Desde que el Gobierno decretó el estado de alarma el pasado 15 de marzo, las policías locales son vigilantes, junto al resto de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de que se cumplan todas las medidas de restricción para frenar al coronavirus. En Valladolid, los agentes como Bernardo Cañas siguen velando por la seguridad ciudadana, pero también porque la cuarentena social se mantenga. Desde su motocicleta, se encarga de la zona centro de la ciudad del Pisuerga. «Durante las mañanas hay más movimiento, por las compras, pero por las tardes hay mucho menos», asegura sobre lo que está observando en estos días de aislamiento. «Con el trascurso de los días la gente se va concienciando más», asegura, y pone como ejemplo los controles que realizan a lo largo del día. Durante la semana pasada, en uno de ellos, el «90 por ciento lleva el justificante preparado» y el otro «10 tiene un motivo de sentido común, como atender a sus padres o hacer la compra para ellos». Y la actitud de las personas a las que paran para comprobar hacia dónde se dirigen es «perfecta». «Nadie pone mala cara porque hagamos nuestro trabajo, cuando en otras circunstancias quizá sí la pondrían», expresa el policía local. Por lo general, la ciudadanía agradece su labor e, incluso, si se encuentran de servicio en la calle a las ocho de la tarde, comparten aplausos con los profesionales sanitarios. «Nos dan ánimo y las gracias», asegura. «Reconforta ver como nos trata la ciudadanía», explica el agente, que reconoce que «el miedo al contagio siempre existe, pero tememos que ser estrictos con las medidas de protección». «Tenemos que estar ahí, los sanitarios están más expuestos y lo mínimo que podemos hacer es secundarles desde nuestro trabajo», concluye.De España https://ift.tt/342KREA
La jornada de ayer se saldó con un balance a favor de las altas hospitalarias de 39 personas con respecto a los ingresos, lo que ha dado cierto margen a los hospitales de la Comunidad, especialmente los mas comprometidos, como es el caso de Soria, donde se registró un paciente menos, mientras que en Segovia fueron 20. Para la consejera de Sanidad, Verónica Casado, las 231 altas, que ya suman 1.251, y el hecho de que los ingresos se hayan reducido ligeramente está dando cierto margen a los hospitales. En cualquier caso, reconoció que «no quiero generar optimismo, porque la semana es complicada, pero tenemos la sensación de que se está conteniendo la curva». También el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, apostó por ver el vaso medio lleno al señalar que «hemos llegado al pico sanitario en el conjunto de la Comunidad» De momento, según los datos facilitados ayer, el número de contagiados ha aumentado en 410 personas, hasta las 6.211, lo que mantiene el porcentaje de crecimiento en el siete por ciento, cuando la pasada semana estaba en el 16, mientras que los fallecidos se han incrementado en 69 hasta alcanzar los 585. La situación de las Unidades de Ciudados Intensivos sigue siendo la principal preocupación. Un total de 346 pacientes permanecen ingresados en estos servicios, con lo que la ocupación media es del 78,2 por ciento (las camas totales ascienden a 346). El Río Hortega de Valladolid está al completo, a pesar de que se han aumentado los puestos de cuidados intensivos al pasar de 37 a 42, mientras que en Segovia quedan dos; cinco en Soria y otros tantos en el Bierzo, y seis en Ávila. La consejera insistió en que los hospitales trabajan en red y, por lo tanto, los grandes apoyan a los pequeños. Sólo cuando esto no es posible se ponen en marcha nuevos equipamientos. Así ha ocurrido con el hospital que se ha instalado en la Feria de muestras de Valladolid, que ayer estaba listo para recibir a los primeros pacientes -podrá acoger hasta 200- gracias al trabajo «perfectamente organizado y planificado de muchos profesionales que lo han hecho posible en seis días», destacó la consejera de Sanidad. El nuevo equipamiento está integrado por 114 casetas y 28.000 litros de oxígeno, además de una zona de ocio, wifi y está completamente digitalizado para que todos los profesionales tengan acceso a los historiales clínicos. Habrá un médico y dos enfermeras por cada 25 pacientes, así como un médico senior y dos coordinadores clínicos. La situaciones más duras se siguen viviendo en las residencias de la Comunidad donde en la última jornada se han producido 52 fallecimientos por Covid-19 y ya son 216 los que se han producido en estos centros sociosanitarios desde que comenzó la pandemia. Otras 74 personas han muerto con síntomas compatibles y ya suman 263. En 116 centros hay fallecidos y en 24 se han registrado mas de cinco.
[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas pinchando en este enlace] 1. Autónomos y empresarios piden más al Gobierno: «Las cotizaciones de marzo ya están pagadas». El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, insistió ayer en que «a los autónomos ni se les ha apoyado ni se ve que se les vaya a apoyar a la mayoría con el nuevo decreto». El también vicepresidente de la CEOE resaltó que, aunque se ha visto que va a haber una moratoria para las cotizaciones sociales, algo que le parece «bien», «la realidad es que la cotización de marzo ya está pagada y no cabe en ningún momento su moratoria». Además, pidió que se suspendan las cuotas porque «la moratoria es pan para hoy y hambre para mañana». Además, instó a bajar el umbral de pérdidas del 75% al 30%, porque «hay muchos autónomos que cuando pierden un 30% de la actividad lo están perdiendo todo». 2. Sánchez busca una tregua y concede a Iglesias el altavoz de medidas sociales. Con el nuevo paquete de medidas económicas encima de la mesa y tras el endurecimiento del estado de alarma, el Gobierno intenta dejar atrás unos días convulsos que han servido para volver a abrir heridas internas. Pero también para granjearse el enfado de la clase empresarial, de los gobiernos regionales y de los partidos que no forman parte del Gobierno de coalición. Tanto la oposición como los aliados. Más pendiente de coserse internamente, el Gobierno ha dejado de lado los acuerdos con otros actores que, en algunos casos, son imprescindibles para aprobar las medidas excepcionales. La comunicación del Ejecutivo trató de hacer ayer un fino ejercicio de costura que presentase el bordado de una idílica coalición. 3. Los estibadores del Puerto de Algeciras paralizan su actividad y exigen un plus. Las cadenas de suministro y la actividad portuaria son esenciales pese al Estado de Alarma y al nuevo decreto del Gobierno debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Pese a que la actividad debe continuar en el sector del tráfico marítimo de mercancías, las dos terminales del Puerto de Algeciras permanecieron inactivas en la tarde de ayer al no aceptar las empresas estibadoras la reclamación del comité de empresa de pagar un plus a los trabajadores durante el Estado de Alarma. Así lo dio a conocer el Centro Portuario de Empleo (CPE) Bahía de Algeciras, que informó en un comunicado que en la jornada de las 20:00 horas de ayer martes le fue imposible atender el requerimiento de las empresas estibadoras del Puerto de Algeciras ante la falta de disponibilidad de los cerca de 1.800 trabajadores de su plantilla. 4. El mejor escenario para EE.UU. podrían ser 240.00 muertos y Trump habla de «plaga». Donald Trump culminó este martes su cambio de guión sobre la epidemia del coronavirus, una crisis que apunta a costar la vida de, al menos, cientos de miles de estadounidenses. La realidad de la epidemia, sin embargo, es tozuda y Trump pareció aceptarla por fin ayer en su rueda de prensa diaria, después de que en la última semana haya reconocido la severidad de la crisis y haya ampliado las directivas de distanciamiento de la Casa Blanca hasta el final de este mes. «Es una gran prueba nacional como no hemos tenido nunca», dijo sobre la epidemia. En el escenario más optimista la cifra de víctimas estaría entre 100.000 y 240.000. En el peor de los escenarios, sin imponer medidas de mitigación -algo que no se ha hecho en muchas partes de EE.UU., o se ha hecho muy tarde- la proyección apunta hasta los 2,2 millones de muertos. 5. Comienza la campaña de la declaración de la Renta 2019-2020. Hoy empieza el plazo de presentación de las declaraciones de la renta y patrimonio de 2019, una campaña atípica que arranca en pleno confinamiento por la epidemia de coronavirus. Precisamente el objetivo de que los contribuyentes reciban cuanto antes sus devoluciones es el argumento defendido por el Ministerio de Hacienda para mantener el calendario de la campaña del IRPF en un momento en que buena parte de los trámites administrativos se encuentran en suspenso por el estado de alarma. En concreto, la Agencia Tributaria empezará el 3 de abril a devolver el IRPF de 2019 a aquellos contribuyentes cuya declaración de la Renta les salga a devolver. 6. Presentan el X-57, uno de los aviones del proyecto secreto experimental de la NASA. Normalmente la NASA guarda con mucho celo su programa de aeronaves experimentales. Sin embargo, esta semana ha sido una excepción y la agencia aerospacial estadounidense ha presentado imágenes conceptuales de la configuración final del X-57 Maxwell. Se trata del primer avión pilotado totalmente eléctrico, destinado a demostrar tecnología para reducir el uso de combustible, las emisiones y el ruido. La semana pasada la NASA anunció que el proyecto del avión X seguiría adelante a pesar de las restricciones impuestas por la crisis sanitaria mundial creada por la pandemia del coronavirus. Apenas unos días después presenta el X-57, el primer avión X pilotado que diseña la NASA en dos décadas, y donde se ve su configuración final, totalmente eléctrica, conocida como Modificación IV o Mod IV.
