Puig dio 8,6 millones a una empresa recién creada para montar tres hospitales de campaña

La Generalitat Valenciana anunció el pasado 19 de marzo que había contratado por 8,6 millones de euros la instalación de tres hospitales de campaña junto a los centros sanitarios de referencia de las tres capitales, Valencia, Alicante y Castellón. La empresa adjudicataria resultó ser una mercantil constituida el pasado 11 de febrero en Zaragoza, Ingeniería y Desarrollos de Alta Tecnología (IDAT) con el capital social mínimo, 3.000 euros. Es decir, esta sociedad mercantil recibió casi nueve millones de euros de dinero público cuando no tenía ni dos meses de vida. El contrato lo formalizó la Consejería de Justicia, Interior y Administración Pública -de la que depende Emergencias-, encabezada por Gabriela Bravo. Según datos del Registro Mercantil, el inicio de actividad se había declarado el pasado mes de noviembre, pero no fue hasta el 11 de febrero que IDAT depositó el capital social mínimo, los citados 3.000 euros, y quedó constituida. Su objeto social es «la consultoría de organización y de actividad técnica, con asesoramiento económico, industrial, comercial y gestión integrada, de proyectos de desarrollo sostenible y, en especial, la intermediación en servicios técnicos de ingeniería». Detrás de IDAT sí está Hispano Vema, socia al 50 por ciento con otra mercantil, Bellcomm S.L., ambas catalogadas mercantilmente como «microempresas». Según ambas compañías, Hispano Vema, que fue quien recibió el encargo, necesitó un socio de confianza y ambos usaron «una empresa que teníamos recién creada para otro proyecto». Estas dos empresas presentan unas cifras muy modestas para la magnitud de este contrato. Hispano Vema, contratista del sector militar y que tiene los hospitales de campaña como una de sus líneas de actividad, también presenta el capital social mínimo, 3.000 euros. Constituida en 2003, en 2018 facturó 1,3 millones de euros y declaró un beneficio neto de 60.004 euros. Cuenta con ocho empleados. Por su parte, Bellcomm S.L., nacida en 2002 con 6.000 euros de capital, facturó en el último ejercicio contable disponible 385.044 euros y declaró pérdidas de 300.043. Cuenta en su plantilla con tres empleados. Así, el balance conjunto de las dos empresas que constituyen IDAT es de 11 empleados, 9.000 euros en capital social, 1,7 millones de facturación y 240.000 en pérdidas. En condiciones normales, sin las razones de emergencia, nunca habrían superado una licitación pública. Francisco Cruz, propietario de Bellcomm, y José Antonio Navarro, de Hispano Vema, dijeron ayer a ABC que es cierto que sus cifras son modestas comparadas con un contrato de casi nueve millones de euros, «pero hemos demostrado ser capaces de llevarlo a cabo». Ximo Puig El pasado 19 de marzo el presidente Ximo Puig dijo que los tres hospitales estarían disponibles «en quince días». Solo un día después, la consejera Gabriela Bravo, corrigió a su jefe: «La mitad de las camas estarán disponibles en dos semanas y la totalidad en un mes». Es decir, el 19 de abril deberían estar operativas todas las camas, las 500 de Valencia, las 400 de Alicante y la 200 de Castellón. Ayer, 29 de abril, el total de camas operativas era de alrededor de 500, según reconoce la empresa adjudicataria, que sostiene que no habría problemas para «ir abriendo por módulos en el caso de que hubiera ingresos». En cuanto a los baños, la Generalitat dice que «detectamos que no cumplían la normativa y exigimos que se cambiaran para que contaran con las mejores condiciones y la calidad exigida. Los nuevos ya están instalados y permiten la desinfección tras cada uso». Pero esta versión difiere de la que ofrecen los contratistas, quienes reconocen que «falta por instalar una parte de los baños normales y todos los adaptados a personas con movilidad reducida». No obstante, José Antonio Navarro y Francisco Cruz, que achacan este imprevisto a «un problema con el proveedor inicial», aseguran que en poco más de una semana ya se dispondrá del total de los baños. Afortunadamente, el impacto de Covid-19 en la Comunidad Valenciana no ha desbordado los hospitales tradicionales, por lo que no se han necesitado esas camas. Por el momento, según fuentes oficiales de la Generalitat consultadas por este diario, los tres hospitales de campaña «se están utilizando para realizar las pruebas de seroprevalencia entre la población de la Comunidad Valenciana y se han usado también como centro para hacer las pruebas de detección del virus a trabajadores sanitarios». Además, según las mismas fuentes, «como uso hospitalario acogerán a pacientes leves en situación de pre-alta o a personas diagnosticadas con el virus que no puedan aislarse en sus casas en un hipotético rebrote». José Antonio Navarro, administrador solidario de IDAT a través de Hispano Vema, relata que él no ofreció el proyecto, sino que «fue la Generalitat quien me pidió un presupuesto porque les habían dicho que somos los mejores montando hospitales de campaña». La propia Gabriela Bravo fue quien se puso en contacto con él telefónicamente, dice. Navarro y su socio, a cuya empresa, Bellcomm, incluyó porque necesitaba a un «experto en comunicaciones para conectar los hospitales de campaña con los permanentes», sostienen que presentaron «una oferta de un tercio de lo que pedían otras empresas». Aseveran que su proyecto era «muy bueno» porque «teníamos preparado uno muy parecido para otro país y lo usamos». «Años de experiencia» Ambos defienden sus «años de experiencia». En cuanto al enorme salto de facturación (el contrato de los hospitales quintuplica la cifra de negocio anual de sus respectivas empresas), afirman que «tenemos derecho a crecer». «Este año facturaremos nueve millones, pero ni ahora somos tan buenos ni antes éramos tan malos», explica Francisco Cruz. Ambos hacen hincapié en que «el Gobierno valenciano solicitó un proyecto muy inteligente y nadie nos ha pedido nada a cambio del contrato». El Real Decreto-Ley 8/2020 del pasado 17 de marzo de «medidas urgentes extraordinarias» para hacer frente al impacto del Covid-19 facultó a las administraciones a recurrir a la tramitación de emergencia prevista en la Ley de Contratos del Sector Público. Se suprime, por razones de celeridad, la obligatoriedad del concurso público.

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