jueves, 28 de noviembre de 2019

Cerremos la comisión-circo sobre Avalmadrid

Desde el Grupo Parlamentario Popular teníamos dudas razonables sobre la viabilidad jurídica de la Comisión de Investigación sobre Avalmadrid, ya que, a pesar de la idea que se ha extendido, Avalmadrid no es una empresa pública, ni pertenece al sector público autonómico. Es una entidad financiera con forma de Sociedad de Garantía Recíproca, que forma parte del sector privado. La Comunidad de Madrid es uno de los 11.000 socios de la sociedad, ostentando tan solo el 26 % de su capital, y cuyo control, supervisión e inspección le corresponde al Banco de España, sin que las Comunidades Autónomas tengan atribuida ninguna competencia al respecto. Por todo ello, desde el Grupo Popular solicitamos a la Mesa de la Asamblea que encargase un informe a los Servicios Jurídicos de la Cámara, para despejar las dudas sobre la competencia y límites bajo los que debería funcionar la Comisión sobre Avalmadrid. Sin embargo, en la Mesa no obtuvimos el apoyo necesario para que hubiese un informe que contribuyera a despejar las dudas existentes. El motivo por el cual se rechazó el informe es muy sencillo. La Comisión tenía nombre y apellidos, el de Isabel Díaz Ayuso, y algunos no podían permitir que cuestiones jurídicas, les estropease la cacería personal que se pretendía iniciar. La izquierda «recurrió al ataque personal, recurriendo, en este caso además, a lo más ruin: atacar por la vía familiar» A Isabel Díaz Ayuso, no le perdonó la izquierda que fuese capaz de articular una mayoría de centro derecha que les impidiese gobernar la Comunidad de Madrid. Y como suele hacer la izquierda, en vez de intentar ganar a sus contrincantes en términos políticos, recurrió al ataque personal, recurriendo, en este caso además, a lo más ruin: atacar por la vía familiar. Acusaron a Isabel Díaz Ayuso de tráfico de influencias, de alzamiento de bienes, administración desleal y perjuicio patrimonial a la sociedad Avalmadrid. Como la comisión de investigación no era suficiente para la campaña de desprestigio, D. Iñigo Errejón, dentro de su conocida «por frenética» actividad en la Asamblea, decidió poner la guinda de la campaña con una denuncia ante la Fiscalía anticorrupción. La Fiscalía ya ha resuelto y ha dicho que no hay nada. No hay tráfico de influencias porque Isabel Díaz Ayuso no era cargo público ni diputada en el momento de la concesión del aval a la empresa de la que el padre era socio, ni de los datos aportados se puede considerar que ejerciese «presión o sugestión» para influir en la decisión de Avalmadrid. No hay alzamiento de bienes, no hay administración desleal, ni tampoco perjuicio patrimonial. «La Fiscalía ya ha resuelto y ha dicho que no hay nada» Así las cosas, a la izquierda se le ha caído el pilar fundamental sobre el que quería articular el desarrollo de la comisión de investigación sobre Avalmadrid. Sólo por este motivo, se debería plantear el cierre de la comisión. Pero no solo por eso, sino para evitar un circo mediático que no aporta nada. Se ha pedido la comparecencia de staff, directivos y consejeros de Avalmadrid, de auditores y consultores, de inspectores o responsables del Banco de España, e incluso de administradores de pequeñas empresas que resultaron beneficiarios de avales de Avalmadrid. Se les va a preguntar por datos económicos, situaciones personales, operaciones financieras y bancarias y datos que forman parte de la esfera que se conoce como «intimidad económica», que junto a la intimidad personal, el derecho al honor y a la imagen, goza de especial protección. Incluso las comisiones de investigación tienen que respetar el secreto profesional. Todos los comparecientes están afectados por este marco, ya que tanto la normativa de sociedades de capital, la de sociedades de garantía recíproca, de auditoría y la del Banco de España, establecen el deber de reserva o secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que hayan tenido acceso en el desempeño de su cargo. Estigmatización de personas Es decir, que vamos a tener un desfile de personas, mas de cuarenta, simplemente a mayor gloria de la afición de la izquierda por la estigmatización de personas o entidades, pero que no va aportar nada útil, ya que los comparecientes se tendrán que acoger, como no puede ser de otra manera, para proteger derechos de terceros, al secreto profesional. La comisión de investigación solo va a ser un despilfarro de tiempo y recursos del parlamento que se podían dedicar a debatir asuntos más útiles y necesarios para los madrileños, como la creación de una comisión sobre natalidad, debatir las inversiones del Estado, la libertad educativa, el sistema de financiación… Es una pena que esta comisión para lo único que sirva sea para desprestigiar a una entidad privada como Avalmadrid, enormemente valorada en su sector y que desde el año 2007 ha concedido mas de 22.000 avales y ha permitido, por ejemplo, la creación de mas de 5.639 empresas y miles de nuevos empleos. Todo es un sinsentido. Cerremos la Comisión sobre Avalmadrid.

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