Por costumbre, descuido o desafío, Josep Maria Jové se plantó el miércoles en La Moncloa con una agenda Moleskine negra. Las anotaciones que había hecho en una libreta de la misma marca que la Guardia Civil le incautó el 20-S cuando todavía era número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía, serán una de las razones que le llevarán a tener que rendir cuentas ante la Justicia. Y es que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Maria Eugènia Alegret procesó ayer a Jové por su «participación activa» en los preparativos del 1-O y en la planificación de las «estructuras» para un hipotético estado catalán. De formar parte del equipo del presidente de la Generalitat Quim Torra en la mesa de negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez, a estar a un paso del banquillo de los acusados. Y siempre con una Moleskine bajo el brazo. Jové no estará solo. Le acompañará Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda de la Generalitat, al que la magistrada ha procesado en el mismo auto. Los dos formaron parte de la «infantería» del «procés», que conformaban sobre todo altos cargos del Govern y funcionarios sin los que el desafío secesionista no hubiera sido posible. Jové y Salvadó fueron detenidos en la operación del 20 de septiembre de 2017 con la que la Guardia Civil trató de impedir el referéndum y que dirigía el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Este juzgado acabó procesando a una treintena cargos de ese «ejército de peones», pero la causa contra Jové y Salvadó tuvo que tramitarse por una vía diferente: ambos son actualmente diputados de Esquerra en el Parlamento catalán y, por su condición de aforados, será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el competente para juzgarles. Se les atribuyen delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos, aunque contra el auto cabe recurso. Libertad y fianza millonaria La magistrada descarta enviarles a prisión provisional en espera del juicio por la «imposibilidad» de que destruyan pruebas y al considerar que no hay riesgo de fuga. Sí entiende necesarias, sin embargo, otras medidas cautelares. Les obliga a acudir mensualmente al juzgado, les ha retirado el pasaporte, les prohibe salir de España y sobre todo, les impone una fianza total de 4,5 millones de euros. Jové deberá afrontar en solitario el pago de 2,8 millones y los otros 1,6 los asumirá de forma compartida con Salvadó. Quedan así, a un paso de un juicio todavía sin fecha. De momento, tras su procesamiento, la magistrada les ha citado para declarar el próximo 11 de marzo en sede judicial. Las anotaciones manuscritas en aquella agenda fueron parte de la munición que las acusaciones utilizaron en el juicio del Tribunal Supremo contra los líderes del «procés». Con toda seguridad, serán la base ahora para acreditar el importante papel de Jové en el engranaje del desafío secesionista que se consumó durante el otoño del 2017. El entonces secretario general de la Consejería de Vicepresidencia que capitaneaba Oriol Junqueras tuvo una «participación activa» en la preparación del referéndum ilegal: fue él quien «conoció y autorizó» gastos superiores a 2,1 millones de euros para el 1-O, dado su cargo en el departamento de la Generalitat que había asumido la responsabilidad de la organización de la consulta. La magistrada, en el auto notificado ayer, detalla las partidas de gasto que Jové avaló para la promoción de la consulta secesionista. Para el censo electoral y las papeletas presupuestó 980.321 euros; para los observadores internacionales, 409.023 euros; para el registro de catalanes en el extranjero, 314.451 euros; para la publicidad y difusión de la consulta, 277.804 euros, y para cartelería y propaganda 51.750 euros. En total, más de 2,1 millones que la instructora considera fondos públicos malversados. La fianza que ha fijado para Jové es el resultado de añadir un tercio a esta cuantía, por eso alcanza los 2,8 millones de euros. También prevaricación Pero no son solo las cuentas lo que llevará al que era número dos de Junqueras al banquillo. La juez considera que Jové «desoyó» los mandatos del Tribunal Constitucional contra el referéndum y no cesó en la búsqueda de locales para llevar a cabo la consulta. Lo constatan los correos y conversaciones intervenidas, pero también la carta que el Govern envió a los alcaldes para que cedieran espacios donde instalar mesas electorales el 1-O. Recapitulando: desobediencia al TC, malversación de fondos públicos destinados al referéndum... Pero también prevaricación, según sostiene la magistrada. Jové firmó un convenio con el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) con el que el Govern secesionista consiguió los datos personales de los catalanes para poder elaborar un censo para la consulta ilegal. Se hicieron así con datos personales que no podrían haber obtenido de otra manera. El papel de Salvadó se centró en la promoción de las «estructuras de Estado». Puso especial énfasis, según la juez, en la puesta en marcha de una agencia tributaria para una Cataluña independiente. Parte del articulado de la Ley de medidas fiscales, financieras y administrativas de 2015, que suspendió el Constitucional y en la que él colaboró, tenía supuestamente el objetivo de crear esa estructura. Jové y Salvadó se confabularon también para dotar a esa agencia tributaria de un instrumento informático para recaudar todos los impuestos. El objetivo era controlar todas las tasas. Por el coste de este programa es por lo que la juez les impone 1,6 millones de fianza compartida. Ambos constituyen otras dos patas del 1-O que deben rendir cuentas ante la Justicia. Lo hicieron los líderes del «procés» en el Supremo; ahora, el mayor de los Mossos d'Esquadra José Luis Trapero en la Audiencia Nacional; en abril, el TSJC juzgará a la Mesa del Parlament. Y queda pendiente la «infantería» del Juzgado número 13,De España https://ift.tt/395uw3Q
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