El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que planteará al Congreso otra prórroga del estado de alarma y atajó, con sencilla naturalidad, que con toda probabilidad se extenderá hasta mayo y junio. Una dilatación de la que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya había venido advirtiendo. Así lo explicó el presidente mientras presentaba en Moncloa el plan de desescalada, que plantea un calendario mínimo de seis y máximo de ocho semanas, en cuatro fases, que irán acompañadas de las restricciones de movilidad relativas al confinamiento. El presidente no aclaró hasta cuándo se mantendrá la situación de excepcionalidad por la que el Gobierno dispone de plenos poderes. Ayer, preguntado específicamente sobre una fecha, habida cuenta de que en otros países sí disponen de un calendario más preciso, Sánchez se limitó a responder que pedirá a la Cámara Baja una nueva prórroga: «La mayor parte de países está planteando estados de alarma», dijo. A mediodía, el Gobierno anunció que el Comité Técnico de Gestión pasaba a convertirse en un comité para la desescalada donde Podemos y el núcleo duro de La Moncloa ganan peso y presencia. A los cuatro vicepresidentes; Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera, así como la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero; que se integraron en el comité el 16 de abril, se unen hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el director de gabinete de Presidencia, Iván Redondo; el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. También el director de gabinete del vicepresidente, Julio Rodríguez. Aunque no los del resto. Revela el músculo que Iglesias ha ganado desde que se inició la crisis sanitaria. Indignación en el PP La oposición y las comunidades autónomas conocieron el plan de deseslacada por los medios de comunicación, durante la comparecencia de Sánchez. Ya lo había advertido la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, que por la mañana aventuró en Canal Sur que se enterarían por televisión. También el PNV, socio de investidura, lamentó que no se cuente con las regiones lo suficiente. En el PP hay indignación por esta actitud del presidente del Gobierno, que deja al margen al principal partido de la oposición en todas las medidas que va tomando, mientras por otro lado proclama la necesidad de alcanzar un gran «pacto de Estado». La última vez que hablaron Casado y Sánchez fue el lunes 20 de abril. En aquella conversación acordaron impulsar una comisión parlamentaria para los acuerdos de «reconstrucción» o reactivación económica y social. Pero la realidad se impuso una vez más. La comunicación entre Moncloa y Génova no existe, y la confianza, tampoco. Casado se enteró también por la prensa el sábado pasado de los planes de Sánchez para iniciar la desescalada, y de su intención de aprobar el programa en el Consejo de Ministros de ayer. Entre el sábado y el martes no se produjo una sola llamada. «Así difícilmente se puede reclamar unidad», advirtió el líder del PP, quien también se enteró ayer por televisión de que Sánchez ya da por descontado que va a aprobar nuevas prórrogas del estado de alarma, aunque necesita los votos del PP. Para los populares es sencillamente «impresentable». Esa falta de información se extiende también a las comunidades autónomas. Ayer estaba convocado el Consejo Interterritorial de Salud para informar del desconfinamiento. Los consejeros esperaban que se les informara del plan antes de saberlo todo por los medios de comunicación, pero la reunión se fue posponiendo a lo largo del día, y al final, tras varios retrasos, se les citó a las 18 horas, justo la hora de la comparecencia de Sánchez. Fuentes territoriales del PP denunciaron que el presidente del Gobierno «lo contó antes a la prensa que el ministro Illa a los consejeros». «Es otra deslealtad a las comunidades», subrayaron. Mientras, ayer por la tarde el Congreso de los Diputados puso una primera piedra para la constitución de la comisión parlamentaria para la reconstrucción. La Mesa de la Cámara Baja aprobó por unanimidad, oída la Junta de Portavoces, la nueva comisión, que nace vacía de contenido, como publicó ayer ABC. El PP insiste en reclamar la presidencia, y propuso para ese puesto a Ana Pastor. Pero la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, pospuso esas conversaciones a la constitución de la comisión. El Gobierno vuelve a ganar tiempo y ve cómo el Congreso aprueba la propuesta registrada por el PSOE y Unidas Podemos sin ningún acuerdo aún entre los partidos. Nadie rechazó la creación de la comisión, pero Cs volvió a expresar su malestar con los plazos. De momento, los trabajos no comenzarán, al menos, hasta la semana que viene. Las formaciones disponen ahora hasta mañana a las 18 horas para comunicar quiénes la integrarán. El PP lamentó que el PSOE y Unidas Podemos decidieran registrar de manera unilateral, sin ningún tipo de diálogo, la propuesta de constitución. No es un buen inicio, según el PP, pero están dispuestos a negociar hasta el final. Los populares quieren que la comisión sea transparente, abierta y que haya comparecencias sin restricciones. Además defienden que debe incluir en sus trabajos el área de libertades públicas, «sí o sí», que fue excluida de la propuesta del PSOE. El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, aseveró que su partido colaborará en la comisión para «recordar la nefasta gestión».De España https://ift.tt/2Wadaxk
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