España «desaparece» del borrador del Estatuto vasco

Han pasado algo más de 14 meses desde que se encomendó a los expertos propuestos por los partidos vascos la redacción de un texto articulado de nuevo estatus. Pronto certificaron que las diferencias que mantenían en aspectos nucleares eran insalvables, lo que provocó que la comisión se fraccionara. Fuentes cercanas a la negociación confirmaron que, debido a la falta de consenso, el próximo lunes se registrarán en el Parlamento autonómico tres propuestas diferentes: una de EH Bildu, otra del PP y una tercera del PNV con el apoyo parcial de Elkarrekin Podemos y PSE. Aunque el texto que presentará el PNV de la mano de Mikel Legarda estará «lleno de votos particulares», hay muchos puntos en los que PSE y Podemos se muestran de acuerdo. La formación morada, por ejemplo, avala incluir como disposición adicional el derecho a decidir, la «patata caliente» del borrador del futuro Estatuto vasco. Ese entendimiento quedó reflejado en la sesión plenaria de este jueves, en la que Podemos se abstuvo ante una iniciativa de PNV y Bildu en favor de la autodeterminación. La parlamentaria Pili Zabala, de hecho, votó a favor de la misma. El experto que propusieron los socialistas, el independiente Alerto López Basaguren, ha defendido durante la comisión un texto que se ajuste al marco de la legalidad vigente. Sin embargo, voces autorizadas señalan que finalmente se han realizado «concesiones que son totalmente inconstitucionales». Entre ellas, la del llamado «Concierto Político», que alumbra una relación de «bilateralidad» entre el País Vasco y España y la posibilidad de que la Comunidad Autónoma obtenga una capacidad total de autogobierno. «El Estado desaparece», sentencian estas fuentes, que inciden en que el texto que propone el PNV reserva para la administración autonómica un control absoluto, desde la gestión de los puertos y los aeropuertos hasta las competencias en relaciones exteriores. Los nacionalistas vascos han reiterado en las últimas jornadas su intención de controlar también el régimen económico de la Seguridad Social, así como los centros penitenciarios. El objetivo es crear una conciencia y una «identidad nacional» que precisa también de la «euskaldunización» de la sociedad vasca. «Para ser notario, registrador de la propiedad, magistrado, fiscal, profesor en cualquier colegio, tendrás que saber euskera», apuntan desde el Parlamento. Y eso significa que «solo los que viven en el País Vasco tendrán acceso a los puestos públicos», lo que generará «una auténtica barrea lingüística». Consulta habilitante Difícil encaje legal tiene un texto de estas características, sostienen fuentes jurídicas. Dee hecho, el Tribunal Constitucional (TC) ya tumbó en 2010 el Estatuto de Cataluña por su marcado acento nacionalista, una situación excepcional que podría repetirse en caso de que prospere la nueva norma vasca. Antes incluso de trasladar a las Cortes Generales el texto estatutario, los nacionalistas vascos pretenden blindarlo mediante la celebración de una consulta «habilitante, no vinculante», que podría ser utilizada como medida de presión contra el Estado. «Si luego el Estatuto es paralizado en Madrid, dirán que la pérfida España no acepta la voluntad de la ciudadanía», dicen desde el Parlamento.

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