Lejos queda ya aquel acuerdo soterrado entre el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para «derogar de forma íntegra la reforma laboral» del PP. Su vigencia duró apenas unas horas; las que tardó el Gobierno en rectificarlo tras conseguir aprobar la quinta prórroga del estado de alarma con el aval de Ciudadanos. Hoy los cuatro grupos de trabajo de la comisión de reconstrucción poscoronavirus del Congreso debaten las enmiendas presentadas por cada grupo parlamentario y, salvo sorpresa de última hora, el texto final no recogerá ni la suspensión de la reforma laboral, ni un impuesto a la banca ni otro a las grandes fortunas. Podemos ya cedió en este último aspecto la semana pasada y renunció a su pretensión de gravar a los ricos por el hecho de serlo. Fuentes de ERC y de EH Bildu consultadas por ABC confirman su decepción con el giro del Gobierno, especialmente del PSOE, y lamentan que no haya habido el más mínimo contacto en las últimas horas. Desde los dos grupos parlamentarios lo achacan a lo mismo: los socialistas han optado por un «acuerdo de mínimos con Cs» y por intentar atraer al PP al menos al ámbito sanitario, y por ello no parecen dispuestos a aceptar sus peticiones. Sí hubo ayer conversaciones entre los populares Ana Pastor y Guillermo Mariscal y el socialista Rafael Simancas y los miembros del Gobierno Félix Bolaños y José Antonio Montilla. Pastor y Simancas se emplazaron a otra reunión hoy, en la que tratarán de alcanzar un acuerdo en todos los ámbitos. En el PNV, aunque expresan malestar por la precipitación de la comisión, sí se sentaron ayer a negociar sus enmiendas. Su principal objetivo no es otro que garantizar el respeto al autogobierno vasco y que no haya una invasión competencial en los pactos para la reconstrucción. Su desconfianza hacia PP y Cs es evidente.
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[Si te perdiste las seis noticias de ayer puedes leerlas pinchando en este enlace] 1. El Gobierno aprovecha el pacto para la reconstrucción del Covid para asfixiar a la concertada y amenazar a los centros de educación especial. Desde que se conoció su proyecto de ley, la ministra de Educación, Isabel Celaá, negó por activa y por pasiva las críticas de asociaciones, sindicatos, padres y medios que aseguraban que la «ley Celaá» cargaba contra la concertada. «Son fake news», «las familias no tienen nada que temer», dijo en diferentes ocasiones. Con más fuerza, quizás, negó las acusaciones acerca de la intención de cerrar los centros de educación especial a la que alude, en un texto ambiguo, la disposición adicional cuarta de su proyecto de ley. Pero si quedaba alguna duda de las intenciones de Educación, el Gobierno las deja bien claras en el documento de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso cuyas enmiendas se votarán hoy. 2. La próxima prueba de fuego de la Fiscalía, una treintena de nombramientos. Consciente de que todos sus movimientos se están mirando con lupa desde su aterrizaje, el pasado enero, en la Fiscalía General del Estado desde el Ministerio de Justicia, Dolores Delgado está teniendo un inicio de mandato discreto, en el que trata de pasar desapercibida y dejar clara su desvinculación de los asuntos que pueden estar relacionados con su anterior etapa en el Ejecutivo, que ni son ni serán pocos. Su estrategia es astuta, comentan fuentes fiscales, porque está aprovechando esta etapa de «parón» obligado que ha impuesto el coronavirus para intentar ganarse a la carrera con talante, simpatía y mano izquierda. Aunque la mayor parte de estos contactos hayan sido por videoconferencia por exigencias de guion. 3. La puerta para que el virus gripal hallado en China «ya está abierta». El hallazgo de una nueva cepa de la gripe con potencial para generar una pandemia en China genera sentimientos encontrados a los virólogos. El descubrimiento es una buena señal porque significa que la vigilancia epidemiológica funciona y el nuevo virus no nos pillará de sorpresa como hizo el coronavirus. Pero también inquieta. Isabel Sola, viróloga del Centro Nacional de Biotecnología lo explica: «La puerta para que el virus pueda empezar a transmitirse ya se ha abierto. Hemos visto que tiene capacidad no solo para contagiar de un animal a otro sino que infecta a las personas que han estado en contacto con los cerdos. Si el virus tiene la oportunidad de infectar células humanas, podría adaptarse y adquirir la propiedad fundamental para transmitirse con eficacia de persona a persona y convertirse en un virus pandémico». 4. Pepe Blanco y José Montilla cobrarán más del doble en Enagás que los actuales ministros. La junta de accionistas de Enagás aprobó ayer «por la mayoría necesaria» el nombramiento como consejeros de la compañía de los exministros socialistas Pepe Blanco y José Montilla, así como del asesor de Unidas Podemos Cristóbal José Gallego. Los tres nuevos consejeros cobrarán una retribución aproximada de 160.000 euros al año hasta por lo menos 2023, según las remuneraciones abonadas el año pasado. Esa cantidad es más del doble de lo que cobra un ministro del actual Gobierno (74.858 euros). Incluso, esa retribución podría alcanzar los 190.000 euros si alguno de ellos presidiera alguna de las comisiones del consejo. 5. Pekín impone cadena perpetua para aplastar la revuelta de Hong Kong. La venganza es un plato que se sirve frío y en China, con su paciencia milenaria y su arte de la guerra, saben mucho de eso. Justo un año después del asalto al Parlamento de Hong Kong en las protestas reclamando democracia, momento a partir del cual se desató una violencia nunca antes vista en la ciudad, el autoritario régimen de Pekín impuso ayer una draconiana Ley de Seguridad Nacional para aplastar esta larga revuelta. Con su hermetismo y falta de transparencia habitual, lo hizo sin que se supiera su contenido y sin pasar por el Parlamento autónomo de la excolonia británica, cuando los 162 diputados del comité permanente de la Asamblea Nacional Popular la aprobaron por unanimidad en Pekín por la mañana. 6. El Barça proclama su impotencia y regala la Liga. El Barcelona se dejó este martes otro pedazo de Liga ante el Atlético de Madrid (2-2), al sumar su tercer empate desde que se reanudó la competición: 12 puntos de 18 posibles que dejan el título en bandeja al Real Madrid. Los azulgranas, que mejoraron sus prestaciones respecto a anteriores compromisos, merecieron más, pero los hombres de Simeone aguantaron el tipo e igualaron por dos veces el choque desde el punto de penalti. Los rojiblancos encadenan ya trece partidos oficiales sin conocer la derrota. Un Barça-Atlético siempre promete, incluso en tiempos de pandemia. Y el encuentro no defraudó desde el inicio, con dos equipos entregados a un duelo caliente jugado a un ritmo vertiginoso, impropio de la gélida nueva normalidad de este fútbol virtual de ambiente enlatado y huérfano de calor en las gradas.
El procurador de la formación Vox en las Cortes e integrante del Grupo Mixto, Jesús García-Conde, pidió ayer «acabar con la administración paralela, con consejerías innecesarias y con subvenciones» para poder hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia en la Comunidad. En su réplica al discurso del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el debate sobre política general de la Comunidad, el procurador de Vox criticó con vehemencia la gestión del Ejecutivo autonómico de las residencias de ancianos durante la pandemia, por lo que, al igual que Podemos, pidió una comisión de investigación parlamentaria para conocer lo sucedido. Contra las autonomías García-Conde, que comparó la actuación de los sanitarios en las residencias como cuando se envió a los bomberos a sofocar la catástrofe en Chernóbil, acusó también al Ejecutivo de no haber rendido cuentas ante las Cortes, informa Efe. Esto evidencia, según el procurador de Vox, la «ineficacia» de las comunidades autónomas, que las hace, «innecesarias», ya que «su eficacia no está demostrada mientras solo consumen recursos», argumentó. Por su parte, el presidente de la Junta lamentó la no adhesión de la formación de Santiago Abascal en el pacto por la recuperación de la Comunidad y acusó al procurador de Vox de estar «aislándose cada día más» de lo que acontece en Castilla y León.
Con su tono habitual, el portavoz de Podemos en las Cortes, Pablo Fernández, criticó ayer duramente el primer año de gobierno de la Junta durante el debate del estado de la Comunidad. El líder de la formación morada repartió reproches entre las dos formaciones en el Ejecutivo autonómico de coalición -PP y Cs- y, censuró especialmente la actuación del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea(Ciudadanos). Criticó su afán de «protagonismo» porque, además de ser el segundo en el Gobierno, ha querido ser también consejero y portavoz, dijo. «Pero carece de lo má simportante. Está afectado por el descrédito, ya nadie le cree», aseguró. Tanto Cs como el PP «nos condenan a más de lo mismo» y su primer año de gobierno ha sido «aciago», consideró Fernández, quien también tuvo reproches para el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de quien dijo que su primer ejercicio al frente del Ejecutivo regional «es un catálogo de los peores horrores del PP». «No ha hecho otra cosa que mentir desde que llegó al Gobierno», le espetó a Mañueco, y citó asuntos como las 35 horas de los funcionarios y los ERTE. En su discurso hubo propuestas como un plan de empleo específico para jóvenes, mujeres y medio rural, un parque público de vivienda con al menos el 20% del mercado, fortalecer los servicios públicos y mayor progresividad fiscal. Por su parte, el presidente de la Junta reprochó a líder de Podemos que critique todo aquello que no tenga que ver con su ideología.
