Pedro Sánchez eliminó ayer los riesgos de perder del control de los tiempos de la legislatura y de que ésta tenga peligro de encaminarse hacia un final precipitado. El Gobierno logró este viernes encarrilar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2022. La decisión de ERC, PNV y EH Bildu de no presentar enmiendas a la totalidad al proyecto de cuentas públicas garantiza prácticamente al cien por cien la aprobación del mismo. La próxima semana se votan en el Pleno del Congreso las enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas. Al no haber presentado los socios de investidura ninguna, en el debate sólo se votarán las presentadas por la oposición. Y no saldrán adelante. Los Presupuestos de 2019 que naufragaron y que forzaron a Sánchez a promover un adelanto electoral encallaron precisamente en este trámite, tras la enmienda presentada por ERC. Cuando se supere este escollo se abrirá un proceso de enmiendas parciales en el que el proyecto puede ser modificado y en el que los socios van a apretar y pueden amenazar la viabilidad del proceso. Pero tumbar el proyecto ya se antoja casi imposible. «Después de esto ya está», expresan con tranquilidad fuentes gubernamentales. Pero lo cierto es que la parte socialista del Gobierno tuvo que resolver en la recta final las negociaciones con el PNV y ERC. A primera hora de la mañana diferentes fuentes del Gobierno expresaban «confianza», pero no certezas, sobre la posibilidad de que sus socios principales no vetasen las cuentas. El Ejecutivo siempre había trasladado una seguridad total respecto a la aprobación de los PGE este año. Una convicción derivada del consenso político que se extiende en el bloque de investidura de que la legislatura debe durar. Pero los socios de la coalición gubernamental han manifestado en los últimos días un gran malestar con el PSOE por cómo se estaba negociando. Un malestar que se extiende a Unidas Podemos, que pide al partido mayoritario mayor empatía con sus aliados en el Parlamento. Los apoyos habituales de la coalición dicen no haberla encontrado, hasta el punto de que llevasen hasta el final su pulso que, en la recta final, hizo que en el Gobierno se torciera el gesto: «He tenido la sensación de que los podrían tumbar», reconoce una fuente gubernamental de la parte socialista. «Pensaba que ERC la iba a presentar», reconoce otra fuente en este caso del espacio morado del Ejecutivo. Desde la coalición se traslada que se ha vivido una negociación «muy tensa», tanto por «la parte de ERC como la del PNV». Corroboran que «hasta última hora no se ha cerrado» y que sus aliados «han forzado mucho, especialmente ERC». En los últimos días por parte del Gobierno han sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, los que más han hablado con el resto de grupos. En el Ejecutivo consideraban «increíble» la posibilidad de que no salieran los Presupuestos. Especialmente por parte de ERC. «No tendría ningún sentido después de los indultos», dicen. Pero es precisamente esa confianza que trasladaban los socialistas lo que no gusta nada en los potenciales aliados. Las contrapartidas La situación fue tan límite que ERC decidió no presentar enmienda a la totalidad «a cinco minutos» de que se cerrase el plazo para hacerlo, a las dos de la tarde de ayer. La reunión de su ejecutiva para fijar la posición del partido, prevista para las once de la mañana, empezó casi una hora y media tarde porque los contactos con el Gobierno se alargaron más de lo previsto. En rueda de prensa, el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, explicó que el PSOE se ha comprometido con ellos a dos cosas: a acelerar los compromisos aún sin cumplir de los anteriores Presupuestos y a que los socialistas pacten con los independentistas la futura ley audiovisual, en la que ERC exige cuotas de lenguas cooficiales en la producción. Desde ERC destacan el hecho de que en los últimos días se hayan paralizado los contactos con el Ministerio de Economía que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño, con competencia en esa ley audiovisual, y subrayan que el acuerdo fue eminentemente político. Sin embargo, las interpretaciones del pacto divergen. Rufián garantiza que ERC podrá establecer cuotas para las lenguas cooficiales, mientras que el portavoz de Ferraz, Felipe Sicilia, rebajó el contenido al compromiso de estudiar «mecanismos» y «fórmulas» para proteger el catalán, el euskera y el gallego, sin especificar cuáles.Los letrados de la Seguridad Social avisan de la posible inconstitucionalidad del traspaso al País Vasco del ingreso mínimo vital El acuerdo con el PNV también costó y fue el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, el encargado de explicar por qué los nacionalistas vascos no vetarán los Presupuestos. Lo harán porque Sánchez se ha comprometido de nuevo a traspasar la gestión del ingreso mínimo vital al País Vasco. Un acuerdo que se selló el año pasado y debía ejecutarse antes de este noviembre, pero que ahora el PNV acepta que se concrete «a finales de este año o principios del siguiente» porque su contenido es «más avanzado y político». Será la socialista Idoia Mendia, consejera de Trabajo y Empleo, quien gestione esta ayuda desde el Gobierno autonómico vasco. Los letrados de la Seguridad Social avisaron de la posible inconstitucionalidad de la transferencia. El primero en deshojar ayer la margarita fue EH Bildu a través de su portavoz en la Cámara Baja, Mertxe Aizpurua, quien anunció en Euskadi Irratia que tampoco iban a presentar enmienda a la totalidad. Curiosamente, los herederos de Batasuna son los únicos que no acompañaron su posición de una contrapartida, aunque en el imaginario resuenan las palabras de Arnaldo Otegi sobre intercambiar Presupuestos por presos. ERC, PNV y Bildu advierten: aún queda camino por recorrer en las enmiendas parciales. El PP ve roto el principio de igualdad entre los españoles Los acuerdos del Gobierno con ERC, EH Bildu y el PNV para que estos partidos permitan la tramitación de los nuevos Presupuestos rompen el principio de igualdad, denunció este viernes la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra. Los populares registraron ayer su enmienda de totalidad contra las nuevas cuentas, siendo en total siete las peticiones de devolución del proyecto al Gobierno (PP, Vox, Ciudadanos, Junts, CUP, Foro y Coalición Canaria), aunque ninguna saldrá adelante por esos pactos entre La Moncloa y sus socios. Para Gamarra, las nuevas cuentas saldrán «muy caras» económicamente y «en términos de país» porque el Gobierno cede ante «todas las exigencias de aquellos que no quieren que España sea un gran país». Informa Ana I. Sánchez.De España https://ift.tt/2ZD9mdm
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