A las once y media de este lunes está previsto que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont comparezca ante la juez de la Corte de Apelación de Sassari (Cerdeña), que tiene que decidir sobre la ejecución de la euroorden cursada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Pese a que la juez tiene ya en sus manos el expediente y el devenir procesal de la causa contra Puigdemont y que la materialización de esta entrega no tendría por qué demorarse más de 60 días, las circunstancias que rodean el caso convierten la respuesta a esta reclamación en una verdadera incógnita. La razón principal es que a pesar de la vigencia de la orden de entrega de Llarena y de la falta de inmunidad del 'expresident' –como reiteró Llarena en un oficio el pasado jueves–, hay dos cuestiones que pueden comprometer la decisión que tome la juez italiana. Una de ellas, la más importante, es que todavía no hay una respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la cuestión prejudicial que el pasado marzo le planteó precisamente el juez Llarena. En ella, el instructor del Supremo pedía al Tribunal de Luxemburgo que fijara el alcance del marco de la euroorden tras la negativa de Bélgica a entregar al exconsejero Lluis Puig a España al cuestionar –en una absoluta extralimitacióón– la competencia del Supremo y la posible vulneración de derechos del reclamado que podría implicar juzgarle en el Alto Tribunal. Aunque la cuestión se planteaba tras la actuación de Bélgica, lo cierto es que la respuesta del TJUE puede sentar doctrina general en este y otros casos, lo que lleva a fuentes jurídicas a concluir que es probable que la juez italiana prefiera esperar a la respuesta del Tribunal de Luxemburgo antes de materializar la entrega. En este escenario lo que podría hacer la juez es suspender la ejecución de la euroorden hasta que el TJUE se pronuncie con la intención de retomar después el procedimiento de entrega. Y lo podría hacer estableciendo medidas cautelares (desde la prisión provisional hasta la retirada de pasaporte) para garantizar que el procesado está a disposición del tribunal que tramita la euroorden –no podría salir de Italia– o no establecer ninguna medida, lo que implicaría asumir el riesgo de una futura incomparecencia. Y es que en este último supuesto Puigdemont podría regresar a Bélgica nada más declarar ante la juez y estar a lo que ésta ordene. Es lo que sucedió cuando tras su detención el pasado 23 de septiembre en Alghero (Italia) y comparecencia ante la juez al día siguiente, quedó en libertad con el compromiso de regresar al tribunal hoy, 4 de octubre. La segunda cuestión que puede echar para atrás a la juez italiana es el hecho de que la defensa de Puigdemont solicitara este viernes al Tribunal General de la UE que reactive su inmunidad, una solicitud que este mismo tribunal rechazó el pasado 30 de julio al entender que hasta que el TJUE resolviese la cuestión prejudicial planteada por Llarena el riesgo de que fuera detenido iba a ser bajo (que no inexistente, como ha sucedido con Italia). El hecho de que estas nuevas medidas cautelares estén planteadas ante el TGUE y que este tribunal, a su vez, tampoco haya tomado una decisión definitiva sobre la inmunidad del prófugo, podría suponer otro obstáculo para la juez italiana. Cabría la posibilidad también de que la magistrada decida dar cumplimiento a la euroorden ya y, sin suspenderla, entregue Puigdemont a España, de forma que éste espere entre rejas la decisión del TJUE y la relativa a su inmunidad.De España https://ift.tt/3uzLWkG
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