Vocales progresistas del Poder Judicial rechazan el plan de Cuesta para dimitir en bloque

Miembros del sector progresista en los que el vocal Álvaro Cuesta confía para participar en su plan de dimisión en bloque para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dudan de la viabilidad de este movimiento. No es la primera vez que el exdiputado del PSOE pone encima de la mesa una idea que vocales del propio grupo tildan de «calentón». Aunque la reunión del sector progresista , que integran 8 de los 18 magistrados que componen el órgano, no se producirá hasta el próximo martes, dos días antes del último pleno previo a Semana Santa, la primera impresión tras los iniciales contactos del vocal con alguno de sus compañeros es que esta maniobra previsiblemente no conducirá a nada . El hecho de que en este momento la mitad de los vocales que integran el bloque progresista no se planteen participar en este plan da idea de la escasa viabilidad de un movimiento en el que algunos ven detrás la mano de Moncloa y otros una justificación de Cuesta «de cara a la galería», más cuando la renuncia de la vocal propuesta por IU , Concepción Sáez, le coloca a él en el foco por ser el más afín al Gobierno. Según ha podido saber ABC, Cuesta se reunió este viernes con los vocales que, en su caso, serían los más proclives a seguir sus pasos: la propia Sáez , cuya renuncia no puede ser efectiva hasta que sea aceptada por el presidente del CGPJ, Rafael Mozo; Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda. Fuentes presentes en esa reunión, que sorprendentemente se celebró en el despacho del propio Mozo , señalan que los vocales analizaron la «insostenible» situación del CGPJ como consecuencia de su no renovación y los posibles escenarios y «consecuencias jurídicas» que plantearían nuevas renuncias, que «en todo caso serían individuales y no colectivas». Noticias Relacionadas estandar No El PP plantea vocales del CGPJ sin vínculos políticos y votados en su mayoría por los jueces Mariano Alonso estandar No El CGPJ no logra dar una respuesta a la llamada de auxilio del Tribunal Supremo Nati Villanueva El matiz es fundamental, pues como se advierte desde el sector conservador del Consejo, los vocales podrían incurrir en el delito de abandono previsto en el artículo 409.2 del Código Penal: «Las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años». Otra reunión Los cinco vocales se han emplazado a una nueva reunión, el martes, con el resto de sus compañeros del grupo progresista, que ayer no participaron en la cita por distintos motivos. Se da la circunstancia de que ninguno de los tres, Roser Bach, Mar Cabrejas y Enrique Lucas, son partidarios de sumarse a la dimisión que promueve Cuesta. Además de considerarla una «irresponsabilidad» , no garantizaría que esa renovación se fuera a producir, menos aún en periodo electoral. El propio Mozo tampoco está por la labor . Con independencia del plan de Cuesta, el presidente tiene que decidir si acepta la renuncia de la vocal Sáez que trascendió hace apenas dos días pese a que la carta lleva en el cajón de Mozo desde hace casi dos semanas. Fuentes del grupo conservador señalan que esa renuncia no puede ser automática y que el presidente tendrá que valorar si existe una causa justa para abandonar por simple «hartazgo» un puesto para el que no puso pegas cuando fue propuesta . En su carta de renuncia, Sáez reconocía que «la incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias de este órgano, al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un Consejo en funciones, ha terminado por agotar mi paciencia». «Resulta difícil pronosticar cuándo y cómo se resolverá esta larga crisis que tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen de nuestro sistema judicial», decía. En el PP ven al Ejecutivo de Sánchez detrás del plan de Cuesta. «Estamos ante un intento de motín en el CGPJ para que el Gobierno pueda controlarlo por las bravas», dijo este viernes Elías Bendodo .

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