2019 ha sido un año convulso para el sector industrial. Miles de trabajadores de las factorías gallegas han estado meses sumidos en la incertidumbre sobre la continuidad de sus puestos de trabajo. El cierre de las térmicas de Meirama y As Pontes, los problemas de la industria electrointensiva, la inestabilidad del sector naval o las dudas sobre la continuidad de Ence en la ría de Pontevedra marcaron un ejercicio en el que la economía gallega continuó en la senda del crecimiento pero empezó a dar síntomas evidentes de ralentización. El fin del carbón En enero, 2019 despertaba con la noticia de que Naturgy cerraba la central térmica de Meirama. La eléctrica renunciaba a realizar la inversión necesaria para adaptarse a las normativas europeas contra la contaminación y ponía fin a casi 40 años de quema de carbón en la localidad coruñesa de Cerceda. Entonces los trabajadores de la planta miraban con cierta envidia a sus compañeros de As Pontes, donde Endesa sí transformaba la central para reducir emisiones. Pero la mayor térmica de España no pudo aguantar tampoco el alza del precio del CO2 en los mercados diseñados por la UE para luchar contra el cambio climático. As Pontes paraba máquinas en primavera y esta misma semana Endesa anunciaba que solicitaba el cierre definitivo de la planta. La eléctrica dejó entreabierta una puerta a la que se agarran plantilla y administraciones. Durante este mes seguirá probando mezclas de biocombustibles (como lodos de depurados o biomasa) para ver si puede reactivar la central. En los últimos meses ha realizado también ensayos, pero la compañía alega que los resultados no son viables. Tanto Naturgy como Endesa han mostrado ya su intención de sustituir la potencia instalada en sus centrales por megavatios eólicos, un sector que por el contrario ha tenido gran actividad durante el año que termina después de una década parado. Meirama daba empleo a unos 250 trabajadores entre plantilla directa y empresas auxiliares. En As Pontes la cifra se eleva hasta las 700 personas. Las electrointensivas La lucha de los trabajadores de Alcoa en La Coruña para conservar sus puestos de trabajo marcó también el año que termina. A finales de 2018, la multinacional estadounidense del aluminio comunicaba su intención de cerrar la planta coruñesa y también la de Avilés. Pero tras la presión de las plantillas y de las administraciones, Alcoa cedía y se mostraba dispuesta a retrasar la clausura mientras se buscaba a algún inversor que se hiciese cargo de la factoría. En verano, y tras múltiples problemas, se sellaba el acuerdo con el fondo suizo Parter, que adquiría ambas plantas. Pero la raíz del problema continúa sin solucionarse. Los precios de la energía que tienen que pagar las industrias electrointensivas como Alcoa en España continúan muy por encima de lo que abonan en otros países del entorno como Francia y Alemania. Parter se comprometió a mantener el empleo dos años, pero mantiene la factoría a medio gas. Las tensiones se ciernen ahora con fuerza sobre la única planta de producción de alumnio primario que queda en España, la de Alcoa en San Cibrao. La multinacional estadounidense lleva tiempo advirtiendo que da pérdidas. La factura eléctrica tiene también en vilo a las plantillas de Ferroatlántica —que este año era adquirida por el fondo de inversión TPG— o de Celsa Atlantic. En total, unas 5.000 personas dependen de la industria electrointensiva en la Comunidad. Para abaratar la factura eléctrica, el Gobierno central se comprometió a aprobar un conjunto de medidas recogidas en el estatuto para las electrointensivas. Estaba previsto para antes de las penúltimas generales, pero la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia echó por tierra el texto, alegando que la Unión Europea podría considerar ayudas de Estado algunas de las medidas. Desde entonces nada se sabe del nuevo texto, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez insiste en que no puede aprobar mientras está en funciones. El sector naval Pese a contar con la mayor cartera de pedidos de la última década, tampoco ha sido un año sencillo para otro de los pilares industriales de Galicia, el sector naval. Tras una larga espera, Ferrol recibió una buena noticia. El Gobierno aprobó la orden de ejecución de las cinco fragatas F-110 encargadas por el Ministerio de Defensa a Navantia. Las fragatas supondrán diez años de trabajo garantizado en los astilleros ferrolanos. Pero ni la plantilla ni la Xunta de Galicia están del todo tranquilos. El próximo verano se espera que se acabe la construcción del último AOR para la marina australiana y, a partir de ahí, las gradas quedarán vacías. El parón hasta que pueda empezarse a cortar chapa en la primera fragata podría suponer un problema para la industria auxiliar. En Vigo la situación ha sido aún más convulsa. A Hijos de J. Barreras se le atragantó la construcción del primer minicrucero de lujo encargado por la estadounidense Ritz Carlton. El barco lleva meses inacabado y acarrea ya un importante sobrecoste (entre 50-60 millones de euros). Los problemas con el minicrucero provocaron la destitución de la cúpula directiva y que el astillero tuviese que pedir el preconcurso de acreedores. Tras semanas de negociaciones, finalmente Ritz Carlton se hará con el control de la factoría naval. Esta misma semana anunciaba que su intención va más allá de terminar su barco y esperaba poder reiniciar la construcción cuanto antes, tras tener casi listo un acuerdo de financiación con Cesce y Caixabank. Más difícil será recuperar la actividad en Vulcano. Los astilleros del barrio de Teis desaparecían en su centenario tras un sinfín de dificultades para terminar su último barco, el ferri «Villa de Teror». Aunque Vicalsa, una compañía de la industria auxiliar viguesa, quiere tomar el control de las instalaciones, la concesión de los terrenos podría impedirselo. El Puerto entiende que, una vez liquidada la sociedad, el suelo ha pasado ya al dominio público. El juzgado que se encarga de la liquidación del astillero tendrá la última palabra. Ence La continuidad de Ence en la ría de Pontevedra también se ha tambaleado en 2019. Ubicada en terrenos del dominio público marítimo terrestre, la pastera disfrutaba de una concesión que caducaba en 2018. Pero, dos años antes de esa fecha, el Gobierno de Mariano Rajoy en funciones decidió concederle una prórroga que se extendería hasta 2073, tras haber modificado previamente la Ley de Costas. Tras el cambio de Gobierno, el pasado 8 de marzo la Abogacía del Estado concluía que esta decisión no fue conforme a derecho, abriendo la puerta a que la fábrica, de la que dependen unos 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos (según la empresa y la Xunta) tenga que dejar Lourizán. La Abogacía no seguirá defendiendo la prórroga en los juzgados. El caso se abrió tras las denuncias del Ayuntamiento de Pontevedra, la Asociación pola Defensa da Ría y Greenpeace. El Gobierno entiende que la pastera podría buscar otro emplazamiento, pero Ence insiste en que no es posible montar la fábrica en otra zona de Galicia. Automoción e Inditex Las aguas discurrieron mucho más tranquilas en el sector de la automoción. La factoría de PSA en Vigo ha empezado la producción en serie de sus nuevos vehículos y espera batir sus récords de fabricación durante el próximo 2020. El gigante textil Inditex también ha tenido un gran año para su cuenta de resultados. Las ventas del grupo en los tres primeros trimestres han batido récords, quedándose al filo de los 20.000 millones de euros. En Bolsa, el grupo acumula un alza en el año del 48,5 por ciento.De España https://ift.tt/39lWZTy
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