El Reglamento Penitenciario no lo contempla, pero la Generalitat busca artimañas para que los líderes del «procés» encarcelados pasen el confinamiento en sus casas aunque no hayan sido clasificados todavía en tercer grado (semilibertad). La consejera de Justicia, Ester Capella, ya ha ordenado a las juntas de tratamiento de las prisiones buscar resquicios en la ley para que los presos que disfrutan de la flexibilización de su estancia carcelaria gracias al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario -como es el caso de los nueve presos independentistas- puedan dormir en sus domicilios para prevenir contagios de coronavirus. La Consejería de Justicia hizo ayer este anuncio pese a que mientras dure el estado de alarma la política penitenciaria es competencia del Ministerio del Interior. Y también a pesar de la existencia de un gran escollo legal para poder aplicar esta medida: el reglamento permite el confinamiento domiciliario de los presos en tercer grado (en semilibertad) pero no de los que están en segundo grado (régimen ordinario) y disfrutan del 100.2. En el caso de estos últimos, igual que en los que están en tercer grado, la crisis del coronavirus obligó a suspender sus salidas de prisión para trabajar, hacer voluntariados o cuidar de familiares. Delito de prevaricación El Tribunal Supremo, que todavía no ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el régimen penitenciario de los presos, ha reaccionado de inmediato ante el anuncio de la Generalitat. Sin esperar a que el Govern pusiese en práctica esa medida, ayer mismo el Alto Tribunal advirtió de que si las juntas de tratamiento deciden liberarlos podrían incurrir en responsabilidades penales. Si la Generalitat adoptase esa decisión, el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, que juzgó la causa del «procés», se dirigirá a cada una de esas juntas y al director del respectivo centro penitenciario para que expliquen el fundamento jurídico que justifica esa decisión e identifiquen a los funcionarios responsables. Y es que podrían enfrentarse, según fuentes del Supremo, a un delito de prevaricación. Las directrices que dio el Ministerio de Interior para frenar la pandemia en las cárceles tampoco parece que den cobertura a esta pretensión de la Generalitat, por mucho que lo dijera ayer la portavoz del Govern, Meritxell Budó. La Consejería de Justicia se escuda en esta crisis sanitaria «sin precedentes» para intentar llevar a cabo una medida que reconocen como «inédita» y «excepcional». Según la consejera, se aplicaría solo a los internos con bajo nivel de reincidencia y con domicilio fijo; supuestos en los que, evidentemente, se encuentran los nueve presos a los que el Supremo condenó por sedición. Intentar que los internos a los que se aplica el 100.2 pasen en casa el confinamiento es un paso más dentro de las gestiones de la Consejería para «esponjar» las prisiones catalanas, donde se han registrado nueve positivos de internos -otros 34 están el observación- y veinte de funcionarios. Antes, las cárceles ya enviaron a confinarse en casa al 69 % de los presos de tercer grado. Sin embargo para la Generalitat esto no es suficiente y dicen que para prevenir contagios necesitan «menos gente en las cárceles». Por eso han tomado otras decisiones como clasificar en tercer grado a 56 internos de segundo que disfrutaban de salidas para trabajar gracias al 100.2. Así consiguieron que se confinaran en sus domicilios. A fecha de ayer, quedaban 101 presos en las cárceles catalanas de segundo grado a los que se aplicaba el 100.2. Entre ellos, los nueve presos independentistas. Sobre cada uno de ellos se pronunciará a lo largo de la semana las juntas de tratamiento de las tres cárceles donde cumplen condena los líderes del «procés», para intentar que duerman en su casa durante el estado de alarma. La aplicación sería inmediata pero los jueces de vigilancia penitenciaria pueden tumbar la medida con posterioridad.De España https://ift.tt/3bDLTJW
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