El portal de empleo de Mercadona no cierra por vacaciones en agosto. La cadena de distribución presidida por Juan Roig empieza el mes con cientos de vacantes por cubrir en sus supermercados, bloques logísticos y servicios centrales. Aunque este verano la campaña de verano ha estado condicionada por las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus (especialmente en el sector turístico), Mercadona ha optado por seguir reforzando su plantilla, que al cierre del pasado ejercicio superó los 90.000 efectivos en España y Portugal. En plena recesión por los efectos del Covid-19 y con el mercado laboral en caída libre, la compañía valenciana ha optado por acelerar las inversiones previstas este año para contribuir a la reactivación económica. Un proceo que lleva aparejada la creación de nuevos puestos de trabajo. Para encontrar trabajo en Mercadona los aspirantes deben registrarse con un perfil propio en el portal de empleo de la empresa al que se accede exclusivamente a través de su página web. Mercadona no recurre a intermediarios y gestiona todo el proceso de contratación de personal de forma telemática. La empresa no acepta currículos en sus tiendas ni solicitudes por teléfono. La compañía de capital valenciano actualiza a diario sus ofertas de empleo en su página web, donde detalla las características de los puestos, los salarios y los requisitos para poder optar a ocuparlos. Los candidatos a encontrar trabajo en Mercadona deben inscribirse en tantas ofertas como deseen optar. Para ello, resulta necesario formar parte de la bolsa de empleo de la empresa, a la que se accede mediante un sencillo proceso de tres pasos consistente en el envío de los datos personales, el currículo (que se puede gestionar a través de Linkedin) y en un cuestionario que plantea la empresa. Una vez inscritos en la bolsa y remitida la solicitud, los aspirantes a cubrir las vacantes de empleo de Mercadona reciben una comunicación de la empresa en las que se les informa de si han superado la criba o, por el contrario, han quedado descartados. En el primer caso, los candidatos son citados para realizar una entrevista de carácter presencial como paso previo a su contratación. Para optar a las vacantes resulta imprescindible la inscripción previa en la bolsa de trabajo de Mercadona Mercadona comienza el mes de agosto con ofertas de empleo en veintidós provincias españolas que van desde puestos temporales para personal de supermercado con sueldos de 1.338 euros al mes hasta trabajos fijos para técnicos de mantenimiento con idéntico salario. La compañía también busca ingenieros industriales, informáticos y de telecomunicaciones para empleos de perfil cualficado son sueldos anuales que van desde los 22.900 a los 69.500 euros anuales. Ofertas de empleo por provincias Por áreas geográficas, Mercadona oferta empleos en este mes de agosto en Baleares, Madrid, Valencia, León, Lérida, Guipúzcoa, Asturias, Salamanca, Santander, Ávila, Zamora, La Rioja, Toledo, Tarragona, Alicante, Málaga, Granada, Sevilla, Pontevedra, Barcelona, Vizcaya y Ciudad Real. Todas estas ofertas están disponibles para su consulta en la página web de la compañía y también se pueden compartir en Linkedin, Twitter y Facebook . Para optar a las vacantes resulta imprescindible la inscripción previa en la bolsa de trabajo de Mercadona.De España https://ift.tt/3jZwUPA
El escolta hispano Devin Booker, con 27 puntos, y el base español Ricky Rubio lideraron este viernes a los Suns de Phoenix a un triunfo por 125-112 ante los Wizards de Washington, en la reanudación para ambos equipos de la temporada 2019-20 tras el parón por el coronavirus. Los Suns, con un ataque liderado por Booker, que encabezó la lista de seis jugadores que tuvieron números de dos dígitos, controlaron durante todo el partido al establecer un parcial de 38-31 al concluir el primer cuarto. Aunque Booker anotó 8 de 21 tiros de campo, incluidos dos triples de cuatro intentos, el pívot bahameño Deandre Ayton surgió con su mejor juego dentro de la pintura al conseguir un doble-doble de 24 puntos (11-14, 2-3, 0-0), capturó 12 rebotes, incluidos nueve defensivos, repartió tres asistencias y puso dos tapones. Rubio volvió a ser líder en la dirección del juego al estar cerca de conseguir un doble-doble; tras aportar 15 puntos y 9 asistencias. Jugó 29 minutos, anotó 3 de 7 tiros de campo, incluidos 1 de 3 triples, pero estuvo perfecto desde la línea de personal con 8 de 8. El jugador de El Masnou también capturó 1 rebote, recuperó 3 balones y fueron los mismos que perdió, además de cometer 4 faltas personales. El ala-pívot croata Dario Saric se erigió en el sexto jugador de los Suns al salir de reserva y aportar 16 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y recuperó un balón. Los Suns como equipo acabaron el partido con 37 rebotes por 36 de los Wizards, que tuvieron al ala-pívot japonés, el novato Rui Hachimura, como su líder encestador tras conseguir 21 puntos, 8 rebotes, dio 1 asistencia y recuperó 1 balón. El el escolta Jerome Robinson acabó como sexto jugador de los Wizards y segundo máximo encestador al aportar 20 puntos, mientras que el base Ish Smith, que también salió del banquillo, logró 17 tantos y 7 asistencias en el día que el entrenador del equipo de Washington, Scott Brooks, cumplió 55 años. La victoria permitió a los Suns ponerse con marca de 27-39 y seguir en la lucha por la octava y última plaza de la Conferencia Oeste, con derecho a jugar los playoffs, que es la única que queda sin definir y por la que luchan seis equipos. Los Wizards, el único equipo que lucha también por una plaza en los playoffs de la Conferencia Este, bajó su marca a 24-31 y se coloca a 6 triunfos por detrás de los Nets de Brooklyn, que ahora son octavos, a pesar de haber perdido 118-128 ante los Magic de Orlando. Un triunfo más de los Nets o derrota de los Wizards los deja ya eliminados en la lucha por estar en los playoffs.
La noche del 27 de julio de 2018 las tres hermanas Khachaturyan dijeron basta. Su padre, Mijail, de 57 años, había regresado horas antes tras pasar una temporada en el psiquiátrico y, una por una, las castigó por no encontrar la casa como esperaba, rociándolas con gas pimienta en la cara. Era el enésimo maltrato que sufrían Krestina, Angelina y Maria -entonces de 19, 18 y 17 años, respectivamente- a manos de su progenitor, quien las pegaba, torturaba y sometía a abusos sexuales de forma habitual. Pero esa sería la última vez que lo hiciera. Las chicas decidieron vengarse y, cuando ya se había dormido, arremetieron contra el hombre con un cuchillo, un martillo y el espray de gas pimienta que había empleado contra ellas poco antes. Le causaron más de 30 heridas en el cuello y el pecho, según describirían las autoridades, que encontraron su cuerpo en una escalera del bloque de apartamentos de Moscú donde vivía la familia. La madre se había marchado de casa años antes obligada al parecer por su marido. Se hirieron a sí mismas Las propias chicas fueron quienes llamaron a la Policía y una ambulancia tras matar a Mijail, no sin antes infligirse a sí mismas heridas para simular que su muerte se había producido después de que él las atacara con un cuchillo, según confesarían más tarde. Al día siguiente de acabar con la vida de su padre, Krestina, Angelina y Maria fueron detenidas y reconocieron los hechos. El verano pasado se las imputaron cargos de asesinato premeditado, lo que desató una ola de indignación por parte de activistas que denuncian la lacra de los abusos domésticos que padece Rusia. Ayer, dos años después del parricidio, comenzó en la sala un juzgado de la capital rusa el juicio. Solo estaban llamadas a comparecer las dos mayores de las hermanas, The two elder sisters, Krestina y Angelina, ya que Maria, menor de edad en el momento del crimen, ha sido considerada no apta para cometer un asesinato y será juzgada de forma separada, según uno de los abogados de las chicas, Alexei Liptser, citado por CNN. Expertos en violencia doméstica, así como la defensa de las hermanas, sostienen que en ausencia de mecanismos de protección adecuados dentro del sistema policial y judicial, su única opción si no querían acabar muertas a manos de su padre era defenderse a sí mismas, recoge esa misma cadena de estadounidense de televisión.