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, apuntó ayer en las Cortes durante el Debate de Política General de Castilla y León algunas de las claves de cómo será la vuelta a las aulas a partir de septiembre en esta nueva normalidad. En concreto, quiso dar un «mensaje de tranquilidad y confianza a todas las familias»: «Haremos los esfuerzos necesarios para desarrollar la enseñanza presencial en todas las enseñanzas, etapas y niveles educativos» tras más de tres meses obligados de formación vía on-line. Entre las medidas, 1,5 metros entre alumnos para fijar el ratio del aula y, a partir de 2º de Primaria, si no es posible, mascarilla. No fue el único anuncio realizado por Fernández Mañueco. Aquí, algunas de las otras claves de su discurso - No subir los impuestos: «No» subirán impuestos que afecten a familias, autónomos y pymes y «mantenemos intacta» la intención de eliminar el «injusto» tipo de Sucesiones y Donaciones, cuya supresión ha quedado «suspendida» en virtud del Pacto para la Recuperación por el Covid. «Se quitará cuando las circunstancias políticas y económicas así lo permitan», reiteró Mañueco. - Una comunidad «verde, solidaria y sostenible» «Ayudaremos a España y a Europa a cumplir los retos en la lucha contra el calentamiento global», señaló el presidente, quien entre sus compromisos por el «reto verde» citó no verter a los ríos aguas residuales sin depurar y lograr cero vertederos y escombreras al final de legislatura. «Castilla y León verde, limpia, solidaria, pero también sostenible» - Mujeres, jóvenes y formación «Juventud, mujer y formación» son la «mejor estrategia para la transformación y construcción de una sociedad más justa en la que el protagonismo femenino ocupe su lugar». En este sentido, entre otras medidas, se pondrá en marcha un programa para el retorno al mercado laboral de las mujeres «que hicieron un paréntesis» para el cuidado de familiares. - «Especial atención a la automoción» Entre el apoyo a los sectores industriales ya implantados, además de la agroindustria, «especial atención» a la automoción, «determinante en este nuevo escenario» y «al que vamos a seguir apoyando en los próximos años para que siga manteniendo los más altos estándares de competitividad, calidad y productividad». Es una industria «marca-país, de reputación internacional» y «tarjeta de presentación del saber hacer de España». - Ayudas a 8.000 familias por el Covid Casi 8.000 familias recibirán antes de agosto 12,3 millones de euros en ayudas «ordinarias y especiales» con motivo del Covid-19. Además, en la primera semana de julio la Junta convocará otros 15,3 millones de ayudas ordinarias al alquiler.
Va a pactar, sí o no?», insistió ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, al líder del principal partido de la oposición, el socialista Luis Tudanca, después de que le ofreciese seguir avanzando en por el camino del «histórico» Pacto para la Recuperación tras el impacto del Covid-19 y extender el diálogo al acuerdo en los Presupuestos de 2021. Pero ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Nada dejó claro Tudanca en sus dos intervenciones durante el cara a cara en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, ni tampoco el resto de fuerzas de la oposición. Si bien en su primer discurso pareció al menos amagar con coger el guante lanzado por Mañueco, en el siguiente apenas pasó de puntillas. «¿Está dispuesto a sentarse? Es muy fácil, ¿sí o no?», insistió el presidente, quien en la sesión matinal llamó a que el «espíritu» de ese Pacto para la Recuperación -tienen la firma de Junta, PP, PSOE, Cs, Podemos y Por Ávila- «debe perdurar» e incluso «dar un paso más». Un avance que situó en sacar adelante unos propuestos «con un amplio respaldo parlamentario». Invitó a «todos» los grupos y «especialmente» al mayoritario de la oposición -en alusión al PSOE- «a consensuar y pactar» la Cuentas de 2021. «Vamos a ser valienes y transformar un grave problema en una oportunidad» Pero nada en claro se llevó Mañueco de la sesión en la que brindó la «disposición» del Gobierno para el entendimiento, pese a «no» necesitar de otros para sacar adelante el presupuesto, pues PP y Cs suman mayoría suficiente. «Pero queremos acuerdos», pues el momento -marcado por un impacto del Covid-19 que dejará su impronta en esta legislatura y en la próxima, avanzó- «lo precisa». «Podemos seguir siendo ejemplo para España», reivindicó Mañueco, quien llamó a sus señorías a «no olvidar» que el «objetivo fundamental» es Castilla y León y «entre todos debemos sacar» a la Comunidad «adelante». «Nos va nuestro futuros en ello», advirtió. Sin entrar al fondo de la propuesta, a Tudanca sobre todo lo que no le gustaron fueron las formas. Afeó que Mañueco brindase la oferta en el Debate sobre el Estado de la Comunidad «para ganar un titular y una foto» y sin habérselo planteado antes. «Así no», espetó. «Ya está bien», exclamó el líder del PSOE, quien defendió que han sido «muy leales». Pero, añadió, «¿hasta cuándo va a abusar de nuestra paciencia?». «Para empezar», recordó, acaban de firmar un pacto que llamó a cumplir. «Y luego ya veremos», ofreció con la mano medio abierta el líder socialista, quien, eso sí, avanzó que seguirán haciendo oposición, llamó al presidente a «asumir sus responsabilidades» y aprovechó para recordar que los socialistas fueron la fuerza más votada y y están «preparados» para gobernar. «Queremos que el medio rural salga reforzado y se vea como un entorno atractivo y fuente de alternativas reales» «Abandone el pasado, sus frustraciones, la vieja política», clamó Mañueco, quien llamó a Tudanca a ser «valiente por el futuro de Castilla y León» y sin tener que esperar al «argumentario de Ferraz». Para animarle, anunció en su última intervención del día que el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, remitirá una carta a todos los grupos para invitarles a trabajar en los presupuestos de la recuperación. Un futuro y presente marcado por la crisis sanitaria del coronavirus, con sus impactos también sociales y económicos. Una situación que ha marcado «uno de cada tres días» del Gobierno en coalición de PP y Cs, dos fuerzas políticas «unidas en torno a un proyecto conjunto de Comunidad» y que está «cohesionado», defendió casi nada más subir a la tribuna de oradores en su primer debate de política general. Y casi a renglón seguido, el tema que prácticamente monopolizó la sesión: el Covid-19, que hizo que la senda de la economía, ya más desacelerada, «se vio truncada» y «alteró las prioridades políticas y de gestión». «Un escenario que nadie esperaba y para el que nadie estaba preparada» y que además del «drama sanitario y social» ha dejado una «fuerte caída de la actividad de empresas y servicios». Lecciones Pero la crisis, «nos ha dado experiencias de las que hemos aprendido», sostuvo el presidente, quien defendió que al igual que «hemos sido prudente para proteger la salud, vamos a ser valientes para transformar un grave problema en una oportunidad para hacer a Castilla y León mejor». Para ello, clave, «un profundo proceso de modernización» y el «impulso de una nueva economía», en la que empresarios y emprendedores «deben seguir teniendo un papel esencial», a los que brindó «fiscalidad moderada» y agilización de trámites. También, la «transformación digital», que «ya no es una posibilidad, es una necesidad» y «un derecho que vamos a garantizar», apuntó el jefe del Ejecutivo, quien avanzó que están cerrando un acuerdo con el Gobierno de España para «participar con fondos» de la Comunidad para la extensión de la banda ancha y en julio se rubricarán protocolos con todas las diputaciones en esta dirección. Objetivos La reindustrialización «como objetivo irrenunciable», pues es un sector que la crisis ha evidenciado que «aporta estabilidad, adaptación, resiliencia, empleo de calidad y es garante de bienestar colectivo» o una nueva estrategia en el plan de reactivación del comercio, «muy afectado» por esta crisis, entre los compromisos y prioridades de Mañueco. También el turismo, para vender a Castilla y León como «prudencia en la desescalada» como garantía. «A diferencia del turismo masificado, es un turismo selectivo y de calidad», defendió. Todo hacia un «objetivo fundamental» como es «conseguir que el impacto de la crisis en Castilla y León en términos de PIB, deuda y empleo sea menor que a nivel nacional». «Que la recuperación se puede producir antes y desde bases más sólidas», explicó el presidente de la Junta. Y otro «objetivo estratégico» hacia el que también se dirige esa «apuesta modernizadora a través de la nueva economía, la transformación digital, la sostenibilidad o la garantía de los servicios en el territorio»: el «impulso al mundo rural». «Queremos que salga reforzado tras esta crisis y se vea como un entorno atractivo porque ofrece una calidad de vida mejor y más segura y porque es fuente de alternativas económicas reales», defendió el jefe del Ejecutivo, para quien «el éxito en revitalizar» el mundo rural «representará el éxito» de otro de los «grandes desafíos», el demográfico. En este campo, clave el apoyo al sector agrario y también el transporte. Además de apoyo a las líneas concesionarias de transporte, que llegará «a todos» los pueblos, bonificación «casi en su totalidad» a para mayores y jóvenes.
