«Estamos en España y se ha de hablar en castellano»: oleada de denuncias a médicos por «discriminación lingüística»

«Estamos en España y se ha de hablar en castellano». El informe sobre «Denuncias de los derechos lingüísticos en 2022» en la Comunidad Valenciana elaborado por entidades subvencionadas por el Gobierno que preside Ximo Puig pone el foco en las «discriminaciones» sufridas por pacientes en la sanidad pública. En concreto, el documento que firman Escola Valenciana y la Plataforma per la Llengua -autoproclamada como la «ONG del catalán»- recopila un total de veintiséis denuncias relacionadas con el uso del español en centros sanitarios. El informe relata el caso de «una administrativa del centre de salud público de Vinaroz que no permitió hablar a una usuaria del municipio en valenciano alegando que estamos en España y se ha de hablar castellano«. La denuncia incide en el hecho de que »no es la primera vez que personal laboral del servicio de administración se dirige de esta forma« hacia los pacientes. El documento sobre casos de «discriminación lingüística» recoge también una denuncia que una usuario en una visita médica al Hospital General de Valencia que no pudo ser atendida en valenciano. Según este relato, «la doctora le dijo que si no le hablaba en castellano» no le iba a pasar consulta. Mientras, las entidades que han elaborado el informe han difundido una denuncia contra el personal de la recepción del Hospital de la Marina Baixa en Villajoyosa, por las trabas que habría puesto a una personas que pretendía visitar a un familiar y se expresó en valenciano. El informe también denuncia que el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana «solo realiza campañas en español»; que un usuario del teléfono sobre información del covid fue instado a expresarse en castellano; o que un doctor de un centro de salud de Elche no atendió a una mujer por hablar en valenciano. El documento incluye casos de similar casuística en los que se denuncia a profesionales sanitarios en Benilloba, Castellón de la Plana, Sedaví, Gata de Gorgos, Benifaió, Sagunto, Alfafar y Alicante. El rosario de denuncias puestas negro sobre blanco por Escola Valenciana y la Plataforma per la Llengua se extiende a la página web de l Hospital General de Valencia ; la cartelería del centro de salud de Pinoso ; y a las cartas de nacimiento y de Salud Infantil del Hospital de La Ribera . Requisito lingüístico para los profesionales sanitarios La nueva Ley de Función Pública aprobada por la Generalitat ha dejado a los médicos y profesionales de la sanidad fuera de la obligación del requisito lingüístico para poder optar a una plaza. Sin embargo, el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano , de Compromís, ha expresado la voluntad de extender la necesidad de contar con la titulación del valenciano en el ámbito sanitario si se reedita el actual Gobierno de izquierdas en la Generalitat tras las próximas elecciones autonómicas. Una posición que no comparten sus socios socialistas, que prefieren mantener el valenciano como un mérito computable para acceder a un puesto de trabajo en la sanidad pública en lugar de una obligación. MÁS INFORMACIÓN noticia No La Generalitat rectifica y equipara la formación al valenciano para la consolidación de plazas de Sanidad Al respecto, para el presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón , «imponer el requisito lingüístico en sanidad es una barbaridad». El candidato de los populares a la Presidencia de la Generalitat denuncia que «el Gobierno de Ximo Puig está entrando en una fase antisanitaria. El prejuicio y el requisito lingüístico no curan, lo que cura y lo que sana es la preparación, la experiencia y el refuerzo de la calidad asistencial y de los médicos y del resto de sanitarios». Al margen del debate sobre el requisito lingüístico en la sanidad pública, la Generalitat ha modificado la Ley del Estatuto de Consumidores para incluir sanciones a empresas del sector privado que denieguen la atención en valenciano. La nueva normativa, cuyo contenido fue avanzado en exclusiva por ABC , contempla multas para los infractores que van hasta los 3.005 euros.

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