El azar quiso que el PNV exhibiera un nuevo «trofeo» justo el día que festejaba su 125 aniversario. Desde Bilbao, un exultante Andoni Ortuzar se jactaba de la nueva cesión del Gobierno central: «No somos una Comunidad Autónoma más, somos diferentes. Euskadi es otra cosa, es una nación», exclamaba el líder de los nacionalistas vascos tras ganar otro pulso a un Pedro Sánchez que, para hacer realidad su ansiada «fotografía» de unidad con Iñigo Urkullu en la cumbre de La Rioja, se vio forzado a cumplir con las exigencias de los que son sus socios preferentes en el Congreso de los Diputados. Una vez más. A buen seguro algunos de los asistentes a la cumbre de ayer, en la que se abordó el reparto del fondo europeo de 140.000 millones de euros para combatir la crisis del coronavirus, se sorprendieron al detectar la presencia del lendakari, quien hasta apenas unas horas antes del inicio de la reunión mantenía tajante su negativa a participar en ella. Pero la situación había dado un giro de 180 grados: los gobiernos central y vasco anunciaban a primera hora de la mañana un acuerdo «in extremis» mediante el cual el País Vasco dispondría de un objetivo de déficit del 2,6% para este año, así como de una capacidad de deuda pública del 15,9%. Tal y como informó el Ejecutivo de Vitoria, dichos porcentajes son susceptibles de ser modificados en la Comisión Mixta del Concierto que finalmente se celebrará la primera quincena de septiembre. Esta era la línea roja que puso el lendakari para acudir a la cita de San Millán de la Cogolla. Acuerdo con nocturnidad Desde Ajuria Enea, la sede de la presidencia vasca, apuntaban que el pacto fiscal entre ambas administraciones es fruto de «semanas de intensa negociación». Si bien es un hecho que las demandas del Ejecutivo autonómico vienen de lejos -el gabinete de Sánchez aceptó en mayo celebrar la Comisión Mixta del Concierto, aunque hasta ahora no le había puesto fecha- y que los nacionalistas habían incrementado sensiblemente su presión en los últimos días, los equipos negociadores no forzaron la marcha hasta la misma madrugada del viernes, apenas horas antes de que diera comienzo la cumbre (10.00 horas). Con nocturnidad y a espaldas del ojo público, los gabinetes de Sánchez y Urkullu acordaron una serie de ventajas fiscales para la Comunidad Autónoma vasca semejantes a las que se habían adoptado previamente en Navarra. ¿Qué supone este acuerdo para el País Vasco? Principalmente, un cambio en las reglas de juego que el PNV y el Gobierno central establecieron antes del inicio de la pandemia, cuando dispusieron que la autonomía debía concluir el ejercicio con «déficit cero». Un objetivo «imposible», en palabras de Jorge Tejedor, profesor del departamento de Economía Financiera de la Universidad del País Vasco (UP/EHU), debido al actual contexto de crisis económica y social provocado por el coronavirus. El País Vasco dispone de un sistema tributario particular que gira en torno al Concierto Económico y al Cupo. Algo semejante ocurre con Navarra. Esta es la razón por la que ambas autonomías quedaron excluidas del cuarto tramo de los fondos europeos, una suma de 5.000 millones de euros que será repartido entre las Comunidades de «régimen común». Y por ello, el Ejecutivo de Vitoria venía exigiendo a Sánchez un incremento de su capacidad de deuda y de déficit que le permitiera paliar la caída de ingresos provocada por la crisis, que estima cercana al 20%. En principio, el déficit queda fijado en el 2,6% de PIB. Esto supone aproximadamente 1.700 millones de euros, apunta Tejedor. Paralelamente, se permitirá al País Vasco alcanzar una deuda pública del 15,9%. En cualquier caso, el especialista de la UPV augura que la caída de ingresos será «bastante superior» a esos 1.700 millones. Otra de las particularidades del País Vasco respecto al resto de Comunidades Autónomas reside en que las diputaciones forales (Vizcaya, Álava y Guipúzcoa) serán compensadas en caso de que su reducción de ingresos sea superior al remanente o superávit del que dispongan. La fórmula para ello será fijada en la Comisión Mixta del Concierto de septiembre. Sobre la posibilidad de que este pacto entre el Gobierno y el País Vasco pueda suponer un agravio comparativo respecto al resto de autonomías, el profesor de la IE Business School Rafael Pampillón señala que primero es necesario conocer el déficit público que se va a aprobar en cada una de ellas. En este sentido, argumenta que el principal «privilegio» radica en la oportunidad que los nacionalistas tienen para pactar con el Gobierno estos asuntos. De las más ricas Pampillón subraya que la situación vuelve a girar en favor del País Vasco, precisamente unas de las Comunidades más ricas y «que más se benefician en términos relativos de la situación económica española». Este hecho genera importantes diferencias de ingresos respecto a las autonomías de régimen común, sostiene. Por el contrario, e l Gobierno de coalición niega cualquier trato de favor como denunciaron desde el Partido Popular. «La singularidad vasca es una realidad reconocida en la Constitución», alegó el lendakari. Ayer Sánchez no dio una rueda de prensa después de la reunión como sí acostumbró a hacer durante las videoconferencias con los líderes autonómicos en los meses de confinamiento. Fue la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, quien compareció para explicar el acuerdo con Urkullu brevemente y hacer balance de la Conferencia de Presidentes. Preguntada por las ventajas fiscales al País Vasco, Darias aseguró lo mismo que previamente habían defendido algunos presidentes autonómicos socialistas. «Tanto el País Vasco como Navarra tienen un régimen foral diferenciado del resto, y no forman parte del régimen común», esgrimió la ministra de Política Territorial. «Esta semana se ha cerrado el acuerdo con Navarra y también con el País Vasco, no hay ningún trato discriminatorio», continuó. La ministra defendió además que la cooperación multilateral y la cooperación bilateral son «elementos imprescindibles de la cogobernanza del país».
Año y medio después de que el Tribunal de Estrasburgo enmendara la plana a la justicia española amparando a Arnaldo Otegui por segunda vez -la primera fue cuando avaló su libertad de expresión tras llamar al Rey «jefe de los torturadores»-, el Tribunal Supremo anuló ayer la sentencia que le condenó a seis años y medio de cárcel por el caso Bateragune: el intento de refundar la ilegalizada Batasuna. La Sala Segunda tomó esta decisión al estimar los recursos de revisión presentados por el hoy dirigente de Bildu junto a los también condenados Rafael Díez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez Torres, Sonia Jacinto García y Miren Zabaleta tras el fallo de Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) había determinado que la sentencia que les condenó por integración en organización terrorista vulneró el artículo 6.1 del Convenio Europeo relativo a la falta de imparcialidad del tribunal que les juzgó. La magistrada Murillo Fue en 2011, en la Audiencia Nacional. Formaba parte de ese tribunal la magistrada Ángela Murillo, apartada meses antes de otro juicio por enaltecimiento del terrorismo en el que estaba acusado también Otegui. En esa vista, Murillo había interpelado al batasuno para que le dijera si condenaba la violencia de ETA, algo a lo que él se negó a contestar. «Ya sabía yo que no me iba a responder», espetó la juez. Cuando el caso llegó al Supremo, éste ordenó repetir aquel juicio sin Murillo en el tribunal. En esta segunda ocasión el batasuno resultaría absuelto. No sucedió lo mismo con el juicio de Bateragune, en el que Murillo continuó formando parte del tribunal. Los acusados fueron condenados por pertenencia a ETA -en el caso de Otegui y Usabiaga, además, como dirigentes-, lo que implicó penas de más de 10 años de cárcel. Después, el Supremo las dejaría en seis años al suprimir ese plus de liderazgo que la Audiencia había atribuido a Otegui y a Usabiaga respecto al resto de acusados. Estrasburgo no vio «ninguna evidencia» que llevara a pensar que en el tribunal había «animadversión personal» hacia los acusados, pero sí consideró que las «dudas» de los batasunos estaban «justificadas» con el precedente del otro juicio, el de enaltecimiento. Así, rechazaron cualquier indemnización para los recurrentes en concepto de daño moral -algo que no ocurrió en el caso de la injurias al Rey, cuando condenó a España a pagarle a Otegi 20.000 euros- y vieron suficiente la «constatación de la declaración de la vulneración del derecho solicitado». A juicio de la Sala Segunda del Supremo, la sentencia del TEDH «constituye título suficiente» para autorizar primero la interposición del recurso de revisión de los condenados y ahora para estimarlo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aunque Otegi ya estaba libre de 2016, sí seguía afectado por la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público hasta febrero de 2021, lo que implicó, por ejemplo, que no pudiera concurrir a las elecciones del pasado julio como candidato a lehendakari. Fuentes jurídicas consideran que la anulación de esta condena no tiene por qué ser un punto final en este procedimiento y que de hecho al tratarse de un quebrantamiento de forma (falta de imparcialidad del tribunal) y no de un cuestionamiento de los hechos, este juicio podría volver a repetirse porque además el delito no está prescrito. Aunque la Sala Penal no alude a este punto en su resolución, fuentes del Alto Tribunal consideran que otro juicio con un tribunal distinto sería posible si así lo solicitara la Fiscalía, lo que no dejaría de ser una prueba de fuego para la fiscal general en un momento en el que el que el Gobierno negocia los Presupuestos con varios partidos, entre ellos Bildu. La propia sentencia de Estrasburgo parecía abrir este camino cuando en el fallo que dio la razón a los batasunos aseguraba que en este tipo de casos, la forma más adecuada de resarcir el daño es «la repetición del juicio o la reapertura del caso». Condena cumplida Fuentes del Ministerio Público consultadas por ABC creen, por contra, que el artículo 960 de la Ley de Enjuciamiento Criminal parece cerrar esa puerta, aunque aseguran que lo estudiarán «con atención». No obstante, hay que tener en cuenta que Otegui ya ha cumplido la condena ahora anulada. En la misma línea que cuando trascendió la noticia de Estrasburgo -«España queda retratada como lo que es: Un Estado antidemocrático», dijo entonces Otegui- el dirigente abertzale señaló ayer que «no existe justicia independiente en el Estado español». Por su parte, la candidata a lehendakari y parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, considera que «la Justicia española queda retratada una vez más». «El mismo Tribunal Supremo que les condenó y les tuvo en la cárcel de forma injusta seis años y medio con el aval del Constitucional, además se permite tardar 20 meses en asumir la sentencia de Estrasburgo», comentó Iriarte en las redes sociales. Y una vez más, Unidas Podemos se alineó con la izquierda abertzale para arremeter contra la tardanza de esta decisión judicial. El presidente del grupo parlamentario y diputado de En Comú en el Congreso, Jaume Asens, se congratuló por la anulación de la condena pero criticó que el Supremo haya esperado hasta después de las elecciones vascas para tomar esta decisión. «¿La intención era evitar que fuera candidato? ¿Quién le va a devolver los 6 años de cárcel?», se preguntó Asens a través de un mensaje de Twitter recogido por Europa Press. El diputado de Unidas Podemos auguró que no «será el último caso» en que Estrasburgo obligue a anular una condena de un tribunal español y opinó que «la venganza nunca debería imponer a la Justicia». Era un «preso político» En una línea similar se pronunció el diputado de Unidas Podemos por Granada Pedro Honrrubia: «Seis años de cárcel e inhabilitación hasta 2021, lo cual le ha impedido ser candidato de EH Bildu en, al menos, dos ocasiones. La sentencia ahora se anula. Después de un palo del TEDH. Y no se le podía llamar preso político. Que era hacer apología», escribió en la misma red social. La sentencia de la Audiencia Nacional consideró probado que los acusados cumplían las instrucciones de ETA a través la actividad que desplegaron entre 2008 y 2009, y que Otegi y Usabiaga, además, «ostentaban la categoría de responsables y promotores» de una «novedosa estructura» que trasmitía las directrices de la banda terrorista. El Supremo, sin embargo, señaló que esa coordinación no justificaba la catalogación de ambos como «dirigentes». Sí consideraron probado que actuaron en ejecución de esa faceta de «desdoblamiento político acordado en los documentos de ETA.