Consciente de que todos sus movimientos se están mirando con lupa desde su aterrizaje, el pasado enero, en la Fiscalía General del Estado desde el Ministerio de Justicia, Dolores Delgado está teniendo un inicio de mandato discreto, en el que trata de pasar desapercibida y dejar clara su desvinculación de los asuntos que pueden estar relacionados con su anterior etapa en el Ejecutivo, que ni son ni serán pocos. Su estrategia es astuta, comentan fuentes fiscales, porque está aprovechando esta etapa de «parón» obligado que ha impuesto el coronavirus para intentar ganarse a la carrera con talante, simpatía y mano izquierda. Aunque la mayor parte de estos contactos hayan sido por videoconferencia por exigencias de guion. Su gestión anterior en el Ministerio sí ha servido para coordinar, de puertas para dentro, la organización interna y los servicios esenciales de la Fiscalía en momentos tan complicados como han sido las semanas de confinamiento y la reanudación de la actividad en Fortuny, que el lunes tuvo que ser interrumpida otra vez por dos nuevos casos de coronavirus. Delgado sabe que, como su antecesora, María José Segarra, tampoco ella tiene el «pedigrí» de fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera, y que necesita tener el apoyo y reconocimiento de la treintena de fiscales de sala que integran el Ministerio Público. Quizá de ahí su interés por haber mantenido días atrás entrevistas individuales con cada uno de ellos, a los que ha sondeado y con los que ha compartido sus planes futuros para la Fiscalía. Eso sí, todavía no se ha atrevido a enfrentarse a la junta de fiscales en pleno para poner sobre la mesa cuestiones como su interpretación de los plazos procesales en el decreto de Justicia, en el que hizo un amago de reiniciarlos tras el estado de alarma y tuvo que dar marcha atrás cuando se le pidió que unificara criterios para que todos los fiscales pudieran actuar igual en toda España, algo para lo que no bastaba un decreto. Esa interpretación suponía poner a cero el contador en las causas de corrupción y alargar el suplicio de la espera del juicio por parte de los investigados. Aunque su posición de la nueva Fiscalía General ya se ha dejado ver en varias causas de calado, la última, ayer, al rechazar investigar a Marlaska por el cese de De los Cobos, la verdadera prueba de fuego de la exministra estará en la treintena de nombramientos que tiene que acometer. De momento ha puesto como fiscal-jefe de la Secretaría Técnica a Álvaro Ortiz, quien fue portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que Delgado ha estado muy vinculada. Y, en una jugada maestra, ha mantenido al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, como su número dos. En diciembre, cuando se jubile, ya podrá poner en ese puesto vital a alguien de su absoluta confianza. En esa treintena de cargos figuran cinco fiscales de sala, entre ellos la plaza del jubilado Antolín Herrero y la del fiscal del «procés» Fidel Cadena, cuyo mandato está pendiente de renovación. Inspección, Menores y Tribunal Constitucional son otras de las decisiones que deberá tomar Delgado. El dictamen del Consejo Fiscal no es vinculante.
Los ministerios del Interior y de Inclusión, responsables respectivamente del control de la inmigración irregular que entra a España y de la acogida e integración de los solicitantes de asilo, han temido durante toda la pandemia la vinculación de las pateras con al coronavirus. El momento parece haber llegado con la detección de al menos cuatro inmigrantes contagiados en Murcia y dos en Andalucía procedentes de embarcaciones llegadas a costas españolas en los últimos días, lo que ha llevado a representaciones de los Cuerpos de Seguridad a reclamar con carácter de urgencia un protocolo que proteja a los agentes de posibles infecciones, que por otro lado dicen estar pidiendo «hace meses». El habitual, subrayan, es «insuficiente», hace falta adaptarse a la «nueva normalidad», habida cuenta -denuncian- de que, mientras no padezcan síntomas, a policías y guardias civiles no se les hacen test PCR tras haber estado en contacto con quienes luego se demuestran enfermos. Los primeros casos de inmigrantes infectados de Covid se registraron a finales de mayo cuando, como ya informó este diario, en Canarias se hizo a inmigrantes cumplir el inicio de la cuarentena de dos semanas impuesta por el Gobierno en comisarías, donde se documentaron varios contagios. A mediados de junio se detectaron otros 14 en una sola embarcación. La petición ahora de más medidas por parte de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, y de sindicatos policiales como Jupol coincide con el repunte en las últimas horas de las llegada de pateras, que se tradujo el domingo en la detección de diez con 102 personas a bordo en Murcia, otras cinco con 57 ocupantes en aguas de Baleares y tres con 33 pasajeros en Alicante. Ayer se interceptó una última embarcación en Lanzarote en la que viajaban 19 inmigrantes, lo que eleva a 2.700 los registrados en el archipiélago en lo que va de 2020, una cifra que iguala a todos los contabilizados en las islas el año pasado. En concreto, la AUGC demanda que se realicen test PCR «con carácter prioritario a cualquier otra actuación» a los inmigrantes que son desembarcados en España, lo que en consecuencia precedería a su contacto con los miembros de las fuerzas de seguridad encargados de los trámites de identificación y registro. También se reclaman pruebas para ellos, al tiempo que se precisa que 15 de estos funcionarios que intervinieron la semana pasada en la filiación de los integrantes de una patera en Águilas (Murcia), ayer no habían sometidos aún a ningún análisis. En expulsión, pero libres Argelia parece ser el país de origen de los más de 150 inmigrantes llegados desde el domingo a costas levantinas y de Baleares, un país con el que España mantiene un bien engrasado mecanismo de devolución que, no obstante, no está operativo debido al cierre circunstancial de los Centros de Internamiento (CIE) donde estas personas debían esperar su repatriación. En consecuencia, se les están incoando expedientes de expulsión pero dejándoles en libertad a cargo de ONG en régimen abierto. =
El Gobierno quiere presentar el proyecto de los Presupuestos de 2021 a finales de septiembre. Es decir, antes de unas posibles elecciones catalanas en otoño y no después, como ERC sugirió que le vendría mejor. Ayer la ministra portavoz, María Jesús Montero, aclaró que no hay «certeza» de que vayan a celebrarse para entonces los comicios autonómicos, por lo que no esperarán. «Este país necesita unas cuentas publicas y las necesita ya», expresó Montero. Por lo que agosto será un mes de intensas negociaciones entre los grupos. En este tablero de ajedrez, el Gobierno está abierto a acelerar la reunión de la mesa de diálogo con Cataluña y alejarla de un escenario preelectoral que endurecería las posiciones de ERC y JpC, competidores en las urnas. En La Moncloa saben además que lo que pase en la mesa tendrá repercusión directa en la negociación presupuestaria con el resto de formaciones políticas. «El presidente del Gobierno ya anunció que no tendría ningún inconveniente de reunirse a lo largo del mes de julio», expresó ayer la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que propuso cerrar agendas en la segunda quincena del mes, después de las elecciones vascas y gallegas. «El Gobierno mantiene su hoja de ruta», subrayó. Sembró así la duda de que la Generalitat lo haga también. Fuentes del Gobierno acusan al «president» Quim Torra de querer dilatar la cita para sacar rédito. Sin embargo, la lectura en Cataluña es muy distinta. Creen que es el Gobierno a quien no le conviene que se celebre ya y pone «excusas». La Generalitat no quiere más retrasos, o eso dicen desde el gobierno catalán, JpC y ERC. La iniciativa de la mesa de diálogo surgió de ERC y fue requisito imprescindible para que los independentistas de Oriol Junqueras permitieran repetir en La Moncloa a Pedro Sánchez. JpC no entró en el juego de la mesa hasta que no tuvo más remedio. Y, ahora, Torra hace suya la mesa de diálogo, sabedor de los límites de Sánchez y de cara a usarla -en caso de no concretarse nada tangible para beneficio de los nacionalistas- contra ERC en las elecciones autonómicas. Ayer, curiosamente, Meritxell Budó (JpC), portavoz de la Generalitat, acusó al Gobierno de querer «dilatar al máximo» el segundo encuentro de la mesa. Minutos después, fuentes del Ejecutivo respondieron tajantes a esa recriminación: «Hemos dicho en la rueda de prensa que estamos dispuestos a cuadrar agendas en julio». Pero para Budó es el Ejecutivo quien busca «excusas»: primero, las elecciones vascas y gallegas; ahora, las de Cataluña, que no están convocadas y podrían esperar. Mientras tanto, Torra, a la espera de la convocatoria del segundo encuentro, está cerrando una serie de contactos con los partidos secesionistas para consensuar, como hiciera en ocasiones anteriores, las demandas de la Generalitat, que quedarán circunscritas a las peticiones de los independentistas. Budó adelantó la semana pasada que estos encuentros serían inminentes y este martes los acotó a esta semana. Ciudadanos como red de seguridad Sánchez no renuncia aun así a los acuerdos de investidura y quiere aunar los máximos apoyos posibles. «Hablaremos con todas las formaciones que no se autoexcluyan», explicó Montero. Pero se centran particularmente en abonar el terreno con Ciudadanos por si ERC les diese un portazo de última hora. Una suerte de red de seguridad a la que intentan mimar. «Queremos agradecer la predisposición de Cs para llegar a acuerdos». Repiten. El partido de Inés Arrimadas advirtió el lunes al Ejecutivo de que será «muy difícil» negociar los Presupuestos si mantienen la mesa con Cataluña. No fue un ultimátum, aunque sí un aviso importante. En La Moncloa saben que dibujar una base de apoyos donde Cs y ERC encajen será complicado porque son como agua y aceite. La mesa es por esto incómoda en cualquier momento, aunque cuanto más se acerque a un proceso electoral más peligroso puede volverse su diálogo para negociar.
