
Mucho se habla de cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que «los jueces elijan a los jueces», como defiende ahora el principal partido de la oposición y como las instituciones europeas vienen apuntando desde 2013. Ese cambio dotaría de mayor independencia al CGPJ, que los dos grandes partidos han ido politizando cada vez más desde que en 1985 todo el órgano de gobierno de los jueces quedó en manos única y exclusivamente de los sucesivos y cada vez más descarados repartos partidistas entre PSOE y PP. Todo ello ha provocado el actual bloqueo de este órgano, cuya renovación sigue pendiente desde hace ya tres años por la falta de acuerdo entre un PSOE que ha olvidado sus promesas electorales y se empeña en mantener este sistema politizado y un PP que, después de cuatro décadas, ha hecho suya la bandera de despolitizar esta institución clave para la Justicia española, pues no en vano es el que nombra a los magistrados y presidentes de los principales tribunales de nuestro país. Pero lo que no se explica tanto a la opinión pública es cómo sería ese nuevo modelo para que los jueces elijan sin interferencias partidistas al menos a la mitad de su propio órgano de gobierno, ya que el resto lo seguiría eligiendo el Parlamento, para cumplir así lo que indica la Constitución y lo que recomiendan las instituciones europeas desde hace años. Cuando el CGPJ agotó su mandato ya a finales de 2018, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) presentó en sede parlamentaria a los dos grandes partidos un documento extenso con una propuesta concreta y detallada para despolitizar este órgano, lo que además hubiera evitado el bloqueo que arrastra desde entonces. Las cuatro asociaciones judiciales (APM, AJFV, JJpD y FJI) se reunieron hace tres años en el Congreso con grupos parlamentarios para reclamar que se cambiara el sistema de elección del CGPJ, algo que todas ellas comparten desde 2017, cuando suscribieron un documento conjunto con propuestas «básicas, necesarias e ineludibles para mejorar la Justicia». La primera no podía ser otra que cambiar de una vez el sistema de elección del Consejo. En esa reunión, las cuatro asociaciones insistieron en dicha reivindicación y AJFV entregó a los representantes políticos un documento muy trabajado sobre cómo podría ser la reforma del sistema no sólo para despolitizar el CGPJ, sino para que al menos la mitad de este órgano también sea representativo de la pluralidad judicial. España cuenta en la actualidad con unos 5.600 jueces, de los cuales la mayoría (56,1%) forman parte de estas cuatro asociaciones, lo que les concede una representatividad muy superior a la que tienen sindicatos y colectivos similares en otros sectores profesionales. Con todo, hay otros 2.600 que no están asociados y que deberían tener las mismas opciones de participar en este proceso para evitar que las propias asociaciones judiciales sustituyan a los partidos políticos en los repartos del CGPJ por afinidades. La propuesta de AJFV parte incluso de mucho antes, ya de su Asamblea General de 2016, que aprobó sus líneas maestras para despolitizar el CGPJ, como ya entonces reclamaban las instituciones europeas, pero también para evitar «rodillos asociativos». Evitar los mismos vicios El primer «elemento irrenunciable» de esa propuesta es que el nuevo sistema se base en listas abiertas votadas por sufragio «universal, personal, igual, directo y secreto de todos los jueces y magistrados en servicio activo», con independencia de que estén o no asociados. Este detalle es clave porque el objetivo es que, entre esos doce vocales judiciales de los veinte que componen el CGPJ, haya al menos uno de las tres categorías que existen en la Carrera Judicial: juez, magistrado y magistrado del Tribunal Supremo. Los otros ocho vocales siempre los seguiría eligiendo el Parlamento entre jueces que no estén en activo y juristas -como fiscales, abogados o catedráticos- de reconocido prestigio con 15 años de experiencia. Esta cuota a favor de los que aún no han accedido a la categoría de magistrado se recoge ya en la propia Constitución (artículo 122.3), pero se ha incumplido de forma reiterada en las anteriores renovaciones del CGPJ. Eso permitiría que hubiera como mínimo un representante de los nuevos jueces, que son los que mejor pueden plantear asuntos que afectan a la Justicia