La primera ola de calor del verano golpeó ayer San Millán de la Cogolla con temperaturas de hasta 35ºC en el municipio riojano. La emergencia sanitaria que persiste en el mundo entero obligó a celebrar la XXI Conferencia de Presidentes en pleno 31 de julio, con el obligado «outfit» de mascarillas. Don Felipe presidió la apertura formal del encuentro, que concluyó con un almuerzo tras cinco horas de reunión. Fueron muchos los líderes autonómicos que acudieron con dudas a la cita y varios los que no consiguieron resolverlas. Se llevan, eso sí, el mensaje de Pedro Sánchez de que el reparto de los fondos europeos comenzará la próxima primavera; con «cogobernanza», pero teniendo él la última palabra. En la histórica fotografía en el monasterio de Yuso, reedición de aquella de Don Juan Carlos y Doña Sofía con los presidentes autonómicos en 1992, solo faltó el jefe del Ejecutivo autonómico catalán, Quim Torra, que alegó que no acudiría a la cita por la presencia del Rey de España. Su obcecación independentista dejó a Cataluña sin asiento en la reunión, sin posición. Sí acudió finalmente Iñigo Urkullu, cuya presencia, confirmada ayer mismo, fue tan aplaudida como cuestionada. Si bien todos celebraron que el lendakari vasco se sumase al encuentro, fueron varias las voces que denunciaron la contrapartida: «un déficit a la carta» de su comunidad autónoma. Pero ayer Sánchez, como viene siendo habitual desde el inicio de la crisis del coronavirus, buscó sobre todo promover un mensaje de «cohesión», «unidad» y «cogobernanza» para superar los estragos sanitarios, sociales y económicos causados por el Covid-19. Su palabra caló más entre los presidentes socialistas, pero no convenció a los populares. Tampoco del todo a un antiguo «amigo» reconocido del jefe del Ejecutivo, como es el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, que cuestionó que las comunidades vayan a percibir por fin el IVA atrasado de 2017.El presidente del Gobierno quiere convocar la Conferencia de Presidentes de forma mensual El horizonte para el inicio del reparto de los fondos está en la primavera de 2021, según el cálculo del Gobierno. Entonces, España percibirá el diez por ciento de «prefinanciación» de los fondos comprometidos en el Consejo Europeo de la semana pasada. En total, entre 2021 y 2026, España recibirá 140.000 millones de euros; aproximadamente la mitad en ayudas directas y la otra mitad en préstamos. Comisión Interministerial Fuentes de La Moncloa, ya por la mañana, dejaron claro que será el propio presidente del Gobierno quien asuma directamente la gestión del fondo de recuperación de la Unión Europea, aunque Sánchez regó los oídos de los líderes regionales y les prometió que participarán en el proceso. El Gobierno creará una Comisión Interministerial para la gestión de los fondos, encabezada por Sánchez, así como una Unidad de Seguimiento. Además, desde el Ejecutivo explican que habrá «colaboración público-privada a través de un grupo de alto nivel» y también «multinivel» a través de distintos foros. Por ejemplo, con la conferencia sectorial con las comunidades que liderará la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El debate seguirá abierto en próximas Conferencias de Presidentes y en el proceso participarán también entidades locales, según fuentes gubernamentales. Distintas lecturas La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, que ejerció ayer de anfitriona, aplaudió la jornada y remarcó que en los próximos seis años, «España tiene que resurgir económicamente». El entusiasmo no fue tal en los dirigentes de otros partidos políticos, que reconocieron marcharse con «dudas». «No puede haber comunidades de primera y de segunda», sentenciaba Sánchez a su llegada a la Conferencia de Presidentes, pero lo cierto es que ayer una autonomía, el País Vasco, acudió al encuentro sabiendo que podrá alcanzar un 2,6 por ciento de déficit este 2020. El gallego Alberto Núñez Feijóo reclamó conocer también de antemano el objetivo de déficit fiscal para el 2021 para que las comunidades autónomas sepan a qué atenerse para elaborar las cuentas públicas regionales; la madrileña Isabel Díaz Ayuso, directamente, habló de un «déficit a la carta»; y el andaluz Juanma Moreno comparó el 2,6 por ciento permitido al País Vasco con el 0,2 por ciento de su región. Pero «agravio» comparativo aparte –cuya existencia negó tajantemente el lendakari Urkullu, que defendió la bilateralidad–, los presidentes autonómicos se quejaron de la ausencia de un orden del día concreto y de su poco tiempo de palabra. Un monólogo del presidente del Gobierno, llegaron a acusar desde el Partido Popular.La última semana de agosto habrá una nueva conferencia para debatir sobre la vuelta a los colegios «Nos quedan muchas dudas que no han sido subsanadas», apuntó Moreno, en la comparecencia posterior a la conferencia, en la que denunció la falta de «concreción y precisión» en el reparto de los fondos. Ayuso, por su parte, cargó contra el anuncio «discrecional» de Sánchez, que se reserva todo poder de decisión, sin dar a las autonomías, según ella, «opción a opinar». En esa línea, también el murciano Fernando López Miras, que reprochó a Sánchez la falta de negociación y diálogo en el encuentro. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, pidió que el reparto se dé en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Hay que ampliar el techo de gasto, anticipar las entregas a cuenta y definir el déficit sin privilegios», dijo. Además, Mañueco ofreció Salamanca para la próxima conferencia después de que Sánchez anunciase que quiere convocar el cónclave mensualmente. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, fue la encargada de comparecer en nombre del Gobierno. Esta vez, al contrario que en los meses de confinamiento, no fue Sánchez quien dio la rueda de prensa. Darias señaló que el Ejecutivo «se muestra satisfecho» con el resultado de la Conferencia de Presidentes: «Hemos avanzado, hemos dado un salto que nos da confianza y esperanza». La ministra también comunicó que la última semana de agosto habrá una nueva conferencia para debatir sobre la vuelta a los centros educativos. Presidentes socialistas como Javier Lambán, Guillermo Fernández Vara, Francina Armengol o Emiliano García-Page también apuntaron algunos aspectos incompletos. El presidente de Aragón, amén de los 16.000 millones de euros previamente comprometidos, reclamó otros 32.000 millones para que las comunidades puedan cuadrar sus cuentas. Además, solicitó una reforma legal para que las comunidades puedan decretar alarmas y aplicar confinamientos –Aragón es la comunidad más golpeada por los rebrotes–. Vara planteó vincular «alguna figura tributaria» al gasto sanitario.