Margarita Robles, ministra de Defensa, y Fernando Grande-Marlaska, de Interior, proceden del mismo ámbito, la judicatura, y su relación era cordial. Ambos, además, estaban condenados a entenderse, porque ambos departamentos trabajan muchas veces juntos –en el caso de la Guardia Civil es algo, obvio, por su carácter militar– y las relaciones entre sus cuadros son estrechas y, por lo general, cordiales. Sin embargo esa habitual sintonía entre ambas carteras ha saltado por los aires y en la actualidad Robles y Marlaska mantienen un enfrentamiento cada vez menos disimulado. El último ejemplo de ello se produjo hace 48 horas, con motivo de la toma de posesión del nuevo director adjunto operativo del Instituto Armado, Pablo Salas, y del jefe del mando de operaciones, Félix Iglesias, a la que no asistió la ministra, a pesar de que ambos mandos tienen una dependencia orgánica de ella. Por supuesto, alegó problemas de agenda, eufemismo en el que cabe cualquier cosa y que podría ser aceptado si no fuera porque tampoco acudió a la toma de posesión de la primera mujer que se ponía al frente de la Guardia Civil, María Gámez, algo especialmente significativo en un gobierno como este. En ambos casos fue el Jemad el que representó a Defensa; ni siquiera estuvo el secretario de Estado. Primer choque ¿Qué es lo que ha pasado para que se haya producido este distanciamiento? Las fuentes consultadas por ABC arrancan la historia en el nombramiento de Félix Azón como director general de la Guardia Civil, impuesto por Robles. Marlaska nunca lo sintió de su equipo, y en cuanto tuvo oportunidad, inmediatamente después de su toma de posesión tras las elecciones, lo destituyó y eligió sucesora al frente del Instituto Armado sin contar con la opinión de su compañera. También en el relevo de Félix Sanz Roldán al frente del CNI hubo un enfrentamiento soterrado. Para ese cargo sonó con fuerza la que fuera secretaria de Estado de Seguridad en la primera etapa de Marlaska, Ana Botella, de la que también prescindió a la primera oportunidad. La dirección de los servicios de Inteligencia es uno de los cargos más sensibles que hay en el Estado y Robles dio la batalla, y la ganó, para nombrar a alguien de su máxima confianza; mujer, además, lo que era algo histórico. La elegida fue Paz Esteban, que ya ocupaba el cargo desde meses antes de forma interina y que tenía un encaje perfecto en Defensa. El ministro del Interior, que aspiraba a que ese cargo lo ocupara alguien más cercano, vio frustrados sus deseos. Pero aún hay mucho más mar de fondo. En plena crisis del coronavirus, los dos ministros fueron incapaces de ponerse de acuerdo en la puesta en marcha de patrullas conjuntas entre militares y Fuerzas de Seguridad, anunciadas a bombo y platillo por el Gobierno. No solo eso, Interior se sintió invadido en sus competencias por esa reiterada presencia militar en las calles, que superaba con creces la lógica de la Unidad Militar de Emergencias y que incluso provocó problemas sobre el terreno, ya que los miembros de las Fuerzas Armadas no estaban autorizados, por ejemplo, a pedir la documentación a los ciudadanos y en ocasiones lo hacían. Alguna vez tuvo que intervenir la Policía y la Guardia Civil para arreglar el desaguisado. Marlaska estaba muy molesto por esa forma de actuar del Ejército, hasta el punto de que en Interior se tenía la sensación de que Robles había ordenado desplegar una gigantesca operación publicitaria para ganar posiciones de cara a las partidas presupuestarias de su departamento. Más experiencia La ministra de Defensa, que ha demostrado ser mucho más hábil que el ministro del Interior en el manejo de los tiempos —le ayuda su larga experiencia política—, en momento alguno entró en discusiones y se dedicó a lo suyo. Eso sí, cuando se produjeron acontecimientos como la fulminante destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid evitó salir en defensa de su compañero de gabinete y alabó la «lealtad» de la Guardia Civil. Para desgracia de Grande- Marlaska, además, esa polémica enterró la aprobación de lo que era una de las propuestas estrellas del Ejecutivo: el Salario Mínimo Vital. El pulso entre ambos se mantiene en todo lo alto. Una pista de cómo va el resultado serán los presupuestos generales y el tratamiento de cada ministerio.
Consciente de que todos sus movimientos se están mirando con lupa desde su aterrizaje, el pasado enero, en la Fiscalía General del Estado desde el Ministerio de Justicia, Dolores Delgado está teniendo un inicio de mandato discreto, en el que trata de pasar desapercibida y dejar clara su desvinculación de los asuntos que pueden estar relacionados con su anterior etapa en el Ejecutivo, que ni son ni serán pocos. Su estrategia es astuta, comentan fuentes fiscales, porque está aprovechando esta etapa de «parón» obligado que ha impuesto el coronavirus para intentar ganarse a la carrera con talante, simpatía y mano izquierda. Aunque la mayor parte de estos contactos hayan sido por videoconferencia por exigencias de guion. Su gestión anterior en el Ministerio sí ha servido para coordinar, de puertas para dentro, la organización interna y los servicios esenciales de la Fiscalía en momentos tan complicados como han sido las semanas de confinamiento y la reanudación de la actividad en Fortuny, que el lunes tuvo que ser interrumpida otra vez por dos nuevos casos de coronavirus. Delgado sabe que, como su antecesora, María José Segarra, tampoco ella tiene el «pedigrí» de fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera, y que necesita tener el apoyo y reconocimiento de la treintena de fiscales de sala que integran el Ministerio Público. Quizá de ahí su interés por haber mantenido días atrás entrevistas individuales con cada uno de ellos, a los que ha sondeado y con los que ha compartido sus planes futuros para la Fiscalía. Eso sí, todavía no se ha atrevido a enfrentarse a la junta de fiscales en pleno para poner sobre la mesa cuestiones como su interpretación de los plazos procesales en el decreto de Justicia, en el que hizo un amago de reiniciarlos tras el estado de alarma y tuvo que dar marcha atrás cuando se le pidió que unificara criterios para que todos los fiscales pudieran actuar igual en toda España, algo para lo que no bastaba un decreto. Esa interpretación suponía poner a cero el contador en las causas de corrupción y alargar el suplicio de la espera del juicio por parte de los investigados. Aunque su posición de la nueva Fiscalía General ya se ha dejado ver en varias causas de calado, la última, ayer, al rechazar investigar a Marlaska por el cese de De los Cobos, la verdadera prueba de fuego de la exministra estará en la treintena de nombramientos que tiene que acometer. De momento ha puesto como fiscal-jefe de la Secretaría Técnica a Álvaro Ortiz, quien fue portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que Delgado ha estado muy vinculada. Y, en una jugada maestra, ha mantenido al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, como su número dos. En diciembre, cuando se jubile, ya podrá poner en ese puesto vital a alguien de su absoluta confianza. En esa treintena de cargos figuran cinco fiscales de sala, entre ellos la plaza del jubilado Antolín Herrero y la del fiscal del «procés» Fidel Cadena, cuyo mandato está pendiente de renovación. Inspección, Menores y Tribunal Constitucional son otras de las decisiones que deberá tomar Delgado. El dictamen del Consejo Fiscal no es vinculante.
