Arnaldo renunciará a rehacer su borrador del aborto si el Pleno del Constitucional rechaza su propuesta

El magistrado del Tribunal Constitucional y ponente del recurso contra la ley de plazos del Gobierno de Zapatero , el conservador Enrique Arnaldo , prevé renunciar a redactar un nuevo texto si la mayoría progresista no aprueba su propuesta en los mismos términos en los que la ha redactado. Como informó ABC, el texto de Arnaldo, que debatirá hoy por primera vez el Pleno del TC -después de trece años, cuatro presidentes y tres ponentes distintos- propone declarar inconstitucional un solo artículo de la ley Aído . Se trata del referido a la información que se ha de prestar a la gestante que quiere interrumpir su embarazo y que, en opinión de Arnaldo, debe ser también verbal para que se pueda hablar de un consentimiento libre. Pese al aval a la práctica totalidad de la ley, la mayoría progresista -siete de los once magistrados que hoy componen el tribunal- se inclina por rechazar en su totalidad el recurso interpuesto en 2010 por el Grupo Popular contra más de media docena de artículos de la ley socialista. Esto implicará que el sentir mayoritario del tribunal se tendrá que plasmar en un nuevo texto sobre el que se redactará ya la sentencia. Ante esta tesitura cabrían dos opciones: que el ponente elabore un nuevo texto que recoja lo aprobado por la mayoría o que renuncie a esa ponencia y sea otro magistrado quien la redacte. Es esta última opción por la que se inclina Arnaldo, que según fuentes de su entorno, se sentiría más cómodo con un voto particular que recoja el sentir expresado en su propia ponencia. En ella propone declarar inconstitucional el último inciso del artículo 17.5 de la Ley que dispone que en la documentación entregada a la mujer que quiere poner fin a su embarazo se comunique que la información previa «podrá ser ofrecida, además verbalmente, si la mujer lo solicita» . Según Arnaldo, ese último inciso «permite que no se ofrezca esa información a la mujer si no lo solicita de forma expresa, de forma que en tal supuesto no se garantizaría que la gestante preste su consentimiento a la práctica del aborto previamente informada de los distintos métodos de interrupción del embarazo (...)». Es más, prosigue, el hecho de que a la mujer se le entregue la documentación en un «sobre cerrado» sin que conste ni siquiera que ha sido leída por la interesada antes de adoptar su decisión «no garantiza el cumplimiento del derecho de la mujer de acceder a la información relevante y suficiente para elegir de forma libre y meditada entre someterse a la intervención médica de interrupción voluntaria del embarazo o proseguir con la gestación». Noticia Relacionada estandar Si Cuatro magistrados del Constitucional, contaminados con el recurso del aborto de 2010 Nati Villanueva Su participación en los informes sobre la ley de plazos de Zapatero es causa de abstención Aunque no tiene por qué suponer un retraso significativo, es evidente que el probable cambio de ponente -que ahora sería progresista- retrasaría «al menos algunas semanas» el debate de la ley del aborto , más tiempo aún si el debate coincidiera con periodo electoral, durante el cual no se suelen llevar a Pleno asuntos que tienen una enorme trascendencia social o política, como es el caso. Claves del recurso Trece años de silencio El Grupo Popular interpuso el recurso de inconstitucionalidad el 1 de junio de 2010, hace trece años. Desde entonces han pasado por el TC cuatro presidentes (Conde-Pumpido es el quinto) y la ponencia ha estado en manos de tres magistrados distintos. Es la primera vez que este asunto se lleva a Pleno. El PP impugnaba ocho preceptos y la disposición adicional segunda de la ley de plazos de Zapatero hoy vigente, entre ellos el que permite abortar en las primeras 14 semanas por decisión libre de la madre. Aval por los plazos Pese a que los recurrentes sostienen que la ley de plazos no protege la vida del nasciturus, el ponente la avala y considera que el modelo de 1985 (el de supuestos) no tiene por qué ser el único válido. De hecho los países de nuestro entorno cuentan también con ley de plazos, dice. A su juicio, lo fundamental es hacer una ponderación adecuada entre la protección que el Estado ha de brindar al no nacido y el derecho de la mujer embarazada. Cuestiona, por insuficiente, el apartado relativo a la información que se se debe prestar a la mujer: además de escrita ha de ser verbal. Recusaciones Cuatro magistrados están recusados por haber participado en informes relacionados con el anteproyecto. La mayoría progresista se inclina por rechazarlas. Pero antes de entrar en el debate de fondo sobre la ley de Zapatero y el recurso de los populares -del que se desentiende la dirección nacional del PP actual-, el Pleno tendrá que abordar antes, en concreto desde hoy, las recusaciones que cinco de los diputados que interpusieron este recurso han presentado contra cuatro de sus once miembros y la abstención solicitada por uno de ellos. Respecto a las recusaciones, las mismas se basan en la participación de l presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y de los magistrados Juan Carlos Campo, Concepción Espejel e Inmaculada Montalbán en informes elaborados durante la tramitación de la ley de plazos. El primero lo hizo desde el Consejo Fiscal, que presidía en su condición de fiscal general del Estado. Campo, por su parte, era secretario de Estado de Justicia cuando el texto pasó por la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado antes de ser elevado al Consejo de Ministros. Espejel y Montalbán eran vocales del Consejo General del Poder Judicial cuando este órgano emitió su informe al anteproyecto. Los cuatro incurren en la causa de abstención y, en su caso, recusación, prevista en el artículo 219.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: haber emitido dictamen sobre el pleito o causa como letrado o intervenido en él como fiscal, perito o testigo. Espejel ya ha presentado su abstención, que tendrá que ser aprobada por el Pleno. Todo apunta a que los progresistas impondrán su mayoría rechazando unas y otra pues, en el caso de las primeras, aceptarlas implicaría dejar al tribunal sin quórum para debatir el recurso. Y respecto a la segunda, aceptar esa abstención arrastraría a Montalbán, que se encuentra en idéntica situación.

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