Para valorar en su justa medida los espectaculares resultados en materia de contención de la inmigración irregular logrados este 2019 en España hay que remitirse a las pésimas previsiones que organismos nacionales y supranacionales -como la agencia europea de fronteras, Frontex- plantearon a comienzos de año: un aumento de las llegadas en línea con las de 2018 y 2017, cuando casi matemáticamente se duplicaron los números del ejercicio respectivamente anterior. En ese vaticinio cobraba peso el cierre de Italia a los inmigrantes decretado por su entonces titular de Interior, Mateo Salvini, lo que desplazaba los flujos hacia el Mediterráneo español. De cumplirse las predicciones, hubiera supuesto alcanzar las 120.000 incursiones en estos doce meses, cuando las cifras de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) de la ONU a fecha de 18 de diciembre señalan que se han registrado 30.961. Un 52,7% menos que el año pasado y, por tanto, una cuarta parte de lo que se pronosticó. De hecho, en 2018 España fue, con mucho, la primera autopista de entrada de la inmigración en Europa, puesto que abandonó el 25 de marzo al ser adelantada por Grecia. El riesgo que empuja en este último trimestre es el desplazamiento de las corrientes migratorias hacia las Canarias, donde ya se está a patera casi diaria. Las claves de lo que ha pasado se concentran en torno a dos agentes principales: la UE y Marruecos, puestos en relación y en entendimiento por el Gobierno de Pedro Sánchez en el que puede ser uno de los escasos éxitos objetivos de su gestión, gracias en gran medida al trabajo de Interior. Aprovechando una Europa que por primera vez abrió los ojos a la inmigración con la crisis de los refugiados de 2015 -un millón y medio de huidos de los conflictos mediorientales- y tuvo que activar el acuerdo con Turquía a razón de 3.000 millones al año para frenarla, el Ejecutivo del PSOE ha hecho lo imposible por sensibilizar a Bruselas con respecto a la colaboración de Rabat, lo que se ha traducido en dinero y en reconocimiento de cada vez más alto nivel para el país vecino. Lo que en el argot comunitario viene a hacerse con lo que llaman una «frontera exterior». Las ayudas han sido de 140 millones de fondos europeos, a lo que hay que sumar cantidades con cargo al presupuesto español nunca del todo precisadas. La respuesta ha sido una implicación nunca vista de Marruecos en la interceptación y rescate activo de pateras en su propia zona de responsabilidad, amén de un refuerzo de la vigilancia en las costas para cortar la salida de pateras. Otra cosa será el debate pendiente sobre el trato que las autoridades del Reino de Mohamed VI aplican a los inmigrantes que detienen, del que poco se sabe, y además teniendo en cuenta que un importante porcentaje de ellos son marroquíes. Trato sin superioridades No habría panorámica posible de la inmigración en 2019 sin destacar que ha sido el año en que, por poco, España ha iniciado la retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, compromiso casi personal del ministro Marlaska desde su llegada al cargo. Y ha sido por poco, puesto que la desinstalación se emprendió a principios de diciembre, sólo una vez que Marruecos completó el alzado de su propia verja de alambre de cuchillas, con la que necesariamente tendrán que vérselas los inmigrantes antes de llegar a la barrera «no lesiva» con la que el Gobierno español hace gala y propaganda de su respeto a los derechos humanos. Con las relaciones con Rabat en plena luna de miel, Interior no ha descuidado en absoluto el trato con Argelia -origen de las embarcaciones que se multiplican cada final de verano rumbo al litoral balear y levantino- ni con los países de la cornisa africana que se asoma al mismo Atlántico donde está el archipiélago canario. Tampoco con los estados interiores en los que tiene su origen parte de la inmigración, caso de Mali. La piedra angular de la colaboración con todos ellos es un trato «de tú a tú» -como describe Marlaska en la entrevista que hoy publicamos- sin superioridad, amén del mantenimiento de equipos policiales conjuntos consagrados a la custodia de las costas, que se plantea extender a territorios donde todavía no se han activado, como Guinea Conakry. La pieza política y operativa El engranaje que se ha orquestado este año con tan inesperados resultados probablemente no hubiera sido posible sin la puesta en marcha de dos actores cosecha también de este Gobierno. Uno, en el ámbito operativo, la Autoridad para la Inmigración en el Estrecho y Alborán, encargada con un general de la Guardia Civil al frente de la coordinación de todos los medios con capacidad para controlar la inmigración irregular y que refleja la que se activó en 2006 en Canarias con ocasión de la crisis de los cayucos. En el nivel político, el foro ha sido la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Migratorios, marco en el que se ha reunido a los ministerios concernidos para trazar las lineas maestras de la gestión migratoria. Desde la seguridad de fronteras a la acogida o las solicitudes de asilo, de las que este 2019 se han resuelto cinco veces más que el año pasado, en total 62.641. Preocupación en Canarias, aunque lejos de la crisis de los cayucos El jueves llegaba a Canarias la patera número 125 de las contabilizadas este año. En 2018 fueron 69; en 2017, 19 y en 2016 sólo 18. No son grandes cifras, pero el porcentaje al alza es llamativo. Este diario ha preguntado a Salvamento Marítimo, dependiente del Ministerio de Fomento, si el aumento de la presión se ha traducido en un refuerzo en el número de unidades de rescate o tripulaciones en la zona –que ya ha pedido CC.OO–, pero la respuesta es que no, puesto que los medios de siempre «han sido suficientes para responder adecuadamente a las emergencias». El Gobierno del archipiélago empieza a dar muestras de inquietud. De momento ya se ha registrado una gran tragedia, aunque lejos: 57 muertos en el naufragio frente a Mauritania de una barca que iba rumbo a las islas.De España https://ift.tt/2F1WEYj
0 comentarios:
Publicar un comentario