Antifraude de la UE investiga la fundación del caso Mediador al menos desde diciembre

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) tiene abierta una investigación sobre la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), la entidad pública implicada en el caso Mediador y que está presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño. Ambas investigaciones, la europea -de índole administrativa- y la penal española, son independientes, al margen de que puedan estar investigando los mismos presuntos fraudes. De hecho, la investigación de la OLAF arrancó cuando el caso Mediador estaba bajo secreto y aún no había saltado a los medios, lo que no ocurriría hasta el pasado 14 de febrero, cuando se produjeron las detenciones, tras algo más de un año de pesquisas judicializadas a puerta cerrada. Fuentes internas de la Fiiapp relatan a ABC que los inspectores de la OLAF se personaron el pasado diciembre en la sede de la fundación, en Madrid, y requisaron abundante documentación de proyectos que se financian con fondos de la Unión Europea. Según las fuentes consultadas, los inspectores de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude «se llevaron copia de los buzones de correo electrónico de la directora, la secretaria general, directores de departamento y varios coordinadores de proyectos y técnicos». «Graves irregularidades» No consta el origen de las pesquisas, pero las fuentes consultadas aseveran que existen «graves irregularidades desde hace años» en la compra de material y la contratación de servicios. Tras la llamada de ABC, fuentes oficiales de la Fiiapp declinaron ayer pronunciarse al respecto. Se limitaron a expresar que la fundación «colabora con todos los requerimiento de información, sean judiciales, como se está haciendo en el caso Mediador, o de organismo fiscalizadores». Por su parte, la Oficina de Prensa de la OLAF ha contestado a este diario que no están «en condiciones de responder» porque la oficina comunitaria de lucha contra la corrupción «no suele emitir comentarios sobre los casos que puede o no estar tratando, con el fin de proteger la confidencialidad de las posibles investigaciones y de los posibles procedimientos judiciales que se sigan, así como para garantizar el respeto a los datos personales y los derechos procesales». Entre las competencias de la OLAF destaca la investigación del uso fraudulento de los fondos comunitarios, la corrupción y las faltas graves en las instituciones europeas, además de elaborar la política de lucha contra el fraude para la Comisión Europea. . Fuentes de la fundación denuncian «graves irregularidades» en compras y servicios desde hace varios años La Fiiapp es una fundación del sector público que se dedica a la cooperación internacional mediante la puesta en marcha de proyectos que se engloban en el marco de la Agenda 2030. La fundación tiene un equipo ejecutivo que rinde cuentas al patronato, presidido por el vicepresidente primero del Gobierno de turno, en este caso la vicepresidenta Nadia Calviño. Entre los vocales están los ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación -José Manuel Albares- y la de Justicia -Pilar Llop-, además de una veintena de altos cargos gubernamentales. Un centenar de países La fundación gestiona alrededor de 120 proyectos al año con una inversión media de 67 millones de euros anuales . Acumula un millar de proyectos en 114 países con una inversión de 400 millones de euros. El nombre de la Fiiapp saltó a los medios por el caso Mediador. El general retirado Francisco Espinosa, el único detenido que permanece en prisión provisional, lideraba uno de los proyectos de esta fundación, el GAR-SI Sahel, que se dedica a «garantizar la seguridad y la estabilidad en los países del G-5 Sahel y Senegal, mejorar las capacidades operacionales, reforzar el control efectivo del territorio y extender la acción del Estado de Derecho», en palabras del propio general. En el marco de ese proyecto, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife libró hace unas semanas un requerimiento de documentación a la Fiiapp sobre cuatro contratos detectados adjudicados a un empresario implicado en el caso Mediador y que se encuentran bajo sospecha, informan Isabel Vega y Adriana Cabezas. Son cuatro expedientes de suministro de