En cuestión de semanas el coronavirus pasó de ser un asunto que se veía ajeno a colarse en España. Su avance coincidía con el de otros países del entorno. La pandemia era mundial. Y a medida que se multiplicaban los infectados, los estados afectados se apresuraban a equiparse. Con ello llegó la rotura del «stock» de material de protección. Todos querían guantes, mascarillas, batas y gafas para proteger a los héroes que salvaban a los enfermos. En la calle, otros sectores profesionales tenían también que enfrentarse a la amenaza para cubrir las necesidades básicas de quienes están confinados. Los proveedores no aparecían, los aviones no acababan de llegar, los pedidos propios y centralizados se retrasaban y en los hospitales ascendían los pacientes a la velocidad a la que volaban los medios. La propia administración autonómica tuvo que recurrir a hacer una llamada a la solidaridad para la donación de este material. A ello se sumaría después una ola de altruismo que, a golpe de máquina de coser e impresora 3D, levantó en negocios y hogares improvisadas fábricas de escudos anticoronavirus, ésos que han sido una de las constantes preocupaciones de la Junta en esta crisis y que parece que ahora cierran su capítulo más agónico. Tras la autoproducción y los cargamentos recientemente aterrizados «estamos bastante más tranquilos, porque creemos que vamos a cubrir a todo el personal sanitario y esencial hasta el final de la situación de alarma», anunció ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado. El material va a seguir llegando. En las últimas horas ha aterrizado un nuevo avión y se esperan cuatro más esta semana para un total de 14. «La llegada es constante» y en su gestión se trabaja las «24 horas al día, con el personal suficiente para que cuando llegue al almacén central» una carga -ya sean donaciones, suministro del Gobierno o pedidos de la Junta-, se registre y se «reparta de la forma más ágil», explicó, por su parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. En total, se han movilizado 26 millones de unidades de los distintos tipos de medios de protección -52,6 toneladas, que ocupan 487 metros cúbicos- tras un esfuerzo económico de 46,5 millones de euros. En cuanto al envío de respiradores desde EE.UU., y «después de muchísimas gestiones de todo el mundo, hemos conseguido desbloquear, no la totalidad que teníamos, pero gran parte de ellas. Va a llegar en breve», señaló Casado. Estas reservas, sumado a donaciones que continúan y a la confección de un tejido industrial que en la medida de sus capacidades esta reorientando su fabricación dan forma a un «sistema de suministro que permite que las medidas de protección ya no sean un tema del que hablar», aseveró Suárez-Quiñones. Su distribución no se limita al personal sanitario y sociosanitario, sino también a «todos los profesionales esenciales en esta crisis». En este contexto, Castilla y León se ha adelantado al mandato nacional en el que se trabaja para que se dote de protección a los transportistas y ya se han distribuido 20,000 mascarillas entre asociaciones del sector, a las que se sumarán otras tantas para los taxistas y más de 4.000 para las estaciones de servicio, explicó Suárez-Quiñones, quien también respecto a la movilidad por carretera avanzó que su equipo ya ha diseñado la reestructuración de la oferta para que sea acorde a la demanda, y que en viajes interurbanos ha bajado al ocho por ciento y en metropolitanos al seis.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a cuatro años de cárcel, seis de inhabilitación, costas y multa de 36.000 euros al líder de la mafia georgiana «Kutaiskaya», Tariel Oniani, por asociación ilícita para el blanqueo de capitales, el único delito para el que las autoridades rusas autorizaron el enjuiciamiento cuando lo extraditaron a España en octubre del año pasado. La sentencia, a la que tuvo acceso ABC, da por acreditado que Oniani era, al menos entre 2000 y 2005, el «más alto dirigente de una organización criminal georgiana llamada Kutaiskaya» en la que «alcanzó la categoría de ladrón en ley», el máximo escalafón en este tipo de redes mafiosas. Concluye que dicha organización se estableció en España «con la finalidad de lavar dinero procedente de sus otras actividades delictivas ejecutadas en varios países europeos y también en Estados Unidos» y «para llevar a cabo el blanqueo, contó con la colaboración de otros miembros de la organización subordinados a su persona —muchos ya juzgados y condenados con sentencia firme— y con un entramado de varias sociedades». El fallo, del que ha sido ponente la magistrada Maria Riera, es resultado del juicio celebrado en febrero, 15 años después de aquella madrugada en que las fuerzas policiales explotaron la 'Operación Avispa' y fueron a detenerle al palacete de Barcelona donde residía. Allí sólo encontraron a su hija, menor de edad, y a su cuidadora. Había escapado por los pelos, conforme se sabría después, gracias a un chivatazo. Desde entonces, España ha estado pidiendo su entrega, que se acordó finalmente en abril del año pasado, cuando terminó de cumplir una condena de 10 años en Rusia. Finalmente, llegó en octubre y fue enviado a una prisión en Pontevedra , desde donde fue trasladado entre fuertes medidas de seguridad para comparecer el pasado 11 de febrero en la Audiencia Nacional. Tras una mampara y en pie sesión tras sesión, insistió en negar la mayor. Ni él era un ladrón en ley ni esta figura existe, como tampoco la Kutaiskaya: «todo es un mito» . De poco le sirvió, a la luz de la sentencia, pues ya hay jurisprudencia al respecto. El año pasado, la Audiencia Nacional condenó a varios de sus subalternos, que reconocieron la Kutaiskaya y su participación en un pronunciamiento que ya es firme. Además, el Tribunal Supremo dio por acreditado al ratificar las condenas de los también ladrones en ley Zakhar Kalashov (en 2011) y Kakhaber Pavlovich Shusanashvili (en 2017) la existencia de este tipo de organizaciones criminales y el rol de sus máximos dirigentes. En el caso de Oniani, georgiano devenido en apátrida, no se le ha podido juzgar por blanqueo porque Rusia no lo autorizó en su extradición, aunque la Sala analizó prueba al respecto dado que la asociación ilícita de la que venía siendo acusado lo era para lavar dinero. La sentencia recoge que no teniendo ingresos ni actividad, acabó comprando con sociedades de las que en realidad era el titular una vivienda valorada en más de 4 millones de euros. El quinto, pendiente de Rusia Con la condena a Oniani, se pasa otra página en la lucha en España contra el crimen organizado originario del Este. De los cinco ladrones en ley objetivo de la justicia, tres han sido ya condenados, -Kalashov, Vitali Izgilov, alias «La Fiera» y el propio Oniani; un cuarto fue extraditado a Georgia y sólo queda otro que aún no ha rendido cuentas en España. Se trata de Vladimir Tiourine, tiene dos causas abiertas en la Audiencia Nacional y es escurridizo. Tras esquivar una detención en Milán, fue localizado en 2010 en Mongolia pero acabó en libertad por problemas en su identificación. Tres años después recibió por fin el alto de las autoridades rusas, pero lejos de entregarle, ordenaron arresto domiciliario y después, siendo kazajo por elección, le concedieron la nacionalidad, por lo que devino en persona no extraditable. Por ello, el Juzgado Central de Instrucción 4 transfirió en 2015 a Rusia el procedimiento a fin de que pudiera ser procesado allí. Cuatro años después, no hay noticias. El pasado 5 de marzo, el juez José Luis Calama, a instancias de Anticorrupción, pidió explicaciones: Una comisión rotatoria emplaza a la fiscalía rusa a informar de la investigación que haya seguido contra él, recordándole su vinculación al Convenio de la ONU contra la Delincuencia Organizada del que ambos países son parte.
Vox ha presentado un decálogo de diez medidas urgentes para «salvaguardar la salud y la economía de los españoles« que bajo el lema »Protejamos España« quiere ser una alternativa a las nuevas medidas económicas aprobadas por el Gobierno para luchar contra el coronavirus y que avanzan en la reducción de la movilidad. Un paquete de medidas muy criticadas por las organizaciones empresariales, al asegurar que provocarán el cierre de empresas y el aumento del paro. Estas son sus diez propuestas: 1.-Plan de Emergencia Nacional Sanitaria que incluya pruebas masivas del Covid-19 a toda la población, distribución de equipos de protección individual (EPI´s) a todo el personal sanitario, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas y a todos los trabajadores de servicios esenciales. 2.-Implicar a las Fuerzas Armadas en la logística, recursos humanos y comunicación de la red sanitaria y de residencias de ancianos, así como en todas las actividades esenciales del Estado y de la industria que lo requieran. 3.-Implementar un Plan de Emergencia de Producción Nacional para la fabricación urgente de material sanitario y farmacéutico o de cualquier otro sector imprescindible en esta crisis, ofreciendo, a todas las empresas implicadas, la asistencia del Estado y el apoyo presupuestario. 4.- Aprobar un Plan de Emergencia Económica Nacional ante la parálisis económica provocada por los efectos del Covid-19 que incluya: suspensión de las obligaciones tributarias de las empresas (IVA e IRPF y pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades); supresión de todos los impuestos que gravan al consumo de suministros de los hogares (agua, luz y gas) y del impuesto de sucesiones; suspender el pago de la parte del capital en la cuota de amortización de los préstamos hipotecarios y permitir el rescate de fondos de pensiones y planes de ahorro, sin penalizaciones fiscales; y suspender el devengo de cuotas de la seguridad social, tanto de los trabajadores por cuenta ajena como de los autónomos con carácter retroactivo y durante todo el plazo que dure el confinamiento de los españoles. 5.- Ante la parálisis de la UE, exigir que Bruselas utilice el billón de euros destinado a «emergencia climática» a esta emergencia sanitaria y económica. Alcanzar acuerdos bilaterales urgentes con otros países para garantizar el abastecimiento de material y productos imprescindibles. 6.-Reforzar el control de las fronteras ante una posible presión en ellas cuando la pandemia se extienda en otros países. Evaluar las misiones internacionales de nuestras Fuerzas Armadas y repatriar a todos los efectivos posibles. Suprimir el pago de la ayuda exterior y de las misiones de cooperación internacional. 7.-Centralizar y trasladar de modo transparente toda la información de la epidemia a una base de datos central para asegurar el efectivo ejercicio de sus funciones por el Centro Nacional de Epidemiología. 8.-Reducción drástica del gasto político: eliminación de subvenciones a lo partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y no gubernamentales. Paralización inmediata de la ejecución de toda partida presupuestaria en España que no vaya dirigida a funciones básicas del Estado. Suprimir todas las partidas no esenciales. Incorporación de los liberados sindicales a sus puestos productivos en los sectores críticos como sanidad y fuerzas del orden. 9.-Destitución de toda autoridad autonómica que ataque el principio de solidaridad nacional dificultando la respuesta a la pandemia y en general de toda autoridad que haya mostrado su negligencia, pasividad o incapacidad en esta crisis. 10.- Asunción del pago por parte del Estado y durante tres meses, del importe de las nóminas de todos los trabajadores; en el caso de los autónomos, pago de una cantidad equivalente al nivel medio de su facturación en los tres meses anteriores.
