A Alejo Morodo, hijo del embajador de España en Venezuela con José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, hubo un tiempo en que la declaración de la Renta le salía a devolver. Según la información que obra en el sumario de la causa que les investiga junto a otros parientes y socios por blanqueo de fondos procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA, la Agencia Tributaria devolvió al supuesto consultor y su empresa «pantalla» más de 225.600 euros en 4 ejercicios, aunque la liquidación a su favor fue superior porque hubo cuantías que no llegaron a cobrarse. En concreto, Alejo Morodo se benefició de una devolución de Hacienda de 4.961 euros en 2013, de 79.672 euros en 2015 y de otros 17.567 euros en 2016 con las declaraciones que presentaba a título individual o de forma conjunta con su mujer, también imputada en la Audiencia Nacional por este asunto. Mientras, su mercantil Furnival, utilizada para facturar a PDVSA sin justificación real ni lógica comercial alguna de acuerdo a los investigadores, ingresó de la AEAT 116.339 euros en 2015, mismo año en que Morodo Abogados, su otra empresa de la que el embajador tiene un 20%, percibió 6.886 euros. En estas fechas, Alejo Morodo estaba ya cobrando de PDVSA, pues los negocios con la petrolera comenzaron al poco de dejar su padre el puesto de embajador en 2007 y se prolongaron al menos hasta 2015, de acuerdo a la documentación que obra en el sumario. En concreto, entre 2008 y 2011 recibió de la petrolera y su filial ibérica 936.392 euros, que se suman a los más de 4,5 millones que percibiría en los cuatro años siguientes. Todo, por supuestos servicios de asesoría que Hacienda considera una «simulación», porque no hay constancia alguna de que llegasen a prestarse y porque se facturaban mediante dos sociedades sin actividad ni empleados ni más gastos que los personales del propio Alejo Morodo. Concluye que, de existir el trabajo, se trataría de una labor «personalísima», de modo que si creó las mercantiles fue para eludir impuestos. En esos años, con todo, el balance le era favorable. Sin embargo, al poner bajo la lupa todos los números, Hacienda lo que ha encontrado es al menos dos delitos fiscales agravados que le imputa por los ejercicios de 2013, cuando defraudó 733.144,75 euros y 2014, cuando la cuota asciende a 444.663,79 euros. En 2012 fueron 600.000, pero ya está prescrito. La cuota del embajador En cuanto a los ejercicios de 2015 y 2016, la Unidad de Apoyo de la Fiscalía Anticorrupción está en ello. Cuando se judicializó la causa se suspendieron las investigaciones de la Agencia Tributaria para evitar duplicidades. Ahora, se trabaja en ampliar la información e incluir a más investigados, como la mujer del embajador. A él también se le imputa un delito fiscal, aunque según Hacienda defraudó en 2013 y en 2014. En el primer año, lo detraído ascendió a 54.567 euros, que no es delito por estar bajo el límite de 120.000. En el segundo, lo rebasó, con 126.222 euros de cuota defraudada. En su caso, tiene que ver con las transferencias que recibió de su hijo procedente de sus negocios con PDVSA y que no declaró. En 2013 y 2014 recibió 335.000 euros y aunque tanto en las inspecciones de Hacienda como ante el Juzgado insistió en que era un préstamo, no constan ni contrato ni devolución ni intereses que así lo prueben. En 2015 la transferencia fue de 142.000 euros, cuya tributación se analizará en el informe definitivo. «Contactos de alto nivel» La inspección de la Agencia Tributaria sobre los negocios de Alejo Morodo puso al descubierto que «se incumplen todos los principios contables de imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados» tanto en Furnival como en Aequitas, la otra empresa que administraba y donde PDVSA además, era el único cliente. Hacienda preguntó incluso a Julia Van Den Brule, que en esos años trabajaba en la consultoría jurídica de PDVSA y que en octubre de 2018 declaró que no conocía los contratos con Furnival. Ante la Inspección dijo que Alejo Morodo tenía «funciones de asesoramiento internacional, asesoramiento para la apertura de las oficinas en Portugal, así como asesoramiento en temas puntuales», sin saber cuáles. «Es evidente que estas dos empresas que facturan a PDVSA una elevada cuantía, no pueden pasar desapercibidas en el departamento para el que supuestamente prestan servicios», concluía Hacienda. Además, apuntaba otro detalle: según Van Den Brule, el hijo del embajador se reunía con el primo de Hugo Chávez, el entonces vicepresidente de refinanciación y antes presidente de la filial de PDVSA Citgo, Asdrúbal Chávez; así como con Eulogio Del Pino, que era vicepresidente de Exploración y cuando fue detenido por corrupción en noviembre de 2017, era ministro del Petróleo por orden de Nicolás Maduro. «Las relaciones que mantenía lo eran al más alto nivel, lo cual abunda aún más en la demostración del hecho de que era él, y solo él, quien realizaba el servicio personalísimo y confidencial en PDVSA», decía el informe de Hacienda.De España https://ift.tt/32tfYsn
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