La defensora del pueblo de Barcelona avisa: las protestas no pueden afectar a otros derechos

«Los poderes públicos tienen que velar para que [el derecho a la reunión pacífica] se ejerza de forma proporcional y ponderada para evitar que otros derechos puedan quedar afectados por ello». La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, recogió el año pasado varias quejas de ciudadanos que sufrieron las consecuencias de la acampada de 21 días en plaza Universitat contra la sentencia del ‘procés’ y reprocha en su informe, aunque con la boca pequeña, que la administración no garantizara los derechos de los contrarios a las protestas. El balance de actividad de 2019 de la Sindicatura, que Vilà presentará este viernes ante el pleno municipal, remarca que la de Universitat es «una de las concentraciones que ha generado más motivos de queja» en todo 2019, especialmente por la ocupación de vías y la consecuente afectación al derecho a la movilidad, pero también por una protesta que algunos vieron como «desproporcionada». El informe incluye demandas por lo que consideran «un trato desigual con la ciudadanía cuando la ocupación del espacio público se produce con motivo del ejercicio de la venta ambulante no autorizada o cuando se justifica en el derecho de reunión y manifestación». Frente a eso, el informe recuerda que la Constitución reconoce el derecho fundamental de reunión pacífica y establece que para llevar a cabo una acampada no hace falta una autorización, sino una comunicación previa a la autoridad, que «solo podrá prohibirla cuando haya motivos fundamentales de alteración del orden público, con peligro para las personas o los bienes». «No es un derecho absoluto» En la respuesta a las quejas recibidas, la Síndica asegura que, «a pesar de tratarse de un derecho reconocido constitucionalmente, [el derecho de reunión] no es un derecho absoluto» cuando «otros derechos puedan quedar afectados». A pesar de destacarlo, el informe remarca que el Ayuntamiento acabó acordando el desalojo de la acampada y no emite ninguna recomendación para acabar con este tipo de problemas. Además, el informe no hace mención directa a otras manifestaciones, como las protestas que derivaron en actos violentos del pasado octubre o los cortes en la Meridiana, que desde entonces siguen produciéndose cada noche a pesar de la petición municipal, hace menos de una semana, de que cesen. «Ha sido un año de excepcionalidad política y social», remarca el informe. De las 1.755 quejas recibidas en 2019 por la institución, 83 hicieron referencias a cuestiones de seguridad ciudadana –sobre todo por actitudes cuestionables de la Guardia Urbana– y solo 11 de ellas se debieron a la libertad cívica. Las demandas sobre transporte, circulación y vialidad supusieron el 19,3% del total, especialmente por la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones, que ha acarreado un alud de consultas.

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