El Gobierno aprovechó el estado de alarma para anular el Portal de Transparencia. Con el real decreto se paralizaron los plazos administrativos y además, el Ejecutivo se atribuyó la potestad de contestar o no a las cuestiones incómodas. Sin embargo, la normativa es aplicable a todo el país y hay regiones, como la Comunidad de Madrid, que también la aprovechan. «Se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público». Esta frase se puede leer en la sede digital del Portal de Transparencia madrileño, encuadrado en el gabinete de Ignacio Aguado, vicepresidente regional. Acto seguido se añade lo siguiente: «En cualquier caso y pese a la interrupción de los plazos, aquellas unidades que puedan compatibilizar la resolución de las solicitudes con la declaración del estado de alarma, irán dando cumplida contestación». Es decir, el ciudadano debe confiar en la buena fe de la Administración. Desde la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid sostienen que el Portal de Transparencia continúa operativo. Aseguran también que se está respondiendo a las peticiones, pese a las críticas de numerosos usuarios, que incluso han subido a las redes sociales documentos oficiales con los que el Ejecutivo madrileño, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, les responde que los plazos administrativos han quedado suspendidos con la alarma. En este punto surge la duda sobre si la Administración madrileña hace todo lo posible por responder a las dudas de los ciudadanos o si, en caso de que se trate de cuestiones incomodas, también aprovecha lo dispuesto en el estado de alarma. No cuadra Las suspicacias serían fáciles de atajar si la Comunidad hubiera dictado una orden especifica para aclarar este punto y asegurar que, pese a la suspensión de plazos establecida en el marco normativo nacional, iba a seguir respondiendo, al menos, a cuestiones relacionadas con la gestión de la pandemia por Covid-19. La otra «batalla» en materia de Transparencia es la publicación en la Plataforma de Contratación Pública de los distintos convenios y licitaciones que las Administraciones han suscrito a lo largo de estas semanas con proveedores de material sanitario. Antes de que el Ministerio de Sanidad hiciera públicos sus acuerdos -casi mil millones de euros- es cierto que el Gobierno de Ayuso ya había publicado algunos contratos, es el caso de respiradores o camas para atender a los enfermos de varios hospitales. Sin embargo, los acuerdos publicados por la Consejería de Sanidad (PP) y su cuantía no cuadran con las partidas presupuestarias reservadas para comprar material sanitario. A finales de marzo, el Consejo de Gobierno de la región aprobó destinar 23,3 millones de euros con esta misión. A día de hoy, los contratos ofrecidos en el Portal de Contratación de la Comunidad no se acercan a esa cifra. De hecho, entre los acuerdos volcados y relacionados con la crisis del virus, el más voluminosos es un gran contrato en tramitación por importe de más de 900.000 euros destinado a la compra de material sanitario para hacer frente a la pandemia de coronavirus.De España https://ift.tt/3bMirlm
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