
El Pleno del Tribunal Constitucional previsto para el martes se desarrollará según lo previsto y al margen de la renovación de un tercio de sus componentes que en estos momentos negocian socialistas y populares, junto con el resto de instituciones cuyo mandato también ha finalizado. El acuerdo alcanzado entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea para renovar los órganos pendientes a excepción del CGPJ -en el que el camino no está tan allanado- parecía tan inminente que incluso se habló de que esos nombramientos podían llevarse a cabo el 25 de octubre, un día antes del Pleno del TC. Esta circunstancia motivó que el presidente del órgano de garantías barajara la posibilidad de suspender la sesión plenaria al no tener sentido que tres de los magistrados salientes (la plaza del cuarto está vacante desde octubre del pasado año) participaran en un Pleno en paralelo a otro que en el Congreso estaría nombrando a sus sustitutos. Al cierre de esta edición no habían trascendido todavía los nombres de los candidatos propuestos, pero aunque hubiera sido así, ya es imposible que antes del martes dé tiempo a que se superen los plazos previstos para cada trámite (antes de ser aprobados por el Pleno del Congreso, los candidatos tienen que comparecer ante la Comisión de Justicia). Por este motivo la convocatoria del Pleno se mantiene inalterada. Fuentes parlamentarias aseguraban ayer, de hecho, que el Pleno del Congreso se celebrará en noviembre porque las comisiones de presupuestos de la semana que viene dificultarán las comparecencias. Fuentes del entorno del presidente del TC no ocultan su malestar por cómo se ha sobredimensionado desde dentro del propio tribunal una cuestión de sentido común -la posible suspensión del Pleno en el caso de que en paralelo se estuvieran aprobando los nombramientos en el Congreso- que además ni siquiera salió de su despacho. Sostienen que se ha utilizado al presidente con «intereses espurios», tanto por parte de quienes aspiran a presidir el TC a su salida como por parte de quienes están interesados en que ese Pleno se suspenda porque el segundo estado de alarma implicará un tercer varapalo al Gobierno e intentan retrasar el golpe. El hecho de que ese asunto esté en el orden del día (ya lo estaba en el anterior pleno) ha sido la excusa perfecta, dicen, para vincular la posible suspensión del Pleno con las reticencias del presidente a que se le vincule con los progresistas por el hecho de ser partidario de que se desestime el recurso de Vox, como sucedió con el recurso contra el primer estado de alarma, en el que el también conservador Andrés Ollero votó con los progresistas, y la progresista Encarnación Roca con los conservadores. Además de este segundo estado de alarma, está previsto que el Pleno vea el recurso de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell contra la sentencia del 'procés', que perfile su doctrina sobre plusvalías y un primer acercamiento a la ponencia del magistrado Ricardo Enríquez que propone declarar inconstitucional la prohibición de financiar con fondos públicos los colegios que segregan a los niños por sexo (ley Celáa). Entretanto, PSOE y PP continúan con las negociaciones para sustituir a los cuatro magistrados del TC con el mandato vencido, además de las renovaciones del Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia de Protección de Datos. De momento el único nombre que parece seguro entre los cuatro candidatos es el del catedrático Enrique Arnaldo por parte del PP. Según ha podido saber ABC, el PSOE cuenta con al menos una mujer. Tanto populares como socialistas subrayan que «varios» nombres ya han sido pactados e insisten en que el acuerdo se anunciará de forma inminente.
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