Los presidentes autonómicos del Partido Popular criticaron ayer el acuerdo sobre el déficit alcanzado a última hora por el Gobierno central y País Vasco para que Iñigo Urkullu no faltase en la fotografía de San Millán de la Cogollo (La Rioja). Una negociación bilateral que «preocupa» a los populares y que tildan de trato preferencial a una región en detrimento de otras por «intereses» partidistas. No obstante, el Gobierno defendió el acuerdo y el lendakari negó el favoritismo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, abordó el pacto entre Sánchez y Urkullu como un «déficit a la carta» que dinamita «el principio de igualdad entre regiones». Ayuso compareció después de que Urkullu agradeciese al Gobierno central la negociación y pidiese respeto a la relación bilateral entre ambos. «No se puede pedir que unas comunidades tengan más independencia y a otras menos autonomía», reprochó la presidenta de Madrid. «Debemos tener los mismos objetivos de endeudamiento y de déficit, y seguir trabajando», añadió. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también dijo estar «preocupado» por el pacto. «Se le va a permitir que el objetivo de déficit sea del 2,6 por ciento y al resto de régimen común un 0,2», censuró. «Claramente es un privilegio de un territorio sobre otro, se está poniendo otra vez en clave de desigualdad al conjunto de los españoles», abundó. Además, Moreno expresó «voluntad» de negociar, pero dijo que no va a permitir «criterios subjetivos» ni un «trato desigual». Su homólogo en la Xunta de Galicia, el barón popular Alberto Núñez Feijóo, se quejó de que haya comunidades que ya conozcan las reglas fiscales de 2021. «Lo lógico es que todos los presidentes también lo sepamos», dijo Feijóo, para que las regiones no estén «a ciegas» en la elaboración de los presupuestos. El líder gallego también lamentó haberse enterado del acuerdo por la prensa. El asunto no se trató en la Conferencia de Presidentes, aunque sí fue abordado en las ruedas de prensa. Por su parte, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, esgrimió el régimen foral de País Vasco y Navarra para justificar el acuerdo bilateral y agradeció la presencia del lendakari. «Otras veces han conseguido acuerdos por su cuenta y han seguido sin venir a las conferencias, y la ventaja de hoy es que han conseguido acuerdos y han venido», expresó.
Cuando, entrados ya en la segunda década del siglo XXI, la concejal de ERC en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) Montserrat Gassull denunció a su alcalde, Daniel Masagué (CiU), la edil no podía imaginar lo que vendría luego. Solo tras llevar el caso de los sobrecostes de obras y las adjudicaciones dudosas de la población costera a unos abogados, al margen de ERC, pues su partido se negó a denunciar las supuestas irregularidades y no la respaldó, se dio cuenta de lo que había descubierto. Resonaron, entonces, las palabras pronunciadas en febrero de 2005 por Pasqual Maragall (PSC) en el Parlamento de Cataluña, dirigiéndose a Artur Mas (CiU), líder de la oposición: «Ustedes tienen un problema, y este problema se llama 3 por ciento». El Estatuto estaba en juego y Maragall acabó por retirar esta encubierta acusación solo unos minutos después. Gassull murió hace tres años y cinco meses. No verá el fruto de sus denuncias, primero instruidas en El Vendrell (Tarragona) y desde 2018 en manos del juez José de la Mata en la Audiencia Nacional. Tampoco verá Gassull lo «grande» en que se ha convertido el caso de corrupción del 3 por ciento. Tan «grande» y extendido por toda Cataluña que De la Mata considera que el PDECat es lo mismo que CDC. Un simple «cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente», apunta el magistrado de la Audiencia Nacional en su reciente auto con el que da por concluida la instrucción. Sedes, trabajadores... En julio de 2018, solo dos años justos después del nacimiento del PDECat, De la Mata incluyó este partido (que periodísticamente se consideró heredero de CDC desde el primer minuto) como investigado, en la causa del 3 por ciento, al considerarlo «mero continuador» de la formación que creó en 1974 Jordi Pujol. Ahora, al cierre de la instrucción, el juez, lejos de apartar de la causa al PDECat, le imputa los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Para el magistrado, la conexión de CDC y el PDECat es palmaria y la aparición del segundo está «lejos de corresponderse con el nacimiento de un nuevo partido». Entre las pruebas que da por buenas el instructor de la causa figuran la decisión de la dirección de CDC, en julio de 2016, de «impulsar la fundación de un nuevo partido político», con un primer paso: enviar una carta a todos los grupos municipales que seguían llevando el nombre de CiU para que pasasen a denominarse PDECat, siendo la razón que «CDC ha dejado de hacer acción política, pasando sus activos al PDECat». De la misma manera, «los órganos de dirección del PDECat» mantenía «una identidad sustancial» a la que tenía CDC dos años antes: 75 de los 80 cargos de responsabilidad eran los mismos. De la Mata también señala que «de los aproximadamente 45 trabajadores que continúan en nómina de CDC -a finales de 2016-, buena parte de ellos prestan sus servicios para el PDECat». Algo similar ocurre con los «acuerdos de colaboración que CDC tenía suscritos con otras entidades», como sería el caso de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), la rama juvenil, que se vincula desde el verano de 2016 solo con el PDECat, pese a que 26 de las 55 sedes de la JNC «se encuentran ubicadas en inmuebles de los que CDC es titular». El auto del juez de la Audiencia Nacional deja en el aire pocas dudas para negar la conexión. De los 42 inmuebles propiedad de CDC, 37 están siendo utilizados como sedes del PDECat. Un vínculo que también se evidencia en el mundo digital. Los perfiles de las redes sociales del segundo partido tienen como fecha de creación una anterior a la propia fundación de la formación. Esto solo tiene una explicación: «Buena parte de estos se correspondían con perfiles vinculados a CDC y que, precisamente, coincidiendo con las fechas en que se constituye el nuevo partido, se habrían limitado a cambiar su denominación y su foto de perfil». En Facebook, 123 de los 172 perfiles analizados. La cuenta de Twitter de CDC cambia de nombre el 10 de julio de 2016, borrando, eso sí, los tuits anteriores. Igualmente, la conexión también es por vía telefónica. CDC sigue siendo el titular de 21 líneas de teléfono que, en teoría, corresponden al PDECat. La conclusión es, para el juez instructor, que la creación del PDECat como partido político corresponde a un actor meramente formal -incluso ALDE, la referencia europea de CDC, reconoció que este partido se «renombra» como PDECat-, pero que mantiene el funcionamiento y los recursos humanos y materiales de CDC, con el objetivo de «eludir las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir». Causas vinculadas La cuestión que introduce De la Mata no parece baladí. Además de las responsabilidades del caso del 3 por ciento, el propio juez tiene abiertas dos causas separadas sobre la presunta financiación ilegal de CDC, que podrían repercutir en el PDECat. Y la Fiscalía ya ha pedido, de momento sin éxito, que los 6,6 millones de euros del caso Palau se le reclamen al PDECat. «Esto va a ser muy grande», dijo Gassull.