La Fiscalía ha empezado a mover ficha en el aluvión de denuncias y querellas que se acumulan en la Sala Penal del Tribunal Supremo contra miembros del Ejecutivo por la gestión del coronavirus y sus derivadas, la última ayer, de la expresidenta de UPyD Rosa Díez contra el Gobierno y contra Pedro Simón. Uno de los primeros movimientos del Ministerio Público que dirige Dolores Delgado ha sido la de pedir al Alto Tribunal que no investigue al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de Madrid. Aunque se trató de una decisión no directamente vinculada a la gestión de la pandemia, sí estuvo relacionada con la investigación abierta al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber permitido la celebración de la manifestación del 8-M con el consiguiente riesgo que la misma pudo suponer en la expansión del virus. Pérez de los Cobos, jefe de los agentes que actuaron como policía judicial en aquella investigación, no informó a sus superiores del contenido de los atestados que presentaron en el juzgado sobre este particular, y aunque Grande-Marlaska sostuvo que su cese estaba relacionado con la reorganización del Ministerio, luego reconoció que había contribuido al mismo la filtración de esos informes a los medios de comunicación. En su informe ante la Sala Penal del Supremo, la Fiscalía pide el archivo de las querellas presentadas contra Grande-Marlaska al no apreciar delito alguno en la actuación del ministro del Interior, pues el puesto que ocupaba Pérez de los Cobos -quien fue, además el coordinador policial del 1-O en Cataluña en 2017- es discrecional y por tanto susceptible de ser removido por el ministro en cualquier momento. Así, y al ser un puesto de confianza no se puede hablar de los delitos de prevaricación, falsedad documental y coacciones que le imputan los querellantes, dice. Al tratarse de un asunto que afecta a quien hasta hace unos meses fue compañero en el Ejecutivo, la fiscal general del Estado y exministra de Justicia ya anunció que se abstendría de la postura que el Ministerio Público adoptara en torno a esta y otras querellas que afectan a sus compañeros del Gobierno así como en los asuntos de los que tuvo conocimiento como ministra de Justicia. Por ese motivo es al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, a quien se ha encomendado la dirección de estos asuntos con la asistencia de los fiscales de sala jefes de lo Penal del Alto Tribunal. Fuentes próximas a la fiscal general insistían ayer en que Delgado se ha mantenido al margen de este informe, delegado en el número dos del Ministerio Público. No obstante, y pese a no ver estos indicios de responsabilidad penal en la persona del ministro, la Fiscalía sí considera que el cese del coronel pudo haber tenido una mayor motivación, pero eso es algo que tendrá que dilucidarse en la jurisdicción contencioso-administrativa, donde previsiblemente terminará el recurso que Pérez de los Cobos ha interpuesto (de momento en alzada ante el Ministerio del Interior) contra esa decisión. Precisamente la jurisprudencia de la Sala Tercera del Supremo establece la necesidad de motivar el cese de un cargo de confianza y que al funcionario cesado se le explique «por qué las razones de oportunidad, basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto y que llevaron a su elección, ya no concurren o si concurren qué otra circunstancia objetiva determina la pertinencia del cese». Una reciente sentencia de septiembre de 2019, de la que fue ponente José Luis Requero, estimó parcialmente el recurso presentado por un funcionario que fue cesado por supuesta «pérdida de confianza». «La razón o razones del cese no serán enjuiciables en lo que tiene de libre apreciación; ahora bien, es exigible que se explicite evitándose expresiones opacas, estandarizadas, que puedan encubrir una intención patológica por falsa, caprichosa o ajena a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad profesional que llevaron a la elección», señalaba aquella resolución. Pese a que en un primer momento Grande-Marlaska aludió a esta confianza, en la propuesta oficial de destitución la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, sí reconoció por escrito que el coronel fue relevado por «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento», cuando los agentes que trabajan en esa condición sólo se deben al juez, del que dependen funcionalmente. Al margen de la obligación legal, en este caso había un mandato específico por parte de la magistrada (que acabó archivando el caso) de informarle exclusivamente a ella del avance de las pesquisas, teniendo en cuenta, además, que el Ejecutivo era parte interesada en este procedimiento, pues se investigaba precisamente la actuación del delegado del Gobierno. El 3 de junio un juzgados de Madrid archivó la querella que había presentado Vox contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y contra Gámez.
A los aficionados les va a costar acostumbrarse. Aunque ya se habían filtrado algunas imágenes, no fue hasta ayer cuando se desveló la primera equipación del Inter de Milán para la temporada 20-21. La gran novedad es que se sustituyen las franjas lisas negras y azules por otras en forma de zig-zag, lo que ha provocado una ola de reacciones en las redes sociales. La camiseta, que por vigésimo segundo año consecutivo lleva la firma de Nike, se inspira en el diseño posmodernista de la ciudad de Milán, según aseguran sus creadores. Los aficionados han reaccionado con humor. Muchos aseguran que la camiseta servirá para despistar y atontar a los rivales, mientras otros aseguran que la elástica servirá para que Achraf Hakimi salga espantado de Milán antes de firmar su contrato y acaba fichando por el Manchester City. La camiseta estará a la venta a partir de este miércoles para socios y simpatizantes del Inter. El fin de semana se abrirá la venta a nivel mundial.
Pocas celebraciones por un título de liga como el del Movistar Inter. Después de triunfar en un play off exprés ante el Viña Albali Valdepeñas, que llegó a empatar, pero al que le faltó un gol para arrebatarle el galardón, los jugadores del conjunto madrileño se marcharon a la playa para festejar su decimocuarto título liguero para compartir un pícnic.<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://ift.tt/2VzFSbF" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://ift.tt/2VzFSbF" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; 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text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Una publicación compartida de <a href="https://ift.tt/3eZERBa" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Carlos Ortiz</a> (@ortiz23futsal) el <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-06-30T17:34:48+00:00">30 Jun, 2020 a las 10:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>
El futuro que se le presenta al Valencia es incierto en el terreno deportivo, preocupante en el económico y desolador en el social. Desde que Peter Lim comprara el Valencia en 2014 ha dejado patente cómo se puede convertir un histórico club de fútbol en un juguete roto manejado a 11.000 kilómetros de distancia, dejando a un lado los sentimientos inherentes a unos colores y tomando decisiones incomprensibles, como la facilidad para llevar a un equipo campeón al desastre deportivo. La crisis del magnate singapurense se extiende a sus negocios personales. Lim acumula pérdidas valoradas en 700 millones de dólares, según indica un estudio realizado por la revista Forbes. La destitución de Albert Celades, adoptada de forma unilateral, y la posterior... 
El nuevo tropiezo del Barcelona coloca al Real Madrid en disposición de colocarse a cuatro puntos de ventaja si mañana gana al Getafe, lo que no solamente le permite depender de sí mismo sino que además le concede la posibilidad de perder un partido sin padecer consecuencias. Las sensaciones que transmitió ayer el Barcelona es que difícilmente llegará al último partido de Liga teniendo opciones de ganar el campeonato, y más teniendo en cuenta que los azulgranas tienen que visitar el próximo domingo al Villarreal, uno de los equipos que más en forma están. Dejó síntomas de escasa salud el equipo catalán y de zozobra en la banda con las decisiones de Setién, que realizó los cambios ofensivos a falta de cinco minutos para el final de un partido que necesitaba ganar, que dejó en el banquillo por segundo encuentro consecutivo a A ntoine Griezmann y que le ha otorgado a Arturo Vidal el rol de jugador fijo en su once tipo. «No me siento discutido en absoluto», sorprendió Setién en cuanto concluyó el partido. Yaseguró que «también me siento respaldado por el vestuario». Dos aseveraciones discutibles atendiendo a lo que ha sucedido en los últimos cuatro días. No hay que olvidar que Josep Maria Bartomeu tuvo que visitarle en su domicilio particular el pasado lunes por la noche para transmitirle un mensaje de ánimo tras el conato de incendio acontecido en Balaídos, con los pesos pesados cuestionando sus decisiones tácticas y sus sustituciones. «Me siento con fuerzas. Puede haber mucho ruido fuera pero dentro estábamos convencidos que podíamos sacar el partido adelante. Seguimos fuertes y con muchas ganas», añadió. Ven al Madrid favorito De todas formas, el cántabro reconoció el paso atrás dado en la lucha por el título. «Es una pena. Cada vez lo tenemos más complicado. Dejar estos puntos supone que nos alejamos realmente de la posibilidad del título. Hay que seguir trabajando. El Atlético es un buen equipo», admitió tras un empate que supone la pérdida de seis puntos en los últimos cuatro partidos. La plantilla se alineó con el discurso de Setién, asumiendo la dificultad que supone ganar una Liga que lidera el Madrid a falta de cinco jornadas. «Para la pelea por el título dejarse dos puntos es dar demasiada ventaja. Hasta que se pueda matemáticamente lo vamos a intentar, aunque sabemos que es difícil», explicó Sergio Busquets, que regresó a la titularidad tras cumplir su partido de sanción ante el Celta. «Es un rival difícil. Nos han penalizado mucho los dos penaltis. En directo es complicado, cada equipo espera a su favor la actuación del VAR. No tengo ni idea de cómo ha sido. No puedo juzgar esas acciones. Hemos perdido los puntos después del parón. Ha habido partido que hemos estado peor pero hoy hemos dado la cara. Nos alejamos un poco más del liderato si gana el Madrid pero tenemos que seguir a lo nuestro, intentar ganar que es lo primordial. Pero parece difícil que el Madrid se vaya a dejar puntos porque está muy bien», añadió el centrocampista. Riqui Puig fue la gran novedad en la alineación de Setién y protagonizó un buen partido. El canterano, llevado por su juventud, se mostró excesivamente optimista con respecto a las opciones de su equipo de levantar el título liguero. «Estamos jugando con mucha cabeza y tranquilidad. Quizá sí estamos más parados, pero más adelante sacaremos los partidos. La Liga no está perdida ni mucho menos, aún la podemos ganar», aseguró. Aunque admitió que «perder dos puntos, como también nos pasó en Vigo y en Sevilla, nos puede condicionar para ganar la Liga».
