martes, 18 de febrero de 2020

La confesión de Masferrer que implica a Bartomeu en el «Barçagate»

I3 Ventures son conocidos popularmente como «los sicarios de internet». Se dedican a destruir el prestigio de adversarios y rivales en las redes sociales, con cuentas falsas, mentiras y toda clase de artimañas. Su matriz está en Argentina, sus contratadores habituales son las más sombrías dictaduras del mundo: su principal cliente es el gobierno de Ecuador, por la obsesión del Rafael Correa de destruir a cualquier opositor. Cuando se le ha descubierto el pastel, y tras dos días de haber mentindo por enésima vez en público, tratando de negar lo innegable, el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha rescindido el turbio contrato que vinculaba a I3 Ventures con el club desde finales de 2017. Durante más de dos años, esta Junta ha mancillado el buen nombre del club vinculándolo a los que también son conocidos como «la purria de internet», usando el dinero de los socios para atacar a los que le estorbaban y para limpiar su imagen personal. El fondo de la cuestión no son tanto las cuentas falsas y difamatorias en sí mismas -sin duda un asunto gravísimo- sino la malversación de haber usado el dinero del club en beneficio personal -eliminando, por ejemplo contenidos en las redes contrarios a su persona-, tal como en la «Púnica» varios dirigentes políticos fueron condenados por emplear recursos públicos en campañas de promoción personal. «El Iván Redondo del Barça» La contratación concreta de I3 Ventures dependió de Jaume Masferrer, que tiene una relación privilegiada con Bartomeu desde la crisis de Anoeta de enero de 2015, cuando el presidente del club, abrumado por un equipo en ruinas, no tuvo más remedio que convocar elecciones para final de temporada. Las dos únicas personas de dentro y fuera de la Junta que apoyaron incondicionalmente a Bartomeu fueron Albert Soler y Jaume Masferrer. Aquel año, y contra todo pronóstico, el Barça se hizo con el triplete, y Soler y Masferrer han sido hasta la fecha largamente recompensados. Masferrer, que «siempre se ha creído el Iván Redondo del Barça», según relata uno de sus compañeros de Junta, se convirtió en el director del área de presidencia. «De comunicación no sabe nada», señala el mismo compañero, «y si es de la ‘escuela de Rasputín’, de la trampa y del espionaje, es porque no conoce otra». En otoño de 2017, con la excusa de tener que viajar a Brasil para visitar a un familiar, Masferrer pasó por Argentina, donde se encuentra la matriz de I3 Ventures, y firmó con ellos los primeros contratos en nombre del Fútbol Club Barcelona. Cuando la Cadena Ser se puso la semana pasada en contacto con Masferrer para avisarle de lo que iban a publicar, el hombre de confianza de Bartomeu pidió una reunión que tuvo finalmente lugar pronto el jueves por la mañana en la cafetería Farga de Barcelona, según yo mismo pude constatar al encontrarme allí desayunando. Acudieron Sique Rodríguez, el autor de la exclusiva, dos redactores de la radio de Prisa, y el directivo barcelonista. Según dos personas ajenas a la conversación, pero que pudieron escucharla entera sin ser vistos por sus protagonistas, Masferrer, lejos de desmentir a sus interlocutores, se desmoronó al conocer los detalles que tenían, y en una narración caótica de lo ocurrido acabó confesando incluso más de lo que los reporteros sabían. Los dos testigos que pudieron escuchar entera la conversación aseguran que «si Bartomeu intenta echar a Masferrer a los leones para salvarse él, la Ser tiene la confesión clave para acabar definitivamente con esta directiva». A la malversación del dinero del club con finalidades personales, y personalistas, hay que añadirle el agravante haber mentido para intentar negar la evidencia. Tanto el comunicado emitido por el club como las declaraciones de Bartomeu al respecto han sido una afrenta a aficionados y afectados. De hecho, el intento de engaño en esta operación «entre tantas otras» ha sido permanente, y desde el principio se pretendió «apantallar» la contratación de I3 Ventures mediante contratos que no superaran los 200.000 euros, para que los contratos no tuvieran que pasar por la Junta.

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