La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, confesó el pasado jueves a los miembros de la Mesa que «desde el primer momento» tuvo la «conciencia» de que la pena accesoria impuesta por el Tribunal Supremo a Alberto Rodríguez –la inhabilitación– subsistía pese al pago de la multa, según recogen las actas de la reunión y ha podido saber ABC. Este criterio –como la de PP, Vox y el propio Supremo–, se basó siempre en que la propia sentencia, en su fundamento jurídico octavo, indica que la sustitución de cárcel por multa no afecta a la inhabilitación, ya que esta se deriva de la privación de libertad. El informe no le convenció La dirigente socialista también admitió que el primer informe del secretario general del Congreso respecto a que no cabía inhabilitar al parlamentario morado «no le había hecho cambiar de opinión». A pesar de todo ello, el martes de la semana pasada se posicionó en contra de su conciencia y apoyó las tesis de Unidas Podemos provocando un enfrentamiento inédito con el Tribunal Supremo. Aquel martes, Batet no hizo referencia a cuál era su criterio personal pero apoyó repetidamente que debía imponerse el criterio del secretario general del Congreso y mantener a Rodríguez en su escaño. Lo hizo, según su versión, porque le pareció «lo más correcto», aunque el propio secretario general advirtió varias veces de que su dictamen no era vinculante y que han sido numerosas las ocasiones en las que la Presidencia no ha seguido el criterio de los letrados de la Cámara. Tres días más La dirigente socialista también confesó el pasado jueves que era consciente de que el oficio remitido el miércoles por el Alto Tribunal le pedía que privara al diputado morado de su escaño, y de la magnitud del enfrentamiento abierto. Pero decidió seguir adelante con su pulso y ese mismo jueves intentó sin éxito que PP y Vox votaran a favor de pedir al Supremo una aclaración de la sentencia para alargar el mantenimiento de Rodríguez en el Congreso. Batet intentó convencer a estos dos partidos conservadores alegando que este paso solo dilataría la ejecución de la condena «tres días más como máximo», según fuentes de la reunión. No lo consiguió y aun sin contar con la unanimidad que buscaba, decidió pedir al Supremo que le aclarara cómo debía ejecutar una condena sobre la que ella ya había confesado que sabía cómo proceder. El letrado mayor firma el informe que avala la inhabilitación, tras no rubricar el que defendía lo contario Su estrategia tuvo menos recorrido del previsto porque el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, no esperó al lunes para responderle sino que lo hizo el mismo viernes. Batet se vio obligada a retirar el escaño a Rodríguez ese día, antes de las tres jornadas que había previsto. Ahora con firma Desde entonces, la tensión entre Unidas Podemos y el PSOE ha ido en aumento por este tema. Los morados intentan arrinconar a Batet y ayer coincidieron con Vox en pedir su dimisión aunque por distintos motivos. El partido de Santiago Abascal reclama el cese de la dirigente socialista por el cierre del Congreso durante el estado de alarma, declarado inconstitucional por el TC, y el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, considera que debe hacerlo por «dignidad» tras no haber defendido a la Cámara frente al «ataque» del Supremo. Ante la virulencia de su socio, Batet pidió el lunes un informe jurídico al secretario general del Congreso para avalar la retirada del escaño de Rodríguez. Este nuevo dictamen, de sentido contrario al primero, incorpora diferencias que van más allá del contenido. La primera página lleva tanto el sello de salida de la secretaría general del Congreso con fecha y número de documento, como el sello de entrada en la secretaría de la Presidencia también con fecha y número de documento. Además, todos los folios contienen el membrete del secretario general del Congreso y el último lleva su firma manuscrita. «Prostituyen lo que tocan» El dictamen previo, que avalaba el mantenimiento de Rodríguez en su escaño, no llevaba sello alguno, membrete ni firma. Estas diferencias entre uno y otro, alimentaban ayer la tesis de la oposición conservadora respecto a que existió una orden política para que no se le retirara el escaño a Rodríguez, con el objetivo de evitar más tensiones entre el PSOE y Podemos. También dieron alas a la crítica de que existe un uso partidista de los servicios jurídicos de la Cámara. ya que ante las fuertes críticas que Batet está recibiendo desde Podemos, que pide su dimisión y le llegó a amenazar con una querella, los servicios jurídicos le han procurado un informe que avala su decisión con la firma del secretario general. Y ello pese a que el primer informe se adjuntó al orden del día de una reunión oficial de la Mesa de la Cámara, mientras el segundo se ha quedado en el despacho de Batet. «Con su registro y firma. A diferencia del informe fantasma previo. Que decía lo contrario. Prostituyen todo lo que tocan», denunció ayer Olona vía Twitter tras conocer estas diferencias entre uno y otro informe. La dirigente de Vox acusó a Batet de intentar ahora «protegerse del amago de querella de Podemos». De hecho, la existencia de estas diferencias entre ambos escritos irritó aún más a Unidas Podemos. A juicio de la formación morada, el que el segundo informe lleve firma y sello es una «irregularidad más» de Batet. «Un informe que dice lo contrario de lo que decía el primero. Lo sabemos por la prensa porque no hemos recibido el informe como principal grupo parlamentario afectado», añadió Echenique. La propia reunión que la Mesa celebró ayer fue tensa entre el PSOE y su socio de gobierno. El secretario primero, Gerardo Pisarello (Podemos), acusó a Batet de no defender ni «la dignidad» del Congreso ni los derechos de Rodríguez. Además, exigió saber «cuál es el acto formal» por el que retiró el escaño al diputado morado, «por qué ese acto formal no se ha dictado en la Mesa» ni esta «fue informada previamente». Desde el PP, su portavoz, Cuca Gamarra, consideró un «auténtico esperpento» todo lo acontecido, denunciando que PSOE y Podemos intentaron indultar «de facto» a Rodríguez a través de la Mesa. «Los españoles no merecen ver este espectáculo, que no debió haberse producido», censurós. Llamativas diferencias entre los documentos Uno con firma y otro no El dictamen jurídico que defendía el mantenimiento de Rodríguez en su escaño no tenía ninguna rúbrica. El que avala su retirada está firmado por el letrado mayor y secretario general del Congreso También aparecen sellos De nuevo el segundo informe cuenta con un elemento que no aparece en el primero: los sellos de salida desde la secretaría general y de entrada en la secretaría de la Presidencia Membrete específico El primer informe tampoco contaba con membrete específico y su encabezado solo rezaba «Congreso de los Diputados». El segundo tiene el membrete de la secretaría general. Distinto uso El primer informe no llevó autoría pese a ser incluido en una reunión oficial de la Mesa. El segundo tiene todos los signos de oficialidad pese a no tener uso fuera del despacho de Batet.De España https://ift.tt/3BmrOEq
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