La Generalitat impondrá multas de hasta 3.000 euros a los comercios y empresas que denieguen la atención en valenciano

La Generalitat podrá imponer multas de hasta 3.000 euros a comercios y empresas que denieguen la atención en valenciano . El Gobierno presidido por Ximo Puig ha reformado el Estatuto de los Consumidores aprovechando el tramite parlamentario de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del próximo año, a instancias de la Plataforma per la Llengua, entidad subvencionada por el propio Consell y que se ha autoproclamado en diferentes ocasiones como «la ONG del catalán». El nuevo texto legal, aprobado este jueves en las Cortes Valencianas con los votos a favor de PSPV-PSOE, Compromís y Podemos , incluye diferentes enmiendas para que, por primera vez, los consumidores no sean discriminados por razones de lengua y que la Administración pública proteja sus derechos lingüísticos en cualquier comercio y empresa de la Comunidad. De este modo, la citada ley tipifica como infracción sancionable de carácter leve la vulneración de derechos lingüísticos y la denegación de cualquier servicio por razones de lengua. En concreto, las enmiendas actualizan el decreto legislativo aprobado por el Gobierno de Ximo Puig en 2019, tras la insistencia de Plataforma per la Llengua «de acabar con las discriminaciones lingüísticas en los establecimientos comerciales valencianos», entidad que ha mantenido un diálogo constante con el Ejecutivo autonómico y, sobre todo, con Compromís, en concreto, con el conseller de Economía, Rafael Climent, de cuyo departamento dependía la modificación del estatuto. MÁS INFORMACIÓN noticia No «Hábleme en castellano porque estamos en España»: denuncian a un guardia civil por discriminación lingüística Así, el proyecto de ley de la Generalitat de medidas fiscales, gestión administrativa y financiera y de organización, aprobado en el Parlamento autonómico, incluye modificaciones legislativas referentes al Estatuto de las personas consumidoras y usuarias. En concreto, amplía cuatro artículos de la citada normativa para dar sustento jurídico a la protección de los derechos lingüísticos en el ámbito empresarial. Sanciones por discriminar el valenciano El nuevo Estatuto de los Consumidores de la Comunidad Valenciana incorpora en su artículo 74 , referente a las infracciones contempladas, los siguientes supuestos para poder efectuar tales sanciones: «Vulnerar los derechos lingüísticos de las personas consumidoras o incumplir las obligaciones en materia lingüística que establece la normativa, siempre que esta vulneración no implique, además, una denegación del servicio», así como «denegar la atención de la persona consumidora con la motivación de impedir el ejercicio de sus derechos lingüísticos recogidos en esta ley». De la misma manera, modifica el artículo ya existente sobre derechos lingüísticos que reconocía a los consumidores el derecho a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de la región y el fomento del valenciano en las interacciones comerciales, e incluye que estos «no podrán ser discriminados por razón de su lengua» y que « en ningún caso se les puede negar la atención o atender incorrectamente por razón de la lengua oficial que empleen en las relaciones de consumo reguladas por esta ley». Vecinos de Alicante visitan sus comercios JUAN CARLOS SOLER Para ello, habilita a la Administración Pública a desarrollar las «actuaciones necesarias» para proteger los intereses de los consumidores, en concreto, «sus derechos lingüísticos» y «un ejercicio de la actividad empresarial respetuosa » con los mismos, así como «la comprobación y verificación de su cumplimiento». Así, el Gobierno de Ximo Puig ha aprobado incorporar como infracción sancionable la vulneración de derechos lingüísticos, tipificada a partir de ahora como leve, es decir, podría conllevar apercibimiento o multa de hasta 3.005,06 euros , según estipula la nueva versión del texto legal. No obstante, no especifica si dentro de las infracciones leves se ajusta a los grados mínimos, medios y máximos que ascienden entre ellos en mil euros hasta la citada cifra. Cabe destacar que esta modificación del Estatuto de los Consumidores afecta a las dos lenguas oficiales de la autonomía , o lo que es lo mismo, un usuario que se exprese en español debe ser atendido en este idioma en cualquier comercio o empresa. Denuncias por discriminación lingüística Para Plataforma per la Llengua , entidad subvencionada anualmente por la Generalitat, la aprobación de estas enmiendas «marcará un antes y un después en la protección de los derechos lingüísticos de los consumidores», pero insta al Gobierno autonómico que incorpore un capítulo concreto dedicado al uso del valenciano en documentaciones contractuales, instrucciones de uso de productos y señalización fija. De manera reciente, la organización autodenominada «ONG del catalán» junto a otras asociaciones como Escola Valenciana, han presentado un detallado informe con centenares de casos de presuntas vulneraciones lingüísticas acontecidas en la Comunidad, que afectan tanto al ámbito sanitario, como al empresarial, a diferentes administraciones del Estado y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. MÁS INFORMACIÓN noticia No Unos policías irrumpen en una boda y amenazan al novio con llevarlo «al cuartelillo» por no hablar castellano Entre ellas, se especifican quejas a pubs, restaurantes y bancos por instar a los clientes a hablar en español, así como denuncias por el mismo motivo a guardias civiles, policías nacionales y trabajadores del SEPE y de la Seguridad Social. Por otro lado, el Ejecutivo liderado por el socialista Puig ha aprovechado la Ley de Acompañamiento para recuperar la Oficina de Derechos Lingüísticos, bautizada por la oposición como la « Policía Lingüística de la Generalitat ». A través de este mecanismo, ha ampliado su campo de actuación al ámbito universitario.

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