Las alarmas siguen sonando en el PP ante la «deslealtad» que están viendo en Pedro Sánchez, con sus decisiones unilaterales en pleno estado de alarma, sin contar con los partidos, las comunidades ni los agentes sociales, y por el intento «claro» de Podemos de aprovechar la crisis del coronavirus para intervenir sectores estratégicos de la economía. Fuentes populares han destacado que han mantenido su responsabilidad y lealtad con el Gobierno de España desde el primer minuto de la crisis, pero este respaldo, advierten, «no puede ni debe extenderse al apagón empresarial total decretado de forma unilateral por el Gobierno bajo el estado de alarma«. A su juicio, se trata de una medida »muy peligrosa para la salud económica nacional que va a llevarse por delante el sistema productivo del país«. Desde Génova insisten en que el PP no apoyará los decretos sobre la prohibición de despidos y el apagón empresarial si no son modificados. «No podemos remar en la misma dirección que el Gobierno si va hacia un precipicio«. «Sus dos últimos decretos de medidas económicas (antes de los que se aprobaron este martes en el Consejo de Ministros) son letales para nuestro sistema productivo, causarán millones de parados y cierres de empresas y autónomos«, asegura el PP. Desde la ejecutiva nacional de los populares insisten en que «un apoyo para luchar contra la pandemia no puede utilizarse por el Gobierno para aplicar las medidas económicas de Podemos«. Las razones del PP contra los decretos Las razones que da el PP para no apoyar esos decretos son estas: 1. Sánchez no ha dicho la verdad: aseguró a Pablo Casado que nunca decretaría el apagón empresarial en España. De hecho, el mismo miércoles votó en el Congreso de los Diputados contra esa medida. 2. El Gobierno ha ordenado la parálisis productiva del país sin consultar con nadie: ni con partidos políticos ni con agentes sociales. 3. El peso de la crisis no pueden pagarlo los empresarios y los trabajadores, debe ser el Estado el que asuma dicho coste. 4. El Gobierno obliga por decreto a las empresas y autónomos a soportar todas las cargas laborales del cierre empresarial. 5. El Gobierno obliga a muchas de estas empresas y autónomos a seguir pagando impuestos y cotizaciones sociales durante el apagón. 6. Lejos de dotar de liquidez al sistema el Gobierno va a drenar toda la liquidez del tejido productivo español al mantener los plazos de la actividad recaudatoria. 7. Así, al drenar la liquidez al sistema, el Gobierno va a convertir un problema de liquidez en una crisis de solvencia para miles de empresas. 8. España se ha quedado a la cola de la protección de los autónomos. 9. La prohibición de medidas necesarias de adaptación laboral a las empresas en dificultades es condenar a muchas de ellas al cierre definitivo y al consiguiente despido de toda la plantilla de sus trabajadores. 10. Prohibir es todo lo contrario de dar facilidades para mantener el empleo. 11. Dar facilidades es aliviar la presión fiscal a las empresas, no someterlas a un imposible coste fijo impositivo cuando no tienen ingresos. 12. Si no se dan facilidades a empresas y autónomos, en pocas semanas llegará una riada de cierres empresariales. 13. A las empresas que se vean obligadas a acogerse a los ERTEs se les prohibirá realizar ajustes estructurales necesarios, lo que conducirá a más destrucción de nuestro tejido empresarial. 14. Los trabajadores tienen que saber que su empresa va a seguir con la ventana abierta cuanto todo esto pase. 15. Estas nuevas medidas económicas del Gobierno responden a la agenda caduca y ultraideológica de Podemos. 16. Las tentaciones expropiatorias de Pablo Iglesias van a ahuyentar todos los proyectos de inversión internacional en España cuando pase la pandemia. 17. El estado de alarma no puede convertirse en un estado de excepción de la libertad empresarial. 18. El decreto de cierre empresarial es un monumento a la inseguridad y la indeterminación jurídica. 19. Esas medidas extienden una injusta sombra de sospecha sobre los empresarios en un momento en que tratan a toda costa de mantener el empleo. 20. Sánchez está más preocupado en buscar chivos expiatorios en la Unión Europea que en buscar soluciones eficaces. 21. La Unión Europea nunca va a financiar el intervencionismo ideológico del Gobierno. 22. Hay claros indicios de que Pablo Iglesias pretende aprovechar la crisis económica para intervenir sectores estratégicos de la economía española y aumentar el gasto público mediante subidas confiscatorias de impuestos a empresas y familias. 23. Y lo más importante: un apoyo para luchar contra la pandemia no puede utilizarse por el Gobierno para aplicar las medidas económicas de Podemos.
El Reglamento Penitenciario no lo contempla, pero la Generalitat busca artimañas para que los líderes del «procés» encarcelados pasen el confinamiento en sus casas aunque no hayan sido clasificados todavía en tercer grado (semilibertad). La consejera de Justicia, Ester Capella, ya ha ordenado a las juntas de tratamiento de las prisiones buscar resquicios en la ley para que los presos que disfrutan de la flexibilización de su estancia carcelaria gracias al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario -como es el caso de los nueve presos independentistas- puedan dormir en sus domicilios para prevenir contagios de coronavirus. La Consejería de Justicia hizo ayer este anuncio pese a que mientras dure el estado de alarma la política penitenciaria es competencia del Ministerio del Interior. Y también a pesar de la existencia de un gran escollo legal para poder aplicar esta medida: el reglamento permite el confinamiento domiciliario de los presos en tercer grado (en semilibertad) pero no de los que están en segundo grado (régimen ordinario) y disfrutan del 100.2. En el caso de estos últimos, igual que en los que están en tercer grado, la crisis del coronavirus obligó a suspender sus salidas de prisión para trabajar, hacer voluntariados o cuidar de familiares. Delito de prevaricación El Tribunal Supremo, que todavía no ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el régimen penitenciario de los presos, ha reaccionado de inmediato ante el anuncio de la Generalitat. Sin esperar a que el Govern pusiese en práctica esa medida, ayer mismo el Alto Tribunal advirtió de que si las juntas de tratamiento deciden liberarlos podrían incurrir en responsabilidades penales. Si la Generalitat adoptase esa decisión, el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, que juzgó la causa del «procés», se dirigirá a cada una de esas juntas y al director del respectivo centro penitenciario para que expliquen el fundamento jurídico que justifica esa decisión e identifiquen a los funcionarios responsables. Y es que podrían enfrentarse, según fuentes del Supremo, a un delito de prevaricación. Las directrices que dio el Ministerio de Interior para frenar la pandemia en las cárceles tampoco parece que den cobertura a esta pretensión de la Generalitat, por mucho que lo dijera ayer la portavoz del Govern, Meritxell Budó. La Consejería de Justicia se escuda en esta crisis sanitaria «sin precedentes» para intentar llevar a cabo una medida que reconocen como «inédita» y «excepcional». Según la consejera, se aplicaría solo a los internos con bajo nivel de reincidencia y con domicilio fijo; supuestos en los que, evidentemente, se encuentran los nueve presos a los que el Supremo condenó por sedición. Intentar que los internos a los que se aplica el 100.2 pasen en casa el confinamiento es un paso más dentro de las gestiones de la Consejería para «esponjar» las prisiones catalanas, donde se han registrado nueve positivos de internos -otros 34 están el observación- y veinte de funcionarios. Antes, las cárceles ya enviaron a confinarse en casa al 69 % de los presos de tercer grado. Sin embargo para la Generalitat esto no es suficiente y dicen que para prevenir contagios necesitan «menos gente en las cárceles». Por eso han tomado otras decisiones como clasificar en tercer grado a 56 internos de segundo que disfrutaban de salidas para trabajar gracias al 100.2. Así consiguieron que se confinaran en sus domicilios. A fecha de ayer, quedaban 101 presos en las cárceles catalanas de segundo grado a los que se aplicaba el 100.2. Entre ellos, los nueve presos independentistas. Sobre cada uno de ellos se pronunciará a lo largo de la semana las juntas de tratamiento de las tres cárceles donde cumplen condena los líderes del «procés», para intentar que duerman en su casa durante el estado de alarma. La aplicación sería inmediata pero los jueces de vigilancia penitenciaria pueden tumbar la medida con posterioridad.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «han gozado en todo momento de medios de protección individuales para el ejercicio de sus funciones». El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, volvió a reiterar el lunes el supuesto abastecimiento de material que tienen policías y guardias civiles. Quienes trabajan en la calle lo niegan. Sí reconoció Marlaska que en un primer momento hubo «mayores dificultades» para adquirir equipos de protección individual (EPIs), pero eso no ha apaciguado a los sindicatos y asociaciones de ambos Cuerpos. El último en sumarse a las críticas ha sido el Sindicato Profesional de Policía (SPP), mayoritario entre las escalas de mando, que califica de «insulto y falta de respeto» esas palabras y exige una inmediata rectificación. «Todavía hoy no hay equipos de protección individual suficientes en muchas dependencias y unidades y muchos de los test de detección que se están facilitando para su uso en la Policía Nacional no funcionan», aseguran en un duro comunicado. El SPP afirma que en otras circunstancias Marlaska tendría que haber dimitido y ellos lo habrían pedido. No es el momento, insisten, aunque dejan claro que ha pérdido el «crédito» entre los policías. «Va llegando material, pero las mascarillas buenas (FPII y FPIII) se agotan en cada servicio. Las que hay son quirúrgicas y esas no son suficientes para estar en la calle en determinadas actuaciones», explica a ABC un policía destinado en los radiopatrullas de Madrid. Y lo ejemplifica de forma gráfica. «Entramos en una residencia con diez muertos, tú vas con mascarilla y con tu uniforme, lo cuelgas en la taquilla y al día siguiente te lo vuelves a poner. La UME accede con su equipo completo anticontaminación». Dice que ellos no