunió con el consejero de Justicia, Enrique López, para tratar el asunto. Dos días después, la presidenta madrileña comunicó la medida en la Asamblea regional. Sin plazo A pesar de la noticia, desde el Canal de Isabel II informan de que la medida «está en estudio» y «no hay plazo» para su aplicación. En el último trimestre del año, además, la empresa pública está inmersa en la tramitación de las tarifas del agua. «Es un principio básico, que pague quien lo consume», reclama Bravo, que asumió durante ocho años el agua que consumían sus vecinos okupas. «Ocho de las nueve viviendas del edificio estaban okupadas, yo pagaba el agua de todos los okupas, 120 euros de comunidad yo solo», escenifica. «Eso nadie me lo va a devolver». Mayka Alonso, de 54 años, regresó a casa de sus padres, en Pontevedra, para arrendar su piso de Móstoles y sufragar la gruesa deuda que ha heredado de un negocio fallido. Su inquilina vive en un inmueble de tres dormitorios, salón grande y terraza por cero euros. «Hace 19 meses dejó de pagar», cuenta Mayka desde la localidad gallega. Mientras aguarda al juicio, previsto para el próximo 5 de diciembre, y al posterior desahucio, el 16 del mismo mes, la cuenta engorda: «Llevo ya 800 euros de agua, más 70 euros de una derrama, más el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), más la comunidad...». La promesa de Ayuso, en principio, no beneficiaría a este tipo de casos. «A muchos eso no nos afecta, porque el agua se la debo a la comunidad, y la comunidad al Canal de Isabel II», señala Alonso. La misma situación de Bravo, el portavoz de los afectados, que financiaba el agua de su edificio okupado. Algunos propietarios optan por dejar de pagar e ingresar en las filas de morosos. Cortar el suministro nunca es una opción: «Es un delito de coacción, te denuncian, eres tú el culpable y se paraliza el proceso para echarlos», expone Bravo. María oculta su nombre por esas posibles represalias. «Son capaces de coger el recorte del periódico y denunciarme por acoso», asegura, «es mi casa y tengo miedo». Ha invertido cerca de 3.000 euros en abogados y, el pasado diciembre, nueve meses después de que arrancara el proceso judicial, ganó el juicio. Los 'inquiokupas' se acogieron entonces al real decreto del Gobierno central, una medida para frenar los desahucios de familias vulnerables durante el confinamiento que se ha prorrogado en los últimos dos años. MÁS INFORMACIÓN noticia Si Contraataque vecinal para echar a la okupa pirómana de Tetuán noticia Si Línea directa para evitar la okupación: «Buenos días, hay gente extraña en casa» «Estoy indignada con qué miran los servicios sociales para hacer el informe de vulnerabilidad; sé que ella está pendiente de cobrar una herencia y él tiene un piso alquilado», critica María. La 'inquiokupa' de Alonso también solicitó el informe, aunque no lo consiguió. Según relata la afectada, la mujer viaja a París y a la playa, y alardea en redes sociales de sus retoques estéticos. Mientras tanto, Alonso paga por su luz, su gas y su agua.

De España https://ift.tt/Ii67F5s