La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a cuatro años de cárcel, seis de inhabilitación, costas y multa de 36.000 euros al líder de la mafia georgiana «Kutaiskaya», Tariel Oniani, por asociación ilícita para el blanqueo de capitales, el único delito para el que las autoridades rusas autorizaron el enjuiciamiento cuando lo extraditaron a España en octubre del año pasado. La sentencia, a la que tuvo acceso ABC, da por acreditado que Oniani era, al menos entre 2000 y 2005, el «más alto dirigente de una organización criminal georgiana llamada Kutaiskaya» en la que «alcanzó la categoría de ladrón en ley», el máximo escalafón en este tipo de redes mafiosas. Concluye que dicha organización se estableció en España «con la finalidad de lavar dinero procedente de sus otras actividades delictivas ejecutadas en varios países europeos y también en Estados Unidos» y «para llevar a cabo el blanqueo, contó con la colaboración de otros miembros de la organización subordinados a su persona —muchos ya juzgados y condenados con sentencia firme— y con un entramado de varias sociedades». El fallo, del que ha sido ponente la magistrada Maria Riera, es resultado del juicio celebrado en febrero, 15 años después de aquella madrugada en que las fuerzas policiales explotaron la 'Operación Avispa' y fueron a detenerle al palacete de Barcelona donde residía. Allí sólo encontraron a su hija, menor de edad, y a su cuidadora. Había escapado por los pelos, conforme se sabría después, gracias a un chivatazo. Desde entonces, España ha estado pidiendo su entrega, que se acordó finalmente en abril del año pasado, cuando terminó de cumplir una condena de 10 años en Rusia. Finalmente, llegó en octubre y fue enviado a una prisión en Pontevedra , desde donde fue trasladado entre fuertes medidas de seguridad para comparecer el pasado 11 de febrero en la Audiencia Nacional. Tras una mampara y en pie sesión tras sesión, insistió en negar la mayor. Ni él era un ladrón en ley ni esta figura existe, como tampoco la Kutaiskaya: «todo es un mito» . De poco le sirvió, a la luz de la sentencia, pues ya hay jurisprudencia al respecto. El año pasado, la Audiencia Nacional condenó a varios de sus subalternos, que reconocieron la Kutaiskaya y su participación en un pronunciamiento que ya es firme. Además, el Tribunal Supremo dio por acreditado al ratificar las condenas de los también ladrones en ley Zakhar Kalashov (en 2011) y Kakhaber Pavlovich Shusanashvili (en 2017) la existencia de este tipo de organizaciones criminales y el rol de sus máximos dirigentes. En el caso de Oniani, georgiano devenido en apátrida, no se le ha podido juzgar por blanqueo porque Rusia no lo autorizó en su extradición, aunque la Sala analizó prueba al respecto dado que la asociación ilícita de la que venía siendo acusado lo era para lavar dinero. La sentencia recoge que no teniendo ingresos ni actividad, acabó comprando con sociedades de las que en realidad era el titular una vivienda valorada en más de 4 millones de euros. El quinto, pendiente de Rusia Con la condena a Oniani, se pasa otra página en la lucha en España contra el crimen organizado originario del Este. De los cinco ladrones en ley objetivo de la justicia, tres han sido ya condenados, -Kalashov, Vitali Izgilov, alias «La Fiera» y el propio Oniani; un cuarto fue extraditado a Georgia y sólo queda otro que aún no ha rendido cuentas en España. Se trata de Vladimir Tiourine, tiene dos causas abiertas en la Audiencia Nacional y es escurridizo. Tras esquivar una detención en Milán, fue localizado en 2010 en Mongolia pero acabó en libertad por problemas en su identificación. Tres años después recibió por fin el alto de las autoridades rusas, pero lejos de entregarle, ordenaron arresto domiciliario y después, siendo kazajo por elección, le concedieron la nacionalidad, por lo que devino en persona no extraditable. Por ello, el Juzgado Central de Instrucción 4 transfirió en 2015 a Rusia el procedimiento a fin de que pudiera ser procesado allí. Cuatro años después, no hay noticias. El pasado 5 de marzo, el juez José Luis Calama, a instancias de Anticorrupción, pidió explicaciones: Una comisión rotatoria emplaza a la fiscalía rusa a informar de la investigación que haya seguido contra él, recordándole su vinculación al Convenio de la ONU contra la Delincuencia Organizada del que ambos países son parte.De España https://ift.tt/39AYxIa
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