El Consejo de Estado tendrá que pronunciarse sobre los distintos escándalos de tesis plagiadas que ha destapado ABC. El consejero de Universidades de la Comunidad de Madrid, Eduardo Sicilia, propondrá en el próximo consejo de gobierno de la región que se eleve una pregunta al máximo órgano consultivo del Estado, con el fin de saber hasta dónde puede llegar la labor fiscalizadora de la Administración en los casos de fraude universitario. El sistema educativo madrileño ha sido golpeado, recientemente, por varios escándalos de corrupción académica y, por el momento, las consecuencias no van más allá de investigaciones internas acaban en nada. Por ello Sicilia, según ha podido conocer ABC, quiere que el Consejo de Estado aclare cuáles son las competencias que tienen las universidades en materia de títulos, además de detallar cuál es el ámbito de actuación de la Administración. De esta forma, el consejero de Universidades, que forma parte de la cuota de Ciudadanos en el gobierno regional que dirige la popular Isabel Díaz Ayuso, toma la iniciativa a la hora de buscar y depurar responsabilidades en escándalos tan notables como el de la tesis de Pedro Sánchez; o el de la de la exdirectora general de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid, Concepción Canoyra, ambos desvelados por este diario y, ambos circunscritos a la Universidad Camilo José Cela. El freno que impide a la Administración tomar medidas en los casos flagrantes de corrupción universitaria, como podría ser el de José Luis Málaga, el directivo de la Camilo José Cela que se doctoró en la Universidad Complutense copiando la tesis -ya de por si plagiada- de Canoyra pero cuatro años después, es la autonomía universitaria. En cada centro es el rector quien disfruta de autonomía para tomar las medidas que considere oportunas, lo que cierra la puerta a la actuación política. De hecho, el caso de Málaga es curioso: tras la investigación de ABC fue apartado cautelarmente por la Camilo José Cela y en la Complutense se abrió un procedimiento fiscalizador para aclarar cómo pudo «colar» una tesis doctoral plagiada y de un nivel muy pobre. Sin embargo, el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, manifestó que, aunque finalmente determinaran que la tesis era un plagio, no iban a poder tomar medidas porque había prescrito el plazo de reclamaciones de un caso que data del año 2016. De esta forma, el directivo fue suspendido pero mantiene una tesis que está copiada. De ahí que la cuestión que plantea Sicilia se antoje muy oportuna, ya que el Consejo de Estado tendrá que determinar si hay alguna posibilidad de que la Administración, ante casos así, pueda exigir responsabilidades o retirar títulos académicos aunque el rector de la universidad afectada se niegue. Quizá con medidas de este tipo se pueda enmendar el camino y apuntalar la maltrecha reputación de los programas de doctorado en universidades como la Camilo José Cela. El ministro Duque sigue ausente Y mientras el consejero de Universidades de Madrid, Eduardo Sicilia, insiste en la batalla contra los fraudes académicos -hay que recordar que solicitó una reunión urgente al rector de la Camilo José Cela, Emilio Lora-Tamayo, cuando trascendió el escándalo de la tesis de Canoyra-, el ministro de Universidades, Pedro Duque, continúa ausente. Si en el primer momento decidió guardar silencio, las medidas para evitar que se reproduzcan estos casos de corrupción académica siguen sin llegar. El ministro calla pese a los sucesivos escándalos con las tesis doctorales, que no sólo afectan a las universidades madrileñas. Como descubrió ABC, la juez María Ángeles Núñez Bolaños, encargada de investigar la trama de corrupción de los ERE en Andalucía, también plagió en su tesis doctoral, un nuevo caso que continúa desprestigiando la imagen de la universidad española.De España https://ift.tt/2PJrWda
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