son la primera línea, sino la segunda, justo detrás de los sanitarios, pero cada noche vuelven a su casa con su familia y el miedo a estar contagiados. En los últimos días han buscado a fugados de hospitales infectados (cuatro al menos); han sancionado a decenas de ciudadanos y detenido a otros; algunos les amenazan con que tienen el Covid-19. «Tenemos más equipos sí, porque muchos nos hemos buscado la vida». Los geles que llevan en los patrullas se los donó una empresa y están a punto de recibir mil mascarillas de una compañía china logradas por mediación de otro policía. «No somos médicos» Ayer el DAO del Cuerpo José Ángel González reiteraba que no hay escasez de medios de protección y explicó que se han repartido más de 533.000 mascarillas, dos millones de guantes y casi 5.000 monos de protección. «Mi grupo trabaja con mascarillas y guantes conseguidos por nosotros. Nos los han donado ciudadanos chinos. El día que no tenga material no salgo a trabajar», cuenta un agente de la UIP de Madrid. «Si gastas uno de los equipos tienes que explicar en la minuta lo siguiente: identificación, calle, hora, motivo por el que se interviene, a iniciativa propia o por requerimiento, los agentes que actúan, si los identificados tienen síntomas de Covid-19 y detallar qué se ha gastado. Prefiero trabajar con lo que nos han dado los chinos. Pero es verdad que así el Ministerio puede ir acumulando material», ironiza. Y otra crítica común entre quienes están en la calle: «No somos médicos. Yo que sé si un ciudadano tiene síntomas o no; algunos lo usan como amenaza».
Ahí estaban Nadia Calviño y Pablo Iglesias en la enésima operación de imagen para simular paz donde no la hay. Iglesias, reaparecido con el medido cuentagotas que le permite Pedro Sánchez, y adoctrinando con ideología trasnochada de colectivización forzosa frente a la insensibilidad de los fondos buitre. Demagogia con tono pausado y doliente de seminarista recién ordenado. Es tiempo de homilías, misereres, triduos y quinarios en plena semana de pasión con España paralizada. Los ministros salen de cinco en cinco, en relevos organizados por horas, haciéndose presentes para monopolizar las horas vacías de los españoles en busca de una esperanza… La dichosa curva. Pero el discurso oficial se contradice. Unos ministros presumen de que los transportes colectivos han visto rebajada su afluencia en un 40 por ciento, mientras la mesa del Consejo de Ministros insiste en que Sánchez no ha paralizado España. Nunca se volvió a saber del índice de consumo de queroseno…, pero no queda un solo ciudadano sin protección social. Ironía. Frente a la propaganda oficialista, emerge la evidencia de que la soledad política de Pedro Sánchez aumenta. Le han abandonado sus socios, y de modo patente el PNV, recipendiario de la indignación de la empresa y la industria vasca. Le ha abandonado la oposición, hastiada del desdén del Gobierno y de ser despreciada en su lealtad ante la adversidad. Le han abandonado las comunidades autónomas, incluidas algunas del PSOE absortas con la percepción de que Pablo Iglesias se ha apoderado del Consejo de Ministros. Y le ha abandonado Europa. El discurso del sábado de Sánchez, con un sobreactuado tono de advertencia a Alemania y Holanda por su insolidaridad con el sur de Europa, sonó a desesperación ante la derrota. «Pedro, te queda recurrir al rescate. Punto…», es lo que le dijeron. Sánchez ha dejado sola a España frente a su tragedia, y su réplica es diseñar una suerte de reconciliación fingida entre Nadia Calviño y Pablo Iglesias para acallar la tragedia de empresarios, autónomos y financieros. E Iglesias pidió perdón por los errores. Eso le honra después de haber impuesto un «corralito» emocional y de insinuar que España necesita expropiaciones y una gota de agit-prop bolivariana. Pero pidió perdón leyéndolo en un papel, como si fuese el guión no creíble de una burda estrategia de gestión de crisis. Él vela por la «gente» sin recursos. España está herida, pero en orden. La curva… bien. Y Nadia Calviño en la comparsa, con María Jesús Montero como árbitro verborreico. El escudo social. Otra vez. Con una diferencia sustancial: por primera vez, Sánchez se ha quedado solo.
Con el nuevo paquete de medidas económicas encima de la mesa y tras el endurecimiento del estado de alarma, el Gobierno intenta dejar atrás unos días convulsos que han servido para volver a abrir heridas internas. Pero también para granjearse el enfado de la clase empresarial, de los gobiernos regionales y de los partidos que no forman parte del Gobierno de coalición. Tanto la oposición como los aliados. Más pendiente de coserse internamente, el Gobierno ha dejado de lado los acuerdos con otros actores que, en algunos casos, son imprescindibles para aprobar las medidas excepcionales. La comunicación del Ejecutivo trató de hacer ayer un fino ejercicio de costura que presentase el bordado de una idílica coalición. Pero al zurcido se le vieron las costuras. Los vicepresidentes Pablo Iglesias y Nadia Calviño comparecieron juntos, con la portavoz María Jesús Montero entre ambos, que con su inoportuno traspiés refiriéndose a Iglesias como vicepresidente económico generó un segundo de ansiedad. Las diferencias entre ambos en la acción económica en general y en la respuesta a esta crisis en particular son palpables. Hay puntos comunes, evidentemente. Pero Iglesias no dudó en afirmar que intensificar las medidas de confinamiento es fundamental. El riesgo de un parón económico muy profundo aparece más relegado en sus preocupaciones, mientras resalta la efectividad del Estado a través de la Constitución, a la que ya no se refiere como candado como en su juventud política, sino como el mejor «escudo social» ante esta crisis. En sus intervenciones, Calviño se mostró muy ocupada en la necesidad de «apoyar» el tejido productivo que lastre la recuperación posterior. Hasta en dos ocasiones agradeció la labor de empresarios y autónomos. Y ya tiene en mente los planes de «reactivación e impulso» para una fase de recuperación «que esperemos lo antes posible». Dos lenguajes, un mismo Gobierno y unas medidas que todos deben defender. El protagonismo de Iglesias Pocas medidas de las que anunció Iglesias tienen que ver con sus escuetas competencias. Pero el paraguas de la «vicepresidencia social» todo lo cubre si es preciso. Y su condición de líder de Unidas Podemos (UP) le situó ahí, para ser la voz de unas propuestas económicas surgidas a la luz de una crisis sin precedentes por su inmediata traslación a la economía real. Situación que ha permitido a UP tener un protagonismo en la acción económica del Gobierno por encima de la su capacidad de gestión. Iglesias aprovechó su alocución para resaltar los ministerios de Consumo, Trabajo e Igualdad. De Universidades, claro, no puede decirse mucho. Erigiéndose así en el coordinador y líder de todos esos departamentos. Justamente lo que tanto había temido Pedro Sánchez cuando hasta el 10 de noviembre se negaba a la coalición de Gobierno. Las diputas de la coalición y esta crisis en si misma han cambiado la relación de los socios. Aunque la prioridad es evitar desgarros traumáticos en forma de dimisión. Como los rumores al respecto que rodean a Nadia Calviño y que importantes ministros socialistas definen como «exagerados». Sin negar con ello las fuertes discrepancias. El sistema de filtrado de la Secretaría de Estado de Comunicación impidió que en la rueda de prensa de ayer hubiese preguntas sobre las diferencias entre Iglesias y Calviño. Desde los ministerios controlados por el PSOE justificaban ayer la presencia de Iglesias en rueda de prensa. «Hay que dejar espacio a Iglesias, tienen que vender algo», apuntan fuentes gubernamentales que constatan que, en base a sus competencias reales, la posibilidad de Iglesias de vender gestión es muy escasa. En el mando único que se estableció con el decreto del estado de alarma solo hay nombres de ministros socialistas más el del propio presidente del Gobierno. Por ello, frente a esa falta de competencias, consideran que Sánchez le concede pequeños minutos de gloria. Además de que UP sabe utilizar su influencia y peso en el Gobierno para introducir sus medidas en los debates. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, e Iglesias se han impuesto en varias ocasiones al criterio de Calviño en las últimas dos semanas. Minutos antes de la rueda de prensa, desde UP se encargaron de explicar a los medios de comunicación qué medidas sociales serían presentadas por Iglesias. Confirmando una realidad que ya vislumbran varios ministros socialistas y es que «se venden muy bien» y logran dar mucha publicidad a las medidas que les corresponden «y a las que no les corresponden», añade un miembro del Consejo de Ministros que además asegura que esa «visión» se traslada también al campo de las discrepancias. Y recuerda que «en tres meses han salido de ellos y de sus filtraciones duras críticas a dos vicepresidentas y otros dos ministros». Recuperación progresiva Los días que restan hasta el 12 de abril van a ser días cruciales. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró ayer que la vuelta a la normalidad será «de forma progresiva», pero no quiso comprometer un calendario ni confirmar todavía la prórroga del estado de alarma. En estos momentos entramos en los días de las medidas más drásticas. Y en menos de dos semanas termina el plazo legal del estado de alarma. El Gobierno da muestras ya de tener claro que ese estadio excepcional deberá ser prolongado. Pero quieren esperar en qué condiciones se afrontaría la segunda quincena de abril. La ministra portavoz defendió que «caminamos en la buena dirección» en lo que se refiere a la estabilización de la curva de contagios. En este punto ha dicho que en unos días podrán tener «más capacidad de predecir» el escenario siguiente al actual. Pero sí volvió a insistir en la idea de ir retirando medidas progresivamente para que las ya adoptadas «no pierdan efectividad». Se piensa el escenario subsiguiente cuando el actual se ha complicado. Ayer Iglesias habló de «tender la mano» a la oposición y tanto él como la portavoz Montero aseguraron que se han podido cometer errores. La portavoz lo justificó por la falta de tiempo y dijo que se consultará con los grupos cuando tenga que votarse en el Congreso. Pero advirtió al PP de que sería «incoherente» que no apoyasen los últimos reales decretos.
