La Generalitat negociará hoy 56 traspasos más con el Gobierno

El Govern de Cataluña, que se llama a sí mismo 'Generalitat republicana', negociará hoy, en la décima reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, que se celebra en Madrid, 56 nuevos traspasos y los recursos económicos y humanos correspondientes con la intención de acumular más competencias, a cambio de nada, y sin que estén previstos informes de eficiencia administrativa. Laura Vilagrà (ERC), consejera catalana de la Presidencia, defendió las reivindicaciones de los grupos independentistas señalando que estos traspasos «los queremos todos y los queremos ya». Entre las exigencias del Govern catalán están la gestión del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat; que los Mossos d'Esquadra se encarguen de la protección de la naturaleza, en sustitución de la Guardia Civil; funciones ejecutivas para el Servicio Catalán de Tráfico sobre circulación de vehículos y seguridad vial; la seguridad del aeropuerto de Alguaire (Lérida) y que los Mossos se conviertan en policía ordinaria del puerto de Palamós (Gerona). Igualmente, la Generalitat quiere que Protección Civil se encargue de las competencias de seguridad nuclear y otras «funciones residuales» que todavía le quedan a la Administración General del Estado, según figura en la lista de exigencias del Govern, informa Ep. Hoy la Generalitat también reclamará al Gobierno que la Autoridad Catalana de Protección de Datos asuma las funciones de registro y autoridad de control en datos personales de ficheros privados y poder ejercer funciones de ordenación y gestión del litoral, así como de las dársenas deportivas y pesqueras, de los puertos de interés general y de los aeropuertos. Y en el ámbito de la educación, pedirá gestionar las becas, créditos y ayudas a estudios universitarios y no universitarios, y las competencias en materia de investigación, desarrollo e innovación. Una reivindicación clásica del nacionalismo es que el Ejecutivo central cumpla con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto, que hace referencia a las inversiones del Estado en Cataluña -en porcentaje al peso del PIB nacional-, pero que el Tribunal Constitucional declaró que no es de obligado cumplimiento para el Ejecutivo. Sin embargo, la delegación catalana exigirá su cumplimiento, así como más inversión para la ley de Dependencia, en Cercanías -una competencia que, a su vez, los comunes negocian para que se traspase completamente- y en Mossos. Y así hasta 56 medidas, entre las que también destacan que la Junta de Tributos de Cataluña asuma más competencias y funciones y servicios relativos a la delegación de competencias del impuesto especial sobre medios de transporte. A la Comisión Bilateral, que no se reunía desde el 1 de agosto de 2018, acudirá la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, el vicepresidente catalán, Jordi Puigneró, la citada Vilagrà y, entre otros, el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró.

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