Cuando, entrados ya en la segunda década del siglo XXI, la concejal de ERC en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) Montserrat Gassull denunció a su alcalde, Daniel Masagué (CiU), la edil no podía imaginar lo que vendría luego. Solo tras llevar el caso de los sobrecostes de obras y las adjudicaciones dudosas de la población costera a unos abogados, al margen de ERC, pues su partido se negó a denunciar las supuestas irregularidades y no la respaldó, se dio cuenta de lo que había descubierto. Resonaron, entonces, las palabras pronunciadas en febrero de 2005 por Pasqual Maragall (PSC) en el Parlamento de Cataluña, dirigiéndose a Artur Mas (CiU), líder de la oposición: «Ustedes tienen un problema, y este problema se llama 3 por ciento». El Estatuto estaba en juego y Maragall acabó por retirar esta encubierta acusación solo unos minutos después. Gassull murió hace tres años y cinco meses. No verá el fruto de sus denuncias, primero instruidas en El Vendrell (Tarragona) y desde 2018 en manos del juez José de la Mata en la Audiencia Nacional. Tampoco verá Gassull lo «grande» en que se ha convertido el caso de corrupción del 3 por ciento. Tan «grande» y extendido por toda Cataluña que De la Mata considera que el PDECat es lo mismo que CDC. Un simple «cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente», apunta el magistrado de la Audiencia Nacional en su reciente auto con el que da por concluida la instrucción. Sedes, trabajadores... En julio de 2018, solo dos años justos después del nacimiento del PDECat, De la Mata incluyó este partido (que periodísticamente se consideró heredero de CDC desde el primer minuto) como investigado, en la causa del 3 por ciento, al considerarlo «mero continuador» de la formación que creó en 1974 Jordi Pujol. Ahora, al cierre de la instrucción, el juez, lejos de apartar de la causa al PDECat, le imputa los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Para el magistrado, la conexión de CDC y el PDECat es palmaria y la aparición del segundo está «lejos de corresponderse con el nacimiento de un nuevo partido». Entre las pruebas que da por buenas el instructor de la causa figuran la decisión de la dirección de CDC, en julio de 2016, de «impulsar la fundación de un nuevo partido político», con un primer paso: enviar una carta a todos los grupos municipales que seguían llevando el nombre de CiU para que pasasen a denominarse PDECat, siendo la razón que «CDC ha dejado de hacer acción política, pasando sus activos al PDECat». De la misma manera, «los órganos de dirección del PDECat» mantenía «una identidad sustancial» a la que tenía CDC dos años antes: 75 de los 80 cargos de responsabilidad eran los mismos. De la Mata también señala que «de los aproximadamente 45 trabajadores que continúan en nómina de CDC -a finales de 2016-, buena parte de ellos prestan sus servicios para el PDECat». Algo similar ocurre con los «acuerdos de colaboración que CDC tenía suscritos con otras entidades», como sería el caso de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), la rama juvenil, que se vincula desde el verano de 2016 solo con el PDECat, pese a que 26 de las 55 sedes de la JNC «se encuentran ubicadas en inmuebles de los que CDC es titular». El auto del juez de la Audiencia Nacional deja en el aire pocas dudas para negar la conexión. De los 42 inmuebles propiedad de CDC, 37 están siendo utilizados como sedes del PDECat. Un vínculo que también se evidencia en el mundo digital. Los perfiles de las redes sociales del segundo partido tienen como fecha de creación una anterior a la propia fundación de la formación. Esto solo tiene una explicación: «Buena parte de estos se correspondían con perfiles vinculados a CDC y que, precisamente, coincidiendo con las fechas en que se constituye el nuevo partido, se habrían limitado a cambiar su denominación y su foto de perfil». En Facebook, 123 de los 172 perfiles analizados. La cuenta de Twitter de CDC cambia de nombre el 10 de julio de 2016, borrando, eso sí, los tuits anteriores. Igualmente, la conexión también es por vía telefónica. CDC sigue siendo el titular de 21 líneas de teléfono que, en teoría, corresponden al PDECat. La conclusión es, para el juez instructor, que la creación del PDECat como partido político corresponde a un actor meramente formal -incluso ALDE, la referencia europea de CDC, reconoció que este partido se «renombra» como PDECat-, pero que mantiene el funcionamiento y los recursos humanos y materiales de CDC, con el objetivo de «eludir las responsabilidades penales en que hubiera podido incurrir». Causas vinculadas La cuestión que introduce De la Mata no parece baladí. Además de las responsabilidades del caso del 3 por ciento, el propio juez tiene abiertas dos causas separadas sobre la presunta financiación ilegal de CDC, que podrían repercutir en el PDECat. Y la Fiscalía ya ha pedido, de momento sin éxito, que los 6,6 millones de euros del caso Palau se le reclamen al PDECat. «Esto va a ser muy grande», dijo Gassull.
Escribir una nota, recogerse el pelo en una coleta o retener una moneda en el puño de la mano son gestos tan cotidianos como imposibles para Mariajo Pons, portera del Espanyol femenino hasta que el club catalán decidió rescindir su contrato ante la imposibilidad de poder desempeñar su trabajo por una lesión mal curada en la mano. Más allá de la falta de tacto o una cuestionable falta de ética por parte de la entidad blanquiazul, subyace el precario estado del fútbol femenino, que está muy lejos de los niveles de profesionalidad que se le presuponen. La evolución sobre el terreno de juego es inversamente proporcional en el campo de los derechos personales y profesionales, donde la seguridad y la igualdad brillan por su ausencia. Mariajo Pons es el ejemplo que ilustra estas carencias. La guardameta denuncia un despido que considera injusto y lamenta sentirse desprotegida tras sufrir una lesión vistiendo la camiseta perica. Todo comenzó el pasado 2 de septiembre de 2019 en un entrenamiento. Sufrió un arrancamiento de la falange distal del tercer dedo de la mano derecha, lo que la obligó a pasar por el quirófano. Lo que parecía una lesión pequeña para los especialistas se convirtió en algo más grave. El hueso se había desplazado. «Me operaron el 2 de octubre. Debía estar dos o tres meses de baja y ya voy para once meses y sigo estando de baja. No puedo jugar a fútbol, tengo un dedo torcido y mucho dolor. Mi mano no es funcional. Hay movimientos que no puedo hacer», se queja Pons. La mano no mejoró y todo pasaba por una nueva operación que no pudo llevarse a cabo. «La situación estaba peor que antes de operarme, con un dedo torcido y dolor. Me avisan un lunes de mayo para operarme el miércoles, en pleno confinamiento. No podía quedarme a cargo de mis padres, que están en situación de vulnerabilidad porque además yo había dado poco antes positivo por Covid en un test. En la mutua me amenazaron con que me operaba o me daban de alta», denuncia la portera. Mientras todo esto iba sucediendo, Mariajo recibe una propuesta por parte del club: ceder su ficha federativa para que otra jugadora ocupe su puesto mientras se recupera a cambio de ampliar un año más su contrato. Lo que no se esperaba es que el Espanyol decidiera ignorar ese acuerdo y despedirla. «Me dijeron que me buscara la vida después de la lesión. Yo estaba renovada. Y más tarde me llamó el director deportivo para decirme que había que rescindir el contrato y me ofreció 3.000 euros como concepto de compensación. Hablé con mi abogado, intentamos pactar y hemos tenido que presentar una demanda judicial. Después de vivir un calvario de tantos meses, estoy con una lesión de la que se desentienden y lo que me dicen es que me aclare con la mutua», lamenta la jugadora, que tras reprobar la conducta del club, añade: «Al Espanyol le reclamo el contrato entero y que se hagan cargo de la recuperación de la mano. Que tenga una extremidad con la que pueda hacer una vida normal. Ahora solo tengo un 20 por ciento de movilidad». Esa operación cuesta 10.000 euros que asegura no poder gastarse. «Yo no cobro millones y no me puedo costear una operación así. No soy como un futbolista que viaja a Alemania a operarse. Es algo de lo que debe hacerse cargo el club porque me lesiono trabajando para él. Es algo ético pero también hay una vulneración de los derechos. Me echan sin ningún tipo de motivo ni explicación». La defensa del Espanyol Las acusaciones de Mariajo han sido recogidas por el Espanyol, que ha querido defenderse públicamente. «Con fecha del 6 de julio de 2020, y en situación de alta médica desde el pasado 18 de mayo, el club decide resolver el contrato de la jugadora por motivos estrictamente deportivos, tal como se le notifica personalmente, igual que se ha hecho con otras jugadoras», asegura la entidad. El Espanyol dirige toda la responsabilidad hacia la mutua cuando añade que «por lo que hace referencia a a la lesión de la mano derecha que sufrió durante un entrenamiento, el Espanyol entiende que lo que argumenta forma parte de un litigio que la jugadora mantiene con organismos públicos ajenos a nuestro club. El alta médica que acredita su situación actual fue emitida por la mutua laboral que la trató y, posteriormente, ratificada por el organismo con la máxima competencia medica en Cataluña».
El Real Madrid jugará de rosa en la final del Etihad. Estrenará su segunda equipación en la Champions. Un color, el rosa, que también tendrá pinceladas en la primera equipación. El color blanco se combina con el rosa en la vestimenta principal y el rosa protagoniza la segunda, que debutará en ese partido contra el Manchester City. El Real Madrid y Adidas han presentado las dos primeras equipaciones para la temporada 2020-21. Están diseñadas para reflejar el espíritu ganador del club y su deseo de seguir haciendo historia. En la primera camiseta, el color blanco icónico se combina con tonos «spring pink», que aparecen en las tres bandas de los laterales y en la parte posterior del cuello. Además, incluye un sutil detalle gráfico que hace referencia a la cultura contemporánea de la capital. Esta camiseta también será utilizada por las jugadoras del Real Madrid, que vestirán la primera y la tercera equipación. La segunda camiseta, de color rosa, «spring pink», incluye detalles en azul oscuro y está inspirada en una ciudad iluminada por la noche. Esta camiseta se estrenará el viernes, 7 de agosto, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Manchester City. Las nuevas camisetas cuentan con la innovadora tecnología diseñada para regular la temperatura y mantener a los jugadores frescos durante los partidos. Las nuevas camisetas ya están a la venta en exclusiva en tiendas Adidas y Real Madrid.
