sábado, 17 de diciembre de 2022

El Constitucional decide bajo máxima presión si frena el plan judicial de Sánchez

El Poder Judicial afronta esta semana un momento crucial en su historia, no solo por el destino de unas enmiendas que, de seguir adelante, supondrán un nuevo paso en la ofensiva de ataque a su independencia por parte del Gobierno de Sánchez, sino porque de la respuesta que dé el TC a este nueva injerencia del Ejecutivo dependerá en gran medida la proyección nacional e internacional de una efectiva separación de poderes en España. El Constitucional tiene que decidir si frena el plan judicial del Gobierno para hacerse con el control del órgano de garantías en un momento de deslegitimación absoluta del Poder Judicial por parte del Ejecutivo y de los partidos que lo sustentan. Pero también de máximas presiones. El partido se juega esta semana en el órgano constitucional, en el Consejo General del Poder Judicial y en el Senado, último paso en las Cortes para que la reforma del Gobierno vea definitivamente la luz. Noticia Relacionada estandar Si La amenaza del sector progresista de no votar propició la suspensión del Pleno del Constitucional Nati Villanueva Trevijano obligó a los cinco magistrados a firmar su negativa a participar en el cónclave: sin quórum no se podía celebrar   Sobre la mesa, dos enmiendas concretas: la primera, que afecta al CGPJ, rebaja de mayoría de tres quintos a mayoría simple la elección de los dos magistrados que este órgano tiene que elegir para el TC y que, junto con los del Gobierno (ya nombrados), darán el control del TC a la mayoría progresista. Esa reforma contempla también responsabilidades penales para los vocales que obstruyan la renovación. La segunda enmienda afecta al TC: suspende el trámite de verificación de candidatos que hasta ahora hacía el Pleno y permite que, en caso de que no sea posible la renovación del tercio del tribunal que prevé la Constitución, tomen posesión los dos magistrados que corresponden al Gobierno sin necesidad de esperar a que el CGPJ elija a los suyos. Esta cuestión es fundamental para el Ejecutivo, porque con este movimiento consigue despejar el camino hacia esa mayoría progresista en un primer paso: sustituyendo a los dos miembros del TC que nombró Rajoy en su momento –el presidente. Pedro González Trevijano y Antonio Narváez– por el exministro Juan Carlos Campo y Laura Díez. Profunda división Mañana, a las diez, está convocado el Pleno extraordinario del Constitucional que tendrá que decidir primero si admite el recurso de amparo del PP en el que pide la suspensión de esas enmiendas y, en caso afirmativo, si accede a esa medida cautelarísima. La división en el seno del Pleno es total, no ya solo en cuanto a la decisión que debe tomarse respecto a esa suspensión cautelar, sino respecto a la premura en la convocatoria, división que se vio incluso dentro del sector conservador del tribunal cuando varios de sus magistrados emplazaron el miércoles por la tarde al presidente a que fijara para el día siguiente por la mañana el cónclave que tenía previsto convocar el viernes , que es lo que, según reconocen fuentes de ambos bloques, se había barajado inicialmente. Una de las principales bazas en las que el sector progresista confía para intentar detener una eventual suspensión de las enmiendas –a diferencia del jueves, ahora ya aprobadas y de camino al Senado– es hacer valer las recusaciones que Unidas Podemos presentó precisamente contra el presidente y contra Narváez, al entender que no pueden participar en este recurso porque sus sustitutos ya han sido nombrados. Magistrados de este bloque creen que ambos tienen un interés directo en esta cuestión: si deciden que hay que frenarlas seguirían en el Tribunal porque de momento no se activará esa posibilidad de toma de posesión fragmentada. En la misma situación se encontrarían los dos magistrados que tienen que ser sustituidos por los que nombre el CGPJ: el progresista Juan Antonio Xiol y el conservador Santiago Martínez-Vares. Paradójicamente ellos no han sido recusados, cuando su mandato también caducó el pasado 12 de junio. Lo cierto es que sacar del Pleno a Trevijano y Narváez supondría que el destino del recurso del PP quedaría en manos de nueve magistrados en vez de once y que de esos nueve cinco serían progresistas y cuatro conservadores. Sacar a los cuatro supondría dejar directamente al tribunal sin quórum para decidir todo lo demás. Una semana clave Lunes Pleno en el TC El Tribunal Constitucional afronta un Pleno que condicionará, al menos provisionalmente, el plan de Sánchez para hacerse ya con la mayoría en este órgano. Los magistrados decidirán si admiten a trámite el recurso de amparo del PP y, en caso afirmativo, si suspenden la tramitación de las enmiendas que afectan a CGPJ y TC. Si lo hacen, quedarán paralizadas sin seguir su tramitación en el Senado. Martes Votación en el CGPJ Los dieciocho vocales que conforman hoy el CGPJ se reúnen a petición del bloque conservador para votar a al menos los dos candidatos que ha presentado este sector: César Tolosa, y Pablo Lucas, este último progresista. Intentan sacarlos adelante antes de que la ley que les obliga a hacerlo por tres quintos (11 votos) pase a ser mayoría simple. Ese mismo día la Comisión de Justicia en el Senado estudiará la polémica reforma. Jueves Luz verde La reforma penal de la malversación y sedición y las polémicas enmiendas serán aprobadas por el Pleno del Senado y publicadas al día siguiente en el BOE. A partir de este momento la elección de los dos magistrados del CGPJ ya sería cuestión de días y su toma de posesión, junto con los dos del Gobierno, también.   Así como la decisión sobre la suspensión de la tramitación de las enmiendas está abierta, lo que sí parece claro es que las recusaciones se rechazarán de plano porque, entre otras cuestiones, quienes la solicitan (UP) ni siquiera son parte en el procedimiento, recuerdan fuentes del sector conservador. En estos momentos lo que se ventila en el tribunal son unas medidas cautelarísimas de las que solo es parte quien las pide : el PP. Si hay que escuchar o no a los afectados por esa suspensión es algo que tienen que decidir los propios magistrados si optan, por ejemplo, por transformar esas cautelarísimas en cautelares, lo que ya permitiría formular alegaciones e instar, en su caso, a estas recusaciones. La estrategia de los progresistas La suspensión de la tramitación de las enmiendas no se decidirá solo con los informes jurídicos del vicesecretario general del TC y el del letrado del ponente, Enrique Arnaldo –favorable a la suspensión–. Según informan fuentes del sector progresista a ABC, este grupo acudirá al Pleno mañana con artillería jurídica contraria a frenar la tramitación parlamentaria. Si se acuerda la suspensión, las enmiendas quedarían paralizadas y ya no pasarían por la Comisión de Justicia del Senado (martes) ni por el Pleno de la Cámara Baja (jueves), último paso para su aprobación. Precisamente el martes, también antes de que las enmiendas entren, en su caso, en vigor, está previsto que el CGPJ celebre un Pleno extraordinario a petición del sector conservador para votar a, al menos, los dos candidatos que ha presentado este bloque: el conservador César Tolosa y el progresista Pablo Lucas. En un último intento antes de que la reforma que rebaja sus mayorías entre en vigor, los conservadores intentan vetar la entrada en el Tribunal del candidato que quieren los progresistas: José Manuel Bandrés, quien levanta suspicacias entre los conservadores por su cercanía al magistrado del TC y ex fiscal general Conde-Pumpido.

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