
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró el estado de alarma de marzo de 2020 sin contar con el respaldo de la Abogacía del Estado. En una respuesta remitida al Consejo de Transparencia, el Ministerio de la Presidencia revela que en el expediente de aquel decreto «no figuran informes evacuados por órganos consultivos del Gobierno ni por la Abogacía del Estado». Según La Moncloa, el Ejecutivo actuó sin la orientación del cuerpo jurídico del Estado porque «al tratarse de reales decretos que excepcionalmente declaran el estado de alarma» no resulta aplicable el procedimiento para la elaboración de leyes previsto en la Ley del Gobierno. «Se trata de una competencia atribuida al Gobierno en su condición de órgano constitucional, no de...
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