Se daban los presupuestos para decretar un estado de alarma pero la forma en la que se está desarrollando suscita muchas dudas entre los constitucionalistas. Entre otras cuestiones porque el estado de alarma no prevé una suspensión de derechos que de facto se está produciendo desde que el pasado 14 de marzo el Gobierno anunció esta declaración. Con la totalidad de los españoles confinados en sus casas -a excepción de una minoría dedicada a los servicios esenciales-, un Parlamento desactivado que no puede cumplir su función de control al Gobierno, y los derechos de los informadores limitados ante la imposición de unas ruedas de prensa telemáticas y encorsetadas, poco margen tiene el ciudadano para cuestionar la labor de un Ejecutivo que, en opinión de los expertos, «se está aprovechando de las circunstancias». En una valoración estrictamente jurídica, los constitucionalistas consultados por ABC alertan de la extralimitación del Gobierno en las medidas que está tomando, que son propias de un estado de excepción. Dos de ellos creen que se daban los requisitos para haberlo declarado, pues la propia crisis epidemiológica -uno de los presupuestos para la declaración del estado de alarma- ha provocado el anormal funcionamiento de servicios públicos, motivo que contempla el estado de excepción. Afectación inédita El catedrático de la Universidad de Valencia Carlos Flores considera que «se han excedido todos límites desde el primer momento». La finalidad en la declaración de un estado de alarma es mejorar la coordinación entre instituciones y cuerpos policiales para hacer frente a una situación de emergencia, comenta. Un mando único para unificar compras de material sanitario, por ejemplo. Pero el decreto de alarma no puede limitar derechos fundamentales y aquí se «están afectando de forma inédita en nuestra democracia». «No se está modulando su ejercicio, estamos ante una restricción de derechos hasta políticos», dice. «No podemos salir a la calle a manifestarnos, no podemos reunirnos, ni practicar una religión, ni hay libertad sindical ni libertad de empresa desde el momento en que se prohíben hasta los despidos». Coincide con esta idea el también catedrático de Derecho Constitucional Carlos Ruiz Miguel, quien recuerda que la paralización de la economía «no está contemplada en el estado de alarma en ningún caso» y, sin embargo, en la práctica, se está prohibiendo la actividad económica. «Es un disparate y nadie lo recurre. Una arbitrariedad absoluta, la voladura de todas las reglas». A su juicio, la libertad de circulación «excede claramente lo previsto en la Constitución y en la ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio». «La regla general es la circulación y la excepción la restricción -dice-. Aquí se ha hecho lo contrario: ahora como regla general está prohibida la libertad de movimientos y, como consecuencia de ello, nos hemos encontrado con la prohibición de, entre otros, el derecho de reunión, un derecho físico, en ningún caso virtual». Ni la sanidad ni los servicios públicos pueden funcionar correctamente. «Se dan los presupuestos para la declaración de un estado de excepción», señala. Al margen de las restricción de derechos y libertades -que ya se está produciendo pese a que la Carta Magna lo prohíbe-, otro de los «contras» que supondría para el Ejecutivo la declaración del estado de excepción, señala este experto, es que requeriría de la autorización previa del Congreso, Cámara que en el caso de la alarma sólo interviene para prorrogar la decisión del Gobierno, como sucedió la semana pasada. La declaración de un estado de excepción requiere un debate parlamentario, la justificación correspondiente de las medidas que se van a tomar y, lo mas importante, escuchar a la oposición en un momento, además, en el que ante las discrepancias en el seno del propio Gobierno, ese control parlamentario parece más necesario que nunca, dice. Para este jurista es especialmente escandaloso el hecho de que, además de eludir ese control parlamentario, el Ejecutivo se esté «librando» del control de la prensa al impedir a los periodistas acudir físicamente a las ruedas de prensa y que se estén filtrando de forma arbitraria sus preguntas. Todos sabemos las precauciones que esos periodistas tendrían que tomar si fueran a esas ruedas de prensa: mascarillas, guantes y un metro de distancia. Las mismas que vemos en quienes informan desde las puertas de los hospitales. A las ruedas de prensa también se refiere el catedrático Roberto Blanco. «Es una vergüenza en democracia que el Gobierno esté todo el día en la televisión pública abusando de una posición de dominio. Todo conduce a la misma finalidad: eximirse de cualquier responsabilidad». Aunque reconoce que como consecuencia del confinamiento es cierto que se están limitando otros derechos, como el control parlamentario, considera que la declaración del estado de alarma se ajusta a los requisitos constitucionales y que la excepción daría al Gobierno «enormes poderes», lo que no es positivo.
Avanzan los días y crece la incertidumbre en torno a la conclusión de la temporada en la NBA, cuya única obsesión es que haya un campeón. Para conseguirlo, Adam Silver y los propietarios de las franquicias trabajan ya con diferentes escenarios, que van desde la disputa de toda la liga regular y playoffs, hasta la disputa de un torneo final con eliminatorias directas. Todo dependerá del tiempo que quede cuando pase la pandemia por Estados Unidos, donde hace tiempo que empezó a golpear con fuerza. «Hay que intentar salvar la temporada como sea», explican fuentes cercanas a la patronal en la ESPN y ese «como sea» incluye varias opciones. La que más gusta en la NBA es la de alargar la temporada regular hasta los 70 partidos y, a partir de ahí, jugar los playoffs. Unas eliminatorias que, en lugar de ser a siete encuentros, podrían reducirse, al menos en alguna de las primeras rondas. Las eliminatorias a partido único no están descartadas, aunque es la opción que menos gusta en la patronal, pues reduce los partidos y el contrato de televisión podría verse reducido. Para ayudar a reducir las fechas, la NBA también estudia que todas las eliminatorias por el título se celebren en un mismo escenario, lo que evitaría desplazamientos, aunque dejaría a los aficionados sin su fiesta final de baloncesto. Ese escenario podría ser Hawai, Atlantic City o las Bahamas, aunque la idea está todavía en estado embrionario. El principal problema ahora es que, al terminar más tarde la temporada, habría que reducir también la próxima campaña, lo que podría influir también en la firma de nuevos contratos.