Concienzudo. Obesionado. Centrado. Profesional. Hazard ha planificado su preparación física desde que el Real Madrid fue campeón de Liga para llegar al «nuevo partido del año» al cien por cien. El título liguero ha otorgado la tranquilidad perfecta al equipo para atacar el reto de la Champions con optimismo y sin la presión de no haber ganado nada. Se ha conseguido mucho, el campeonato español, el torneo que más gusta a Zidane porque valora el trabajo de diez meses. Y ahora, el entrenador les pide más. Desea la Copa de Europa. Hazard manifiesta con sinceridad que ha vivido «la peor temporada» de su vida, culpa de las dos fisuras que cortaron su trayectoria a lo largo del curso, y ahora está empeñado en rendir en Mánchester y ser decisivo en un encuentro que puede cambiar el rumbo de esas palabras expuestas antes. Hazard habló con Zidane para realizar este programa físico con vistas a estar al cien por cien en el Etihad El belga habló con Zidane, no jugó en Leganés la última jornada y comenzó una puesta a punto que continuó en la semana de vacaciones. Comenzó un programa físico que potenciará hasta el 5 de agosto, en busca de obtener ese estado del cien por cien que está cerca de alcanzar. Serán veinte días de trabajo específico. «Eden», como le llama el vestuario, desea ser importante para el grupo, lo ha dicho y la final del Etihad es uno de esos momentos que marcan a un futbolista. Es una estrella, uno de los mejores jugadores del mundo, ha costado ciento cinco millones y quiere ser el hombre fundamental del partido. Desea dirigir el fútbol ofensivo del Real Madrid en Manchester. Intentar la gesta con su dominio del balón, su regate y su gestión del ataque arrancando con el balón pegado al pie y buscando pases y paredes en diagonal, hacia el centro del área rival. Zidane piensa que si Hazard se encuentra bien es un hombre esencial para esa cita. Ha trabajado muy bien y ha sido tratado por los fisioterapeutas para que su pierna esté perfecta y no tenga problemas ante el objetivo de enfrentarse al Manchester City. Solo ha podido ser titular en cinco de las once jornadas de la segunda fase de la Liga. Zizou no forzó con él. Tenía a Vinicius, Asensio y Rodrygo como extremos. El técnico decidió que Eden se cuidara. La buena noticia para el club es que el belga se ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros tras unas vacaciones en las que se ejercitó diariamente junto a un fisioterapeuta de la casa. Inglaterra le motiva Su reto es ser titular en Inglaterra. Zidane lo desea, el club quiere y el futbolista se ha tomado esa cita como una diana de su desafortunada temporada. Llegará al enfrentamiento decisivo con la pierna en muy buen estado, sin sobrecargas, pues el trabajo fisioterapéútico diario ha sido óptimo, y Zidane anhela ver en Mánchester al Hazard que reapareció ante el Eibar. La operación de su última fisura se llevó a cabo en Dallas el 5 de marzo. Desde entonces ha jugado y ha soportado recaídas. Lo más importante es la labor psicológica, que el futbolista no tenga miedo a recaer. Este curso únicamente ha jugado 21 partidos y ha marcado un gol, aunque ha participado en otros doce. Su meta es hacerlo muy bien en Mánchester, en Inglaterra, en la tierra donde ha brillado en el Chelsea durante toda esta década. Le motiva lucirse allí y dar un golpe deportivo que encantaría a los seguidores del Chelsea. Después de ganar la Liga, la confianza interna de la plantilla madridista es absoluta y el propio equipo apoya a Hazard para que sienta esa moral y esté tranquilo, porque son campeones de Liga. El mensaje privado de la plantilla es: hemos hecho los deberes con un título importante y ahora intentaremos ponerle la guinda. Los líderes del vestuario madridista le transmiten esa serenidad para que no se obsesione con la responsabilidad. Es veterano y sabrá asumir estas variantes.
Giro radical de los acontecimientos. Los Gobiernos central y vasco han alcanzado esta misma mañana un acuerdo sobre la senda de déficit y capacidad de endeudamiento del País Vasco, de forma que Iñigo Urkullu sí estará finalmente en la cumbre de presidentes que se celebrará hoy en La Rioja. El Ejecutivo de Sánchez cede ante las pretensiones de los nacionalistas y mantendrá un encuentro «bilateral» mediante la Comisión Mixta del Concierto, tal y como ha anunciado esta mañana el Gobierno vasco, que sin embargo no ha dado una fecha de cuándo se producirá. La celebración de ese encuentro bilateral era la condición que puso sobre la mesa Urkullu para no acudir a la cita de este viernes en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, al que había declinado asistir hasta hace apenas unos minutos.
Si a este gobierno del PP, que no del Partido Popular sino de Pedro y Pablo, le quedaba un adarme de credibilidad, la ha volatilizado al verse obligado a reconocer a requerimiento del Defensor del Pueblo, a su vez urgido por el PP de Pablo Casado, que el comité de expertos o de sabios, al que el ministro de Sanidad, el filósofo prepandémico Salvador Illa, hizo repetidas referencias para justificar cada una de sus decisiones sobre el coronavirus y su incidencia en las autonomías, nunca existió. Pero ¿qué me dice, si desde La Moncloa se llegó a afirmar que el propio presidente del Gobierno se había reunido con el llamado comité de expertos? Pues nada. Puede que alguien llegase a cobrar dietas por asistir a esa reunión fantasmagórica, pero nada de verdad y si mentira sobre mentira, albarda sobre albarda. Desfachatez y descaro. Desvergüenza y desparpajo. Desprecio a la ciudadanía y mentiras a la prensa, a las cámaras, la alta y la baja, a todo el mundo. El gobierno de Pedro y Pablo nos ha vuelto a engañar. Lo cual, visto lo visto, es su norma habitual, uso reiterado que se ha convertido en costumbre. Los voceros sanchistas habían tratado de hacernos creer que sí existía el comité de sabios, pero se reservaban dar sus nombres para evitarles presiones por parte de los gobiernos regionales, dado que se les atribuía el asesoramiento sobre que autonomía cumplía los requisitos para pasar de fase e ir liberándose poco a poco de las servidumbres del confinamiento. Y cómo si de la misma ilusión que de niños sentíamos por los Reyes Magos se tratara, también acabamos creyendo en la existencia de esa comisión asesora, de la que se insistió en repetidas ocasiones que era la que iluminaba con sus sesudas reflexiones y aportaciones la decisión final del ministro sobre la superación de las fases en cada una de las comunidades autónomas. La mentira, el bulo, la trola, la farsa o el embuste definen a estos gobernantes y sus tramposos modos de actuar. Este miércoles supimos de la no existencia del comité de expertos, como resultado de las indagaciones hechas por el Defensor del Pueblo a requerimiento del Partido Popular. Al día siguiente era el mismo ministro de Sanidad –léase nombre y apellido sin pausa—Salvadorilla, que con su semblante funerario también desmentía que hubiese existido tal órgano asesor. Y añadía que se había bastado él mismo, con la ayuda del doctor Fernando Simón y algún funcionario más, para determinar que autonomías habían hecho los deberes y podían progresar adecuadamente para dejar atrás el confinamiento. Es tal el adormilamiento tontorrón de la ciudadanía conseguido por los manejos de la factoría monclovita, que el público municipal y espeso ha digerido este nuevo embuste con un par de sorbos de agua, pero sin preguntarse por la razón del ardor de estómago, dolencia que ya es raro no sea también atribuida a la oposición. ¿Y qué decir de esa otra ovación, la tributada este miércoles por la bancada socialista, toda junta y en unión, a la llegada del presidente al hemiciclo del Congreso? Manifestación palmera del inmenso júbilo que los compañeros y compañeras, sobre todo los ausentes de la sesión anterior, también quisieron rendirle tributo para evitar ser señalados como tibios en la glorificación de su cada vez más campanudo líder. Qué importa que se incumpliese la normativa de acudir únicamente el cincuenta por ciento de los miembros y miembras de los grupos de las cámaras legislativas. Lo que importaba era estar allí, hacerse visible, aplaudir mas, y con más entusiasmo y fuerza a ser posible, que el vecino de escaño, porque todo lo que se le pueda ovacionar se le debe ovacionar a Pedro I el Grande. Porque por mucho que se le alabe y vitoree será poco para lo mucho y bien que trabaja y lo mucho más que consigue –qué se iba a pensar el holandés ese—cuando se codea, sin mascarilla, con los líderes europeos que acaban rendidos ante el pragmatismo, argumentos, encanto y doctorado del presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pues nada, seguir aplaudiendo. A ver si así espantáis la pandemia, que para combatirla nos basta con el tono monocorde de Salvadorilla ni el comité de expertos que, manda huevos, nunca existió.
