Junts quiere retirar del Reglamento del Parlamento de Cataluña la mención a la suspensión de los derechos y los deberes de los diputados cuando se inicie el juicio oral por un caso de corrupción. La iniciativa, defendida por Laura Borràs, presidenta de la Cámara autonómica y encausada en un caso de presunta malversación, entre otros delitos, supone un nuevo enfrentamiento del partido de Carles Puigdemont con sus socios de gobierno (ERC) y de legislatura (CUP), que no apoyan la reforma reglamentaria en este punto (artículo 25.4) aunque sí están dispuestos a «mejorar» otros aspectos del texto. El pasado 1 de septiembre, la Mesa acordó solicitar un informe a los letrados parlamentarios para que estos detallasen las «propuestas de revisión técnica de los artículos del Reglamento que plantean problemas de aplicación o interpretación». El documento se encargó con la premisa de que los letrados se ajustasen a cuestiones «jurídicas y técnicas» y, tal y como avanzó ayer 'El Periódico', el texto se entregó la tarde del lunes a los miembros de la Mesa para que lo tuvieran antes de la reunión prevista para el martes. Sin embargo, los grupos políticos menos Junts, según manifestaron sus portavoces a lo largo del día de ayer, en público o en privado, consideran que los letrados se habrían extralimitado en sus funciones al proponer la supresión del artículo 25.4, que señala que «en los casos en que la acusación [a uno de los 135 diputados] sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa (...), una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral (...), ha de acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata (...)». Para los letrados, este redactado «no tiene precedente ni referente en nuestro derecho parlamentario» y apuntan –en el documento de 180 páginas consultado por ABC– que podría ser inconstitucional al no respetar la presunción de inocencia. Los grupos parlamentarios sospechan que detrás de la posición de los letrados está Borràs, que pretende evitar una suspensión temporal como diputada autonómica en caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le abra juicio oral. En los Estatutos de Junts Curiosamente, este argumento, el de la presunta inconstitucionalidad, es el motivo principal que esgrimen Borràs y Junts para defender la reforma reglamentaria. Aunque un texto similar figura en los Estatutos de Junts (artículo 9): «(...) Se suspenderá automáticamente la condición de afiliado a aquellos sometidos a un proceso penal contra los que se haya dictado (una) interlocutoria de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción». La propuesta de los letrados, pese a todo, tiene un camino legislativo muy acotado. Para cambiar el Reglamento se tiene que hacer por mayoría absoluta en el pleno y, antes, pasar por la comisión correspondiente. Ayer, ERC y la CUP dejaron claro que no apoyarán la eliminación del artículo 25.4, por lo que frustrarán la intención de Borràs. Sobre todo, en el caso de los antisistema porque el artículo 25.4 es 'obra' suya, que consiguieron pactarlo con Junts y ERC en julio de 2017. «Nosotros no nos hemos movido. El artículo es un mecanismo necesario», dijo Marta Vilalta (ERC). Y añadió Eulàlia Reguant (CUP): «El artículo no se toca, responde a la voluntad del Parlament a propuesta de nuestro grupo». La reforma –en caso de aprobarse– también afectaría a otros tres diputados del Parlamento de Cataluña, como Meritxell Serret, Lluís Salvadó y Josep Maria Jové, todos de ERC, envueltos en casos de presunta malversación por el 'procés'. Pese a esto, fuentes oficiales de ERC señalaron, ayer, que no están dispuestos a reformar el Reglamento para adecuarlo a un caso concreto, como sería el de Borràs, y que se valorarán los pasos a seguir en caso de que se abra juicio oral a alguno de los tres diputados autonómicos de ERC.De España https://ift.tt/3Gmc34h
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