En una época en la que hospitales y sanitarios acaparan el foco, resulta curioso que Pablo Gállego (Huesca, 1 de octubre de 1993) debutara en Segunda división B con el equipo de su ciudad de la mano de un médico, el doctor Pablo Alfaro. El sueño de alcanzar la élite no tuvo continuidad y, como muchos otros, se vio obligado a buscarse un hueco en ligas tan exóticas como la de Albania, donde dejó un pequeño capítulo para la historia marcando el primer gol español en ese país. Ahora, sin quererlo, este aragonés de 26 años se ha convertido en el delantero más buscado porque es el único futbolista nacido en España que sigue jugando oficialmente. El coronavirus ha paralizado el deporte mundial, pero no ha frenado al campeonato nicaragüense, que continúa disputándose, aunque a Gállego le resulte ahora imposible celebrar los tantos junto a los apasionados aficionados del Managua, su actual club, porque los encuentros son a puerta cerrada. «¿Cómo va todo por España?». El oscense invierte los papeles habituales en una entrevista y la primera pregunta la lanza él. «Mantengo contacto diario con mi gente allí y sé la situación tan complicada por la que estáis pasando, mucho ánimo», desea a continuación. Pablo Gállego conserva el mismo número de teléfono en el que se le podía localizar cuando militaba en el Lealtad asturiano, su último equipo en España antes de probar fortuna en otros campeonatos. «Ser el único español que juega ahora al fútbol en todo el mundo no es ningún privilegio, créeme, al revés, preferiría no acaparar la atención y que está pandemia no hubiera afectado a tantos países y a tanta gente», asevera a este periódico. A diferencia de lo que sucede en Bielorrusia, donde el fútbol sigue jugándose con público mientras el presidente Lukashenko recomienda beber y lavarse las manos con vodka para combatir el coronavirus, en Nicaragua los partidos son a puerta cerrada y con las gradas vacías. Saltar al césped provoca una extraña sensación, según admite, pero no miedo. «No, no tengo ningún miedo ni ningún temor a seguir jugando porque aquí la situación está controlada, los datos en Nicaragua no son para alarmarse», afirma el delantero, aunque reconoce que sí está preocupado por lo que sucede en España, donde tiene a su familia. Desde Aragón le llegan noticias casi a diario porque su hermano está en la primera línea contra la pandemia trabajando en el Hospital de Huesca. «Siempre que hablo con él me insiste en que tome todas las precauciones y que siga las recomendaciones, que salga poco. La verdad es que tengo más sensación de angustia por ellos que por mí». "No lo veo una temeridad" A pesar de que en el planeta fútbol solo se continúen celebrando goles en Bierlorrusia y Nicaragua, se muestra tranquilo. «No considero que sea una temeridad seguir jugando. No soy un experto, pero la Liga, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Gobierno nicaragüense, ha adoptado la medida de que se juegue a puerta cerrada y hay que acatarla. Si estuviera en contra, hubiera hablado con el club para volver a España», aclara. Gállego vive solo en un apartamento y en el Managua FC disfruta de su segunda etapa en Nicaragua después de su estreno en el Real Estelí. El Larisa griego y el Kastrioti albanés fueron antes otras aventuras en el extranjero de un jugador que echa de menos España, pero que se siente muy cómodo en su actual club. «La vida en Nicaragua para un futbolista es muy tranquila. Entrenamos por las mañanas y luego vamos a la clínica de fisioterapia, nos centramos solo en el fútbol. El Gobierno ha establecido ciertas restricciones, como el cierre de cines, y ahora es verdad que estamos más recluidos en casa, pero lo llevo bien. No hay un confinamiento como en España». Desde 8.000 kilómetros de distancia recuerda con cariño su paso por clubes modestos españoles como el Sariñena, el Cacereño, el Lealtad y el Teruel. Su debut en Segunda B, sin embargo, fue con el Huesca con Pablo Alfaro como entrenador. «En el Lealtad pasé seis mesis espléndidos en Villaviciosa. Pedrín, el presidente, era genial, pero me llegó una oferta para jugar en la primera división griga con el Larisa y era dar un gran paso en mi carrera". «El fútbol nicaragüense es mucho más físico, las altas temperaturas lo hacen un poco especial, hay más contacto», afirma Gállego, uno de los cinco extranjeros del Managua. «En el vestuario hay también un mexicano, un brasileño, un hondureño y un cubano», explica antes de despedirse repitiendo en el adiós el mensaje de su saludo: «Mucho ánimo a toda España».
Christian Vieri apenas jugó una temporada en el Atlético de Madrid, una de las más prolíficas de su carrera. El italiano sumó 32 goles en 35 partidos como rojiblanco y cuatro de ellos los hizo en el mismo partido. Un duelo ante la desaparecida Unión Deportiva Salamanca que el conjunto madrileño no pudo ganar a pesar de la exhibición del delantero, que aquella noche empezó a pensar en su futuro lejos de Madrid. «Es la primera vez que marco cuatro goles y no gano el partido». Las palabras de Vieri en la zona mixta del Helmántico sonaban a reproche y a despedida. Quedaba aún media temporada por delante, pero el Atlético ya empezaba a resquebrajarse. La mala relación del italiano con Radomir Antic, tampoco ayudó a su continuidad. Vieri no fue feliz en el Atlético, pero sí muy efectivo. En Liga anotó 24 goles en 24 partidos y cuatro de ellos llegaron el mismo día. Una noche de marzo en El Helmántico de Salamanca. El duelo, desigual a priori, lo equilibró la Unión con su empuje desde el primer momento. Ni siquiera el primer gol de Vieri contuvo el ímpetu del conjunto local, que no tardó en darle la vuelta al marcador con goles de Popescu y el «Cuqui» Silvani. El Atlético jugaba a chispazos, cansado por su reciente choque europeo ante el Aston Villa, y así resultaba complicado sorprender al Salamanca. Lo consiguió en una jugada aislada, con un centro de Pantic y otro remate de Vieri.<iframe height="286" src="https://www.youtube.com/embed/DllfQvCps3Q" frameborder="0" allowfullscreen style="width:100%;"></iframe> Volvió a percutir el Salamanca, que se puso 4-2 y volvió a caer rendido ante el poderío del italiano. Él se valía casi solo para derribar la defensa charra. Así sumó dos goles más que llevaron el duelo hasta un final incierto en el que los albinegros supieron imponer su espíritu de lucha para ganar con un gol de Edu Alonso. Los jugadores del Atlético no se lo podían creer. Incrédulos por la derrota tras la exhibición de su delantero centro. El póker de Vieri no tuvo premio y, además, impulsó su regreso a Italia al final de temporada. En Salamanca, la victoria valió una permanencia y uno de los recuerdos más importantes de la historia de la UDS.
El parón de la Liga no ha aminorado la carga de trabajo de Javier Tebas ni del resto de su equipo de empleados de la patronal. Que no haya fútbol no quiere decir que no se esté trabajando minuciosamente en el presente a corto y medio plazo del campeonato, suspendido en la jornada 27 tras el estallido de la crisis del coronavirus. Tras la reunión del lunes tarde y de ayer por la mañana con los clubes, un escenario quedó totalmente claro para los 42 integrantes de Primer y Segunda. «Es verdad que somos conscientes de que cuanto más grande es el club más de la mano quiere ir con nosotros, pero eso no es posible. La Liga no se plantea ERTEs generales ni ERTEs a nivel individual. Tebas no ha recomendado nada a ningún club porque Tebas no tiene potestad para meterse en las finanzas de los equipos», explicaron ayer a ABC fuentes de la Liga «Es que hay clubes que pueden ver mermados sus ingresos por los derechos de televisión y por la taquillas, y otros apate de esto también por museos, tiendas… Cada uno tendrá que hacer lo que considere más oportuno para sus cuentas», detallan. Pérdidas de televisión Lo que sí hizo saber el presidente de la patronal a las 42 entidades profesionales de nuestro fútbol es que el daño estimado por el parón del campeonato sería del 20 por ciento de los derechos de televisión, que es lo que aún no se ha cobrado y coincide con lo que resta por jugar. En la Liga siguen convencidos de que el campeonato podrá retomarse en el mes de junio, con la esperanza de que sea durante la primera quincena y no la segunda, y de ser así podría finalizarse como estaba previsto, pero con matices. Se jugarían todos los partidos de las once jornadas restantes en un calendario comprimido y, a no ser que el Gobierno decretara lo contrario, a puerta cerrada: «Además, sabemos que no tendríamos las diez ventanas que tenemos contratadas con los operadores, porque en verano es obvio que no se puede jugar a ciertas horas y eso provocaría juntar partidos en una misma franja horaria», detallan en la Liga. Por este motivo, los contratos con los operadores televisivos se verían modificados a la baja, al no poder cumplirse lo firmado, y de ahí el cálculo del 20 por ciento de pérdidas, aunque no se trata de un escenario fijo: «Igual luego retomamos la Liga y las pérdidas son menores. E incluso el Gobierno permite que pueda haber gente en las gradas y el impacto económico es menor. Sobre la mesa hay muchos posibles escenarios». El que de ningún modo aparece es la suspensión del campeonato. En la Liga siguen convencidos que la temporada 2019-2020 llegará a su final e, incluso, no descartan que sea así en agosto-septiembre, enlazándola con el inicio del curso 20-21, pero para ello habría que hacer un calendario común entre todas las federaciones europeas y la UEFA para finalizar el ejercicio a actual y planificar el siguiente. Sería un mal menor para evitar una hecatombe económica, porque lo que tienen claro patronal y clubes es que si el fútbol no puede regresar antes del otoño, ese será el menor de los problemas en España. 5.000 millones de FIFA Por si acaso, la FIFA ya ha anunciado que tiene preparados 5.000 millones de euros para que el deporte rey no caiga en bancarrota, pero como le sucede a la Liga, y la UEFA, tampoco el organismo dirigido por Infantino tiene poder para fijar rebajar salariales en los clubes. Eso es una negociación exclusiva entre entidad y jugadores en la que los segundos no son témpanos de hielo: «Los futbolistas no están por la labor de llevar a cabo ERTEs y sí de negociar de buenas maneras rebajas salariales. Ellos no viven en otro planeta y son conscientes de la situación de excepcionalidad que se vive en estos momento», explicaron anoche a este periódico fuentes de AFE. Aganzo y Tebas mantuvieron una larga reunión ayer por la tarde en la que el sindicato mayoritario de futbolistas fue informado de todo lo acontecido en la reunión entre Liga y clubes: «Ha sido un encuentro telemático cordial en el que hemos hablado de los posibles calendarios, de jugar cada 72 horas, y no cada 48, y de las vacaciones de los futbolistas», detalla AFE, aunque insiste en que todo esto son elucubraciones porque los jugadores, como el resto de ciudadanos de este país, siguen encerrados en sus casas. El sindicato hizo saber a la Liga que los futbolistas serán muy flexibles con los calendarios para que regrese el fútbol, pero también esperan que sus 21 días de vacaciones sean respetados, ya sea entre el final de esta temporada y el inicio de la próxima, o ya sea antes del final de este curso y el inicio del siguiente, si es que encadenan.