Infraestructures de la Generalitat, una de las empresas públicas más potentes de Cataluña, también fue utilizada para cobrar una comisión a cambio de la adjudicación de obra pública. Se trata de una investigación desgajada de la del 3 por ciento –procede también del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell– y el juez De la Mata solicita que se sienten en el banquillo 18 personas físicas a las que acusa de organización criminal, fraude, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Los hechos investigados se produjeron entre 2008 y 2015 y son otra demostración de lo corrupto que estaba el régimen nacionalista catalán. En un auto de 146 páginas, el magistrado relata cómo ciertas empresas de ingeniería, del entorno de la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (Asinca), crearon una especie de cártel al que denominaron «Nuria Bofill» para pactar los precios que utilizarían en sus ofertas a los concursos públicos licitados por ciertas administraciones y empresas públicas. Evitar la libre competencia Así, durante años acordaron las normas y directrices a seguir cuando optasen a las licitaciones públicas para evitar así la libre competencia y obtener un contrato más beneficioso que el que hubieran conseguido en condiciones de igualdad; es decir, si cada uno hubiera presentado su oferta de forma independiente. El pacto se fue extendiendo a varios organismos públicos, observándose cómo en origen solo afectaba a GISA y a Regsa, para luego afectar a GISA (obra civil, edificación y medio ambiente), ACA, ATLL, Regsa, Ayuntamiento de Barcelona, CAT, Tabasa, Ifercat o el Servicio Territorial de Carreteras y Ferrocarriles de la Generalitat. «Nuria Bofill» consiguió repartirse y fijar los precios, de forma indirecta, de las licitaciones de ciertos organismos públicos de Cataluña, mediante el establecimiento o concierto de precios idénticos o muy similares con el objetivo de anular la competencia de los no integrantes del cártel. Todo esto supuso la alteración de las cuantías desembolsadas por la Administración en los proyectos de obra y supuso un sobrecoste para las arcas públicas. Los integrantes de «Nuria Bofill» y los responsables de las empresas públicas montaron una estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo, con un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado e implementado por las personas indicadas, para dar dirección a la adjudicación de contratos públicos en beneficio de una serie de empresas de su confianza, con las que habían alcanzado un pacto colusorio para defraudar a la Administración. Tanto en el caso del 3 por ciento como en éste De la Mata concede un plazo de 30 días a la Fiscalía y a las partes acusadoras para que presenten su escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
«Expertos en mentir», por Vicente Ordaz Vivimos en otra época. Que te inventas un comité que no existe y toman las decisiones , no pasa nada, primero la política, luego la Sanidad y por encima de todo siempre Sánchez. «Ni comité, ni expertos, ni vergüenza», por José Luis Torró Si a este gobierno del PP, que no del Partido Popular sino de Pedro y Pablo, le quedaba un adarme de credibilidad, la ha volatilizado al verse obligado a reconocer a requerimiento del Defensor del Pueblo, a su vez urgido por el PP de que el comité de expertos o de sabios, al que el ministro de Sanidad, el filósofo prepandémico Salvador Illa, hizo repetidas referencias para justificar cada una de sus decisiones sobre el coronavirus y su incidencia en las autonomías, nunca existió. El rastro del coronavirus en las aguas residuales ya se extiende por toda Valencia por los rebrotes La Generalitat realiza centenares de pruebas a los clientes de las dos discotecas de la ciudad en las que se han detectado focos de Covid-19. El coronavirus se desboca en la Comunidad Valenciana con 235 nuevos contagios en un solo día El Ministerio de Sanidad notifica un nuevo muerto en la región y eleva la incidencia acumulada a 26 casos por cada 100.000 habitantes. Tras los peores datos de la pandemia desde el pasado mes de abril, los hospitales de la red pública ya están comenzando a reservar plantas completas en previsión de un aumento de ingresos de pacientes con el . Mapa y listado con todos los rebrotes de coronavirus en los municipios valencianos Los focos originados desde el final de la acumulan ya cerca de seiscientos contagiados en la Comunidad Valenciana.
[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas aquí] 1. El exabogado denuncia el autoritarismo de Podemos: «O aceptas o estás fuera». En las dos últimas semanas la Justicia parece haberse puesto del lado de José Manuel Calvente. El impulso que ha dado un juez de Madrid a su denuncia ante la Guardia Civil sobre presuntas irregularidades contables en Podemos y el archivo de la querella que una compañera del equipo jurídico del partido presentó contra él por acoso suponen un balón de oxígeno para el letrado que Pablo Iglesias purgó en diciembre pasado por negarse a comulgar con actuaciones que los Tribunales dirán si se ajustaron o no a la legalidad. Lejos de arredrarse, Calvente ratificó el miércoles su denuncia ante el juez de instrucción número 42 de Madrid. 2. De la Mata pide sentar en el banquillo a la trama criminal nacionalista del 3 por ciento. El caso del 3 por ciento, sin duda, el que mejor define la corrupción sistémica del régimen nacionalista en Cataluña, entró ayer en sus últimas fases con la decisión del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de llevar a juicio a 32 personas físicas y 16 jurídicas, entre ellas los exgerentes de Convergencia Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germà Gordó; el exresponsable jurídico de la formación, Francesc Xavier Sánchez Vera; los partidos CDC, PDECat y las sociedades Teyco, Urbaser, Fundación ACS, Grupo Soler Constructoras y Copisa, entre otras. El núcleo de la acusación es demoledor: las autoridades convergentes cobraban una «mordida» a las empresas que querían ser adjudicatarias de obra pública en Cataluña y el dinero obtenido se destinaba a financiar al partido «ilegalmente o de forma encubierta». 3. Sanidad niega una segunda ola y los brotes en España ya rozan los 500. Los brotes activos en España rozan los 500. En concreto, ascienden a 483 y llevan 5.700 casos asociados. Así lo aseguró ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien le restó importancia asegurando que «el 75 por ciento de estos brotes tienen 10 o menos casos». En cualquier caso, advirtió de que «hay un 25 por ciento de brotes con un número importante de casos que son los que tienen un alto riesgo de generar transmisión comunitaria». El número es algo mayor que el que por la mañana había dado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, quien aludió a 72 brotes menos. El aumento de brotes es tal, que el propio Simón reconoció ante los periodistas que al dirigirse a la rueda de prensa de todos los jueves, uno de sus técnicos le advirtió de nuevos brotes recién notificados. 4. Así pagarán las empresas el «plus del teletrabajo» a los empleados que realicen su labor a distancia. El teletrabajo se ha impuesto a la fuerza en algunos sectores productivos, sobre todo entre los que requieren mayor cualificación, de un día para otro en España. La pandemia del coronavirus ha sido la causa directa de que más de tres millones de ocupados, el 16,2% del total en base a la última EPA, hayan prestado sus servicios desde su domicilio «más de la mitad de los días» durante el segundo trimestre del año. Este porcentaje supone casi multiplicar por cuatro los niveles de 2019, cuando solo 951.800 personas -un 4,8%- admitía ejercer sus labores a distancia. «El teletrabajo ya existía antes del coronavirus y estaba creciendo gracias a la disponibilidad de medios telemáticos potentes y a un coste asumible. Con la pandemia no ha habido más remedio que 'imponerlo' para seguir pudiendo atender las operaciones y a los clientes», explica Susana Marcos, CEO de PeopleMatters. 5. Alerta sobre la «explotación» a la que Cuba somete a sus médicos en misiones exteriores. Organizaciones internacionales en favor de los derechos humanos, así como Naciones Unidas, han cuestionado las condiciones a las que Cuba somete a los médicos que envía al extranjero, cuyo número aumentó los últimos meses ante la necesidad de algunos países de personal sanitario por la emergencia del Covid-19. La ONU ha llegado a afirmar que las condiciones laborales son muchas veces «explotadoras» y podrían suponer «trabajo forzoso». La organización Human Rights Watch (HRW) ha pedido a los gobiernos que solicitan médicos cubanos que presionen a La Habana para exigir mayores libertades para quienes participan en esas misiones. 6. El fútbol español, incapaz de cautivar a sus jóvenes talentos. Lleva tanto tiempo siendo lo habitual que quizá por ello el personal lo vea ya como algo que toca asumir, pero no por ello la tendencia se vacía de significado para un campeonato, el español, que se desangra gota a gota dede hace un puñado de años. Lejos quedan ya los días de vino y rosas, con la Liga erigida como el jardín fetiche para cualquier futbolista que apreciase su propia talla. El fin de la época dorada nacional forma parte del ayer, y las consecuencias se apilan una tras otra, conformando una montón que va restando lustre al nivel de nuestro fútbol. El último ladrillo se llama Ferran Torres.
