La ministra de Justicia, Pilar Llop, volvió a defender ayer el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que los dos grandes partidos, PSOE y PP, se reparten todo el órgano de gobierno de los jueces. Entrevistada en RNE, aseguró que el modelo actual es «magnífico» y un «gran sistema institucional», además de estar amparado por el Tribunal Constitucional. Lo que no dijo es que ese sistema es el mismo que el partido al que ella representa (PSOE) se comprometió a cambiar cuando estaba en la oposición. Pedro Sánchez proclamaba en 2014 a través de sus redes sociales: «Mi compromiso: regenerar la vida democrática es hacer un CGPJ verdaderamente independiente del Gobierno». Y el perfil oficial del PSOE insistía: «Hay que despolitizar el CGPJ, que los partidos dejen de proponer candidatos». Además, la ministra se justificó en una verdad a medias al asegurar que el modelo actual está avalado por Tribunal Constitucional. Omitió que el propio TC condicionó esa constitucionalidad a que no pasara lo que ha pasado desde entonces. En su sentencia de 1986 advirtió sobre el «riesgo» de que, «a la hora de efectuar sus propuestas» de candidatos pactados por PSOE y PP, el Congreso y el Senado «atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos». Es decir, que el TC aclaró que el órgano de gobierno de los jueces no se debe repartir según las mayorías parlamentarias de turno, porque eso es justo lo que provoca su politización. Es más, el propio TC ya intuía entonces lo que ha ocurrido y parece que volverá a ocurrir una vez más, hasta el punto de que en esa sentencia advirtió de que los repartos partidistas del CGPJ suponen una «actuación contraria» a la Constitució n y aconsejó volver al modelo anterior dada «la existencia y aun probabilidad de ese riesgo». Incluso, añadió que «ofrece poca duda» que la mejor forma de que el CGPJ «refleje el pluralismo en el seno de la sociedad y muy en especial del Poder Judicial» es que los jueces puedan elegir a 12 de los 20 vocales que componen este órgano. La ministra defiende ahora lo contrario que Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la asociación a la que ella pertenecía hasta entrar en política y que ya en 2017 firmó un manifiesto con APM, AJFV y FJI por el que todas ellas coincidían en que modificar el sistema actual era «básico, necesario e ineludible». Ayer JJpD volvía a exigir un «acuerdo inmediato» de los partidos para desbloquear el Consejo con el mismo modelo que defiende Llop y que, sólo después, «se puede avanzar en el estudio» de otro nuevo desde «el «sosiego y el consenso». Hasta las instituciones de la Unión Europea llevan años reclamando un cambio de modelo para que los jueces españoles puedan elegir al menos a la mitad del CGPJ. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, volvió a insistir hace escasas semanas, cuando solicitó a España un «compromiso serio e irrevocable» para modificar de una vez el sistema «magnífico» al que se aferran ahora Llop, el PSOE y sus socios de Unidas Podemos. El presidente del PP, Pablo Casado, insistió ayer en Pamplona en su «firme disposición» a renovar el CGPJ siempre que Sánchez acceda a «modificar la ley», informa Servimedia. ABC publicó ayer una propuesta que trasladó la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) a socialistas y populares en 2018, con un sistema que aboga por el sufragio universal de los jueces para la elección de doce de los veinte vocales. Enrique López, responsable de Justicia del PP, lo valoró como «una opción» en RNE, pero recalcó que lo importante es que los vocales judiciales sean designados por jueces directamente. Fuentes del PP consultadas por este diario sostienen que el refuerzo de la independencia judicial es una bandera de Casado. Inés Arrimadas, líder de Cs, reivindicó que ellos llevan años defendiendo un sistema como el de AJFV y que han visto cómo se han opuesto tanto el PP, cuando gobernaba Mariano Rajoy, como el PSOE. Muy crítica con el reparto de otros órganos como el Tribunal Constitucional, Arrimadas envió a Sánchez y a Casado sendas cartas para que ahora que han descubierto que disponen de «una amplia mayoría» –dijo con ironía–, la utilicen para pactos de Estado. A la Justicia europea Entretanto, seis magistrados de la AJFV –avalados por ésta en 2018 como candidatos al CGPJ– han presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por el bloqueo de casi tres años en la renovación del Consejo. Esta decisión se produce tras rechazar el Constitucional el recurso que presentaron para que el órgano de garantías se pronunciara sobre la inactividad del Congreso y Senado respecto a su obligación de convocar sendas votaciones para renovar el CGPJ. El TC no entró en el fondo del asunto y se limitó a desestimarlo por estar fuera de plazo. Ahora, con el acuerdo PSOE-PP para renovar el Constitucional, la asociación se teme un nuevo reparto del CGPJ supeditado a los intereses de ambos partidos. A juicio del portavoz de AJFV, Jorge Fernández Vaquero, para desbloquear y despolitizar la Justicia «es imprescindible reformar la elección de los vocales judiciales, como nos exige Europa».De España https://ift.tt/3bqdqAJ
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