«Me contagié viendo a un paciente la semana del 8 de marzo de 2020, después de estar en la consulta todos los días sin protección. Estuve 23 días encerrado en veinte metros cuadrados. No había PCR como ahora. ¿Eso vale 4.500 euros? Me parece un escándalo cuando otro mismo juez en Alicante ha condenado a pagar indemnizaciones de casi 50.000. La diferencia es abismal. No entiendo que mi contagio valga menos que el de otro médico». Es el testimonio de E.M., un médico de familia que ejerce desde hace décadas en un centro de salud del área metropolitana de Valencia y que prefiere guardar el anonimato. Su caso es también el de los otros 106 profesionales a los que el Juzgado de la Social número 10 de la capital del Turia ha estimado parcialmente su demanda contra la Generalitat que preside Ximo Puig por la falta de equipos de protección durante la primera ola del coronavirus. Será el primer ejecutivo autonómico que tendrá que hacer frente a cuantías económicas por daños y perjuicios laborales en medio del caos que desató la pandemia, según los tres fallos judiciales publicados hasta la fecha. En su conjunto superan los dos millones y medio de euros, pero la cifra final podría alcanzar los tres millones, a la espera de lo que determinen los juzgados de Elche y Castellón, a los que han recurrido 30 y 61 facultativos, respectivamente. La sentencia de Alicante fue el punto de partida y el escrito que el Sindicato Médico CESM-CV quiere que el resto tomen como referencia, por lo que recurrirán. No serán los únicos. Ximo Puig ha confirmado en varias ocasiones que también lo hará para velar por el «interés general» de la ciudadanía. «Es, puramente, un tema de dinero», lamenta el profesional que atiende a ABC. «Ellos dicen que nos piden perdón y cuando pides perdón es porque te has equivocado, por eso no entiendo que ahora digan que van a recurrir. De hecho, han reconocido que no teníamos medios. Se aprovechan mucho de que queremos a nuestros pacientes y de que luchamos por una sanidad pública de calidad. Yo me voy a casa y no me olvido de mis pacientes, los llevo en mi cabeza y sigo dándole vueltas de lo que les pasa», apunta. En cualquier caso, la ofensiva está lejos de terminar. La organización sindical ha abierto una convocatoria hasta finales de marzo para cualquier profesional se sume a la nueva demanda colectiva que preparan con el mismo objetivo. La sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de la capital alicantina obliga a la Conselleria de Sanidad a abonar a 154 médicos diferentes cuantías según el grado de afectación: 5.000 euros para los profesionales que fueron forzados a trabajar sin elementos de protección adecuados; 15.000 para quienes fueron objeto de aislamiento por contacto con afectados de coronavirus; 35.000 para los que se contagiaron pero no precisaron ingreso hospitalario; y 49.180 euros para cada uno de los contagiados que sí que estuvieron hospitalizados. Otra magistrada en Benidorm rebajó esas cantidades a 2.000, 3.000, 4.000 y 6.000 euros, respectivamente, para otros 57 sanitarios. Un homónimo en Valencia, sin embargo, no hizo distinciones: todos los demandantes recibirán 4.500 euros pese a que sus situaciones también son dispares. Mismos hechos, distintas condenas Por tanto, se cuentan ya tres fallos distintos para los mismos hechos probados: Sanidad dejó que los profesionales -«que continuaron desempeñando su función en todo momento» pese al «grave riesgo»- se enfrentaran a la nueva infección sin protección porque «no se había hecho acopio suficiente» del material, ni se ofreció formación hasta más tarde. Dos factores que contribuyeron a la elevada incidencia entre el colectivo. «Algunos compañeros murieron», recuerda uno de los demandantes. «Se les llegó a proporcionar una mascarilla quirúrgica para varios días o a lo sumo una por día en los servicios en los que existía un riesgo mayor, concretamente en Urgencias. Las mascarillas FFP2 se encontraban bajo llave y solo eran suministradas en casos contados. Los facultativos tampoco disponían de guantes ni de batas», indica la sentencia del juzgado de Valencia. «Les vino muy grande. No teníamos nada. En las sociedades occidentales estábamos más al día en enfermedades cardiovasculares o oncológicas, pero no en las infecciosas. Nos pilló desprotegidos y eso la Conselleria de Sanidad, como una empresa que es, debería haberlo tenido en cuenta. Es como si un bombero fuera a apagar un incendio sin un traje ignífugo, sin casco y sin camión y yo le dijera: «Si te quemas, te quemas». Él me diría: "Pues ponte tú", ejemplifica este médico de familia, que no entiende la diferencia de criterio entre jueces. «¿Por qué en tres juzgados cada juez ha abordado el tema de diferente manera? Habría que preguntarles si han tenido presiones. Otras resoluciones en materia de restricciones, por ejemplo, huelen a política más que a criterios científicos. Quiero saber cómo resuelve esto el Tribunal Superior de Justicia», sostiene E.M. El doctor aprovecha, además, para lanzar un mensaje «La Atención Primaria ha sido la gran olvidada. Estamos excesivamente quemados y mermados. Tenemos que tratar cada día muchas otras enfermedades que no son el covid, sin contar las secuelas de no haber atendido algunas patologías durante la pandemia». Pero el problema viene de base. «No diferenciamos entre un sanitario y un médico. Se puede contratar a seis mil sanitarios -en referencia al anuncio de la Generalitat-, pero de ellos, ¿cuántos son médicos? Los formamos muy bien aquí para que se vayan fuera buscando mejores condiciones, porque en España están abocados a encadenar contratos. Y ya estamos teniendo carencias, tanto en los centros de salud como en los SAMU», advierte.De España https://ift.tt/h51yRc7
0 comentarios:
Publicar un comentario