Josu Urruticoechea logró eludir a la Justicia durante 17 años. Finalmente, en mayo de 2019 fue arrestado en los Andes franceses con la colaboración inestimable de la Guardia Civil. Un respiro para sus víctimas que, sin embargo, ha durado poco. Porque ayer, el exnúmero uno de ETA abandonó la cárcel parisina de la Santé rumbo hacia un céntrico apartamento en el que residirá a partir de ahora bajo control judicial. Las casi dos décadas de lucha para darle caza, lamentan desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), se han hecho «añicos». «No podemos comprender cómo recibe un trato favorable mientras nuestros muertos continúan en sus tumbas, de donde nunca saldrán», denunció a través de un comunicado la asociación que preside Maite Araluce, que añadió que tampoco se entiende que haya que dar respuesta a «todos los que ahora reclaman una humanidad que ellos nunca tuvieron». Ternera había solicitado abandonar el centro penitenciario de la Santé debido a su estado de salud, súplica que fue escuchada y aceptada por el Tribunal de Apelación de París. Hace años el etarra anunció que padecía un cáncer, lo que según su defensa se suma a otras enfermedades de diversa gravedad. Los abogados apelaron a que en el centro penitenciario parisino se han detectado varios casos de coronavirus. La decisión de la Justicia francesa permitirá al sanguinario etarra, imputado entre otros crímenes por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987, pasar a un régimen de arresto domiciliario. Vivirá en el domicilio de una profesora de la Escuela Nacional Superior (ENS) residente en París. Allí continuará con sus estudios universitarios con la previsión de matricularse el próximo curso en tercero de Historia en la Sorbona. Asimismo, podrá salir hasta siete horas a la calle con total libertad -dos por la mañana y cinco por la tarde- con la única condición de no abandonar el país y de llevar consigo una pulsera telemática. De incumplir cualquiera de las normas que se les han impuesto, regresaría a la cárcel. «Que no se vuelva a fugar» Un «trato favorable», lamenta la AVT, que ha provocado que algunas víctimas llegaran incluso a necesitar asistencia por parte de su Departamento Psicosocial. En cualquier caso, una vez ratificada la decisión de los jueces, la asociación se resigna a pedir que «se cumplan todas las medidas necesarias para que Josu Ternera no se vuelva a fugar», como ya ocurrió en el pasado. «Las víctimas del terrorismo solo reclamamos justicia. Justicia a la que tiene derecho cualquier ciudadano», sentencia. Lo mismo reclama el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). Desde la asociación de Consuelo Ordóñez destacaban ayer ante este periódico que nunca cuestionan «las decisiones judiciales, gusten o no». En cualquier caso, apuntaron que lo importante es que las autoridades francesas no permitan al terrorista escapar, y recordaron que está reclamado «por gravísimos delitos en España». Concretamente, la Audiencia Nacional envió dos reclamaciones de extradición y otras dos euroórdenes contra Ternera. Francia rechazó este julio una de ellas, referente a delitos de lesa humanidad, pero sí atendió la demanda por la participación del etarra en el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que murieron 11 personas. Quedan pendientes otras dos causas por financiación de la banda terrorista a través de las «herriko tabernas» y por el asesinato del exdirectivo de Michelin Luis Miguel Hergueta. Marlaska pide la extradición A este respecto, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, exteriorizó ayer su deseo de que se resuelvan las órdenes de detención que pesan sobre el exlíder de ETA para que sea extraditado. En declaraciones a los medios durante una visita a un centro de atención a víctimas de trata, el mandatario socialista expresó su respeto por las resoluciones judiciales, y valoró la labor de las Fuerzas de Seguridad españolas y de la Gendarmería francesa en la captura de Ternera.
El presidente del Gobierno quería una imagen de unidad y consenso para la XXI Conferencia de Presidentes que tiene lugar hoy en San Millán de la Cogolla (La Rioja) pero sus dos principales aliados, el independentismo catalán y el nacionalismo vasco, rechazaron ayer formar parte de lo que consideran una estrategia de propaganda. La reunión, que tratará el reparto de los fondos de recuperación europeos y la actualidad sanitaria sobre los rebrotes del Covid-19, contará con la presencia del Rey en la apertura de la misma, acto que presidirá y tras el que mantendrá un encuentro informal con los presidentes de las regiones y Pedro Sánchez. Precisamente, la presencia de Don Felipe en la reunión fue el principal motivo que Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, esgrimió en su carta de rechazo para acudir a San Millán de la Cogolla enviada ayer mismo al presidente del Gobierno. En la misiva —como respuesta a una previa de Sánchez tramitada el miércoles—, Torra señaló que su gobierno «no comparte» que se quiera utilizar un encuentro sobre la crisis sanitaria y la crisis económica «para implicar» a la Casa del Rey, «que hoy está más cuestionada que nunca», y por lo tanto se use para «blanquear su imagen». En esta línea, el presidente autonómico recordó a Sánchez que el Parlamento de Cataluña («sede de la soberanía de los catalanes», apuntó Torra) pidió recientemente «la abdicación de Felipe VI». «Relación bilateral» Más allá de esta posición, también argumentó que, debido a la «situación muy complicada de la pandemia en Cataluña», considera recomendable quedarse en Barcelona, no desplazarse a La Rioja, y dedicar toda su «atención y dedicación» a intentar resolver la situación sanitaria en relación a los brotes. «El primero que tiene que dar ejemplo de la restricción de movimientos que hemos pedido a la ciudadanía es el presidente», añadió. Sobre la reunión en sí misma y las celebradas por videoconferencia entre los líderes autonómicos durante el estado de alarma, el presidente de la Generalitat indicó a Sánchez que, como ya le ha trasladado en otras ocasiones, se trata de reuniones «bien poco útiles porque se nos anunciaba una serie de decisiones ya tomadas y anunciadas públicamente el día antes, sin posibilidad de dialogar ni de pactar ningún cambio». Para Torra, estos encuentros, como el de hoy mismo, no son ejercicios de «cooperación», de «cogobernanza», «ni de nada de lo que se ha querido vender». Y no lo son, para el independentismo catalán, porque «la relación del gobierno de Cataluña con el Gobierno de España ha de ser bilateral». Por lo tanto, en su opinión, no es en un encuentro entre los diecinueve presidentes autonómicos (regiones y ciudades) donde se puede debatir y acordar «realmente» el funcionamiento de los fondos europeos para la reactivación económica tras el Covid-19. Finalmente, Torra —que no hizo mención alguna a las reivindicaciones secesionistas— reprochó al presidente del Ejecutivo que no se le haya respondido a ninguna de las propuestas económicas, que incluye la de que la Generalitat reciba 31.000 millones de euros de los fondos europeos. Urkullu culpa a La Moncloa Sin misiva de respuesta pero con el mismo resultado, Iñigo Urkullu tampoco asistirá hoy a la XXI Conferencia de Presidentes. La carta de Sánchez del miércoles no inmutó a un Urkullu que se mantuvo en sus trece: si no se fijaba la fecha de una reunión «bilateral» entre los gobiernos central y vasco, no tomaría parte en la «foto» de unidad que pretende vender el presidente socialista. De hecho, el lendakari ni siquiera se tomó la molestia de contestar a la carta, como sí hizo su homólogo catalán. Desde la presidencia vasca apuntaron ayer que la situación seguía igual, y volvieron a incidir en que las razones de la ausencia de Urkullu a la cumbre de La Rioja hay que buscarlas en La Moncloa, no en Vitoria. Fuentes de la Lendakaritza señalaron que el propio Urkullu telefoneó el viernes pasado a la ministra Carolina Darias para comunicarle que solo acudiría a la reunión de presidentes de hoy si se fechaba la Comisión Mixta del Concierto, destinada a fijar el límite de endeudamiento del País Vasco para este año. Un mensaje que el líder nacionalista transmitió oficialmente por carta a Sánchez este martes. Pero la respuesta no cumplió con las expectativas de los nacionalistas. El PNV, avezado a la hora de sacar petróleo de la debilidad del Ejecutivo de Sánchez, pactó en mayo esa reunión bilateral para incrementar su capacidad para endeudarse en el marco de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus. Desde el gobierno autonómico sostienen que se trata de una fórmula para paliar no solo la sensible caída de la recaudación, que se estima que oscile entre el 17 y el 20 por ciento, sino también la exclusión del País Vasco del último tramo de los fondos europeos. Una suma de 5.000 millones de euros de la que esta autonomía no se beneficiará debido a su «sistema tributario particular», que gira en torno al Concierto Económico y al Cupo. «Había un acuerdo firmado para que esa decisión se tomara en el primer semestre del año. No se ha hecho», sentenciaron los nacionalistas vascos. En este sentido, subrayaron que «el lendakari lo único que ha dicho es que sin fecha no va a la conferencia de presidentes». Y hasta ahora, no se ha producido anuncio alguno. Por si fuera poco, el enfado en el PNV se acrecentó este jueves tras conocerse el acuerdo entre el Gobierno de España y el ejecutivo regional de Navarra. La presidenta autonómica de esta comunidad foral, María Chivite, anunció que había apalabrado pasar del 0 al 2,3 por ciento del PIB en su objetivo de déficit, el cual puede ser revisado al alza en septiembre. En Vitoria se cuestionan por qué este pacto no ha sido posible en el País Vasco. Con todo, Sánchez no tendrá, este viernes, la fotografía deseada de unidad y consenso. Una imagen que sus socios preferentes han evitado.
