La presión de JpC encarece el apoyo de ERC a la investidura

Cuando tus votos son sobreros, hagas lo que hagas te sale gratis. En el seno de ERC se tiene claro que, ahora mismo, los principales saboteadores de un hipotético acuerdo de investidura entre los republicanos y el PSOE están en el campo independentista, concretamente en el seno de Junts per Catalunya, amalgama política que sobre la cómoda postura que otorga el hecho de que sus ocho diputados en el Congreso de los Diputados son irrelevantes, puede dedicarse a la proclama, al esencialismo y a cultivar al electorado «indepe» más irredento. La situación no es nueva, y de hecho, la presión de JpC, también de la CUP, para que ERC no facilite con su abstención la investidura de Pedro Sánchez es una reedición perfeccionada, y con bastante más mala uva, de la que ya hizo en su momento en el debate sobre los Presupuestos que acabó conduciendo a la repetición electoral. El esquema se repite, una presión que se propaga a través de las redes sociales, las tribunas más «hardcore» de los digitales «indepes» y las voces de JpC más alineadas con la estrategia de Waterloo. En este esquema, la reconversión de Gabriel Rufián hacia posiciones relativamente posibilistas, o las opiniones de un Joan Tardà encuadrado en la facción más pragmática del independentismo, se usan como arma arrojadiza. Para el independentismo esencialista, ambos no son más que «botiflers», y ERC, el partido de la claudicación. El desgaste sobre los republicanos es implacable, y aunque en el partido ya se dicen acostumbrados a ello, la presión, como en otras ocasiones, acaba surtiendo efecto. A efectos prácticos, JpC no hace más que enredar las negociaciones y obligar a los republicanos a venderse más caros, al menos aparentemente. Aunque se da por hecho que ERC y PSOE acabarán llegando a un acuerdo, los primeros han diseñado un recorrido lleno de meandros e idas y venidas políticas para no aparecer como entreguistas. La primera estación de este recorrido se producirá este lunes, cuando la militancia republicana está llamada a una consulta telemática para orientar las negociaciones. «¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?», es la pregunta a la que tienen que responder los militantes. La victoria del «sí» se da por descontada, algo que en su momento se leyó como una forma de presionar al PSOE, pero que en realidad es una pista abierta para que las direcciones acaben llegando a un pacto. El concepto clave, se asume en ambos partidos, es que la definición de «mesa de negociación» –siempre de partidos, no institucional– es tan difuso como se quiera, lo que permitirá a unos y a otros vender la encajada de manos sin explicitar renuncias. Los mínimos para negociar Ninguneados por la irrelevancia de sus votos, humillado Torra por un Sánchez que no le considera interlocutor y ni le coge las llamadas, en el campo de JpC de lo que se trata a toda costa es de torpedear la confluencia de socialistas y republicanos. «No me puedo imaginar que ningún diputado independentista no haga honor a lo que nos hemos comprometido con nuestros electores y lo que hemos suscrito», apuntaba esta semana el presidente de la Generalitat, recordando que sus mínimos para participar en esa hipotética mesa de negociación es negociar la «autodeterminación y la libertad de los presos políticos». Si no es así, añadió en la entrevista en Rac1, ya «no tiene ningún sentido» constituir la citada mesa. A Torra, ciertamente, ni está ni se le espera. Con las negociaciones entre PSOE y ERC encauzadas –la formalización de los equipos negociadores de ambas partes ya apuntaba el viernes en esa dirección–, el papel de JpC, y también el de la presidencia de la Generalitat, acaba por completo desdibujado. Es en este contexto en el que, como las palabras de Torra el jueves, se lee la carta que la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, remitió el viernes a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, proponiendo una inasumible por parte del Ejecutivo «mesa de diálogo» no ya entre partidos sino entre gobiernos. Acompañaba la carta de Budó la encuesta «ad hoc» encargada por la Generalitat a su Centro de Estudios de Opinión en toda España, donde se apunta que un 36,2 % de los españoles serían favorables a la celebración de un referendo para que los catalanes decidiesen «qué relación quieren» entre Cataluña y el resto del Estado. Apoyándose en ese estudio, la Generalitat señala que «el conflicto» catalán solo se solucionará «desde la negociación» y, por ello, pide al Gobierno aceptar compartir una «mesa de diálogo» en la que exista una «voluntad sincera y franca de llegar a acuerdos que permitan avanzar». En la misma mesa debería poderse hablar «de la libertad de presos políticos y exiliados, del reconocimiento de la autodeterminación de nuestro país y del progreso social y económico para todo el mundo», carta de máximos que más que una invitación al Gobierno es un intento de zancadilla a ERC. De fondo, y pese a lo que diga Torra, el horizonte del adelanto electoral en Cataluña, campo abierto para la guerra civil que se va a librar en el seno del independentismo. Lo visto hasta ahora solo son escaramuzas.

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