equipamiento para el proyecto GAR-SI Sahel en Mauritania, Níger, Malí y un envío a la base de Logroño adjudicados entre 2020 y 2021, los años en que se circunscribe la investigación sobre una trama de mordidas en la que el «mediador», Antonio Navarro Tacoronte, habría gestionado comisiones de empresarios a cargos públicos a cambio de influencia y, se sospecha, también adjudicaciones. Son expedientes que suman un importe total de 2,35 millones de euros, pero los lotes bajo sospecha ascienden a 263.000 euros. Cuatro adjudicaciones del proyecto GAR-SI Sahel, bajo la lupa de la juez y la CNMC La Comisión Nacional de la Competencia ultima un informe elaborado bajo coordinación de la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil que debe esclarecer si hay indicios de irregularidad en una batería de contratos públicos concedidos mientras el general de División Francisco Espinosa lideraba el proyecto GAR-SI, que regenta la Fiiapp con fondos de la Comisión Europea, en la zona del Sahel. La encomienda fue realizada por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que viene investigando una supuesta trama de mordidas cambio de influencias, el conocido como caso Mediador. Aunque, de acuerdo a las fuentes de la causa consultadas por ABC, se analizan los expedientes completos, la sospecha se cierne sobre cuatro lotes adjudicados en 2020 y 2021 al empresario José Suárez Esteve, que regenta una empresa dedicada a la tecnología de drones. Era conocido de Espinosa desde al menos 2019, según ambos señalaron en sus respectivas comparecencias ante la juez. Además, se le imputan pagos a la trama a través de Antonio Navarro Tacoronte, el conocido como «mediador». Incluido uno de 5.000 euros a la asociación deportiva que presidía el ya exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, y que los investigadores consideran una suerte de peaje para poder entrar en la red y beneficiarse de sus favores. Estos son los antecedentes que llevaron a la juez a poner en duda esos cuatro lotes, que ahora se analizan en contraste con el contenido de los móviles y el correo electrónico del general. Se busca, como destapó ABC, conocer a fondo la «trastienda» del contrato. La sospecha, que se pudieron haber acomodado los pliegos para que Suárez Esteve resultase adjudicatario por su relación con el general Espinosa. En ese caso, tratándose de fondos de la UE, entraría en juego la Fiscalía Europea en la investigación. De paso, los investigadores trabajan en una averiguación patrimonial del general con apoyo en la Oficina de Recuperación de Activos y una orden europea de Investigación. Se buscan bienes en el extranjero y se analizan, además, posibles contrapartidas o cohechos del tráfico de influencias que se presume. Él siempre ha negado haber favorecido a nadie en particular en el ejercicio de su cargo. En cuanto al empresario, defendió ante la juez la limpieza de las adjudicaciones. Mauritania, Níger, Malí GAR-SI Sahel es un proyecto de formación para las fuerzas de seguridad de los países de la zona que dirige el Ministerio del Interior a través de la Guardia Civil pero que gestiona la Fiiapp y financia la Comisión Europea con cargo al fondo para África. El primero de los lotes que en este contexto, recibió Suárez Esteve fue adjudicado en julio de 2020 y su empresa recibió 37.500 euros para drones en Mauritania. En el segundo, de la misma fecha y por el mismo producto, el lote ascendía a 53.000 euros para desplegar en Níger. El tercero, un lote de 16.940 euros para la Gendarmería de Malí. En cuanto al cuarto lote, se adjudicó en julio de 2021 y por un total de 30.129 euros, si bien no está vinculado directamente a GAR-SI Sahel, sino al proyecto de Fiiapp CT Public Spaces, sin vinculación en principio con Espinosa. La juez, no obstante, ha recabado los cuatro expedientes enteros y son los que está analizando la CNMC. Suman un importe de 2,3 millones de euros en adjudicaciones y son la principal razón de que Espinosa siga en prisión provisional. El general es el único de la docena de investigados en el caso Mediador que está privado de libertad, en una situación «instrumental», según los autos, en tanto se esclarecen esos dos asuntos: los contratos y el patrimonio, que se prolonga ya más de un mes.

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