El Gobierno favorece a Rubiales

Han transcurrido seis meses desde que estalló el caso Rubiales y hasta ahora el Gobierno ha descartado iniciar una investigación administrativa. Por su mesa han pasado cuatro denuncias de otras tantas entidades que atribuyen al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) media docena de presuntas irregularidades . Algunas ya se están investigando por la Justicia ordinaria , pero otras serían supuestos incumplimientos que no tienen cauce penal. Ninguna de ellas, sin embargo, ha llegado al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), el único que puede abrir expedientes disciplinarios. Sin ese expediente, el máximo órgano de la justicia deportiva no puede estudiar una eventual sanción a un dirigente como Rubiales o a una federación como la de fútbol. Mientras, el reloj de la prescripción sigue corriendo y, con ello, la posibilidad de que toda actuación irregular quede sin consecuencias a nivel administrativo. Este será uno de los asuntos por los que tendrán que responder el secretario de Estado y el ministro de Deporte, los socialistas José Manuel Franco y Miquel Iceta, respectivamente, en sendas comparecencias en el Congreso durante las dos próximas semanas. En una resolución a la que ha accedido ABC, el propio Tribunal del Deporte explica que tiene las manos atadas: carece de competencia para abrir una investigación por «propia iniciativa» . Así lo contempla la ley y así se lo hizo saber al presidente de La Liga, Javier Tebas, uno de los que había solicitado la apertura de un expediente disciplinario contra Rubiales y altos cargos de la RFEF implicados en las supuestas irregularidades reveladas por 'El Confidencial' desde abril. Según la respuesta del Tribunal del Deporte a Tebas, este órgano solo puede incoar un expediente sancionador a instancia del Gobierno y «previa petición razonada». Algo que no ha ocurrido en este caso. Competencia de Franco En concreto es el Consejo Superior de Deportes (CSD), dependiente del Ministerio de Cultura, el competente para elevar el asunto al TAD. El organismo que preside José Manuel Franco «tiene atribuidas las labores previas de investigación, averiguación e inspección» en denuncias administrativas en materia deportiva, de acuerdo a la Ley de Administraciones Públicas. Y en esas estaba, analizando la documentación que requirió a la Federación y que esta le entregó el 20 de junio, cuando solo una semana después un juzgado de Majadahonda (Madrid) abrió un procedimiento penal por algunas derivadas de este caso. Noticia Relacionada Fútbol estandar No La Justicia abre diligencias para investigar a Rubiales y Piqué Jorge Navas Según la ley, cuando esto ocurre y siempre que se trate de los mismos hechos, el procedimiento administrativo debe paralizarse hasta que se resuelva el judicial. Con este argumento, Franco decidió «suspender las actuaciones previas mientras la autoridad judicial no se pronuncie», según la respuesta literal que dio el CSD a los denunciantes el pasado 8 de julio. Y, por tanto, Franco no trasladó ninguna de esas denuncias al Tribunal del Deporte para que sea este el que valore si abre un expediente sancionador a Rubiales, teniendo en cuenta que no todas las acusaciones que pesan sobre él están siendo investigadas por ese juzgado madrileño. Desde el Ejecutivo se insiste en que son los tribunales ordinarios los que deben dirimir si esas denuncias merecen que Luis Rubiales sea sancionado o suspendido como presidente de la Federación Española de Fútbol. No obstante, distintas fuentes conocedoras del funcionamiento del CSD y de su Tribunal del Deporte explican a ABC que lo normal hubiera sido que Franco elevara el asunto a este órgano para evitar así que algunas de esas irregularidades sin encaje judicial puedan prescribir en la vía administrativa antes de que resuelvan los tribunales ordinarios. Por eso, quienes han denunciado a Rubiales ante el CSD siguen exigiendo al Gobierno que active la vía administrativa. Por ejemplo la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que preside Miguel Ángel Galán y que presentó la querella que ya investiga el mencionado juzgado de Majadahonda. Además, esta entidad continúa estudiando si se querella también contra Franco por un «presunto delito de prevaricación administrativa por omisión». Y hace unas semanas abrió otra vía para forzar al presidente del CSD y secretario de Estado para el Deporte a llevar a Rubiales ante ese tribunal administrativo por las explicaciones de la propia Federación para desmentir una supuesta «orgía» con «mujeres jóvenes» en Salobreña (Granada), como publicó 'El Mundo', argumentando que fue sólo una reunión de trabajo de Rubiales con sus colaboradores. La asociación de Galán sostiene que, incluso dando por buena esa versión, la reunión se habría celebrado con esa directiva en funciones porque poco antes se convocaron las elecciones federativas. Y entiende que, por tanto, se habría vulnerado la neutralidad a la que están obligadas las directivas en funciones en ese momento electoral. Un razonamiento muy similar al que sirvió a Galán para que el propio Tribunal del Deporte suspendiera en 2017 a otro presidente de la RFEF, Ángel María Villar. Las infracciones deportivas más graves prescriben a los tres años Según la legislación vigente, las irregularidades deportivas muy graves prescriben en el ámbito administrativo a los tres años con carácter general. Un plazo que es todavía inferior para las consideradas graves (dos años) y mucho más para las leves (seis meses). Así, el límite máximo para que el Tribunal del Deporte pueda sancionar a un dirigente deportivo por las infracciones más graves es de tres años desde que se producen los hechos. El acuerdo de Rubiales y Piqué para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, clave principal de este escándalo, se consumó el 11 de septiembre de 2019. Es decir, hace un mes ya habrían prescrito las presuntas irregularidades denunciadas ante el CSD sin que éste las hubiera trasladado a su Tribunal del Deporte. Distintos expertos en la materia consultados por ABC coinciden en que ese trámite habría detenido el reloj de la prescripción administrativa, incluso aunque dicho Tribunal del Deporte decidiera esperar a que la Justicia ordinaria se pronuncie sobre algunas de esas acusaciones, que sería también lo previsible, confirman esos mismos expertos. La decisión de Franco de paralizar la vía administrativa contra Rubiales jugaría así a favor del presidente de la RFEF Esperando a Iceta Además, esta asociación ya ha puesto la pelota en el tejado del ministro Iceta, al que presentó en agosto un recurso de alzada contra la decisión de su secretario de Estado de suspender la investigación del CSD sobre este caso. Han pasado más de dos meses y todavía no ha obtenido respuesta. Por eso insiste en exigir a Franco que lleve a Rubiales ante el Tribunal del Deporte «salvo que, una vez más, se ponga de perfil y deje ver un trasfondo político que convierte al Gobierno de España en cómplice de la desastrosa gestión del fútbol español». Otro que lo ha reclamado hasta cuatro veces es David Aganzo, presidente del sindicato de futbolistas AFE, que acusa a Franco de «inacción» y «dejación de funciones», ya que su denuncia contra Rubiales no es penal, sino administrativa, y por tanto entiende que el CSD no puede ampararse en un procedimiento judicial. También lo pidió el Dux Internacional, un modesto club madrileño cuyo primer equipo ha desaparecido entre discrepancias con la Federación. Franco e Iceta tendrán los próximos días 18 y 27, respectivamente, la oportunidad de explicar en el Congreso la gestión del Gobierno en el medio año que ha pasado ya desde que estalló este escándalo.

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