Las visitas de familiares a las residencias de ancianos seguirán suspendidas hasta nuevo aviso. Y es que estos centros «serán los últimos» en incorporarse a la desescalada, según detalló ayer la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien concretó, además, que tampoco se podrá acceder a las 836 instalaciones consideradas «limpias» -sin casos de coronavirus- porque «en cualquier momento, cualquier persona puede contagiarlo y el virus puede entrar». Por eso, abogó por estudiar la vuelta a la normalidad de las residencias «con cuidado». La consejera trasladó su «apoyo» a los familiares y se comprometió a «incrementar los medios» de cara a mejorar la comunicación con los usuarios, sobre todo, en aquellos casos donde «hayan fallado». Si bien, «hay que ser conscientes de que los mayores son los más vulnerables en esta crisis y a los que más tenemos que cuidar», aseguró Isabel Blanco durante una rueda de prensa telemática, en la que defendió una vez más los servicios sociales de Castilla y León y su labor durante la crisis sanitaria. «Siguen siendo los primeros y los mejores de Españay es un buen modelo», expresó convencida. «No son sólo la pata residencial», detalló, sino que forman parte de ellos otros apoyos como la teleasistencia, la ayuda a domicilio o las prestaciones para situaciones de emergencia. Sin embargo, sí reconoció que ante la llegada de la pandemia «lo que ha fallado ha sido sobre todo la atención sanitaria en las residencias», algo que ha sucedido «no sólo en Castilla y León, sino también en España y en otros países del mundo». «Readaptar» el modelo Así que lo que toca ahora, dijo, es, «a partir del modelo que ya hay, fomentar lo que funciona» y «reforzar» aquellas partes en la que ha habido problemas. Y para ello se buscará una «readaptación» del modelo que seguirá con el sistema de unidades de convivencia «En mi casa», pero que deberá incorporar una serie de medidas urgentes como la dotación «mínima» de equipos de protección por centro, una mejor formación del personal y la «profesionalización de los directivos». «Hay que hacerlo desde el consenso y la unidad», expresó, antes de señalar que será el grupo de trabajo anunciado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el que se encargue de debatir los cambios. En ese órgano estarán los grupos políticos, pero también expertos en sanidad y servicios sociales, las entidades locales, los sindicatos, las asociaciones de residencias y los usuarios. «Todo el mundo tiene que aportar», explicó sobre ese grupo cuya organización aún se estudia con la intención de que sea «operativo». Las bajas en el personal de los centros públicos han sido 310 de un total de 3.657 trabajadores, mientras que de los privados el Gobierno regional no tiene datos del déficit de empleados durante una crisis en la que el «incremento fuerte» de los contagios y fallecimientos en las residencias se produjo en la semana del 31 de marzo al 9 de abril. Por tanto, «la fase de contagio» fue en los 10 o 15 días anteriores, explicó la consejera. «Esa semana no hubo equipos de protección, el Gobierno no los suministró y sí puede ser esa una causa de un mayor número de contagios», consideró. La próxima semana su departamento publicará la convocatoria de ayudas para la reducción de jornada y excedencia para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. El Bocyl recogerá los apoyos que ya se venían realizando antes y también los específicos por la llegada del Covid-19 que fueron pactados con los sindicatos en el marco del Diálogo Social.De España https://ift.tt/2KKxgZV
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