Ya son catorce las condenas a prisión permanente revisable impuestas en toda España

Con la condena impuesta este viernes en Bilbao a una madre que mató a su hija de nueve años, ya son catorce las condenas a prisión permanente revisable que ha impuesto la Justicia española. La propia juez que dictó esta última sentencia, con el máximo castigo previsto en el Código Penal, la consideró de «excesiva dureza» y agregó: «No tengo otra alternativa», según informa Efe. La Audiencia de Vizcaya condenó a prisión permanente revisable a la mujer que mató a su hija al intoxicarla con fármacos y asfixiarla en la vivienda familiar del barrio de Atxuri, en Bilbao. En la sentencia hecha pública este viernes, la magistrada Nekane San Miguel señala que, aun teniendo en cuenta como circunstancia atenuante la confesión de la acusada, no es posible aplicar una rebaja sustancial de la pena. Esta ha sido la primera vez que se aplica en Vizcaya la prisión permanente revisable y la segunda que se condena a esta pena a una mujer en toda España. Esta condena sigue a la impuesta recientemente a José Enrique Abuín por el crimen de Diana Quer y la de otros mediáticos casos, como el del niño Gabriel Cruz, por el que está en prisión Ana Julia Quezada, o el crimen en Pioz, en Guadalajara, por el que cumple condena Patrick Nogueira por matar a sus tíos y a los dos primos de corta edad. El primer condenado en España con esta pena fue David Oubel, conocido como el parricida de Moraña, en una sentencia de la Audiencia de Pontevedra de julio de 2017 por el asesinato de sus dos hijas menores. La Fiscalía de Pontevedra fue, entonces, la primera en España en solicitar la prisión permanente revisable, y el fiscal, Alejandro Pazos, se emocionó después de la lectura del veredicto y se echó a llorar tras solicitarla pena. El Código Penal recoge la prisión permanente revisable para una serie de supuestos, entre los que se incluye el asesinato unido a un delito contra la libertad sexual de la víctima, o que la víctima sea menor de edad. Permite el acceso al tercer grado a partir de los 15 años y su revisión a los 25. El Tribunal Constitucional tiene pendiente el recurso de inconstitucionalidad desde 2015, y a su pronunciamiento va a esperar el Gobierno, una vez que su derogación en el Congreso de los Diputados, promovida por el PNV, quedó congelada.

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