Las investigaciones judiciales sobre la exalcaldesa de Valdemorillo van más allá de la posible contaminación por los 800 kilos de pilas enterrados en un espacio protegido en la Red Natura 2000. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Lorenzo de El Escorial también sigue a Gema González, del partido local Progresistas de Valdemorillo, por un presunto delito de prevaricación administrativa. Tanto ella como el que fuera su edil de Hacienda, Luis Entero, están denunciados por vulnerar, supuestamente, la ley de contratos en la adjudicación para la limpieza de la zona donde se encontraron las baterías. Las presuntas irregularidades ya fueron advertidas el 29 de junio del año pasado por la propia Intervención del Ayuntamiento de Valdemorillo, que consideró que la contratación de este servicio, dividido en tres lotes y entregado a tres empresas por un total de 193.600 euros, no se ajustó a la ley. «No se está siguiendo el procedimiento legalmente establecido, al no permitirse la pública concurrencia, de modo que no se conoce si realmente los precios facturas son acorde [sic] a mercado», señaló el interventor municipal. Las indicaciones del informe remitían a la aprobación de gasto que el Gobierno de Progresistas de Valdemorillo –alegando «extrema urgencia y emergencia»– hizo el día 18 del mismo mes para afrontar la obligación de actuar en el punto limpio de la dehesa de la localidad, atestado de podas y otros residuos prohibidos. Este trabajo, abordado tras la denuncia de Cs –entonces en la oposición y ahora al frente del Consistorio–, se encargó a Agrocarburos S.L. (58.055,80 euros); Agrotabaco S.L. (58.055,80) y Trabajos Forestales Domínguez S.L. (77.488,40). La antigua alcaldesa, a pesar de las indicaciones, levantó el reparo y adjudicó los 193.600 euros con el argumento de que el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid había avisado de que había un alto riesgo de incendio en esta zona protegida. Como informó ABC, tras limpiar y precintar la dehesa, se hallaron hasta 800 kilos de pilas enterradas, oxidadas y sulfatando, susceptibles de contaminar el subsuelo. González, preguntada ayer en el Pleno por su implicación en esta problemática, negó tener constancia de ello o cualquier tipo de responsabilidad. La investigación judicial se centra de momento en recabar toda la documentación sobre el caso, como refleja un auto del pasado día 5, solicitando información al Ayuntamiento. La denuncia de Cs defiende que podría haberse incurrido en un fraccionamiento de contratos, ya que Agrocarburos y Agrotabaco comparten sede social y, además, constan diferentes facturas para un mismo servicio.De España https://ift.tt/37r2f7j
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