El zarpazo que ha supuesto la pandemia de coronavirus sobre las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid ha puesto contra las cuerdas la acción del Gobierno regional, y provocado una crisis que agrieta de nuevo la endeble estabilidad del Ejecutivo de coalición. El cumplimiento de una orden ministerial para incrementar la acción sanitaria en las residencias se ha concretado en Madrid en un mando único sanitario que se ha interpretado como la desautorización del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs) por parte de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso (PP). Reyero, no obstante, esquiva la polémica y asegura que apoya el mando único. No obstante, recuerda que lleva semanas pidiendo medidas y la ayuda explícita del Ejército en las residencias: hasta lo solicitó por carta al vicepresidente Pablo Iglesias el pasado sábado. Reunión El anuncio de Díaz Ayuso de poner en marcha un plan de choque y dar el mando sobre la actuación sanitaria en residencias a la consejería de Sanidad vino después de que desde el departamento de Reyero se dieran a conocer datos sobre fallecidos en residencias de mayores este mes: 1.065 personas, aunque no se especifica cuántas de ellas lo fueron a consecuencia del coronavirus por no contar con test. Por la mañana, hubo una reunión de la presidenta, el vicepresidente Aguado y los consejeros afectados, además del alcalde José Luis Martínez-Almeida, para coordinar el plan de choque. Pero en ese encuentro, explican fuentes conocedoras de la reunión, «no se habló de ningún mando único». Sí de cumplir con la orden ministerial publicada en el BOE del martes, que faculta a la autoridad autonómica a intervenir las residencias, tanto si son públicas como privadas. Y también les permite ordenar el alta, baja, traslado o reubicación de los residentes. Incluso les abre la posibilidad de utilizarlos como espacios sanitarios. Tras la disposición que establece el mando único, Reyero negaba sentirse desautorizado, y aseguraba que mantenía todas sus competencias, a la vez que insistía en que las residencias son asistenciales, no un hospital. Pero rechazaba entrar en polémica: «No es momento de hablar de descoordinación, sino de apoyarse entre todos», señalaba en TVE. La diputada socialista Puri Causapié recordaba a ABC su exigencia de «medidas en las residencias en una situación de emergencia sanitaria» como la actual, y lamentaba que el Gobierno se pierda «en batallas políticas». Pablo Gómez Perpinyá, portavoz de Más Madrid, ha pedido a la Fiscalía que investigue porque en estos centros pueden haberse dado, a su juicio, delitos de «homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y lesiones». Por su parte, desde la patronal de residencias se tachaban de «cobardes» las instrucciones de la autoridad sanitaria que limitan la derivación a los hospitales de mayores con problemas de plurienfermedades o con deterioro congnitivo.De España https://ift.tt/3bqoqvE
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