Tres semanas después del estallido de la crisis del coronavirus, el Real Madrid sigue centrando su actividad en la máxima y eficiente ayuda posible con los afectados por esta pandemia en la capital de España. Reconvertido el Santiago Bernabéu a centro de almacenamiento sanitario, en la entidad blanca se vive con especial sensibilidad las consecuencias del Covid-19, tanto que la ausencia de fútbol y los daños colaterales no generan ahora mismo preocupación ninguna en la planta noble del club: «Estamos en una guerra. Hay casi 1.000 muertos al día en España. Ahora mismo, el fútbol no tiene importancia, ni tampoco las consecuencias económicas que podamos sufrir», explicaron ayer a ABC desde el Real Madrid. Eso no quiere decir que la entidad de Concha Espina le haya dado la espalda a lo que está por venir. El club blanco es consciente que esta crisis ya no va a ser cuestión de dos o tres semanas, como en un principio se pensó, y sabe que antes o después deberá ajustarse el cinturón, aunque su deseo es que esto se lleve a cabo en un acuerdo común: «Vamos a esperar a ver qué dicen FIFA, UEFA y la propia Liga. Si hay que retocar algo preferimos que sea una medida consensuada», explica el Real Madrid. Colchón de 150 millones Este anhelo del club blanco será complicado de cumplir. Como detallamos en la información principal, los tres organismos no tienen la intención, ni la potestad, de meter mano en los clubes, situación que obliga al Real Madrid, como al resto de clubes, a tomar la decisión que más crea beneficiosa para su entidad. Los más de 150 millones de euros de colchón económico que tiene la entidad merengue, y el poco más del 50 por ciento de masa salarial que suponen los sueldos del primer equipo y cuerpo técnico, permiten al Real Madrid no adelantarse a acontecimientos futuros: «No nos vamos a poner nerviosos ni tomar medidas precipitadas. No es lo que toca en estos momentos». «Somos muy pesimistas en cuanto al regreso del fútbol, pero hablar ahora de ajustes y recortes en hablar solo de supuestos porque nadie sabe cuándo vamos a volver a disfrutar de una vida normal, menos aún cuándo volverá a ver fútbol», explican. Lo que sí que tienen claro es que si llega el momento de mirar las cuentas, lo harán sin el drama ni el (negativo) eco que se está produciendo en otros grandes clubes, y con la seguridad de la lealtad de los jugadores, tanto de fútbol como de baloncesto, para ayudar a la finanzas de la entidad y para que los más de 400 empleados del club no vean mermado ni un solo uno por ciento de su salario: «Si hay que hacer ajustes se harán, pero no habrá ERTE», sentencian.
AECC Valencia atiende online a los pacientes durante el confinamiento“Uno de los pilares que fundamenta la actividad de AECC Valencia es el acompañamiento y apoyo a los pacientes y familiares con cáncer. Debemos mantener nuestro compromiso en esta circunstancia especial de confinamiento. No queremos que ninguna persona se sienta sola, desatendida o desinformada”. Con estas palabras Tomás Trénor, presidente de AECC Valencia, define los esfuerzos que estos días la Asociación Española Contra el Cáncer de Valencia está llevando a cabo para hacer frente al coronavirus. La entidad ha traspasado la prestación de sus servicios a los canales online y conserva el teléfono gratuito de atención de Infocáncer, que ahora también resolverá cualquier duda sobre cáncer y COVID-19. [Lea aquí la información completa] El Sindicato Médico denuncia la falta de sedantes para tratar a enfermos graves de COVID-19El Sindicato Médico ha denunciado la «falta de medicinas a nivel de cuidados intensivos» entre las que cita la «anestesia para sedar a los enferemos graves de coronavirus» en centros sanitarios de la Comunidad Valenciana. En concreto, el secretario general del Sindicato Médico, Andrés Cánovas, ha explicado que estas carencias se han detectado este mismo lunes en «varios puntos de España» y ha especificado los casos del Hospital General de Castellón y en el Hospital General de Alicante. [Lea aquí la información completa] Confusión en la Policía tras el aviso del Gobierno de tests para todos cuando es inviableUna orden transmitida por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana avisando de que se iba a realizar el test del coronavirus a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Unidad Adscrita de la Generalitat, las Policías Locales, Policía Portuaria y los funcionarios de Prisiones, ha suscitado una gran confusión y ha colapsado el teléfono de Sanidad facilitado para esta prueba, que es inviable realizar para todos. [Lea aquí la información completa] Último balance: la mortalidad aumenta un cincuenta por cientoEl número de muertos por coronavirus en la Comunidad Valenciana ha aumentado un cincuenta por ciento. Los 43 fallecidos por el COVID-19 reportados este lunes suponen un salto cuantitativo respecto a la media de la semana anterior, que dejó una media de veintiocho muertos al día como consecuencia de la pandemia. La Generalitat teme que el pico de casos de COVID-19 y cree que lo peor está por llegar. En la actualidad hay ya 310 muertos. De acuerdo con los últimos datos oficiales, los positivos por coronavirus en la Comunidad Valenciana se elevan a 5.110. De ellos, 586 corresponden a Castellón, 1.839 a Alicante y 2.685 a Valencia. Por el momento, 2.042 personas permanecen ingresadas, de las que 336 se encuentran en la UCI. Mientras, los contagios entre sanitarios ascienden a 826. [Lea aquí la información completa]
Desde que comenzara la crisis sanitaria por el coronavirus, las residencias de ancianos o de personas con discapacidad de la región han registrado 353 fallecimientos con síntomas compatibles a la enfermedad. De ellos, 164 han sido confirmados como positivos y otros 189 mostraban señales similares a las del Covid-19, según detalló ayer la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Preocupa especialmente la población de mayor edad, aseguró, porque se trata de las personas «más sensibles, más débiles y vulnerables» a la infección. Entre los datos que aportó figuran también los 646 casos positivos en distintos centros de la Comunidad, 2.027 personas aisladas con síntomas y otros casi 4.000 que permanecen aislados por precaución. Todas estas cifras se han recopilado gracias al «mapeo» que el Gobierno autonómico ha hecho a través de una aplicación informática de las 1.214 residencias de ancianos y dependientes de la región, en las que residen 47.264 personas. A través de este sistema los responsables de las instalaciones deben anotar diariamente las incidencias, algo que ha pemitido determinar que en 109 de esos centros se han contabilizado fallecimientos con síntomas compatibles. Consciente de que se trata de un «momento muy duro», explicó que en 54 de ellos se ha registrado una única muerte y 22 han tenido más de cinco casos. «Sé que la situación para las familias es difícil, pero estamos trabajando por las personas mayores y tratando de solucionar los problemas que van surgiendo», recalcó. «Hay muchas residencias que no tienen problemas, no están en una situación complicada y no han tenido fallecimientos», explicó y especificó que el número de personas que han perdido la vida por la enfermedad supone el 0,35 por ciento del total de usuarios. «Sé que a los familiares no se les puede pedir tranquilidad», afirmó la consejera, que insistió en que «las personas mayores están atendidas» y que el contacto con las residencias es «permanente» para poder conocer su situación y sus necesidades. «Estos centros son una prioridad y estamos las 24 horas del día pendientes y en contacto constante con ellos, especialmente con los que están en una situación delicada y con problemas de personal», detalló. Desde la Junta se está aportando material de protección para los trabajadores, subrayó Isabel Blanco, quien cifró en 200.000 las mascarillas que se han entregado del 22 al 28 de marzo en las residencias para personas mayores.
