La crisis sanitaria del coronavirus ha puesto de manifiesto las escasas competencias que el PSOE le cedió a Unidas Podemos (UP), con la salvedad de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pieza clave para UP que ayer impuso su criterio al de Nadia Calviño. Con la aplicación del estado de alarma y la creación de un mando único, liderado únicamente por nombres propios socialistas, se redujo un poco más la capacidad de gestión de los ministros de UP. Sin embargo, a pesar de esta realidad, Pablo Iglesias está tratando de imponer en las deliberaciones de La Moncloa medidas del programa económico de Podemos. Como explicó ABC la semana pasada, Pedro Sánchez tiene que enfrentarse a la presión ideológica de UP, que, sabedores de que no forman parte del equipo de control de la crisis sanitaria, recalcan con intensidad cuál es el papel de Iglesias y de sus cuatro ministros en el Gobierno. No quieren dar la imagen de fuerza subalterna que sus críticos les reprochan. «Hemos aprobado nuevas medidas para proteger a la gente trabajadora de la crisis del coronavirus», escribió ayer Iglesias en Twitter, después de la rueda de prensa telemática posterior el Consejo de Ministros extraordinario. Su mensaje lo acompañó del vídeo en el que Yolanda Díaz explica desde La Moncloa que el Gobierno de coalición «prohibirá los despidos durante la crisis sanitaria» y la extinción de los contratos temporales por causas relacionadas con el Covid-19, así como facilitará los ERTE. Una victoria de Iglesias frente a Calviño, que hasta ahora salía vencedora en este particular duelo. La decisión se tomó tras un tenso debate contra el criterio de la vicepresidenta económica, que advertía de los riesgos para las pequeñas y medianas empresas. Por ello, decidió finalmente que la medida se complementaría con ayudas para no asfixiar a las pymes. El impacto que está teniendo la crisis sanitaria en la economía convierte a la ministra de Trabajo en una de las protagonistas del Gobierno por la necesidad de legislar en materia laboral con miles de empresas bajando la persiana hasta nuevo aviso. Fuentes de la Vicepresidencia segunda explicaron a ABC que fueron ella y el vicepresidente segundo quienes más apretaron hasta conseguir aprobar determinadas medidas sociales y económicas (como la moratoria en el pago de las hipotecas o la intervención de los ERTE para agilizar el proceso) en el decreto-ley de la semana pasada. Eso sí, varias voces de UP apuntan además al papel activo del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, al que describen como un aliado en las reuniones del gabinete. La crisis sanitaria se ha convertido en el caldo de cultivo óptimo para que el Gobierno acceda a estudiar y aplicar propuestas económicas de Unidad Podemos. Desde el PSOE y UP admiten que existe fricción en algunos planteamientos, pero Sánchez sabe también que el Gobierno no puede permitirse más episodios de falta de cohesión, sobre todo en la que es sin duda la prueba determinante de una legislatura que ha saltado por los aires. Cierre total, «si empeora» El portavoz en el Congreso de UP, Pablo Echenique, defendió la gestión del Gobierno en el debate para prorrogar el estado de alarma que se celebró el jueves de madrugada en el Congreso. Aunque advirtió de que «si el escenario va a peor», el Gobierno tiene que valorar «mayores niveles de restricción». Endurecer el estado de alarma es un extremo que el vicepresidente segundo ya demandó al presidente en varias ocasiones durante las últimas semanas. UP cuenta incluso con el apoyo de todos los socios de investidura de Sánchez. No obstante, por el momento, Iglesias ha decidido dejar de presionar en ese sentido para centrarse en demandar más medidas económicas. Si el presidente concede algunos logros en pro de la armonía, en UP levantan el pie del acelerador. «Coordinación», lo llaman. Por ejemplo, Escrivá ya anunció esta semana que el Gobierno estudia aprobar una renta mínima para personas «con bajos ingresos o que hayan visto sus rentas reducidas por la crisis del coronavirus». Se trata de una medida exigida por Iglesias que Sánchez había accedido a introducir en el documento programático de la coalición, pero ahora su aplicación se acelera de forma «excepcional» por la colisión del Covid-19. Otro ejemplo: tras la presión de Iglesias y Díaz, el Gobierno estudia la condonación del pago de los alquileres. Una decisión que podría servir de precedente a UP para exigir después intervenir en el mercado del alquiler, propuesta que el PSOE siempre vetó. Con bastante probabilidad, consideran desde el entorno de Iglesias, la renta mínima se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, aunque la condonación del pago de los alquileres tendrá que esperar. Iglesias y Díaz habían pedido que se introdujera en el paquete económico aprobado con el decreto-ley la semana pasada, pero Calviño pidió más tiempo para analizarlo. Aún sin fecha conocida. La ministra de Igualdad, Irene Montero, admitió el miércoles que falta consenso en el debate para aprobar ayudas para los arrendadores y explicó que en el gabinete están intentando «una propuesta lo más cercana posible a los ciudadanos afectados». Por su parte, fuentes gubernamentales señalan que «ha habido bastantes avances» y se espera que se sigan aprobando medidas sociales en las próximas semanas. Mientras tanto, el vicepresidente segundo coordina todos los servicios sociales del Estado. Aunque bajo la tutela de los ministros de Defensa y Sanidad, Margarita Robles y Salvador Illa, que forman parte del mando único nombrado por el presidente. De los 200.000 millones de euros aprobados por el Gobierno, Iglesias dispone de un Fondo Social Extraordinario de 300 millones de euros para reforzar la atención social a colectivos vulnerables. Agendas casi vacías Tras dar positivo en coronavirus, la ministra de Igualdad trabajó desde casa los últimos 14 días. Anunció esta semana, en colaboración con Trabajo, un subsidio de desempleo para personas trabajadoras del hogar «que hubieran dejado de prestar servicios como consecuencia de la crisis sanitaria» y antes de su cuarentena trabajó en un plan para proteger a las mujeres maltratadas durante el confinamiento. Por su parte, los ministros de Consumo, Alberto Garzón, y de Universidades, Manuel Castells, apenas han tenido actividad, según la agenda enviada por La Moncloa.De España https://ift.tt/3dK8yGu
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