El Partido Popular no participará en la renovación del Tribunal Constitucional ni en la de cualquier otro órgano que requiera grandes consensos parlamentarios porque no se fía del actual PSOE y, en concreto, de Pedro Sánchez. Así lo asegura el entorno del presidente del PP, Pablo Casado, preocupado, como el resto de formaciones constitucionalistas por el futuro del único órgano capaz de frenar el desafío soberanista como intérprete máximo de la Constitución española. Como publicó ayer ABC, el pasado 7 de noviembre venció el mandato legal de los cuatro magistrados cuyo nombramiento corresponde al Congreso, entre ellos los del presidente del tribunal, Juan José González Rivas, y la vicepresidenta, Encarnación Roca. El pacto del PSOE con ERC y Podemos podría alterar sustancialmente la actual mayoría conservadora en el órgano de garantías. Al requerir esta renovación la mayoría de tres quintos de la Cámara Baja, es decir, 210 diputados, socialistas y populares están condenados a entenderse, lo que a día de hoy parece complicado ante el empeño del presidente en funciones, Pedro Sánchez, de pactar con los independentistas en la legislatura que ahora empieza. De ahí que el PP no tenga ninguna prisa en proceder a esta renovación en un TC que ha actuado con contundencia ante iniciativas y resoluciones que durante los últimos años vienen cuestionando la unidad de España o la soberanía nacional. A ello se suma, aseguran en el PP, el hecho de que los cuatro magistrados salientes no hayan agotado aún el mandato de nueve años previsto en la Constitución. Una cuestionada reforma legal que se llevó en 2010 acordó restar de ese mandato el tiempo que se tardara en renovar el órgano. De ahí que los cuatro magistrados salientes, que aterrizaron en el TC en no terminen en realidad su mandato constitucional hasta 2021. En este sentido, por parte del PP «no hay prisas ni condiciones para garantizar una renovación positiva para los intereses nacionales». Entretanto, desde Vox consideran que «es la propia politización en la elección de los miembros del TC la que genera riesgos como este en plena negociación con los separatistas». En este sentido Vox propone la creación de una Sexta Sala (de lo Constitucional) en el Tribunal Supremo, lo que conllevaría necesariamente la reforma de la Carta Magna. Ciudadanos tampoco está de acuerdo con que la política entre en el TC y comparte con el resto de partidos constitucionalistas su preocupación «por que ERC y Podemos puedan meter a sus afines políticos». Edmundo Bal recuerda que el TC es una «piedra nuclear para parar el movimiento independentista como lo ha hecho durante los últimos años» con sentencias tan relevantes como la de la aplicación del 155, que supone un manual» para futuras actuaciones si hiciera falta. Señala, además, la importancia que los requerimientos del TC han tenido a la hora de que el Tribunal Supremo pudiera condenar a varios líderes del «procés» también por desobediencia. y en este sentido alude a las menciones que la Sala Segunda hace en su sentencia al reiterado incumplimiento de las resoluciones del órgano de garantías por parte de los hoy condenados. Bal apela a un pacto entre los constitucionalistas para despolitizar órganos como el propio TC o el Consejo General del Poder Judicial.De España https://ift.tt/2QmgYsB
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