Las 52 sesiones del juicio a los líderes del «procés» no fugados de la Justicia, celebradas en el Tribunal Supremo entre el 12 de febrero y el 12 de junio de este año, han supuesto un coste total de 71.178,77 euros a las arcas públicas de la Generalitat de Cataluña. Este es el monto total de los gastos de las distintas comitivas de los miembros del gobierno catalán (presidente, vicepresidente, consejeros, secretarios generales, secretarios de departamento, directores generales, delegados territoriales...) que en los cuatro meses que duró el juicio acudieron a Madrid para seguir «in situ» unas sesiones que la televisión pública de la Generalitat retransmitió al completo y en directo. El viaje de mayor coste fue el encabezado por el presidente autonómico, Quim Torra, para asistir a la sesión inaugural del juicio y que desplazó a Madrid, entre el 11 y el 13 de febrero, además de a Torra a otras quince personas: al director de la Oficina del Presidente, al asesor en Políticas Estratégicas, al jefe del Gabinete de Comunicación, al director del Gabinete de Relaciones Externas y Protocolo, la adjunta al Gabinete de Comunicación, a un técnico de protocolo, al fotógrado oficial de la Presidencia de la Generalitat y a ocho escoltas de los Mossos d’Esquadra. En total, 11.167,72 euros, para los tres días, en hoteles, transporte y «otros gastos», que no se especifican en la información oficial a la que ha tenido acceso ABC, a través de la Consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia del propio gobierno catalán. Torra también protagoniza los siguientes desplazamientos de más coste, el de su presencia en la última sesión del juicio, 4.482,59 euros; y el que tuvo lugar los días 25 y 26 de febrero, 4.040,70 euros. Para el de la sesión 52 del juicio se rodeó de ocho personas y, según la información oficial, ninguna formaba parte de los escoltas. Para el siguiente incluyó personal de su Gabinete y seis escoltas. En total, que Torra haya acudido a las distintas sesiones de la fase oral del juicio en el Supremo -cuatro desplazamientos a Madrid- ha supuesto un dispendio público de 22.236,9 euros. Otros miembros del Consejo Ejecutivo de Torra también acudieron al Supremo con una considerable comitiva y gastos que suman varios miles de euros. El viaje de Damià Calvet, consejero de Territorio y Sostenibilidad, entre el 18 y el 20 de febrero, supuso un gasto de 3.749,39 euros (consejero, jefes de Protocolo, de Prensa, de Secretaría y escolta). Y Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat, que tiró de las cuentas de la Generalitat para gastar 3.086,54 euros en dos viajes seguidos: uno, el 12 de febrero; y el otro, el 14 del mismo mes. En los dos días le acompañaron el coordinador de la Oficina del Vicepresidente, la asesora en Difusión Institucional y escoltas (sin concretar su número). Por el edificio del Supremo también pasaron Meritxell Budó (1.205,52 euros), Elsa Artadi (2.111,46 euros), Alfred Bosch (3.323,19 euros), Teresa Jordà (2.424,3 euros), Laura Borràs (898,44 euros), Josep Bargalló (608,7 euros), Maria Àngels Chacón (1.657,39 euros), Miquel Buch (3.257,82 euros), Ester Capella (6.003,5 euros, siendo el miembro del gobierno catalán que más veces se desplazó a Madrid, hasta en ocho ocasiones), Alba Vergès (2.419,48 euros), Mariàngela Vilallonga (629,87 euros) y Chakir El Homrani (2.048,76 euros), todos ellos consejeros autonómicos del gobierno de Torra en algún momento de los cuatro meses que duró la fase oral del juicio a los líderes del «procés», y con sus correspondientes comitivas y gastos pagados. Del actual Consejo Ejecutivo catalán tan solo Jordi Puigneró, por ser testigo en el proceso judicial, no asistió a ninguna de las sesiones del juicio en el Supremo. Más allá de los consejeros autonómicos, en el Supremo, a costa del erario público, también hicieron acto de presencia 37 altos cargos de la Generalitat de las distintas Consejerías, como los directores generales de Industria (Matilde Villarroya) y Turismo (Octavi Bono), el secretario de Difusión y Atención Ciudadana (Miquel Gamisans) y el director de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos (Adam Majó).De España https://ift.tt/2XXHHz1
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