Docentes catalanes plantan cara al «pensamiento único» en las aulas

Años y años de lluvia fina independentista han conducido a las universidades catalanas a una deriva peligrosa. Condicionadadas por la presión de los estudiantes secesionistas -aumentó tras el referéndum ilegal del 1-0 y se ha disparado con la sentencia del «procés»- las autoridades académicas han roto la neutralidad institucional y se han alineado a favor del «procés» con contundentes manifiestos unitarios en los que desautorizan al poder judicial, exigen la libertad de los presos políticos y cuestionan el Estado de Derecho. A cambio de no alterar la normalidad en los campus, los alumnos pro «procés» han logrado arrancar a las autoridades académicas concesiones impensables como disponer de la máxima flexibilidad para poder compaginar las clases con las protestas. Las universidades se han colocado en el bando independentista. Después de años de silencio, muchos profesores han hecho frente común, junto con los estudiantes constitucionalistas, y se han plantado al dictado ideológico en los campus. Dicen estar cansados de resistir en silencio mientras los órganos de gobierno de las universidades se erigen como portavoces únicos y emiten comunicados políticos hablando en su nombre. Más de 800 docentes de toda España han firmado una «carta abierta» a los rectores en la que les piden que retiren los comunicados unitarios a favor del «procés» porque «son ilegales», «no comparten su contenido» y «cuestionan el Estado de Derecho». ABC se ha reunido en el campus de Diagonal de la Universidad de Barcelona (UB) con seis de los docentes que han suscrito el documento. Imparten disciplinas diferentes en distintas universidades y, en su mayoría, según afirman, no comparten ideología. Les une, sin embargo, «una cuestión prioritaria: la defensa del Estado de Derecho y la libertad ideológica». «No podía seguir callada. Me pronuncio por una cuestión de responsabilidad intelectual y también ética. Ellos no me representan», dice Isabel Fernández, profesora titular de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y miembro del Foro de Professores y de Universitaris per la Convivància. Fernández recuerda que «las universidades no tienen libertad de expresión, ni derecho a expresar su ideología. Eso es un derecho individual de cada ciudadano». Lo suscribe también Ricardo García, profesor de Filosofía del Derecho de la UB, quien explica por qué, a su juicio, muchos profesores que hasta ahora callaban se han decidido a dar un paso al frente. «Hay una sensación de hartazgo generalizada. De hasta aquí hemos llegado», dice García. Ricardo Gómez, del departamento de Tecnología de la Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), admite que hay miedo a significarse, pero que cada vez ese miedo es menor. «Durante muchos años solo nos permitían el silencio. Ahora, sabemos que no podemos callar», declara el profesor. Reconoce, sin embargo, como su colega de la UB, que «los independentistas están mejor organizados». «Hegemonía ideológica» «Han sabido instaurar en las universidades un nivel de hegemonía ideológica que no se corresponde con la realidad y que atenta directamente contra el principio de libertad de pensamiento», denuncia el profesor de la UB Álvaro Choi, del Departamento de Economía de la Universidad de Barcelona. Choi constata que «el independentismo es omnipresente en todas las instituciones y organismos». A su entender, esa uniformidad política en las universidades «es especialmente grave porque se trata de centros públicos que pagamos todos». «La universidad está secuestrada por los independentistas», apuntan algunos de los docentes. Otros, prefieren matizar: «Lo que hay es un secuestro de la pluralidad ideológica en las universidades». Isabel Fernández coincide con sus compañeros de la UPC y de la UB, así como con el resto de docentes reunidos por este periódico (Helena Torroja, profesora de Derecho Internacional Público de la UB; y José Andrés Rozas y Francisco Cañal, ambos profesores de Derecho Financiero Tributario de la UB) en que «hay un claro deseo por parte del gobierno catalán de que haya un pensamiento único en las universidades». Rozas recuerda, además, que este afán por controlar ideológicamente la enseñanza superior ya aparece reflejado en el polémico «plan 2000» de Pujol. «Lo apuntaron y se está cumpliendo», señala. Los profesores constitucionalistas consideran que el manifiesto unitario que los rectores suscribieron tras la sentencia «convierte claramente a las universidades públicas en actores del proceso revolucionario secesionista». Lo afirma Helena Torroja, profesora de Derecho Internacional Público de la UB, quien asegura que el contenido del manifiesto es «ilegal» y «contribuye a crear confusión sobre lo que está pasando aquí». «Es imposible que los que suscribieron el manifiesto sobre la sentencia, la leyeran antes, lo que es una irresponsabilidad institucional». «Es muy grave que los claustros cuestionen el poder judicial», subraya Fernández. Los profesores ven también con preocupación que los rectores se hayan plegado a las exigencias de los separatistas, concediéndoles todo tipo de facilidades a la hora de evaluarles. Muchas universidades han optado por la evaluación única, otras por flexibilizar los plazos, concesiones que «pueden impactar negativamente en el alumnado» y «crear precedentes peligrosos», advierte Ricardo Gómez. «Los rectores han cedido y en algunos casos los separatistas no les han garantizado que cesen sus acciones», precisa Francisco Cañal, de la UB. Recuerda, además, que el modelo de evaluación única, va en contra del espíritu del Plan Bolonia y de lo que impera en las universidades europeas». Más allá del impacto académico, los denunciantes consideran que las concesiones a los estudiantes pueden «enquistar el conflicto» y «fomentar su irresponsabilidad». «Estas concesiones solo fomentan la irresponsabilidad», asegura Álvaro. Al concluir la charla con ese diario, confiesa que él ha sido uno de los profesores que ha permanecido durante años en silencio.

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