Desde que nos paralizó la pandemia los políticos miran al cielo desde sus ventanas buscando el rastro que dejan los aviones. En estos cielos limpios, con las autopistas aéreas tan vacías como las terrestres, sus estelas son aliento que ojalá pudiera verse desde cada uno de los balcones. Es otra peculiaridad de la cruenta batalla invisible que nos está tocando vivir. Los aviones en todas las contiendas desde los inicios del siglo XX habían sido el sonido seco de la guadaña cortando el aire, el relámpago de la barbarie, el grito del enemigo y el preludio de la destrucción indiscriminada. Hoy, sin embargo, anhelamos su llegada para proteger al ejército blanco entregado a salvarnos, el único dique de contención para definir la magnitud final del enorme desastre. Solo esos aviones permitirán la primavera. Porque estas semanas las cigüeñas vienen de París y los aviones de China. De la misma China que exportó la muerte hace tan solo un puñado de meses. De esa de la que huíamos antes de dejar de ser libres. Pero la muerte siempre es ingrata y le cuesta poco cambiar de bando. Y esa China gigante y herida ahora abastece al mundo de mascarillas, batas y respiradores. La potencia comunista especula jugando al capitalismo despiadado. La España de las diecisiete velocidades no iba a ser menos y aquí cada uno pide pista para sus aviones. En eso consiste el Estado de las Autonomías, en gestionar más rápido. El Gobierno de Sánchez iba a centralizar las compras de material sanitario pero ha acabado centralizando solo el BOE de coalición y los datos en rueda de prensa sin prensa. Así se desató la carrera de los aviones, que no están los hospitales para paciencia. Castilla y León junto a otras autonomías vio aterrizar el primero la semana pasada en Zaragoza. Los del Gobierno de España no han empezado a llegar hasta este fin de semana. Mañueco ha anunciado hasta once aviones más, hoy se anuncia con la misma ilusión con la que un día pregonará la vacuna. Estos aviones son el último rastro de una globalización que ahora termina en aquella otra ventana. Aviones fugaces a los que pedir esperanza.
Una orden transmitida por la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana avisando de que se iba a realizar el test del coronavirus a los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Unidad Adscrita de la Generalitat, las Policías Locales, Policía Portuaria y los funcionarios de Prisiones, ha suscitado una gran confusión y ha colapsado el teléfono de Sanidad facilitado para esta prueba, que es inviable realizar para todos. Por iniciativa de algunos agentes, han difundido las explicaciones del personal de atención de la Conselleria en un audio por diferentes comarcas para aclarar que solo se someterá al test a quienes se considere que han estado expuestos al riesgo. «No tiene sentido hacerlo a todos, porque al día siguiente si vuelven a salir a la calle habría que repetir la prueba», indica la representante de Sanidad a un policía, en esta conversación en la que confiesa que esta comunicación oficial del Gobierno les ha dejado sorprendidos. De hecho, en este documento oficial, se reconoce que hasta la fecha había un obstáculo «insalvable» para acometer este cribado generalizado del virus, pero se asegura que desde el día 30 ya se cuenta con tests para afrontarlo. Dada la «urgencia contemplada por la característica de esencial de diferentes servicios», desde la Delegación del Gobierno trasladan a todos los efectivos policiales que «en el día de hoy, 30 de marzo, se han iniciado la realización de las pruebas, que para el caso de los policías locales y de los funcionarios de prisiones, consistirá en llamar al teléfono de información 900 300 555 e identificarse como policía local o funcionario de prisiones, para que se realicen las pruebas prioritariamente». Material «insuficiente» El mismo clima de incertidumbre y malestar viene arrastrado también por el material de protección proporcionado, que no reúne las condiciones adecuadas, tal como han denunciado desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) en un comunicado que acompañan con fotos descriptivas. El Centro de Coordinación de Emergencia de la Policía Local (CEMPOL) en la Comunidad Valenciana proporciona a los cuerpos de policías una serie de medios «para evitar contagiar a otros ciudadanos y para protegerse ellos, estos medios son insuficientes y vergonzosos, de pésima calidad, siendo para cada agente un único par de guantes de nitrilo y dos mascarillas de tela/papel, que no son de nivel eficaz de protección FFP2 ni FFP3». Relatan como los agentes realizan «miles de controles en las vías públicas, identificaciones, cacheos, y demás, y en unos de esos controles se pueden contagiar, dicho contagio puede conllevar que a su vez contaminen a ciudadanos que circulan por las vías públicas, tanto a pie como en vehículo, cuando son identificados». El SPPLB de la Provincia de Alicante denuncia así «el estado de desamparo con el que se encuentran los policías locales por parte de las entidades que precisamente deberían velar por la seguridad de estos». Aparte de esta carencia de medios adecuados, denuncian que CECOR adopta medidas que «pueden ser más perjudiciales que beneficiosas, incorporar a agentes jubilados no es lo más acertado». Finalmente, desde este sindicato lamentan «la mala gestión de la crisis que están realizando las autoridades competentes», por lo que les piden que «se asesoren por profesionales competentes, para mejorar la prestación de los servicios que se presta a los ciudadanos y proteger adecuadamente a los servidores públicos».
[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas pinchando en este enlace] 1. Iglesias apunta a la nacionalización y siembra el temor entre las empresas. El miedo estaba ya latente, pero el vicepresidente Pablo Iglesias, lo desató estrepitosamente a última hora de la tarde del domingo: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (Artículo 128 de la Constitución)», dijo en Twitter. Inmediatamente las alertas saltaron en el mundo empresarial ante la posibilidad de que el Gobierno pueda sobrepasar líneas rojas hasta ahora respetadas. La banca -incluida como actor público a través de Bankia en el programa electoral de Unidas Podemos- y los suministros, en especial energéticos, son los sectores más preocupados. El temor a una intervención mayor del mercado es un hecho entre los empresarios del Ibex y el mundo económico. 2. La coalición se agrieta, olvida sus planes y afronta sus horas más complicadas. La legislatura ha cambiado para siempre. Y no volverá a ser igual. Los buenos propósitos del inicio del mandato han quedado atrás. Ningún plan o calendario tiene ya sentido. La coalición sobrevive pero el brillo de la alianza se ha esfumado. Antes de esta crisis Pedro Sánchez y Pablo Iglesias limaban cualquier discrepancia por una razón: ambos estaban convencidos de que el éxito de la coalición era fundamental para ambas formaciones. Y que un descalabro precipitado no beneficiaría ni a PSOE ni a Unidas Podemos. Ahora ya no vale ninguno de esos cálculos. «Ni siquiera sabemos cuándo podremos volver a una situación que podamos considerar normal», expresa con incertidumbre un alto cargo del Ejecutivo. Fuentes del Consejo de Ministros zanjan el debate sobre la duración de la legislatura: «Eso no lo sabe ahora mismo el presidente». 3. Los médicos intensivistas alertan del desabastecimiento de fármacos sedantes. Las UCI están al límite y también los recursos que necesitan. A la escasez de respiradores y dispositivos de ventilación mecánica podría sumarse la falta de fármacos para sedar a los pacientes. Al menos, esta es la llamada de atención que ha lanzado la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), muy reivindicativa desde que empezó la avalancha de enfermos por la pandemia. Ayer alertó de que empieza a haber un desabastecimiento de estos medicamentos esenciales para los enfermos críticos. En un comunicado, esta sociedad científica explica que estamos sufriendo un desabastecimiento a nivel nacional e internacional «que nos obliga a considerar otras pautas de sedación no tan habituales en función de la disposición de fármacos que vayamos teniendo en cada hospital». 4. Estados Unidos hará lo posible por capturar a Maduro. Donald Trump venía insistiendo en que marzo iba a ser importante en la campaña contra Nicolás Maduro, y así ha ocurrido. Ahora sabemos que hace seis meses se tomó la decisión de presentar cargos contra él y otros máximos responsables del régimen en una macro causa centrada en el narcotráfico, y desde entonces hasta cinco jurisdicciones judiciales federales estadounidenses han trabajado intensamente en la coordinación de sus informaciones. Fuentes que han colaborado en el avance de la causa aseguran que Estados Unidos hará todo lo posible por capturar a Maduro. Se descarta una operación como la que los estadounidenses protagonizaron en 1989 en Panamá para detener a Manuel Noriega (el único caso previo de un mandatario por el que EE.UU. ha ofrecido recompensa), pero caben otras operaciones «quirúrgicas» que pueden llevar al mismo resultado. 5. Hoy se oficializa la retirada de los Duques de Sussex como miembros de la Familia Real británica. Desde la entrada de Meghan Markle en la Familia Real británica, la exactriz de Hollywood dejó muy claro que su andadura en la institución no sería la de una «royal» al uso. Numerosas polémicas han salpicado al Harry y a su mujer desde que su noviazgo saliera a la luz, aunque lo cierto es que el matrimonio ha conseguido conquistar a gran parte de la ciudadanía británica y se han convertido en una de las parejas más aclamadas a nivel internacional. El pasado mes de enero, una vez más, los Sussex -desde este martes dejan de utilizar su título de duques- confirmaron lo que ya venía siendo una realidad desde hacía meses: que su camino y el de la Corona ya no apuntaban a una misma dirección. Meghan y Harry anunciaron entonces, de manera unilateral y a través de sus redes sociales, sus deseos de abandonar una institución 6. Un ERTE que escenifica el divorcio entre Bartomeu y el vestuario del Barcelona. Vive instalado el Barcelona en una vorágine de autodestrucción que convierte en intrascendente cualquier momento de la temporada. Da igual si se ganan títulos, si el presupuesto bate registros positivos, si los mejores jugadores del mundo defienden su camiseta en todas las secciones o si la competición se paraliza por las medidas gubernamentales para frenar la expansión del Covid-19. El club siempre encuentra una excusa para dispararse en el pie y evidenciar el divorcio existente y cada vez más irreconducible entre la directiva y el vestuario. La crisis del coronavirus ha sido la última palanca con la que agrandar la brecha entre el césped y la planta noble. Un malestar generado por la decisión de la entidad de aplicar un ERTE que también ha salpicado al primer equipo de baloncesto.
