Conde-Pumpido tendrá que abstenerse en los recursos contra las inhabilitaciones del 'procés'

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, no podrá decidir sobre el previsible recurso que los condenados del 'procés' presenten contra la decisión del Supremo de mantener intactas sus inhabilitaciones tras negarles la aplicación de una malversación atenuada. El propio magistrado optó por abstenerse incluso antes de que se resolvieran las recusaciones que hace ya más de dos años promovieron contra él los líderes independentistas. Las defensas que recurrieron en amparo la sentencia de la Sala Segunda que les condenó por delitos de sedición y malversación consideraron que el exfiscal general no podía participar en esas deliberaciones por falta de imparcialidad. A su juicio, Conde-Pumpido se «alineó claramente con las tesis de la Fiscalía» cuando el 23 de noviembre de 2017, siendo ya magistrado del TC, se posicionó claramente contra ellos durante su intervención en un coloquio en el Congreso de los Diputados. Noticia Relacionada estandar No El Supremo avisa: la reforma de Sánchez hoy dejaría impune el 'procés' Nati Villanueva Al suprimir la sedición, hay una laguna entre la rebelión y los desórdenes públicos que no cubre el Código Penal «Lo que me preocupa es, concretamente, la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia (...). Me preocupa que se invoque la democracia para derrocar la Constitución», dijo entonces el hoy presidente del TC. Antes de que las recusaciones se vieran en Pleno, el propio magistrado optó por seguir el camino de su compañero Antonio Narváez y comunicó su abstención a sus compañeros. Lo hizo en un escrito en el que, pese a negar cualquier prejuicio sobre la culpabilidad de los recurrentes, justificaba apartarse en «la exigencia de mantener la confianza en la imparcialidad del tribunal». Aceptada por el Pleno En ese mismo escrito el magistrado hizo extensiva su abstención, aceptada por el Pleno el 21 de abril de 2021, «a aquellos otros procesos de amparo pendientes de resolución en los que se impugnen resoluciones judiciales adoptadas en el marco de la sentencia» del `procés'. «Todo ello a fin de garantizar preventivamente el derecho a un proceso con todas las garantías de quienes son parte o se ven afectados por el contenido de las resoluciones cuestionadas en los distintos procesos de amparo reseñados». El propio Conde-Pumpido se hacía eco del contenido y fundamento del derecho a un juez imparcial, de la doctrina constitucional al respecto y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y reconocía que existe una «causa supralegal» que permite «cuestionar y proponer apartar del conocimiento de una causa a aquel juez sobre el que se pueda mantener, desde el punto de vista de un observador exterior, un temor objetivamente justificado de que mantiene prejuicios o ideas preconcebidas sobre el objeto de enjuiciamiento, por tener interés personal en un asunto particular». Y aunque el exfiscal general no se consideraba incurso en ninguna de las causas de recusación, decidía apartarse «ante la notoria controversia constitucional, social y política» generada en torno a esta causa. «Se impone y justifica, de forma singular, el mayor cuidado y exigencia en mantener la confianza en la imparcialidad de la actuación de este Tribunal, de manera que, cualquiera que sea su sentido, no se puedan deslegitimar indebidamente las resoluciones que habrán de ser dictadas, en sentido estimatorio o desestimatorio», dijo, en relación con los recursos de amparo pendientes de resolución siempre en el marco de esta causa. Agotada la vía jurisdiccional en el Supremo, después del auto en el que la Sala Penal mantuvo el lunes la inhabilitación de Oriol Junqueras, entre otros, hasta 2031, los condenados del 'procés' tendrán que pasar por el Tribunal Constitucional si quieren llevar el caso a Europa. No está tan claro que les espere aquí una mayoría progresista 7-4 que pudiera ser más sensible a la reforma penal del Ejecutivo sobre la malversación. Y ello porque si en ese debate no intervienen Pumpido ni tampoco el exministro Campo –previsible, al ser él quien firmó los indultos que se llevaron al Consejo de Ministros–, esa relación de fuerzas sería en el mejor de los casos 5-4 o incluso un empate si Laura Díez, vicepresidenta del Comité de Garantías Estatutarias de la Generalitat también se aparta, como ha hecho en el 25%  

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