de proximidad, como la precariedad en los juzgados pequeños, pues no en vano son ellos los que viven esa realidad en primera persona. Además, cualquier juez o magistrado se podría presentar a ese 60% del CGPJ con el aval de la asociación a la que pertenezca y, si no está asociado, con el de 25 compañeros. Para evitar que las asociaciones mayoritarias puedan monopolizar esa elección, AJFV propone que cada una de ellas sólo presente a doce candidatos, es decir, no más de los que se elegirían. Y, para garantizar la pluralidad, que cada juez sólo pueda avalar a un candidato y no votar a más de cinco -aunque se elijan doce- para impedir así que las asociaciones mayoritarias controlen el resultado promoviendo votos en bloque a favor de sus doce candidatos, lo que restaría opciones a los minoritarios y no asociados. La papeleta única con todos los candidatos incluiría el nombre de cada uno de ellos y justo al lado figuraría si están o no asociados y a qué asociación pertenecen para que todos los jueces tengan esa información cuando fueran a votar cada cinco años, que es el actual periodo de renovación, en el Tribunal Superior de Justicia de su correspondiente comunidad autónoma. También se podría votar por correo. No más bloqueos Esta propuesta también dejaría a los dos grandes partidos sin posibilidad de bloquear el CGPJ, como ha ocurrido varias veces. Y es que el 60% de este órgano ya no dependería de que PSOE y PP se repartan todos los vocales, sino que doce de ellos saldrían directamente de lo que votaran los jueces. Incluso, aunque socialistas y populares no consensuaran sus vocales, el CGPJ funcionaría con los elegidos por los jueces y los que ambos partidos hubieran designado en el mandato anterior, por lo que este órgano estaría siempre renovado al 60% y, en el peor de los casos, en funciones sólo al 40%. Para todo lo anterior habría que modificar quince artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como explica a lo largo de una decena de páginas esta propuesta. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) confirmaron a este periódico que están actualizando y ultimando sus respectivos modelos para debatirlos en las asambleas generales que todas ellas tienen previstas durante el próximo mes de noviembre, como ya hizo AJFV hace cinco años y como trasladó formalmente a los grupos políticos en el Congreso hace tres. Todo ello demuestra que la Carrera Judicial se está moviendo cuando PSOE y PP se aprestan a intentar un nuevo acuerdo, tras el alcanzado la semana pasada para renovar otros órganos constitucionales con el mandato caducado. Ni los más optimistas apuestan por que los jueces españoles puedan votar al menos la mitad del CGPJ antes de 2026. Claves de la iniciativa Sólo el 60% La propuesta de AJFV coincide con lo que llevan años exigiendo las instituciones europeas: que todos los jueces españoles elijan a los doce vocales del CGPJ que deben ser jueces, como fija la Constitución, y que los ocho restantes que no tienen por qué serlo los siga designando el Parlamento, que continuaría eligiendo al 40% de este órgano. Un juez, un voto También propone que los 5.600 jueces que hay en España puedan ejercer el sufragio «universal, personal, igual, directo y secreto» para elegir al menos a la mitad de su propio órgano de gobierno. Un joven como mínimo Los jueces más jóvenes (entre los que las mujeres son ya casi el 70%) tendrían garantizado como mínimo uno de los 20 sillones del CGPJ, según lo previsto en la propia Constitución Española (artículo 122, apartado 3), lo que sin embargo se ha incumplido reiteradamente hasta la fecha. Sin «rodillos» AJFV incluye muchas medidas para evitar que el bipartidismo político que ha operado sobre el CGPJ pueda ser sustituido por las mayorías asociativas: por ejemplo, limitando el número de avales, candidatos y votos para que a los asociaciones minoritarias y a los jueces no asociados no les resulte imposible acceder al Consejo General del Poder Judicial. Mayoría antibloqueo Otra de las virtudes es que los dos grandes partidos se quedarían sin opciones de bloquear el CGPJ por intereses partidistas, toda vez que la renovación de este órgano ya no estaría en manos sólo de PSOE y PP, sino que la mayoría dependería de los jueces, que votarían siempre cada cinco años.
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