El primer gran movimiento del mercado poscoronavirus en el Real Madrid, se hará hoy oficial. Tras pasar ayer el reconocimiento médico en el centro hospitalario Humanitas Rozzano de Milán, el lateral marroquí Achraf Hakimi firmó su nuevo contrato con el Inter, rúbrica que le unirá al club italiano para las próximas cinco temporadas a razón de cinco millones netos por cada una de ellas. Un jugoso trato para el joven canterano blanco de 21 años, cedido durante las dos últimas temporadas en el Borussia Dortmund, que ha preferido ser un futbolista importante en el Inter de Conte a pelearle el puesto a Carvajal en el Real Madrid. Una operación en la que el jugador da un salto en sus aspiraciones... 
España prevé tomar el mando de la misión EUTM Malí a partir de enero. De este modo, un general español volverá a asumir por tercera vez el liderazgo de esta operación militar de la UE que tiene como objetivo el adiestramiento de soldados malienses en su lucha contra el yihadismo, siendo clave para la estabilidad del Sahel. Es un puesto militar internacional esperado, dado el peso del contingente español en la misión: el país que más efectivos aporta con 290 militares, que ahora se han visto reducidos en un centenar por el coronavirus. Los dos últimos años el liderazgo fue germano-austriaco (2018) y portugués (2019). España renunció a asumir el mando el año pasado al encontrarse en funciones el Gobierno de Pedro Sánchez. Este será uno de los compromisos para el futuro del Sahel que expondrá el propio presidente del Gobierno en Mauritania, adonde se desplazará tras el Consejo de Ministros, para participar en la Cumbre Internacional sobre el Sahel. Será el primer viaje internacional que efectúe Sánchez desde el inicio de la pandemia. Sánchez coincidirá en Nuakchot con el presidente francés, Emmanuel Macron, promotor de este tipo de cumbres después de la inicial en Pau hace medio año. El presidente español también mantendrá un encuentro bilateral con el anfitrión, el presidente mauritano, Mohamed Ould Ghazouani. Junto a Mauritania, los otros países del G5 Sahel son Malí, Burkina Faso (sobre el que cada vez hay más preocupación por su posible desestabilización), Níger y Chad. Presidencia Alianza Sahel Otra de las aportaciones españolas para el Sahel, en este caso política, es la presidencia de la Asamblea General Alianza Sahel que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, asumió por un año el pasado 24 de junio. La Alianza Sahel es la plataforma de cooperación internacional para la estabilización y el desarrollo del Sahel, zona en la que España tiene 91 proyectos con una inversión de 124 millones. España aprovechará la cumbre para hacer entrega al Gobierno de Mauritania de ayuda sanitaria contra el Covid-19 donada por el hospital Ramón y Cajal: diez respiradores y material de protección. Además, un equipo de tres médicos y dos enfermeros formarán a colegas mauritanos contra el Covid-19.
La «mayor auditoría en la historia de los Mossos», que para contentar a la parroquia independentista el consejero de Interior de la Generalitat prometió tras los graves disturbios como consecuencia de la sentencia del procés, se quedó en un difuso decálogo de propuestas de mejora para actuar contra los violentos. Y en el anuncio de la investigación interna a una cincuentena de agentes por su supuesta actuación desproporcionada en las calles barcelonesas aquella segunda quincena de octubre de 2019. Todo ello lo quiso enmarcar el consejero Miquel Buch en un pomposo acto ayer en la sede central de los Mossos, en Sabadell (Barcelona), al que invitó tanto a representantes de los sindicatos policiales como a entidades de defensa de los derechos humanos, y que terminó por no convencer a nadie. Son una cincuentena de agentes investigados por su actuación para frenar los salvajes disturbios protagonizados por el sector más radical del independentismo, según informaron ayer el consejero y el director general de los Mossos, Pere Ferrer. No quisieron, sin embargo, detallar la situación concreta de cada uno de los agentes, limitándose a decir que la mayoría son por un uso extralimitado de sus defensas contra los manifestantes. Uno de estos agentes bajo sospecha fue suspendido de empleo y sueldo. El único. Los investigados son una cicuentena de agentes por su papel en un total de 34 actuaciones policiales, estando la mitad de ellas (17) judicializadas y el resto, analizándose internamente por no ajustarse a los protocolos previstos. Las actuaciones que están judicializadas acabaron en la mesa de los jueces por iniciativa de entidades de defensa de los derechos humanos. La auditoría interna duró cinco meses y aunque finalizó en marzo no se pudo presentar hasta este lunes por la crisis sanitaria del Covid-19. Se analizaron las 877 protestas contabilizadas que hubo entre el 14 y el 27 de octubre de 2019. Un 20 por ciento de estas 877 se saldaron con incidentes violentos e intervenciones policiales. Decálogo de necesidades Esta investigación se puso en marcha después de la presión que Buch recibió del mismo presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien acabó por ordenar la auditoría, al considerar previamente que las imágenes de los agentes de los Mossos d'Esquadra actuando contra independentistas violentos no era la adecuada. Así, Buch anunció la auditoría interna más grande la historia del cuerpo policial autonómico. El objetivo: depurar responsabilidades, en la línea de lo exigido por Torra. Sin embargo, lo que iba a ser la mayor auditoría, según la Generalitat, se queda en una especie de decálogo para que mejore la actuación policial, ya que el informe de investigación se centra en analizar el contexto y los datos estadísticos sobre la violencia en los disturbios de aquellos días de octubre de 2019 y en plantear medidas genéricas sobre cómo avanzar en el modelo de orden público en Cataluña, con la necesidad de más agentes antidisturbios de los Mossos, potenciar el uso de tecnología audiovisual y de herramientas como el gas pimienta y nuevos proyectiles lanzadera para la dispersión de masas o grupos violentos. D urante la fase final del procés, desde 2017 a 2019, se produjeron en Cataluña 18.200 movilizaciones (más de 16 al día) de las que un 10 por ciento, se apunta en la auditoría, se saldaron con incidentes. La tensión se desbordó a partir del 14 de octubre, al conocerse el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo, y hasta el 27 de ese mes se produjeron 67 actos de protesta al día. El comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, recordó que aquellas fechas fueron «excepcionales» y aseguró que optaron por un «planteamiento tolerante» y «permisivo» con las ocupaciones pacíficas del espacio público, marcando «líneas rojas»: puntos estratégicos. Por su parte, Buch defendió que la auditoría es un «ejercicio de transparencia» único.
El Gobierno ha decidido que la polémica seguridad del chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar (Madrid) se considere un «secreto». Ni se informa del número de guardias civiles que lo integran, y que es variable en función de los manifestantes que siguen acudiendo cada tarde a protestar, ni del coste que supone. El Ejecutivo ha respondido con esa calificación de «secreto» a través del Portal de Transparencia, al que Servimedia se dirigió para conocer los efectivos que se destinan a proteger la vivienda. ABC informó el pasado día 17 de que la seguridad integrada por una decena de funcionarios a diario se había reforzado con otra decena de agentes del GRS (Grupos de Reserva y Seguridad), unidad de élite del Cuerpo experta en seguridad y control de masas, y de la USECIC, grupos también elitistas de respuesta rápida. Unos y otros patrullaban en las inmediaciones en previsión de altercados. En esa noticia se explicaba también que los integrantes del cordón de seguridad pertenecían a unidades de la Primera Compañía que atiende localidades como Villalba, El Escorial y Torrelodones. En el requerimiento al Ejecutivo se preguntaba además por el cobro de horas extra o no por parte de los agentes destinados a controlar las caceroladas diarias en el chalé y el coste mensual del abultado servicio. El Ejecutivo se refiere a estas cuestiones en una respuesta, con fecha del pasado 23 de junio, emitida por la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, informa Servimedia. Argumenta que la Ley 9/1968 de Secretos oficiales establece que pueden ser objeto de protección «determinadas materias» sobre las que dar información puede «afectar a la seguridad y defensa del Estado». Se apunta que cuando esto sucede se puede clasificar un asunto «como «Secreto» o «Reservado». Y como tal califica la información relativa a las plantillas de personal, medios y equipos de las unidades de las Fuerzas de Seguridad. Según Interior, difundir esos datos «revelaría el estado de eficacia operativa de la unidad y sus capacidades para acometer las funciones que le están encomendadas, perjudicando con ello la protección de los intereses de seguridad pública». Pese a ese argumento, en operaciones antidroga, partidos de fútbol, servicios contra la corrupción, etc, Interior, aunque no concrete cuántos agentes, sí difunde las unidades que participan. Según ha podido saber ABC, en los últimos días ni el GRS ni la USECIC están ya vigilando los alrededores del chalé. Una pareja de agentes controlan la casa desde la garita instalada en la puerta (en tres turnos) y según el número de personas que se concentran (cada vez menos) piden apoyo a una patrulla de seguridad ciudadana de los alrededores. Ese es el «secreto».
