Despachos de abogados, asociaciones y gremios se organizan estos días para litigar contra la gestión pública y privada de la emergencia sanitaria, así como reclamar por sus consecuencias. Con los plazos de instrucción en suspenso y la entrada de escritos restringida a los asuntos de más urgencia, los jueces sólo resuelven sobre aquello que implica adoptar medidas cautelares. Será con la vuelta a la normalidad cuando comience, así, la última batalla contra el coronavirus. La puerta de lo penal Uno de los asuntos más delicados está en manos de Fiscalía, que investiga la gestión de la pandemia en residencias de la tercera edad y ha puesto al frente al fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz. Eso a nivel nacional, pues las fiscalías provinciales de Madrid y Cataluña tienen sus propias diligencias abiertas por las muertes en geriátricos, si bien aún no se han judicializado. Sí está en manos de un juez el caso de un centro en Adrada de Haza (Burgos) por posible responsabilidad penal en la falta de personal y medios para atender a medio centenar de residentes. Por otra parte, el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid ha admitido una denuncia por prevaricación y/o lesiones por imprudencia contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no prohibir las concentraciones masivas en la región pese al avance del Covid-19. Fiscalía no se ha pronunciado y la decisión, no siendo urgente, queda en un impás en tanto se levanta el estado de alerta, pero la vía penal está ya abierta. El mismo denunciante se ha dirigido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los mismos hechos ante el Tribunal Supremo, donde no hay urgencia por resolver si se admite a trámite o se rechaza. Distintos penalistas consultados por ABC cuestionan la viabilidad de la iniciativa por la dificultad de probar que se conocía una alerta específica y fue obviada. Lo Social y lo Contencioso Caso distinto es el de las reclamaciones por las vías de lo Social y lo Contencioso. Las impulsadas se centran en el incumplimiento por parte de los empleadores, en este caso, administraciones públicas, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Aquí, cuando concurre petición de medidas cautelares los jueces están resolviendo, si bien no siempre en el mismo sentido. Así, los Juzgados de lo Social 31 y 13 de Madrid han impuesto a la Consejería de Sanidad madrileña y al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado, respectivamente, que provean de material de protección a su personal en activo. En este último caso, la propia Fiscalía ha recurrido, pues entiende que la juez no tiene competencias y corresponde a la Audiencia Nacional. Precisamente, su Sala de lo Social tiene una petición similar dirigida contra el Ministerio de Justicia elevada por STAJ, el sindicato de trabajadores del ramo, y aún no ha dirimido si es competente para analizarlo, de acuerdo a las fuentes consultadas por este diario. Sí ha hablado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por auto de la Sección Quinta de lo Social: obliga a la Secretaría de Estado de Seguridad a equipar a los policías , como reclamaba el sindicato Jupol, aunque no fija plazo límite para hacerlo. En el lado opuesto, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo rechazó una petición similar de los sindicatos de médicos contra el Ministerio de Sanidad porque consideró que no se daban los requisitos para imponer la cautelarísima, que se adopta sin escuchar al denunciado. La Inspección de Trabajo Entretanto, organizaciones de policías y guardias civiles -Sup, Augc, Jupol y Jucil- han acudido a la Inspección de Trabajo para denunciar a la Secretaría de Estado de Seguridad por el impacto de la falta de protección en sus condiciones laborales. Es la vía administrativa y, una vez agotada, permite el salto también a los tribunales. Por su parte, CSIF ha pedido amparo al Defensor del Pueblo para sus funcionarios de prisiones y no descarta acudir igualmente a la justicia. En esto están también diversas plataformas nacidas al abrigo de la crisis. La que dirige el abogado Juan Carlos Navarro en Valencia presta apoyo y orientación, tal y como explica en conversación con ABC. Al igual que la gestionada por el despacho Lex Nova, recopila información y pruebas por si llega el momento de dar el paso, ya sea por un asociado o de forma colectiva. Constan, además, asociaciones de consumidores como Facua, que se centran en los abusos al hilo de la emergencia y van registrando los casos. Con los plazos congelados, la batalla jurídica tendrá que esperar.De España https://ift.tt/33XFqqB
0 comentarios:
Publicar un comentario