Los abogados de los concejales y exconcejales socialistas del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, detenidos y en libertad provisional, por un supuesto caso de prevaricación y malversación de fondos públicos, intentaron evitar el pasado viernes que no compareciera como testigo la alcaldesa de esta localidad, Mercedes Zarzalejo, del PP, que cuando era concejal denunció esta trama ante la Fiscalía Anticorrupción. La presión ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero que instruye el caso, se materializó en dos escritos, según aseguró a ABC la alcaldesa de este municipio madrileño. En el primero de ellos, afirma Zarzalejo, llegan a confundir la Unidad de Delitos Económicos con la UCO: «Dicen que la UCO no ha actuado correctamente, que tienen que declarar ellos, que no se puede consentir que declaremos como testigos la interventora, el jefe de Policía y yo». El juez responde con una diligencia diciendo que «no da lugar y que la fuerza actuante informará y declarará cuando tenga que declarar, que es al final del proceso» y que, por tanto, tienen que testificar. A esta diligencia del magistrado le sucede el segundo intento de los abogados de los político socialistas con un recurso de reforma. «Dicen que mi denuncia tiene sesgo político, que el jefe de Policía ha actuado con memoria selectiva y que la UCO ha actuado porque yo se lo ordeno», subraya Zarzalejo. El juez tampoco atendió esta petición. En el interrogatorio, los abogados de los investigados no realizaron ninguna pregunta a Mercedes Zarzalejo, «porque entendían que esa declaración no se tenía que producir por vulneración de derechos de sus representados». Sesgo político De los cinco socialistas imputados en la trama, tres siguen siendo concejales (Mari Luz Lastras, Luis Haro y Pablo Luis Lastras) y dos ya no ocupan este puesto (Félix González y Mónica Martín Solano). En la jornada del viernes, también declaró el ingeniero municipal, Manuel Sanz, acusado de extorsionar a las empresas y comercios que se querían instalar en la localidad, condicionando la licencia de apertura a que el informe de actividad lo realizara una empresa de la que él era socio. Según la alcaldesa, en el interrogatorio reconoció que «cuando le venía un ciudadano diciendo que no tenía a nadie que le hiciera el proyecto, le daba la tarjeta de la empresa de su socio». Y el juez le indicó que en esa empresa él era el socio. Las declaraciones de los implicados en esta trama de pago de facturas a empresas de familiares y amigos del PSOE continuarán el próximo viernes. Para ese día están citadas las empresas y los comerciantes que han sido perjudicados por la supuesta extorsión del ingeniero municipal. Hasta la fecha, y tras varios aplazamientos por la falta de funcionarios en el Juzgado de Navalcarnero, ya han declarado varios funcionarios municipales que fueron detenidos en el registro judicial que tuvo lugar el pasado 15 de diciembre en el ayuntamiento. Igualmente, también han pasado por las dependencias judiciales las empresas de los amigos y familiares del PSOE que obtuvieron adjudicaciones del ayuntamiento, con informes en contra de la Intervención, unos reparos que fueron levantados por la alcaldesa socialista. Imputados en Móstoles Por otra parte, hoy lunes continúan las declaraciones de los concejales socialistas imputados en el Ayuntamiento de Móstoles, por condonar una deuda de 2,4 millones de euros a una empresa de ITV, con informes en contra. Están citados la concejal de Igualdad, María Dolores Triviño, la exedil de Urbanismo, Beatriz Benavides, y la concejal de Educación, Natividad Gómez. El pasado 16 de febrero, acudieron al Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles el teniente de alcalde, David Muñoz; la concejal de Empleo, Rebeca Prieto; el concejal de Cultura, Alejandro Martín; y la edil de Urbanismo, María Luisa Ruiz. Está imputado todo el equipo de gobierno: diez ediles del PSOE y uno de Unidas Podemos.De España https://ift.tt/7pDt5NU
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