El cineasta y millonario estadounidense Steve Bing se suicidó la pasada semana a los 55 años tras tirarse desde el 27º piso de una lujosa casa situada en el adinerado barrio Century City, en Los Ángeles, tal y como informó la web «TMZ». El productor de Hollywood, que financió la película de Tom Hanks «El Expreso Polar», tenía un hijo en común con la actriz Elizabeth Hurley, Damian (18 años). Además tiene otra hija con la ex campeona de tenis Lisa Bonder, Kira (21). Ahora, se ha conocido que Bing dejó escritas unas cartas a mano a sus retoños, con quienes no mantenía una relación demasiado cercana, tal y como ha confesado al «Daily Mirror» el presentador de televisión Billy Bush, que ha contado que el productor «dejó una carta para cada hijo» y que las entregó al portero del edificio desde el que se precipitó quitándose la vida. El tabloide citado recoge también las palabras del presentador referentes al estado de salud del productor. Al parecer, tal y como ya se había especulado, el confinamiento tuvo un impacto significativo en la decisión de Bing, sobre el que, asegura, tenía «una depresión con D mayúscula». Se desconoce, por el momento, el contenido de estas cartas, aunque sí es de dominio público que la relación de Kira y Damian con su padre fue muy polémica por temas relacionados con la herencia y el dinero. El padre de Bing, que trató sin éxito de desheredar a los jóvenes, declaró que no los consideraba sus nietos. Sin embargo, Damian, que recientemente se había acercado a su padre, publicó un mensaje de despedida tras conocer la noticia del suicidio: «Este es un momento muy extraño y confuso y estoy inmensamente agradecido de estar rodeado por una extraordinaria familia y amigos», confesaba, al tiempo en que agradecía las muestras de cariño recibidas. Elisabeth Hurley también utilizó las redes sociales para dedicarle una emotiva despedida. «Me entristece creer que mi ex Steve ya no esté con nosotros. Es un final terrible. Nuestro tiempo juntos fue muy feliz y estoy publicando estas fotos porque aunque pasamos por momentos difíciles, lo que importa son los buenos y maravillosos recuerdos de un hombre dulce y amable. El año pasado volvimos a estar cerca. La última vez que hablamos fue en el cumpleaños de nuestro hijo. Esta es una noticia devastadora y agradezco a todos por sus adorables mensajes», escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen de ambos.
Ben Affleck (47 años) se ha convertido en uno de los protagonistas inesperados del confinamiento sin que esa fuera su intención. Su reciente relación con la actriz Ana de Armas (32) ha copado los titulares de la prensa internacional del corazón, sobre todo porque, aunque no haya empezado durante la pandemia, sí se ha consolidado durante estas últimas semanas. Los actores han decidido dejar de esconder su romance y han presumido de amor a plena luz del día pero también en las redes sociales. Tal ha sido su naturalidad a la hora de pasear su amor que han sido fotografiados en numerosos paseos al aire libre durante la cuarentena, con su mascota, pero también en las últimas semanas con los hijos que el actor tiene en común con su compañera de profesión Jennifer Garner. Una constante persecución por parte de los paparazzi y la prensa a llevado precisamente a sus retoños a tomar una ingeniosa decisión que no es sino el reflejo de la buena sintonía que tienen con la nueva novia de su padre. Con el fin de ahuyentar a las cámaras de los paparazzi, Violet Anne (14 años), Seraphine Rose Elisabeth (11) y Samuel (8), han decidido plantar cara a las miradas indiscretas de la recién estrenada pareja, que es perseguida allá por donde va. Así, han creado una« Ana de Armas» tamaño real, en cartón, y la han colocado justo al frente de su casa, donde todo el mundo puede verla. Un divertido juego que no ha pasado desapercibido y triunfa entre los medios estadounidenses que, por supuesto, han fotografiado la estampa de la intérprete de «El Internado», tumbada en la entrada de la casa. Fue hace unas semanas cuando los actores fueron fotografiados por primera vez paseando con los hijos de Affleck, y ya entonces fue más que evidente que han recibido a Ana de Armas con los brazos abiertos. Esta última, de hecho, estuvo muy pendiente de ellos en todo momento, no les quitó el ojo de encima, y estuvo especialmente cariñosa con el pequeño de ellos. Es muy probable que la buena relación que mantienen también Affleck y Garner haya ayudado para que esto sea así.
Hace tan solo unos días, Terelu Campos, gran amiga y casi familia de Rocío Carrasco, hablaba sin tapujos, por primera vez en mucho tiempo, sobre la situación de conflicto familiar que atraviesa la hija de Rocío Jurado y los nietos de esta, Rocío y David Flores, que llevan sin hablarse cerca de 8 años. La hija de María Teresa Campos explica que si Rociíto no habla sobre el tema de la guerra familiar es única y exclusivamente para no perjudicar a sus hijos: «Creo que Rocío no habla de cosas porque piensa que podría hacerle daño a las personas que más quiere en el mundo. Para poderte defender tienes que dar un paso en determinadas cosas aunque no quieras hacerlo porque piensas que le estás perjudicando tú como madre a tus hijos». Para ir más lejos, aseguró ser conocedora del motivo por el que no se reconcilia con los jóvenes, y ha explicado. «Yo sé el porqué no se reconcilian y lo entiendo. Hay una parte que la entiendo y esa parte es en la que ella se pueda quedar desprotegida. El tema es que alguien luego se pueda beneficiar de algo que ella querría tener y estar en la más absoluta intimidad», decía, haciendo una clara referencia a Antonio David y a algún tema que Rociíto quiere evitar a toda costa que salga a la luz. Ahora es la colaboradora Marisa Martín Blázquez, quien ha tratado de arrojar algo de luz sobre todo este asunto, y asegura que la hija de Pedro Carrasco ha tomado, siempre según sus palabras, la firme decisión de dar un paso al frente para acabar con todas las habladurías y lo que se ha dicho sobre ella durante los últimos años. «Rocío Carrasco pretende contestar a su hija públicamente a través de una rueda de prensa o reunión informal con algunos periodistas que podrán preguntarle sobre todo… Ella explicará su situación y su enfado, porque en estos momentos está enfadada», ha contado en «El Programa del Verano» la ex de Antonio Montero. Y es que, confirmando las palabras de Terelu, Martín Blazquez ha exspresado que el sentimiento de enfado que siente Rociíto se mezcla también con «el poso de tristeza y amargura» sobre los que hablaba recientemente la presentadora. Si toma esta decisión o no, el tiempo lo dirá, pero en las ruedas de prensa que ha ofrecido recientemente para promocionar sus últimos proyectos, solo habló en clave y se negó a responder a cualquier pregunta sobre sus hijos.
Guiñar un ojo. Le explicaban en aquella película al robot que era un signo de confianza. «Un gesto humano, no lo entenderías». Asentía ante aquello aquel androide de pantalla que daba vida a uno de los personajes que crease Isaac Asimov. Durante años, cuando imaginamos el futuro, lo hacemos pensando en relaciones con robots, en humanizar cualquier gesto arquetípico que pertenezca a la inteligencia artificial, pero la realidad, cuando llega, se empeña en demostrarnos que el hombre no persigue crear algo que se le parezca, sino que le facilite el mundo. En ese sentido somos más egoístas que los creadores de casi cualquier religión. Pensamos en la Inteligencia Artificial como algo que administre lo que primero recopilamos mediante el Big Data. Son dos conceptos ligados al clúster que el Ayuntamiento de Madrid presenta, desde el área delegada que tengo el honor de dirigir, y que irán también íntimamente relacionados con todos nosotros. La recopilación de datos, su agregación por contenidos y necesidades, su capacidad para predecir movimientos, mostrar pautas… Todo eso hace del Big Data algo imprescindible para casi cualquier empresa hoy en día, aunque hace unos días ni siquiera conociese su existencia. Los datos, bien aplicados, bien entendidos, ordenados de esta o aquella manera, permiten comprender los problemas que se plantean para muchas compañías que se encuentran estancadas. Sirven para crear un modelo de predicción o para establecer si se han cumplido unos objetivos pero, más importante que todo eso, o quizás por todo eso, tienen un valor. Un viejo amigo solía decir que, si algo era gratis, tú eras el pago, y en cierto modo es lo que ocurre en numerosos casos con el Big Data, con la cesión de datos propios a terceros. Hace tiempo que la Administración tenía que haber llegado a la conclusión, como garante de la igualdad de oportunidades, de que el almacenaje de datos para mejorar las opciones de empleo, la respuesta de los servicios municipales y tantas cuestiones internas, era un paso necesario. Pero debíamos ir un paso más allá todavía para no quedarnos atrás. Confiar (permítanme la expresión) en un dios para las pequeñas cosas, en alguien (o algo, en este caso) capaz de administrar esos datos, de procesarlos para lograr las distintas opciones deseadas. Combinar los algoritmos con el propósito de crear una máquina capaz de guiñarnos un ojo, de dotarnos de la confianza que los datos sencillos no pueden darnos. La creación del clúster de IA era absolutamente necesaria, y aunque lo ponemos en marcha antes que nadie, aún podríamos pensar que es tarde mirando al sector privado, donde distintas inteligencias artificiales están presentes para reconocer nuestros rostros en un teléfono móvil, proveernos de música, conectar los aparatos de nuestras casas o realizar nuestras compras. Se trata ahora de ir un paso más allá. Dotar a esas inteligencias artificiales de datos que les permitan darnos soluciones en educación, sanidad, transporte… Soluciones innovadoras que nos permitan optimizar nuestros recursos, adelgazar nuestras administraciones y ofrecer a los ciudadanos una mayor calidad de vida. Un guiño desde el Ayuntamiento para situar a Madrid en la vanguardia de la innovación. Un gesto humano, para que nos entendamos.
