El PSOE cedió ante los colectivos de emigrantes para atraer sus votos

Las elevadas presiones que los descendientes de españoles en Latinoamérica ejercieron sobre los socialistas provocaron que el Gobierno cediera ante el horizonte electoral de 2023 y reformara la Ley de Memoria Democrática por la puerta atrás para conceder la ciudadanía a hijos, nietos y bisnietos de emigrados nacionales. Y con ella, el derecho a voto en las elecciones autonómicas, nacionales y europeas. Esa maniobra se llevó a cabo mediante una instrucción de menor rango que la ley y, por tanto, de dudosa legalidad. Una circunstancia que amenaza ahora judicialmente el proceso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y las esperanzas de los cientos de miles de descendientes de españoles que afrontan su petición de ciudadanía con una elevada inseguridad jurídica. Cambio en cinco días El cambio de posición de los socialistas -que tan solo tres semanas antes habían tumbado incluir esa ampliación de nacionalizaciones en el Senado y tres meses antes en el Congreso- se precipitó en tan solo cinco días. Fueron los que transcurrieron entre el pasado 20 de octubre, cuando el Ministerio de Justicia difundió a los registros civiles una instrucción para aplicar la ley de Memoria coherente con este texto, y el 25 de octubre , cuando la directora general de Seguridad Jurídica, Sofía Puente , se enmendó a sí misma firmando una nueva versión de instrucción incoherente con esa ley y que publicó el BOE al día siguiente. La primera, circunscribía este proceso nacionalizador a los descendientes de exiliados y a otros dos casos tasados más. La segunda, lo ampliaba a todos los descendientes de españoles hasta tercera generación. Entre medias, las presiones políticas ante las que terminó cediendo el PSOE por interés propio . «Celebramos que luego de duras negociaciones e intercambios la decisión política del Gobierno primó», recogía el periódico 'Crónicas de la Emigración' el pasado 30 de octubre, citando a portavoces del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu). «Casi in extremis y no sin poca presión, el Ministerio ha asumido sin ambages y al completo la propuesta de instrucción que los colectivos habían hecho», añadían las mismas fuentes, en referencia a la versión final de la instrucción de Justicia. «Más de lo que pensamos» Esta fuerza la confirmó la presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE) -órgano que representa a los emigrantes españoles- de Buenos Aires, Susana Carbia. « Esta instrucción es mucho más amplia y estarían entrando mayores supuestos de los que nosotros pensábamos que iban a entrar», señaló. En esta ciudad se encuentra la mayor comunidad de españoles emigrados de todo el mundo y el CRE es un órgano consultivo y asesor de las oficinas consulares españolas. Carbia ya apuntaba entonces a la existencia de dudas jurídicas. «Hay que esperar a que los expertos puedan traducir algunos de los puntos que no están tan claros (en la instrucción) para que nos oriente en relación a todos los casos que contemplará efectivamente la legislación», señaló. «Primó la decisión política» Otro rotativo dirigido a emigrantes, 'La Región Internacional', publicó el 31 de octubre una entrevista al portavoz de Cedeu, Juan Manuel de Hoz, en la que éste reconocía abiertamente sus presiones. «Luego de una reunión en la que nos dio participación el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior , y en el que no nos gustaban las explicaciones de los técnicos del Gobierno, tuvimos que aumentar presión y trabajar nuevamente con los responsables políticos del PSOE para revertir la situación», subrayaba. «Primó por suerte la decisión política», destacó. Noticia Relacionada Ley de Memoria Democrática estandar Si Las nacionalizaciones masivas de Llop son nulas, según los juristas Roberto Pérez Expertos consultados por ABC coinciden en que el trámite marcado por Justicia choca con la ley de Memoria Democrática El citado diario preguntó entonces si «el hecho de que e stemos a siete meses de las elecciones autonómicas y municipales , y que la emigración pueda volver a ejercer su derecho al voto e influir en la formación de gobiernos, ha propiciado este cambio de postura, especialmente en el PSOE». El portavoz de Cedeu no quiso ir más lejos y eludió entrar en esta cuestión. Para despedirse, quiso destacar la actuación de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional y responsable de la campaña electoral del PSOE en el exterior, Pilar Cancela. «Ha hecho primar la decisión política del PSOE en cuanto a dar una gran solución», señaló. «Realmente ha sido una grata sorpresa y excelente labor la de Pilar Cancela y lo destacamos con todo el equipo del Ministerio de Presidencia. Realmente increíbles», añadió. Batalla judicial Los denunciantes avisan de que la «alarma social es galopante» El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado anular de manera cautelar la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia que establece cómo debe gestionarse la obtención de la nacionalidad española de descendientes de exiliados de acuerdo a la Ley de Memoria Histórica. Deniega así la petición realizada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, al entender que si los jueces se pronunciaran implicaría tomar una decisión final antes de tiempo, entrar en el fondo del asunto y determinar si la misma es legal o no. La resolución ya ha sido recurrida ante el mismo tribunal por la asociación, que considera que se han contemplado más supuestos de hecho para las nacionalizaciones de los incluidos en la propia norma, «desbordando los cauces legales previstos y apostando por un otorgamiento masivo». También en base a las informaciones que ha venido destapando ABC. Para los denunciantes, el asunto es «enormemente serio» y «la alarma social es galopante y desenfrenada». «Tener que esperar a que se dicte sentencia en un sentido o en otro, y una larga espera de muchos meses quizás más tiempo supondrá un enorme perjuicio para muchos miles de personas», razonan en su escrito al que ha tenido acceso este diario. Argumentan que si finalmente se anulara la instrucción todos los expedientes de nacionalidad tramitados podrían declararse «radicalmente nulos de pleno derecho» y que eso, no sólo tendría consecuencias para los afectados sino también para el «interés público», pues a su juicio podría acarrear reclamaciones de indemnizaciones millonarias y la imagen de España en el exterior se vería afectada. «Es enorme chapuza normativa que «espantaría a inversores y confianza de los mercados...». «La revocación de muchos miles de nacionalidades, y la iniciación posteriormente de procedimientos de lesividad y de responsabilidad patrimonial del Estado, supondría un coste para el erario público de muchos millones de euros», inciden. Desde la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. Avisan que llegarán hasta el Tribunal Supremo, si es necesario. Informa Adriana Cabezas . Los descendientes de españoles llevan diez años solicitando una ley de nacionalidad que evite procedimientos de concesión de ciudadanía temporales, como el que está llevando ahora el Gobierno, e incorpore todos los casos con la pertinente seguridad jurídica. Portugal e Italia tienen normativas en este sentido. El PSOE no incluyó ese proyecto entre sus prioridades y también rechazó enmendar la ley de Memoria para nacionalizar a todos los hijos y nietos de españoles -como pedía CS- para terminar aprobando una reforma de dudosa legalidad coincidiendo con su caída en las encuestas.

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