Reforma de la 'ley mordaza': los letrados del Congreso cuestionan la desprotección policial

Los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados no se muestran conformes con la nueva redacción que el PSOE y sus socios pretenden darle a un total de doce artículos de la ley de Seguridad Ciudadana , hasta un tercio de los que quieren modificar. Según ha podido saber ABC, la cuestión más grave que aprecian los letrados de la Cámara Baja en esa reforma -por la inseguridad jurídica que puede provocar-, es la eliminación de la presunción de veracidad de los atestados policiales. Fuentes parlamentarias confirman que el borrador del informe de ponencia insta a «considerar si la redacción es tan clara como se pretende». Y es que, si finalmente llega a aprobarse esta reforma, la identificación de personas por parte de los agentes deberá estar basada en a lgo tan difuso como «criterios razonables , que responderán al comportamiento individual de la persona, o a la información o circunstancias objetivas». Los servicios jurídicos de la Cámara Baja también alertan sobre la nueva infracción disciplinaria que el PSOE y sus socios pretenden crear para los agentes, aplicable cuando incumplan los «citados principios», faltos de claridad. Más errores técnicos En esta línea, los letrados advierten que el cambio que prevé el bloque de investidura no especifica el tipo de infracción disciplinaria que enfrentarían los agentes. «Cabría bien recoger la modalidad de infracción -muy grave, grave, leve- o bien en una disposición final recoger la ubicación y definición de la infracción», recomiendan, para eliminar una inseguridad jurídica que ya denuncian los sindicatos policiales. Noticia Relacionada Análisis estandar Si El Congreso ve incongruencias en la reforma de la 'ley mordaza' Ana I. Sánchez Los letrados de la Cámara Baja vuelven a pedir más tiempo para elaborar el informe de la ponencia ante la dificultad de encontrar una redacción coherente dados los múltiples parches acordados por el PSOE y sus socios Además, los letrados avisan de que la introducción de esa nueva infracción tendría su repercusión en la legislación autonómica correspondiente. No en vano, cada territorio establece regímenes disciplinarios propios para los cuerpos de seguridad sobre los que tiene competencia, como ocurre por ejemplo en el País Vasco, Cataluña o Navarra. Todo ello afecta a cómo quedaría el artículo 16 de la norma , pero los juristas del Congreso también recomiendan más claridad en los cambios que pretenden introducir el PSOE y sus socios parlamentarios en otras once cuestiones que afectan a la intervención policial en materia de seguridad ciudadana, la graduación de las sanciones, la reparación del daño o indemnización, el acceso a los datos de otras administraciones públicas, la incoación del procedimiento abreviado o las reuniones y manifestaciones. Lío con derechos y libertades Sobre este último punto, la reforma planteada no aclara si la disolución de estas convocatorias debe realizarse en la forma que menos perjudique al ejercicio de este derecho de reunión o a sus titulares. Los letrados de la Cámara Baja también advierten de que los grupos reformantes utilizan «indistintamente» la expresión «Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» y «Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» y advierten que no son «en ningún caso equivalentes», ya que la primera formulación incluye también a los policías autonómicas y locales. «La utilización de una expresión u otra determina su ámbito de aplicación», se ven forzados a recordar. En esta misma línea, también denominan «libertades de reunión y manifestación», cuando se trata de dos derechos reconocidos por la Constitución. Malestar en las Fuerzas de Seguridad Denuncian la «inseguridad jurídica» que provoca la reforma Los sindicatos de la Policía y las asociaciones de la Guardia Civil están aún a la espera de que se conozca la reforma completa de la ley de seguridad ciudadana, pero algunas de las cosas que se conocen les provocan un fuerte malestar. Consultadas distintas fuentes de estas organizaciones por su opinión sobre esos «criterios razonables» que introduce la reforma para hacer identificaciones, aseguran que «una redacción tan general, tan vaga, lleva a que los policías y guardias civiles que trabajan en la calle tengan que actuar con la inseguridad jurídica de no tener unos criterios claros en un tema clave como este». «Decir 'criterios razonables' es todo y es nada. Si un policía interviene es porque según su criterio tiene que actuar, no por capricho. Y si es así, si abusa, ya hay herramientas que corrigen esa actuación. Somos profesionales y no se puede consentir que una reforma como esta provoque inseguridad jurídica en los agentes». La reforma va más allá, porque afirma que el «incumplimiento de estos principios será considerado como infracción disciplinaria». Es decir; al policía no solo no se le dice que es o no «razonable» -criterio jurídico sorprendente, por interpretable-, sino que además se le advierte de sanciones. «Si esto sigue adelante -advierten las fuentes- los agentes pueden optar, ante la duda, por abstenerse de actuar. Y eso tiene consecuencias en seguridad ciudadana». Informa Pablo Muñoz. Otra cuestión que señala el informe de ponencia es que no todo el contenido de la reforma tiene carácter orgánico, cuando la iniciativa sí lleva ese título. No corregir esta incoherencia conllevaría elevar de rango preceptos ordinarios, por lo que, para evitarlo, los letrados abogan por incorporar una disposición indicando qué preceptos son orgánicos y cuáles ordinarios. Según las citadas fuentes, el informe señala en rojo este contenido para «una mejor comprensión» de los grupos reformadores.

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