Los empresarios del ocio nocturno han cargado contra el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, por las restricciones a las que se ven sometidas las discotecas en esta desescalada hacia la nueva normalidad. En este sentido, desde la asociación que aglutina al sector entienden que el líder de Ciudadanos es responsable de la situación, a la que han calificado de veto, «teniendo en cuenta que durante las últimas semanas ha reiterado su oposición a la recuperación de la actividad de los bares de copas, salas de conciertos y discotecas». Aseguran que cumplen con las medidas de seguridad pertinentes y piden la rectificación de la norma que no les deja abrir después de 100 días con los negocios cerrados. «El señor Aguado parece ignorar que en estos momentos, cuando se han aliviado las medidas de confinamiento y levantado las restricciones a la movilidad, cada fin de semana proliferan los botellones sin control y la Policía Municipal tiene que intervenir en miles de fiestas en casas particulares con ciudadanos hacinados, y que se multiplican las “raves” y las fiestas clandestinas», indica la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid. Citan, para justificar el argumento, que la celebración de fiestas privadas en viviendas con aglomeraciones se ha incrementado un 1.220%, «pasando de 20 en 2019 a 264 durante el mismo fin de semana de este año». «En el caso del botellón, se produce también un crecimiento exponencial que ha supuesto pasar de las 477 multas que se pusieron en el pasado mes de abril a las 3.588 que se han puesto en el mes de mayo, lo que supone un aumento de un 700% en este tipo de denuncias», continúan; y hacen hincapié en la seguridad de los locales, que han suscrito el documento de medidas de prevención contra el Covid-19. «El líder del partido Ciudadanos en Madrid prefiere la impunidad de las actividades ilegales y del riesgo sanitario que provocan, que la actuación regulada y más comprometida con la seguridad y la sanidad», afirman, tajantes, en una especie de guerra declarada contra el vicepresidente. Creen que la Comunidad de Madrid está en condiciones similares al resto de regiones para abordar la recuperación y, por eso, apelan a las «buenas prácticas empresariales» y a la responsabilidad ciudadana para garantizar «el máximo nivel de seguridad que se puede alcanzar en estos momentos, sin que tenga ningún sentido que se penalice de forma desproporcionada y arbitraria la actividad económica y social en el sector recreativo». Para ellos, este es un mensaje «letal» que «perjudica y debilita el atractivo turístico de la Comunidad y de la capital».
El pabellón de los jardines de Cecilio Rodríguez, en El Retiro, acogió ayer el pistoletazo oficial del Orgullo LGTBI 2020 con un acto institucional del Ayuntamiento de Madrid en el que se reafirmó el «compromiso» del equipo de Gobierno con este colectivo. Tal como señaló la vicealcadesa, Begoña Villacís, pese a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, «el Covid-19 no puede acabar con el orgullo de Madrid de ser una ciudad tolerante y abierta que acoge al que viene de fuera, sea como sea». El acto, que también sirvió para anunciar la creación de un programa específico de atención a las familias LGTBI, que se llevará a cabo en 2021 desde los centros de apoyo a las familias, también contó con la presencia del delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte; el presidente del Pleno del Ayuntamiento, Borja Fanjul; los representantes de los grupos municipales de Más Madrid, Marta Higueras, y del PSOE, Maite Pacheco: y el presidente de Cogam, Jesús Grande. Vox no acudió. Desde el domingo, se puede ver en la web del MADO y de redes sociales, el pregón que fue grabado y que ha corrido a cargo este año tan singular de las intérpretes protagonistas de la serie «Veneno», la actriz Itziar Castro, el waterpolista Víctor Gutiérrez o el presentador Carlos Sobera. Hasta el 5 de julio, el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social instalará la campaña, en la que anima a amar, pensar, hablar y caminar «con Orgullo» en 300 mupis digitales distribuidos por toda la ciudad, en las pantallas de Callao y Gran Vía y en 50 marquesinas digitales en la plaza de la Independencia, Cibeles, Moncloa, Goya, calle Fuencarral y paseo de la Castellana. Asimismo, instalará un circuito de banderolas con el lema de la campaña municipal del Orgullo 2020 desde la Puerta de Alcalá hasta Cibeles. La manifestación se celebrará el sábado 4 de julio a través de internet. Y, en el marco del año temático «2020, Mujeres LTB: Sororidad y Feminismo», se celebrarán varios directos a través de las redes sociales de FELGTB y Cogam para hablar de referentes en el activismo y de literatura orientada al colectivo. Además, en conmemoración del quince aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario, habrá homenajes a Pedro Zerolo.
La Comunidad de Madrid dio el pistoletazo de salida ayer a una nueva campaña promocional para fomentar el turismo de proximidad en la era post Covid-19. Lo hizo con la instalación de una lona de gran formato en la Gran Vía que acerca los atractivos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama al centro de capital. Naturaleza y patrimonio serán dos de las grandes apuestas del Ejecutivo regional para promocionar destinos, recursos y experiencias singulares a «menos de una hora de viaje de la ciudad». La Comunidad de Madrid ha destinado 1,3 millones de euros para promocionar el turismo de proximidad en la región. «El objetivo principal es reactivar la actividad del sector turístico y recuperar la imagen de Madrid como destino atractivo y seguro tras el parón generado por la crisis del Covid-19», explican. Se trata de la segunda parte de la iniciativa «Juntos somos un mejor Madrid», que se desarrolló entre la última semana de mayo y las primeras semanas de junio, una vez que las fases de desescalada permitieron cierta movilidad en la región. Estas acciones ponen en valor enclaves como la Universidad y el centro histórico de Alcalá de Henares; el paisaje cultural de Aranjuez; y el monasterio y Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, todos ellos declarados Patrimonio Mundial por la Unesco. Por otro lado, también da difusión a los atractivos de las once Villas de Madrid que destacan por el valor de su patrimonio cultural y por «conservar su autenticidad rural».
La han bautizado como operación Escaramujo y es el mayor golpe en los últimos meses a una red de robos especializada. Son seis los detenidos por los agentes del Grupo de Robos de la UDEV Central y la Brigada Provincial de Policía Judicial, en una investigación por medio país. No consta en los archivos policiales que sea una de las bandas más conocidas del panorama delictivo madrileño, pero en los últimos tiempos habían perpetrado, al menos, 23 asaltos. Su líder, Achraf Nasar Maimouni, marroquí de 29 años y residente en Getafe, ya fue detenido por el robo, en 2018, de 2 millones de euros en joyas en un local de la calle del Arenal. Pero la causa fue archivada. Además, hace un mes fue arrestado por la Guardia Civil por otros asuntos. Pero estuvo menos de una semana en prisión y, al poco de salir, ha sido apresado por la Policía Nacional. Los investigadores destacan la destreza de estos sujetos con la lanza térmica y el oxicorte. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal itinerante dedicado a la comisión de robos con fuerza en oficinas y establecimientos de toda España mediante la utilización de lanza térmica y soplete oxicorte. Dejaron su rastro delictivo en Madrid, donde estaban asentados, pero al menos también en Lugo, Oviedo, León y Valdepeñas (Ciudad Real). Las primeras pesquisas comenzaron a raíz de la comisión de un asalto en un establecimiento comercial de Madrid el pasado mes de septiembre, cuando los criminales intentaron forzar una caja fuerte con un soplete, pero no consiguieron su objetivo y tan solo pudieron sustraer 300 euros. Los agentes identificaron entonces a alguno de los autores y fueron tirando del hilo. Descubrieron entonces que estaban detrás del destrozo de una caja fuerte este enero en unas oficinas de la capital, logrando llevarse 80.000 euros en efectivo. En febrero robaron en un establecimiento comercial de León, donde también forzaron una caja fuerte y se llevaron 34.000 euros, además de colecciones enteras de prendas de marcas exclusivas guardadas en un almacén y valoradas en cerca de 87.000 euros, informa la Policía. Pero llegó el decreto del estado de alarma y la banda tuvo que paralizar su actividad que, en cuanto pudo volver a moverse (como el resto de la ciudadanía), regresó a las andadas. El 18 de junio, los investigadores detuvieron a los seis encartados. Con la pertinente autorización judicial, llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios (tres en Madrid y uno en Getafe), donde se intervinieron 4.260 euros y tres vehículos de ilícita procedencia. También se incautaron de herramientas y material para la comisión de robos.
