El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy un nuevo decreto de medidas judiciales urgentes para tratar de minimizar el colapso de los Tribunales cuando el final del estado de alarma permita reactivar la avalancha de asuntos que habrán quedado pendientes durante meses. Sin embargo, el ministro Juan Carlos Campo se va a ver obligado a aprobarlo en una soledad absoluta, después de que el Gobierno haya indignado a un amplio sector de la judicatura gracias a las embestidas de Pablo Iglesias en los últimos días, y a la inquietante anuencia de Pedro Sánchez con él. En lugar de dejar en evidencia a su vicepresidente por la segunda agresión al poder judicial en solo tres meses de Gobierno, Sánchez justificó la conducta despectiva de Iglesias alegando que hablaba en su condición de secretario general de Podemos… como si alguien en la judicatura fuese a creer una coartada tan infantil. El malestar en el poder judicial es sobresaliente porque no solo ha sido ninguneado por el Gobierno en los procesos jurídicos para prorrogar el estado de alarma, sino que además ha empezado a percibir —a derecha e izquierda, incluido el sector progresista del CGPJ— que la independencia será erradicada en el modelo intervencionista de ingeniería social que Iglesias quiere imponer con la justicia sometida al poder ejecutivo. Está en marcha un proceso de desmantelamiento ideologizado del tercer poder del Estado por la vía de los hechos consumados, aprovechando la excepcionalidad del estado de alarma y la permisividad que Sánchez demuestra con Iglesias con tal de mantener su Gobierno a flote. La justicia se convierte así un objetivo esencial de esta ofensiva populista y regresiva, capaz de utilizar la excepcionalidad como coartada para impulsar un estado de apariencia democrática y corazón totalitario. Hasta ahora, y con 35 diputados, Podemos ha conseguido silenciar al legislativo, ha sojuzgado al ejecutivo por la dependencia que tiene Sánchez de Iglesias, y empieza a perfilar el asalto al poder judicial. Con su decreto, Campo pretende blanquear la creciente animadversión del mundo de la Justicia hacia las fórmulas intervencionistas y fiscalizadoras del Gobierno. El ministro ha cubierto las apariencias formales y ha invitado a todos los agentes de la justicia a opinar, pero a la hora de la verdad los ha ignorado. Campo pretendía concitar apoyos virtuales en reuniones on-line que no han servido para nada. Más aún, en plena alarma ha tratado de negociar una inédita renovación del CGPJ y una reforma del sistema para la elección de vocales, y ahora invade por decreto aspectos de la organización judicial solo modificables mediante una reforma de la ley orgánica. Campo exige medidas de protección sanitaria sin garantizarlas, obliga a la realización de trámites telemáticos sin aportar los medios materiales indispensables, y oculta en la letra pequeña de su decreto un control de la Fiscalía sin que Dolores Delgado haya expuesto una mínima reserva. Incluso, impone a los jueces qué asuntos deberán tener preferencia, o cuándo y cómo tendrán que abordarlos. Control, control, control...De España https://ift.tt/3aImNbV
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